María Elena Beatriz Rodríguez García
Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Elena Beatriz Rodríguez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de la quejosa **********, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito exhibido; atento a su contenido, se acuerda: No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que no ha trascurrido el término de seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo; por lo que una vez que fenezca el plazo antes referido se acordará lo conducente. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado **********, impugnara a través del recurso de queja el auto que desecho el incidente de daños y perjuicios, sin que se haya promovido dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el tercero interesado Rogelio Lechuga Barrientos, mediante el cual promueve por segunda ocasión el incidente de daños y perjuicios, para hacer efectiva la garantía que se otorgó con motivo de la medida cautelar concedida a la parte quejosa. Ahora, debe tomarse en cuenta que el promovente ejerció por primera vez ese derecho mediante el escrito exhibido el cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Así mediante resolución de veintinueve de agosto de la anualidad que transcurre, fue declarado como procedente pero infundado. Decisión que fue consentida tácitamente por el incidentista, al no haberla recurrido, por lo que en auto de ocho de septiembre del año en curso fue declarada firme. En el caso, resulta improcedente el incidente de daños y perjuicios que promueve por segunda ocasión el tercero interesado, por las razones que se expondrán a continuación. En efecto, conforme al artículo 156 de la Ley de Amparo, la parte tercera interesada que haya resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, tiene a su alcance dos vías para reclamar la responsabilidad proveniente de esa medida; por un lado, el incidente previsto en su primera parte, ante el propio juzgador de amparo; y, por otro, un juicio autónomo, ante la autoridad judicial competente, conforme a la parte final del mismo precepto. Ese derecho se equipara a una verdadera acción, misma que como cualquier otra, se encuentra sujeta a las consecuencias o limitaciones que ocasiona la cosa juzgada y, por ende, no puede ser intentada cuantas veces lo desee el promovente, sino que su ejercicio es limitado. Resulta orientadora la tesis aislada XXVIII.4 K (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2322, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que establece (énfasis añadido): "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. VÍAS QUE TIENE LA TERCERO PERJUDICADA PARA RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE ESA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, la parte tercero perjudicada que haya resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, tiene a su alcance dos vías para reclamar la responsabilidad proveniente de esa medida; por un lado, el incidente previsto en su primera parte, ante la autoridad que conozca de ésta; y, por otro, un juicio autónomo, ante las autoridades del orden común, conforme a la parte final del mismo precepto. Ese derecho tiene el carácter de una verdadera acción, la cual tiene como premisas: a) la suspensión concedida a la parte quejosa dentro de un juicio de amparo; b) la sentencia firme en que se haya negado el amparo o se sobresea en el juicio; y, c) los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la citada suspensión. Dicha acción, como cualquier otra, se encuentra sujeta a las consecuencias o limitaciones que ocasiona la cosa juzgada y, por ende, no puede ser intentada tantas y cuantas veces lo desee el promovente, sino que su ejercicio es limitado. Ahora bien, el derecho en cuestión se encuentra condicionado a dos eventualidades: primera, si aún no fenece el plazo de seis meses que se concede en la norma invocada, la tercero perjudicada puede reclamar el pago de daños y perjuicios sólo incidentalmente ante la autoridad que conozca de la misma suspensión; y, segunda, si aquel plazo ya transcurrió, entonces puede reclamarlos en un juicio autónomo, ante las autoridades del orden común. Por ende, el incidente y el juicio autónomo citados son independientes y excluyentes entre sí; de ahí que no pueden ser concomitantes ni subsidiarios." Naturaleza jurídica que ha sido avalada por el Alto Tribunal, al estimar que el incidente de referencia debe seguir las reglas que sobre cargas procesales establece el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en lo conducente en la jurisprudencia número 1a./J. 80/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 148, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO." El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista. (Lo resaltado es propio) En el caso, el tercero interesado Rogelio Lechuga Barrientos, promovió un primer incidente de daños y perjuicios mediante escrito exhibido el cuatro de agosto de la anualidad que transcurre, el cual fue declarado como procedente pero infundado en resolución de veintinueve, en esencia, porque la incidentista no expuso con claridad la forma en que se configuraron los daños y perjuicios que supuestamente le ocasionaron la medida cautelar concedida a la parte quejosa (ni los probó), resolución que como se precisó en líneas que anteceden causo firme al no haber sido recurrida. Posteriormente, la promovente en cita reclamó por segunda ocasión, a través del presente incidente, el pago de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa, pretendiendo subsanar las deficiencias en que había incurrido con la promoción del primer incidente. Por tanto, se impone determinar la improcedencia de su solicitud, pues si ya se hizo un pronunciamiento de fondo sobre el primer incidente de promovió, no puede estudiarse de nueva cuenta la misma pretensión que en esta ocasión formula para subsanar deficiencias en la carga probatoria que no ejerció debidamente en aquella oportunidad. Lo anterior, pues de sostenerse lo contrario, se vulneraría el principio de cosa juzgada, el cual tiene la finalidad de evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme, que en este caso, lo constituye la resolución recaída al primer incidente que promovió. Máxime que la prerrogativa concedida a los terceros interesados por el citado artículo 156 de la Ley de Amparo para promover un incidente para resarcir los daños y perjuicios que se les pudiera haber ocasionado con motivo de la suspensión no se traduce en el derecho a cobrar necesariamente daños y perjuicios. Es decir, en todo caso, el derecho a cobrar daños y perjuicios debe ser reconocido en una resolución interlocutoria que sea emitida en el incidente en el que previamente se haya probado la existencia de esos daños y perjuicios; incidente que en el caso, la parte tercera interesada ya había promovido, sin éxito. Motivo por el cual la figura jurídica de la cosa juzgada es plenamente aplicable al incidente previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo. De ahí que no proceda volver a ejercitar la acción incidental prevista en el artículo 156 de la Ley de Amparo, por cuanto hace a la parte tercera interesada, porque ese derecho ya lo había hecho valer y no demostró su acción, con lo que se actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada. Sustenta lo anterior la tesis aislada I.11º.C.25 K, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. CUANDO SE TRATE DE HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LAS GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS OTORGADAS CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN, DEBE TRAMITARSE ANTE LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DE ÉSTA EL INCIDENTE RELATIVO POR UNA SOLA OCASIÓN, PUES UNA ULTERIOR PROMOCIÓN EN ESE SENTIDO RESULTA IMPROCEDENTE. Conforme a lo previsto por el artículo 129 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.". En tal virtud, es válido sostener que la oportunidad para la presentación del incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía señalada, en aras de la certeza jurídica que debe existir en este tipo de asuntos, es por una sola ocasión, por lo que si se agota y se determina que no se acreditaron los daños y perjuicios debe declararse improcedente una ulterior promoción en ese sentido. Por lo relatado, se desecha el incidente de daños y perjuicios que promueve por segunda ocasión el tercero interesado Rogelio Lechuga Barrientos. Notifíquese y personalmente al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado **********, impugnara a través del recurso de queja la resolución de veintinueve de agosto del año en curso, en la cual se declaró infundado el incidente de daños y perjuicios, sin que se haya promovido dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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