Maria Elena Camero Olmedo

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Maria Elena Camero Olmedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar en esta secretaría los tomos de pruebas formados con motivo de las documentales que remitieron el visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y el Secretario encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia de la población de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, mediante oficio que al efecto se gire se ordenan devolver las mismas. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 68/2023, promovido por ********************en representación de sus hijos N.E.T.C. y R.A.T.C., en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, se encuentra radicado el expediente familiar ******************** de divorcio voluntario, promovido por la citada disidente y su ex cónyuge. Siguiendo las etapas del juicio, se dictó sentencia en la que se disolvió el vínculo matrimonial y se aprobó el convenio presentado. Sin embargo, el trece de mayo de dos mil veintidós, la responsable señala una audiencia de carácter familiar a celebrarse el dieciocho del mismo mes y año y una vez celebrada la autoridad responsable a decir de la quejosa acuerda cuestiones ilegales fuera de todo procedimiento y realiza acciones lesivas de los derechos humanos de ella y de sus menores hijos N.E.T.C. y R.A.T.C. Con motivo de lo anterior, mediante escrito de seis de enero del año en curso, la quejosa realizó diversas precisiones, pero la autoridad judicial responsable ha omitido a darle respuesta inmediata, vulnerando sus derechos humanos y los de sus hijos. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 4°, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue presentada el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes Común con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y posteriormente remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 68/2023 en la que previo cumplimiento a la prevención formulada en auto inicial, fue admitida el uno de febrero siguiente; asimismo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Del Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca: La omisión de acordar su escrito presentado el seis de enero de dos mil veintitrés, en los autos del expediente familiar ********************. De los integrantes de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La ausencia de sanciones a los funcionarios que integran el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, con motivo de la dilación procesal con la que realizan sus actividades. Del Visitador General del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La omisión de levantar actas de visita y vigilancia de la actuación de los funcionarios que integran el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca. La ausencia de resoluciones en contra de aquellos funcionarios. La ausencia de propuestas concretas para abatir el rezago acumulado en el mencionado juzgado. Del Director de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La omisión de vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca. La omisión de practicar revisiones de oficio al mencionado juzgado, para dar cuenta de las irregularidades y la dilación con que se conducen. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables señaladas en los incisos b), c) y d), al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, respectivamente. En ese contexto, si la inconforme no desvirtuó la negativa que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos señalados atribuidos a las referidas entidades públicas. VI. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por su parte el secretario encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe justificado manifestó lo siguiente: "ES PARCIALMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que este Juzgado se encuentra radicado el expediente familiar ******************** referente al Juicio de Divorcio por mutuo consentimiento que promueve ******************** Y ********************; así mismo hago de su conocimiento que con fecha veintisiete de Enero de dos mil veintitrés, fue proveído su escrito de fecha seis de Enero del año en curso y notificada el nueve de Febrero del año en curso. No omito manifestar que si el escrito de fecha seis de Enero del año en curso, fue proveído hasta el veintisiete de Enero del año en curso, esto no fue por negligencia dolo o mala fe, sino que obedece a la excesiva carga de trabajo con la que cuenta este Juzgado, lo que impide cumplir con los términos establecidos por la ley de la materia". En consecuencia, se demuestra la existencia del acto reprochado a la autoridad responsable, no obstante que fue hasta el veintisiete de enero del año en curso, que acordó el escrito presentado por la quejosa el seis de enero de la presente anualidad, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de derechos fundamentales (diecisiete de enero de dos mil veintitrés). VII. PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, de oficio se advierte que en el acto consistente en la negativa de acordar el escrito presentado ante la responsable el seis de enero de dos mil veintitrés, así como su debida notificación y las consecuencias derivadas de la falta de acuerdo al escrito presentado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado en los efectos de dicho acto. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente:  La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo.  Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo.  O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias y manifestaciones remitidas por la autoridad responsable secretario encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Pinotepa Nacional, Oaxaca, se aprecia que el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, acordó el escrito presentado por la quejosa el seis de enero del año en curso, dentro del expediente ******************** de su índice. Lo anterior, da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el acto reclamado reprochado a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. En el sumario, como se especificó, la quejosa reclama la omisión de acordar su escrito presentado el seis de enero del año en curso, dentro del expediente ******************** del índice de la responsable. Sin embargo, al momento de rendir informe el secretario encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Pinotepa Nacional, Oaxaca, manifestó que el veintisiete de enero del año en curso, acordó el escrito presentado por la quejosa. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión de dar respuesta al citado escrito y la autoridad responsable, al momento de la emisión de la presente sentencia ya lo dejó sin efectos, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que emitir dicho fallo, se destruyeron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional. Por tanto, lo pretendido por la promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara el acto reclamado consistente en la omisión de acordar su escrito, quedó satisfecho. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************en representación de sus hijos ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en los apartados V y VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Director de Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; con su contenido dese vista a las partes. Por otra parte, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como sus delegados a las personas que menciona. NOTIFÍQUESE.

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