María del Rosario Hernández Contreras

Expediente 162/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
162/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • María del Rosario Hernández Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA QUEDADO FIRME el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente sumario; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Ha´ganse las anotaciones correspondientes en las caratula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta y anexo, suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. La responsable de referencia, en apoyo de su informe con justificación acompaña diversas documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Además, se tienen como delegados de la autoridad responsable de mérito; a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo y como domicilio procesal el que señala. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en virtud de que es inexistente el acto reclamado. El precepto y fracción citados son de la literalidad siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" El precepto transcrito prevé la posibilidad de sobreseer en el juicio cuando no exista el acto reclamado o cuando no se pruebe la existencia de éste en la audiencia constitucional. Por lo cual se trata de dos supuestos diversos a saber: Uno, cuando el acto no existe antes de la presentación de la demanda de amparo. Dos, cuando durante la secuela procesal del juicio de amparo no se prueba que existe el acto reclamado. La primera hipótesis se da en el caso, por las razones siguientes: El escrito de solicitud de amparo fue presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, contra el acto del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, que hizo consistir en omisión de dictar auto de cierre de instrucción dentro del juicio laboral 428/2018/E-6. De las constancias remitidas por la autoridad responsable -Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí-, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, dictado en el sumario laboral de origen -la cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º-, se acredita que es inexistente el acto reclamado, en virtud de que desde esa data la autoridad del conocimiento cumplió con la omisión atribuida en el juicio de origen que se le reclama en este juicio de amparo. De lo anterior se advierte que la obligación a cargo de la autoridad responsable reclamada en este juicio constitucional, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (ocho de abril de dos mil veintiuno), había quedado cumplida, de lo cual la promovente de amparo era sabedora, pues el acuerdo relativo se le notificó el treinta de septiembre de dos mil veinte, según se advierte del sello que obra al reverso del multicitado acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte. Por lo cual, resulta indudable que si en el presente juicio de amparo el acto reclamado consistió en la omisión de dictar auto de cierre de instrucción dentro del juicio laboral 428/2018/E-6, y la autoridad del conocimiento acreditó haber acordado el cierre de instrucción, se concluye que tal imputación no existía al momento de la presentación de la demanda de amparo. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo. No se soslaya que conforme a lo dispuesto por los citados precepto y fracción, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando se actualizan los siguientes supuestos: 1.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o 2.- Cuando la parte quejosa no probare su existencia en la audiencia constitucional. Sin embargo, si bien por regla general se debe esperar a la celebración de la audiencia constitucional a fin de que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado que dio origen al juicio de amparo indirecto; lo cierto es que esa es la regla general, que en el caso, sufre una excepción, en términos de la primera parte de la invocada fracción. En apoyo a la citada consideración, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015699, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia Común, página 386, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO". Es así, porque, en la especie, se advierte actualizada la primera de las hipótesis antes referidas (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado) pues como se ha visto, la omisión del cierre de instrucción planteado por la parte quejosa era inexistente desde antes de la presentación de la demanda de amparo, lo que conlleva que, en el particular, no tenga razón de ser el medio de control constitucional, pues pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional; de ahí que, se insiste, resulta procedente el sobreseimiento fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en lo conducente, la jurisprudencia 10 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que resulta aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente-, con registro digital 917544, visible en la Octava Época del Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, página 12, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así, acorde al razonamiento expuesto y a la tesis de jurisprudencia en cita, la cual resulta de aplicación obligatoria al caso, según dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, se estima pertinente acotar que para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de celebrar la audiencia constitucional resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice de una forma fehaciente, que no pueda ser desvirtuada, aun y cuando las partes ofrezcan pruebas; es decir, su materialización debe ser tal que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancias que en el caso se surten a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que la quejosa pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que a la fecha de la presentación de su demanda era inexistente el acto reclamado. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta y anexo, suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. La responsable de referencia, en apoyo de su informe con justificación acompaña diversas documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Además, se tienen como delegados de la autoridad responsable de mérito; a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo y como domicilio procesal el que señala. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en virtud de que es inexistente el acto reclamado. El precepto y fracción citados son de la literalidad siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" El precepto transcrito prevé la posibilidad de sobreseer en el juicio cuando no exista el acto reclamado o cuando no se pruebe la existencia de éste en la audiencia constitucional. Por lo cual se trata de dos supuestos diversos a saber: Uno, cuando el acto no existe antes de la presentación de la demanda de amparo. Dos, cuando durante la secuela procesal del juicio de amparo no se prueba que existe el acto reclamado. La primera hipótesis se da en el caso, por las razones siguientes: El escrito de solicitud de amparo fue presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, contra el acto del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, que hizo consistir en omisión de dictar auto de cierre de instrucción dentro del juicio laboral 428/2018/E-6. De las constancias remitidas por la autoridad responsable -Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí-, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, dictado en el sumario laboral de origen -la cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º-, se acredita que es inexistente el acto reclamado, en virtud de que desde esa data la autoridad del conocimiento cumplió con la omisión atribuida en el juicio de origen que se le reclama en este juicio de amparo. De lo anterior se advierte que la obligación a cargo de la autoridad responsable reclamada en este juicio constitucional, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (ocho de abril de dos mil veintiuno), había quedado cumplida, de lo cual la promovente de amparo era sabedora, pues el acuerdo relativo se le notificó el treinta de septiembre de dos mil veinte, según se advierte del sello que obra al reverso del multicitado acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte. Por lo cual, resulta indudable que si en el presente juicio de amparo el acto reclamado consistió en la omisión de dictar auto de cierre de instrucción dentro del juicio laboral 428/2018/E-6, y la autoridad del conocimiento acreditó haber acordado el cierre de instrucción, se concluye que tal imputación no existía al momento de la presentación de la demanda de amparo. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo. No se soslaya que conforme a lo dispuesto por los citados precepto y fracción, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando se actualizan los siguientes supuestos: 1.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o 2.- Cuando la parte quejosa no probare su existencia en la audiencia constitucional. Sin embargo, si bien por regla general se debe esperar a la celebración de la audiencia constitucional a fin de que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado que dio origen al juicio de amparo indirecto; lo cierto es que esa es la regla general, que en el caso, sufre una excepción, en términos de la primera parte de la invocada fracción. En apoyo a la citada consideración, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015699, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia Común, página 386, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO". Es así, porque, en la especie, se advierte actualizada la primera de las hipótesis antes referidas (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado) pues como se ha visto, la omisión del cierre de instrucción planteado por la parte quejosa era inexistente desde antes de la presentación de la demanda de amparo, lo que conlleva que, en el particular, no tenga razón de ser el medio de control constitucional, pues pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional; de ahí que, se insiste, resulta procedente el sobreseimiento fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en lo conducente, la jurisprudencia 10 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que resulta aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente-, con registro digital 917544, visible en la Octava Época del Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, página 12, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así, acorde al razonamiento expuesto y a la tesis de jurisprudencia en cita, la cual resulta de aplicación obligatoria al caso, según dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, se estima pertinente acotar que para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de celebrar la audiencia constitucional resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice de una forma fehaciente, que no pueda ser desvirtuada, aun y cuando las partes ofrezcan pruebas; es decir, su materialización debe ser tal que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancias que en el caso se surten a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que la quejosa pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que a la fecha de la presentación de su demanda era inexistente el acto reclamado. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, que considera violatorios del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 162/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Admisión. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 33 fracción IV, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no se solicita expresamente, y tampoco este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, por los que tenga que decretarse de oficio y de plano la medida cautelar correspondiente. Se cita por analogía la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 848, con número de registro 194751, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Fecha y hora de la audiencia constitucional. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se fijan las CATORCE HORAS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Informe justificado. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en el que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; bajo el apercibimiento que de ser omisa en rendir dicho informe, se presumirá cierto el acto que se le atribuye, salvo prueba en contrario; haciendo de su conocimiento que puede rendir su informe justificado a la cuenta de correo oficial de este órgano jurisdiccional "7jdo9cto@correo.cjf.gob.mx". Para lo anterior, remítase copia simple de la demanda de amparo. Sanción en caso de omitir la rendición del informe justificado. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en el supuesto de no rendir el informe justificado o rendirlo, pero sin remitir las constancias necesarias para la solución del juicio, podrá ser sancionada, en su caso, con una multa de cien a mil veces el valor diario de unidad de medida y actualización, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis número XXIV.2o.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo IV, página 2548, con número de registro 2013419, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APERCIBIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL SOLICITARLO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERA SU FALTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN." Intervención del Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a este juzgado. En otro contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV y 26, fracción III de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con la copia del escrito de demanda de amparo y notificándole mediante lista de acuerdos las resoluciones que se emitan en el presente asunto. Resulta aplicable la jurisprudencia número VI. 3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1988, página 673, con número de registro 230793, de rubro y texto siguiente: NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca. Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1988, página 334, con número de registro 230205, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. NOTIFICACIONES AL ADSCRITO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO. SURTEN EFECTOS POR LISTA." Causas de sobreseimiento. Hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al artículo 251 de la Ley de Amparo. Terceros interesados. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tiene como terceros interesados a: -Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. -Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. -Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Todos con domicilio en calle Luis Donaldo Colosio número 305 de la colonia ISSSTE de la ciudad de San Luis Potosí. Resulta aplicable por identidad jurídica la tesis número I.3º.C.74 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1855, Libro 17, abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO." En esas condiciones, gírese oficios a las referidas autoridades, para efecto de emplazarlos al presente juicio de amparo; por tanto, córrasele traslado con copia simple de la demanda. Domicilio y Autorizado. Se tiene como domicilio del promovente el ubicado en Jardín Hidalgo, número 113, casi esquina con Pedro Antonio Santos de la zona Centro, en esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maximiano Castillo Balleza, Carlos Alejandro Bustos Ruiz, Saúl Ruiz Calixto y Romina Verónica Castillo Riaño, por tratarse de un asunto laboral. Pruebas Respecto a la prueba documental que ofrece el quejoso, consistente en las constancias que integran el expediente 428/2018/E-6 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado y las constancias que en su apoyo remita la responsable. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de la copias que lleguen a solicitar las partes, éstas deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las trece horas con treinta minutos a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del ordenamiento multicitado. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Ahora bien, en relación con el oficio derivado del presente acuerdo, dirigido a la autoridad responsable cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye al Actuario de la adscripción, a efecto de que tal comunicación quede en su resguardo hasta en tanto la autoridad correspondiente reanude sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá´ presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

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