María Elena Delgado Vázquez
Expediente 1111/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Elena Delgado Vázquez
- Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la partes quejosa, interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno; sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que, se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que fue solicitada la suspensión de plano. Documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibidos documentos originales que obren en el expediente, contaran con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa, para desahogar la vista otorgada en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, respecto a que la protección constitucional otorgada no requería acto de ejecución alguno, ya que con la suspensión de plano otorgada se restituyó en el goce del derecho humano violado, sin que la hubiera desahogado; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional y textualmente se determinó: ".Precisado lo que antecede, de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: De constancia relativa a la nota inicial del servicio de urgencias, se advierte que en la misma se asentó que María Elena Delgado Vázquez, se le diagnosticó tumoración pélvica en estudio PB adenocarcinoma vs cistoedenoma. Que se solicitó básicos de laboratorio y gabinete. De la notas médicas y prescripción nota de atención médica, se evidencia que en la misma se asentó como resumen clínico: ".Femenino 65 años P.o. resección de tumor de ovario gigante izquierdo. Al momento sin datos de complicaciones Se egresa de la unidad. Diagnóstico: Convalecencia Consecutiva a cirugía.." De lo anterior, se puede advertir que la aquí quejosa fue diagnosticada con tumoración pélvica en estudio PB adenocarcinoma vs cistoedenoma y que se llevó a cabo la resección de tumor de ovario gigante izquierdo. No obstante lo anterior, la circunstancia relativa de que se haya dado cita e intervenido quirúrgicamente, a la quejosa, no es suficiente para determinar que el derecho humano que le fue violado y que ocasionó que promoviera el amparo, se encuentre resarcido. La restitución de ese derecho acontecerá con entera plenitud, a través del reconocimiento que se hace en esta sentencia de dicha violación, al advertirse que sí hubo una vulneración al derecho constitucional de acceso a la salud en perjuicio de la promovente de amparo. De modo que, atendiendo a que en el caso quedó acreditado que la quejosa fue atendida del procedimiento quirúrgico que necesitaba, en cumplimiento a la suspensión de plano, la protección constitucional que se otorga en esta sentencia no requerirá, al menos en este momento, acto de ejecución alguno, ya que con la suspensión de plano otorgada se le restituyó en el goce del derecho humano violado. Dicha sentencia fue recurrida y mediante ejecutoria pronunciada el trece de marzo de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el Estado con sede en esta ciudad, la confirmó. Por esa razón, en proveído dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se determinó que el tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida y atendiendo a que en dicha resolución se estableció que, en el caso quedó acreditado que la quejosa recibió la atención médica requerida en cumplimiento a la suspensión de plano, la protección constitucional otorgada no requería acto de ejecución alguno, ya que con la suspensión de plano otorgada se le restituyó en el goce del derecho humano violado. No obstante ello, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; bajo apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. En ese contexto, se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista; y, tal como se advierte de autos, fue diagnosticada con tumoración pélvica en estudio PB adenocarcinoma vs cistoedenoma y que se llevó a cabo la resección de tumor de ovario gigante izquierdo. Luego, con la circunstancia relativa de que se le dio cita y se le intervino quirúrgicamente; esto es, acreditado que la quejosa fue atendida del procedimiento quirúrgico que necesitaba, en cumplimiento a la suspensión de plano, tal como quedó establecido en la sentencia confirmada; entonces, es dable concluir que la protección constitucional que se otorgó en la sentencia no requiere, al menos en este momento, acto de ejecución alguno, ya que se reitera, con la suspensión de plano otorgada se le restituyó en el goce del derecho humano violado, pues se realizaron los actos necesarios por las responsables para lograr dicha restitución. Por tanto, lo procedente es tener cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto, pues no existe manifestación de la parte quejosa en sentido contrario. Notifíquese personalmente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa, para desahogar la vista otorgada en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, respecto a que la protección constitucional otorgada no requería acto de ejecución alguno, ya que con la suspensión de plano otorgada se restituyó en el goce del derecho humano violado, sin que la hubiera desahogado; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional y textualmente se determinó: Precisado lo que antecede, de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: De constancia relativa a la nota inicial del servicio de urgencias, se advierte que en la misma se asentó que María Elena Delgado Vázquez, se le diagnosticó tumoración pélvica en estudio PB adenocarcinoma vs cistoedenoma. Que se solicitó básicos de laboratorio y gabinete. De la notas médicas y prescripción nota de atención médica, se evidencia que en la misma se asentó como resumen clínico: Femenino 65 años P.o. resección de tumor de ovario gigante izquierdo. Al momento sin datos de complicaciones Se egresa de la unidad. Diagnóstico: Convalecencia Consecutiva a cirugía.. De lo anterior, se puede advertir que la aquí quejosa fue diagnosticada con tumoración pélvica en estudio PB adenocarcinoma vs cistoedenoma y que se llevó a cabo la resección de tumor de ovario gigante izquierdo. No obstante lo anterior, la circunstancia relativa de que se haya dado cita e intervenido quirúrgicamente, a la quejosa, no es suficiente para determinar que el derecho humano que le fue violado y que ocasionó que promoviera el amparo, se encuentre resarcido. La restitución de ese derecho acontecerá con entera plenitud, a través del reconocimiento que se hace en esta sentencia de dicha violación, al advertirse que sí hubo una vulneración al derecho constitucional de acceso a la salud en perjuicio de la promovente de amparo. De modo que, atendiendo a que en el caso quedó acreditado que la quejosa fue atendida del procedimiento quirúrgico que necesitaba, en cumplimiento a la suspensión de plano, la protección constitucional que se otorga en esta sentencia no requerirá, al menos en este momento, acto de ejecución alguno, ya que con la suspensión de plano otorgada se le restituyó en el goce del derecho humano violado. Dicha sentencia fue recurrida y mediante ejecutoria pronunciada el trece de marzo de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el Estado con sede en esta ciudad, la confirmó. Por esa razón, en proveído dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se determinó que el tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida y atendiendo a que en dicha resolución se estableció que, en el caso quedó acreditado que la quejosa recibió la atención médica requerida en cumplimiento a la suspensión de plano, la protección constitucional otorgada no requería acto de ejecución alguno, ya que con la suspensión de plano otorgada se le restituyó en el goce del derecho humano violado. No obstante ello, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; bajo apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. En ese contexto, se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista; y, tal como se advierte de autos, fue diagnosticada con tumoración pélvica en estudio PB adenocarcinoma vs cistoedenoma y que se llevó a cabo la resección de tumor de ovario gigante izquierdo. Luego, con la circunstancia relativa de que se le dio cita y se le intervino quirúrgicamente; esto es, acreditado que la quejosa fue atendida del procedimiento quirúrgico que necesitaba, en cumplimiento a la suspensión de plano, tal como quedó establecido en la sentencia confirmada; entonces, es dable concluir que la protección constitucional que se otorgó en la sentencia no requiere, al menos en este momento, acto de ejecución alguno, ya que se reitera, con la suspensión de plano otorgada se le restituyó en el goce del derecho humano violado, pues se realizaron los actos necesarios por las responsables para lograr dicha restitución. Por tanto, lo procedente es tener cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto, pues no existe manifestación de la parte quejosa en sentido contrario. Notifíquese personalmente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Trámite revisión. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la apoderada jurídica de las autoridades responsables ********************, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio (fojas 88 a 103). Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el original y copia del escrito de referencia, así como este expediente al tribunal de alzada correspondiente, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, Carlos Fernando Cabrera López, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4849/2019, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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