María Doris Rueda Gómez

Expediente 1330/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1330/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • María Doris Rueda Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y testimonio del fallo señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Acúsese recibo del a) testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 12/2022 de su índice y b) copia certificada deducidas del juicio de amparo 1330/2021 de la estadística de este juzgado de distrito. De la ejecutoria mencionada se aprecia que el referido Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa, contra el proveído donde este juzgado tuvo a bien desechar la demanda de amparo interpuesta por las consideraciones ahí expuestas; en ese tenor, ante la decisión dictada por el órgano de alzada, se provee: En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, por lo que hace a la copia certificada deducida del juicio de amparo 1330/2021 de la estadística de este juzgado de distrito, que devuelve el tribunal de alzada, se ordena su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para los efectos legales consiguientes; en relación a su contenido, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, acusa recibo de la remisión del recurso de queja interpuesto en este asunto, el cual admitió a trámite y quedó registrado con el progresivo 12/2022; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Notifíquese."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual, María Doris Rueda Gómez por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales R.R.G., cumple con la prevención realizada en proveído inicial; por tanto, se procede a proveer lo que a derecho corresponde. Desechamiento. Conforme a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por María Doris Rueda Gómez por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales R.R.G., porque en relación a la resolución que reclama, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, debido a que no constituyen actos de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto en principio debe señalarse que la parte quejosa reclama la resolución de catorce de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el toca familiar 120/2021 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que declaró infundado el recurso de queja que interpuso contra el acuerdo dictado por la juez quinto Familiar del Centro, Oaxaca dentro del expediente 556/2015 de su estadística, donde negó la admisión del recurso de apelación contra el diverso dictado el pasado tres de marzo. En dicho proveído, la titular del juzgado familiar recibió un ocurso de la aquí quejosa donde se le tuvo contestando la vista otorgada en diligencia de tres de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, determinó que tomando en consideración que la prueba de estudio socioeconómico del demandando se trate de una probanza de oficio por parte de la responsable para estar en condiciones de dictar una pensión alimenticia definitiva respetando el principio de equidad y proporcionalidad, señaló que no era procedente tenerle por perdido su derecho para llevar a cabo el desahogo de dicho estudio, por lo que requirió a la parte actora - promovente en este asunto - para que dentro del plazo de tres días manifestara el domicilio en donde viva o habite el demandado. En ese orden de ideas, es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Corte puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro siete, junio de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página treinta y nueve, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, página mil ochenta y seis, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También fortalece lo expuesto la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro veintinueve, abril de dos mil dieciséis, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página quince, registro 2011428, que señala: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva, es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir en la vía directa las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo. Con base en lo anterior, debe establecerse que la resolución dictada el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en el toca familiar 120/2021 de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca mediante la cual declaró infundado el recurso de queja que interpuso contra el acuerdo dictado por la juez quinto Familiar del Centro, Oaxaca dentro del expediente 556/2015 de su estadística, donde negó la admisión del recurso de apelación contra el diverso dictado el pasado tres de marzo, no constituyen actos de imposible reparación en la medida en que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera. En efecto la inconformidad que originó el hoy acto reclamado, es que el juez familiar de origen no tuvo por perdido el derecho del demando del desahogo de un estudio socioeconómico, lo anterior para fijar una pensión alimenticia definitiva equitativa y en favor del menor, ya que este último es al que se debe privilegiar y no a sus progenitores. Máxime que como bien lo indicó el juez familiar, es una probanza de oficio que mandó a desahogar para un mejor proveer, con el fin de dilucidar los rubros alimenticios, como educación, salud, transporte y esparcimiento dentro del contexto familiar que lo rodea, atendiendo a las posibilidades del deudor y necesidades del acreedor. Lo expuesto patentiza que el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, ya que el juez familiar solo busca mayores elementos para emitir una determinación ajustada a derecho, lo cual evidentemente no se transgreden derechos fundamentales de la ahora parte quejosa. Por consiguiente, al no ser la determinación principal reclamada un acto de imposible reparación, la continuación del procedimiento y el dictado del acuerdo en la que se fije la pensión alimenticia a favor del menor de edad resulta favorable al realizar el estudio socioeconómico a la parte demandada es en pro a los principios del menor y a sus intereses. Por ende, se insiste, no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa situación ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva en la medida en que influya en sentido negativo para que el resultado sea adverso a los intereses de la parte quejosa En esa línea, el hecho de que se haya determinado declara infundada el recurso de queja contra el diverso dictado por la juez quinto Familiar del Centro, Oaxaca dentro del expediente 556/2015 de su estadística, donde negó la admisión del recurso de apelación contra el diverso dictado el pasado tres de marzo, no puede conducir a considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna o en los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales. Luego, si las actuaciones reclamadas no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser consideradas como actos que producen efectos de imposible reparación. Por las consideraciones expuestas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Doris Rueda Gómez por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales R.R.G.; en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1330/2021. Prevención. Ahora bien, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, entre los cuales se encuentran los que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, se advierte irregularidad que requiere ser aclarada, pues conforme al citado precepto 114, en relación con el 108 de la ley de la materia, todo solicitante de la protección de la Justicia Federal debe expresar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, el nombre y domicilio del quejoso, el que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; la autoridad o autoridades responsables; se cite el acto que de cada autoridad se reclame, es decir, es necesario que de forma clara señale qué actos se atribuyen a cada una de las autoridades designadas como responsables, la fecha de conocimiento de éste y se narre bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Es aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y cuatro, tomo seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, quinta época, cuyo título y texto es: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." (i) En ese sentido, de la lectura de la demanda -precisamente en el proemio- se advierte que la promovente comparece a esta instancia en representación del infante R.R.G. Por tanto, es necesario que la impetrante de amparo acredite su personalidad en cuanto a la representación del citado menor con documento fehaciente. (ii) Por otro lado, el arábigo 108, fracción II de la ley de la materia estatuye que en la demanda de amparo indirecto deberá expresarse, entre otros aspectos, el siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; [.] Ahora bien, en el presente caso, se advierte que el disidente, no colma con el requisito citado, en razón de que relativo al nombre del tercero interesado, únicamente manifiesta "A juicio de esta parte, no existe." Por lo que, la quejosa omite manifestar bajo protesta de decir verdad si desconoce el nombre y domicilio del tercero interesado o bien proporcionar aquellos datos, en caso de que exista, máxime que en los antecedentes del acto reclamado indica que existe la parte demandada en el juicio de origen, puesto que es a dicha parte procesal a quien le compete tal carácter, conforme lo establecido en el precepto 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. (iii) En otro aspecto, de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- CC. Magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mismos que tramitan el toca 0120/2021. Con domicilio en Avenida Gerardo Panda! Graf número 1, Ciudad Judicial, Agencia de Policía Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71257. 2.- C. Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mismo que tramita el expediente 556/2015, Segunda Secretaría. Con domicilio en Segunda Privada División Oriente número 618, Santa María del Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000. IV. ACTOS RECLAMADOS. 1.- La resolución de fecha catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada en el Toca Familiar número 120/2021 de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, notificada el día ocho de noviembre del año dos mil veintiuno. Así como sus efectos y consecuencias." Asimismo, de los antecedentes narrados por la promovente de amparo se desprende que en el juicio familiar 556/2015 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, el siete de septiembre de dos mil quince demandó a Homero Toledo Ríos en la vía de controversias del orden familiar, a) el reconocimiento de paternidad y filiación de la menor R.R.G., b) el pago de alimentos no pagados, desde el nacimiento de la menor hasta el reconocimiento de la paternidad del ahora demandado, c) el 40% (cuarenta por ciento) de pensión alimenticia en favor de la menor R.R.G. Posterior a ello, el seis de febrero de dos mil dieciocho, la responsable tuvo por perdido el derecho al demandado a contestar la demanda y por confeso de los hechos, asimismo, que en la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se desahogó la prueba confesional a cargo del demandado, así como la de estudio socioeconómico de la parte actora. De ahí, la quejosa interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo de tres de marzo del año en curso por causarle agravio y mediante auto de veintisiete de abril del actual la responsable, juez Quinto de lo Familiar del Centro, Oaxaca, en el expediente 556/2015 de su índice, negó la admisión de dicho medio de impugnación, por lo que la promovente interpuso recurso de queja contra dicha resolución. Finalmente, el catorce de septiembre de este año, en el toca 120/2021 de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca dicto resolución respecto al recurso de queja en la que declaro infundada por improcedente la misma. Sin embargo, y de lo expuesto anteriormente, resulta necesario que la parte quejosa precise en concreto el contenido del auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 556/2015 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Centro, Oaxaca, determinación por la cual interpuso recurso de apelación, y a su vez la responsable negó su admisión y en contra de dicho resultado interpuso el medio de impugnación de queja, en la que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca declaró infundada por improcedente la misma - acto reclamado -. En ese orden de ideas, amerita que desde este momento se subsanen las deficiencias apuntadas, para que este órgano jurisdiccional pueda analizar la demanda de amparo, en términos de lo que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108 de la Ley de Amparo, prevéngase al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, tal y como lo dispone el numeral 108 del ordenamiento legal en cita, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito, informe lo siguiente: Acredite su personalidad en cuanto a la representación del citado menor con documento fehaciente. Señale el nombre y domicilio del tercero interesado y, si no lo conoce, bajo protesta de decir verdad, así lo deberá de manifestar. Narre de forma cronológica y sucinta los antecedentes que constituyen el acto reclamado en concreto, respecto del acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno dictado en el expediente 556/2015 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Centro, Oaxaca. Apercibida que de no cumplir con lo ordenado en el plazo que se indica, se tendrá por no presentada la demanda en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados de la quejosa. Debido a que la parte quejosa proporciona dos usuarios para recibir notificaciones vía electrónica, por tanto, a fin de evitar duplicidad de notificaciones, través del usuario v_porras_arellano háganse aquéllas dentro del Portal del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 30, fracción II de la citada normativa. Se tiene por autorizados en los términos que indica, a Víctor Alberto Porras Arellano debido a que quien faculta en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, cuenta con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales y solo para oír y recibir notificaciones a las personas restantes que señala, por así solicitarlo. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano