María Elena González Mendoza
Expediente 1364/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Elena González Mendoza
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintidós. Téngase al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, acusando recibo del oficio por el que se le remitió el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes e informando el contenido del acuerdo del seis de diciembre del año en curso, del que se advierte que aceptó la competencia planteada; de lo que se adquiere conocimiento. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Téngase a la quejosa ********, desahogando las prevenciones formuladas en autos; por tanto, se provee: El conocimiento de la demanda de amparo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa la Ciudad de México, por los motivos que se pasan a exponer: La competencia es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. Así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro del ámbito de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. En el caso de la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. A este respecto, en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se establecen tres reglas fundamentales para determinar la competencia territorial de los jueces de distrito, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman: 1. Cuando el acto requiera ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo recaerá en el juez que ejerza jurisdicción en el lugar (territorio) donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Del mismo modo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, resulta de capital importancia, a efecto de definir la competencia territorial de los jueces de distrito, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Si la tiene, el juez competente será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia recae en el juez ante el que se presenta la demanda. De igual manera, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, explicó que los actos reclamados, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias, de forma genérica, se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos: Actos negativos simples Actos negativos con efectos positivos; Actos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones Señaló dicha sala, que los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Refirió, que por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Denotó la sala aludida que, dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido -indicó dicha sala-, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Respecto a los actos negativos simples -indicó tal sala-, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Precisó que los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Y que por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Acotó dicha sala, que los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en queinvolucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Y finalmente -explicó la referida sala-, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Adicionalmente, señaló dicha sala, que al resolver el amparo en revisión 1241/1997, esa Primera Sala puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Y puntualizó que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, esa Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de actos negativos y omisivos ("no hacer" y "omisión"). Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen las llamadas omisiones. Ahora bien, en el particular, la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de realizar el pago de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios que le fue otorgada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. A la demanda de amparo indirecto adjuntó copia de su credencial para votar en cuyo contenido textual se advierte que tiene su domicilio en la Alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México, lo que incluso corroboró la quejosa en el escrito con registro 16136 en el que manifestó que su domicilio actual y correcto se encuentra en la Alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Lo anterior permite establecer que el acto reclamado es un acto omisivo (ya que se traduce en un no hacer o no actuar por parte de la autoridad -en este caso administrativa-) con efectos positivos, pues tal omisión posee consecuencias que se materializan en un plano fáctico, por la situación particular del reclamo y en la que se encuentra la peticionaria de amparo frente a la autoridad, por lo que es dable concluir que el mismo, sí tiene ejecución material. Se sostiene lo anterior, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con su abstención, se ejecuta materialmente una afectación en la esfera jurídica de la quejosa, específicamente a los derechos humanos a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital de los jubilados. En efecto, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrante de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión. Y por ende, se vulnera el derecho al mínimo vital, que se entiende como el respeto a las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Es así, porque cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la dignidad humana y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Al respecto, se invoca la tesis aislada 1a. XCVII/2007, con registro digital 172545, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de dos mil siete, página setecientos noventa y tres, novena época, materia constitucional, de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO". Con base en lo anterior, se establece que la omisión de pagar a la quejosa la pensión que le fue otorgada, si bien es un acto omisivo, lo cierto es, que trae aparejada una ejecución material, ya que tiene consecuencias materiales, como poner en peligro la subsistencia de la pensionada. Ello en la medida que, con la omisión de pago a la justiciable de tal pensión, como se vio, se vulneran en su perjuicio los derechos humanos a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital de los jubilados. De ahí que se trate de un acto omisivo con efectos positivos. De este modo, el acto encaminado a subsanar la violación constitucional alegada tendrá ejecución; es inconcuso que el caso a estudio debe ceñirse a la regla que establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan los efectos; esto es, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. De lo expuesto se colige, que el pago de la citada pensión y los pagos retroactivos correspondientes, deberán ser atendiendo en el domicilio particular de la quejosa el cual se encuentra ubicado en la Alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México, esto es, donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa la Ciudad de México, a quienes se considera competentes para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por María Elena González Mendoza, por ser donde deba tener ejecución el acto reclamado. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), con registro digital 2023548, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, materia penal, que dice: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)". Así como la jurisprudencia 2a./J.152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXX, octubre de dos mil nueve, página 95, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO". Y la tesis XVI.1o.A.167 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con registro digital: 2018135, materias Común, Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2285, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA INTERPUESTA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE NULIDAD QUE CONMINA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A LA CORRECTA CUANTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL PENSIONADO." En esa tesitura, resulta competente un Juez de Distrito en Materia Administrativa la Ciudad de México, para conocer de este juicio de amparo intentado, por ser en dicha demarcación territorial en la que ejercen jurisdicción esos juzgados de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgador se declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda. Solicítese para el momento procesal oportuno a la autoridad jurisdiccional que deba conocer de este asunto tenga a bien a emitir el acuse de recibo respectivo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese mediante oficio el contenido de este acuerdo, así como copia simple de la papeleta de turno y demanda de amparo al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio de correo electrónico oficial para que realice el turno correspondiente del juicio de amparo; lo anterior para efecto de que remita a este juzgado de Distrito la boleta de turno por correo electrónico con el fin de identificar el órgano al que le fue asignado el asunto; y continuar con el trámite de este juicio de amparo. Una vez acontecido lo anterior, sin ulterior acuerdo, remítase el expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que corresponda para su substanciación. Con las constancias correspondientes y firmas electrónicas de este proveído, deberá formarse el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, **********, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del ********** y Municipios (ISSEMYM) y otras autoridades responsables; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1364/2022-I. En ese sentido, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, desahogue las siguientes prevenciones: Primero. Indique bajo protesta de decir verdad su domicilio actual y correcto (casa en la que vive actualmente); toda vez que en la copia de la credencial para votar que anexó se advierte uno ubicado en la **********, sin embargo, en el acuse del formato de aceptación que también acompañó, señaló otro en el **********. Con la precisión de que este punto de aclaración no es para que señale su domicilio procesal (lugar para oír y recibir notificaciones). Segundo. Indique si ha promovido diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado en la presente instancia constitucional o diverso medio de defensa y, de ser así, deberá indicar que autoridad conoce del mismo y el estado procesal que actualmente guarda. Tercero. Exhiba seis copias de su escrito aclaratorio, para ser repartidas de la siguiente manera: tres para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita y dos para la apertura del incidente de suspensión que solicita. Se apercibe que de no cumplir con los requerimientos referidos con antelación, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, en términos de lo dispuesto en el numeral 114 de la ley de la materia. Ténganse por autorizados a los usuarios que proporciona, para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente, razón por la que las notificaciones -incluyendo las personales- que se ordenen deberán realizarse de manera electrónica. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y al actuario judicial adscrito para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante; por tanto, este juzgador considera tener esa vía para llevar a cabo las notificaciones de las determinaciones dictadas en este asunto. Se tienen por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el **********, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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