María Dolores Santiago Santiago
Expediente 647/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Dolores Santiago Santiago
- María Dolores Santiago Santiago y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial, se declara consentido el acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y de este cuaderno incidental se advierte que en el juicio de amparo 647/2020 de donde deriva esta incidencia se declaró firme el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; que en el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria dictada el seis de noviembre siguiente, se concedió la suspensión definitiva; que en el cuaderno original y duplicado de este incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Luego, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se concedió la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo y el auto de veintitrés de octubre que concedió la suspensión provisional y la interlocutoria de seis de noviembre siguiente, que concedió la suspensión definitiva. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Acuerdo de cumplimiento. De la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa en relación al cumplimiento dado por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente en cuanto al cumplimiento del fallo protector; ello, conforme a lo dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, que establece a este Juzgado corresponde determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior tiene respaldo en la jurisprudencia de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Efectos de la concesión del amparo. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en este expediente, la cual se declaró que causó ejecutoria en proveído de trece de enero de esta anualidad. La protección constitucional se otorgó al inconforme para que el Director General de la Oficina de Pensiones de Oaxaca realizara lo siguiente: ".se impone conceder a María Dolores Santiago Santiago el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo..". (.) "SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Dolores Santiago Santiago en contra de los actos impugnados al Director General de la Oficina de Pensiones de Oaxaca, consistentes en la aplicación de las normas citadas materializada en el comprobante de pago de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el que se realizó las deducciones a la pensión por jubilación que fue concedida al quejoso correspondientes a octubre de la presente anualidad por mil un mil trescientos veinte pesos con tres centavos respecto de cada una de las mensualidades indicadas, bajo el concepto "FDO. D PENSIONES" identificado con la clave 202 y los ulteriores descuentos que se efectúen a esa prestación económica, por los motivos expuestos en el apartado X y para los efectos precisados en el diverso XI del presente fallo." Actos que la autoridad responsable debe llevar a cabo para cumplir con el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria emitida en este expediente, el Director General de la Oficina de Pensiones de Oaxaca: Debía reintegrar a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, incluyendo los subsecuentes, así como no realizar los posteriores descuentos. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la sentencia. El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, pretendió dar cumplimiento al fallo protector a través del oficio remitido el seis de marzo del año en curso, a los que anexó copia de diversos oficios, los cuales tienen valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento. Del análisis armónico del informe de cumplimiento de sentencia y las constancias que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, se advierten las circunstancias siguientes: Copia certificada del oficio OP/UAYFFP/DRHYNP/0041/2021 de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, documental mediante la cual se solicita al Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones de esta Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que no se vea reflejado descuento alguno para el "Fondo de Pensiones" y se abstenga de realizar descuento alguno. Copia certificada de la póliza de cheque número 124 por concepto de devolución del fondo de pensiones a favor de la peticionara María Dolores Santiago Santiago. Por tanto, del oficio que antecede, se advierte que la responsable dejó de aplicar a la quejosa descuento respecto al concepto de cuota al Fondo de Pensiones, y de la misma forma ordenó reintegrar los pagos de los meses de octubre y noviembre de dos mil veinte, por un monto de $1,320.05 (un mil trescientos veinte pesos 05/100) y $1375.82 (un mil trescientos setenta y cinco pesos 82/100, respectivamente, danto un total de $2.696.87 (dos mil seiscientos noventa y seis pesos 87/100), todos en Monedad Nacional -circunstancia, esta última, que es corroborada por la quejosa, en el líbelo que hoy se también se acuerda- Por tanto, si el efecto concesorio de la sentencia, fue para que la responsables devolviera a la quejosa los descuentos efectuados por el concepto de fondo de pensiones a partir del mes de octubre de dos mil veinte en adelante, así como que se abstuviera de realizar en lo subsecuente, y de los autos se advierte que a la peticionaria del amparo, le fueron devueltos los descuentos efectuados en los meses de octubre y noviembre de dos mil veinte, y no está acreditado que se le haya vuelto a aplicar ninguna deducción por ese concepto, se determina que la presente ejecutoria de amparo, se encuentra cabalmente cumplida. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Finalmente, en atención al escrito de César López Ramos autorizado legal de la quejosa María Dolores Santiago Santiago, mediante el cual manifiesta su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la autoridad responsable, toda vez que estima que la cantidad que la autoridad debe de devolver a su autorizante, es mucho mayor a la que ya le fue devuelta; dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que precedente. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que por cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de plazos y términos que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendió el trámite de este expediente. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En otro aspecto, de este sumario se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal fallo ha causado ejecutoria. Es necesario precisar que en la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, por un lado se sobreseyó en este asunto respecto de unos actos combatidos y, por otro, se concedió la protección constitucional al justiciable en relación con los diversos atacados para que el Director General de la Oficina de Pensiones de Oaxaca realice lo siguiente: ".se impone conceder a . . . el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo..". Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo se requiere a la citada responsable para que dentro del plazo de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a la referida autoridad que si no actúa como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurran en la conducta sancionada y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo del servidor público respectivo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígase que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además, de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario. NOTIFÍQUESE.
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