Maria Elena Dimas Medina

Expediente 873/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
873/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Maria Elena Dimas Medina
  • Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Se autoriza devolución de documentos. Visto lo de cuenta, como lo pide el autorizado de la quejosa María Elena Dimas Medina, hágase la devolución de los documentos que indica, dado que este asunto cuenta con sentencia ejecutoria. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y toda vez que la sentencia dictada en el presente asunto causó ejecutoria el veintiocho de junio actual, por tanto, una vez que las labores de este Juzgado lo permita, devuélvase a la parte quejosa los documentos que anexó a su escrito de demanda; previa copia certificada que de los mismos y recibo que se deje en autos. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, en relación con el periodo de vigencia, para la entrega de dichas constancias, deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ". Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee Exhorto sin diligenciar Como ésta ordenado en proveído emitido en esta fecha, dentro de la comunicación oficial enviada 75/2022 número de orden 195/2022 téngase por recibido el oficio de cuenta y anexos, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 75/2022, orden 195/2022, el cual le fue remitido a efecto de emplazar al tercero interesado Miguel Ángel Saavedra Troche; lo que acredita con las constancias que para tal efecto anexa, todo lo cual se ordena agregar al juicio de amparo en que se actúa; todo lo anterior sin que haya lugar a mayor acuerdo, toda vez que en el presente juicio de amparo ya se dictó la sentencia correspondiente Dese de baja la comunicación y hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente Sin que sea necesario el acuse de recibo, dado que el sistema lo genera de manera automática Causa ejecutoria sentencia En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria Archivo Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Valoración Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales toda vez que, se sobreseyó en el juicio de amparo, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN Destino del expediente destrucción, principal Atento a lo anterior una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado Valoración del incidente de suspensión Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la medida provisional y definitiva solicitadas, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 873/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, Maria Elena Dimas Medina presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló conceptos de violación. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite, registrándola con el número 873/2021. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán: La cancelación del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria, celebrado el cinco de mayo de dos mil diez, entre María Elena Dimas Medina, en cuanto mutuante (parte acreditante o acreedora) y Mónica Esthela Troche Urtazu, en su calidad de mutuaria (parte acreditada), registrado bajo el número 9, tomo 6158, del Libro de Gravamen del Distrito de Morelia, Michoacán; cancelación que -refiere- se realizó con un documento falso, firmado por notario público en el estado, respecto del inmueble ubicado en el lote 11, manzana E-comercial, del Fraccionamiento Nuevo Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, registrado bajo el número 66, tomo 2149, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, Michoacán. Así como la inscripción del contrato de donación celebrado entre Miguel Ángel Saavedra Troche, en cuanto donatario y los señores Florencio Horacio Troche Herrera y Nybia Teresita Urtazu Telechea, en cuanto donantes, de veintinueve de octubre de dos mil doce y ratificado ante notario público el quince de enero de dos mil trece, realizado sobre el inmueble ubicado en el lote 11, manzana E-comercial, del Fraccionamiento Nuevo Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, registrado bajo el número 66, tomo 2149, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, Michoacán; propiedad que se tiene dada en garantía del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria y que fue cancelado de manera ilegal. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º; de las que se desprende la existencia de los actos reclamados. Es oportuno precisar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvo como cierto el acto reclamado. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares. Ahora bien, en el caso concreto se reclama del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán: La cancelación del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria, celebrado el cinco de mayo de dos mil diez, entre María Elena Dimas Medina, en cuanto mutuante (parte acreditante o acreedora) y Mónica Esthela Troche Urtazu, en su calidad de mutuaria (parte acreditada), registrado bajo el número 9, tomo 6158, del Libro de Gravamen del Distrito de Morelia, Michoacán; cancelación que -refiere- se realizó con un documento falso, firmado por notario público en el estado, respecto del inmueble ubicado en el lote 11, manzana E-comercial, del Fraccionamiento Nuevo Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, registrado bajo el número 66, tomo 2149, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, Michoacán. Así como la inscripción del contrato de donación celebrado entre Miguel Ángel Saavedra Troche, en cuanto donatario y los señores Florencio Horacio Troche Herrera y Nybia Teresita Urtazu Telechea, en cuanto donantes, de veintinueve de octubre de dos mil doce y ratificado ante notario público el quince de enero de dos mil trece, realizado sobre el inmueble ubicado en el lote 11, manzana E-comercial, del Fraccionamiento Nuevo Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, registrado bajo el número 66, tomo 2149, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, Michoacán; propiedad que se tiene dada en garantía del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria y que fue cancelado de manera ilegal. En ese sentido, los actos se relacionan con la función registral y no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo en los términos señalados en los párrafos que anteceden, ya que en este caso se trata de una autoridad registral cuya función tiene por objeto dar seguridad jurídica a los bienes inscritos y eficacia de las garantías que recaen sobre los mismos, la protección de adquirentes y acreedores, la defensa y legitimación de las titularidades inscritas y publicidad de todo lo inscrito y anotado para que surta efectos frente a terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán de Ocampo. Así, en el caso que nos ocupa y del contenido íntegro de la demanda de amparo se reitera que la quejosa reclama del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, la cancelación del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria, celebrado el cinco de mayo de dos mil diez, entre María Elena Dimas Medina, en cuanto mutuante (parte acreditante o acreedora) y Mónica Esthela Troche Urtazu, en su calidad de mutuaria (parte acreditada), registrado bajo el número 9, tomo 6158, del Libro de Gravamen del Distrito de Morelia, Michoacán; cancelación que -refiere- se realizó con un documento falso, firmado por notario público en el estado, respecto del inmueble ubicado en el lote 11, manzana E-comercial, del Fraccionamiento Nuevo Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, registrado bajo el número 66, tomo 2149, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, Michoacán. Así como la inscripción del contrato de donación celebrado entre Miguel Ángel Saavedra Troche, en cuanto donatario y los señores Florencio Horacio Troche Herrera y Nybia Teresita Urtazu Telechea, en cuanto donantes, de veintinueve de octubre de dos mil doce y ratificado ante notario público el quince de enero de dos mil trece, realizado sobre el inmueble ubicado en el lote 11, manzana E-comercial, del Fraccionamiento Nuevo Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, registrado bajo el número 66, tomo 2149, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, Michoacán; propiedad que se tiene dada en garantía del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria y que fue cancelado de manera ilegal. En ese sentido, esta juzgadora estima que tales actuaciones no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, debido a que derivan de actos entre particulares, esto es de un contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria, celebrado entre la aquí quejosa como acreedora y la tercera interesada Mónica Esthela Troche Urtazu, como deudora, respecto del cual se dejó en garantía el bien inmueble que defiende; y, de un contrato de donación celebrado entre los terceros interesados Miguel Ángel Saavedra Troche, en cuanto donatario y Florencio Horacio Troche Herrera y Nybia Teresita Urtazu Telechea, en cuanto donantes, por lo que no existe una relación de supra a subordinación. Ello es así, tal como se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la quejosa, así como de las documentos que anexó a su escrito de cuenta; y, específicamente de las copias cotejadas de las escrituras públicas que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, relativas a los contratos en cita y que se relacionan con el bien inmueble de que se trata. Lo que hace evidente que los actos que reclama en esta instancia judicial la quejosa derivan de contratos de voluntades. En ese tenor, aun cuando no se desestima que las conductas desplegadas por la autoridad pueda causar un menoscabo sobre los derechos de la aquí inconforme, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la restitución de tales derechos, pues dicha afectación no proviene de un órgano del estado que actúe con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, así como tampoco de un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, no obstante la efectividad horizontal de los derechos humanos, no debe confundirse con la garantía que tutela derechos fundamentales, pues se insiste, el sólo hecho de que en una relación entre particulares pueda verse menoscabado un derecho fundamental de alguna delas partes, no le da en automático la calidad de autoridades responsables a los trasgresores a que se refiere la Ley de Amparo; y por tanto, tampoco hace procedente esta vía de control constitucional. En todo caso, la aquí quejosa tiene expedito su derecho y puede acudir ante la autoridad competente y promover el juicio respectivo, a fin de que reclame lo relativo a la cancelación del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria y a la inscripción del contrato de donación, sin que se la haya respetado su derecho de audiencia. Orienta a lo anterior por las razones sustentadas la tesis de rubro y texto siguientes: "JUECES DEL ORDEN COMUN EN FUNCIONES NOTARIALES. LA SANCION CON SU FIRMA DE ESCRITURAS PRIVADAS NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El acto reclamado de un Juez del orden común que en funciones notariales autoriza, sancionando con su firma, un contrato privado de compraventa, cuando actúa conforme a lo dispuesto por la Ley de Notariado de una entidad federativa, no puede ser enjuiciado a través del juicio de amparo, pues el autorizar la escritura de compraventa celebrada ante él en su función de fedatario no constituye un acto emitido por autoridad para los efectos del amparo, supuesto que únicamente se trata de la sanción a la voluntad de las partes contratantes. Si se considera que tal actuación adolece de vicios de nulidad, esa cuestión debe ser planteada en el juicio idóneo." En consecuencia, conforme a lo expuesto, al demostrarse plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la propia legislación, por lo que respecta a los actos destacados en líneas precedentes al no poderse reputar éstos como actos de autoridad. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Elena Dimas Medina; respecto de los actos reclamados y por la autoridad precisada en los considerando segundo; y, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que de una revisión en la página web correspondiente al Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, se advierte que en la integración del expediente electrónico correspondiente al juicio de amparo 873/2021, el exhorto 75/2022 número de orden 195/2022, enviado al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua (Chihuahua), en turno, para que en auxilio de este Órgano Jurisdiccional comisionara a un actuario de su adscripción, emplazara al presente juicio de amparo al tercero interesado Miguel Ángel Saavedra Troche; por razón de turno, le correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua; registrándolo bajo el número 57/2022-IV-A-2, de su índice, radicándose la comunicación de que se trata, el veintidós de abril de dos mil veintidós, y ordenando su diligenciación; sin que a la fecha obre constancia que ésta haya sido realizada. Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a que sea debidamente emplazado a juicio, el citado tercero interesado, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese a las partes en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

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