María Dolores Lizaldi Luna

Expediente 1469/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1469/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • María Dolores Lizaldi Luna

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de enero de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como abogado patrono de **********, por derecho propio, contra actos de la Secretaria Instructora adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez y otra autoridad; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1469/2022-I. La parte quejosa reclama los autos del: I. Ocho de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual se ordenó dar vista con la copia del escrito de contestación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus anexos y copia de dicho acuerdo, sin que fueran subidos al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, tanto la contestación y sus anexos; y, II. Trece de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual se negó la solicitud de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído del ocho de diciembre del presente año, y se suba al sistema electrónico o expediente electrónico del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el escrito de contestación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus anexos. Dictados dentro del expediente **********, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, y 172, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo. Del precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el numeral 172, fracción VIII, de la legislación de amparo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos. Establecido lo anterior, se está en condiciones de puntualizar, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Carta Magna y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI, de su ley reglamentaria citada, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. De lo anterior se colige que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación material que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y no que solamente tengan una consecuencia procesal. Así, con tales determinaciones no se deja en estado de indefensión a la parte inconforme, que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso esas actuaciones podrá constituir una violación dentro del procedimiento, reclamable en la siguiente instancia, para el supuesto de que la sentencia definitiva que llegue a dictarse le sea desfavorable. Sirve de apoyo la tesis VII.2o.C.223 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 2022583, materia Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1728, de rubro y texto: "SUSTITUCIÓN PROCESAL DE LA PARTE ACTORA. EN LOS CASOS EN QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADOR PREVIO A ORDENARSE EL EMPLAZAMIENTO, DEBE CORRÉRSELE TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA CON LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE AL EFECTO SE APORTEN, CUYA OMISIÓN ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL. En los casos en que antes de ordenarse y realizarse el emplazamiento a un juicio especial hipotecario, se ponga en conocimiento del juzgador la sustitución procesal de la parte actora, el juzgador tiene la obligación de hacerlo del conocimiento de la parte demandada junto con los documentos que al efecto se anexen para demostrarlo, esto con la intención de que la parte demandada conozca con fidelidad los términos, las pretensiones, los hechos y las pruebas en que se basa la demanda de forma concreta, exacta y completa; ya que la sustitución de los derechos litigiosos conlleva una serie de consecuencias que pueden impactar en la defensa del demandado. De esta forma, cuando el juzgador civil no pone en conocimiento del demandado esa sustitución y el demandado es condenado en juicio, se actualiza en su perjuicio una violación evidente de la ley, que afecta el derecho de defensa del demandado y trasciende en sí mismo al resultado del fallo, en términos de las fracciones I, VI y VIII del artículo 172 de la Ley de Amparo, porque si bien en este caso no se le cita en forma distinta a la prevenida por la ley, es equiparable, al no mostrarle piezas de autos para poder alegar sobre ellos, y a no otorgarle los términos que con arreglo a la ley tiene derecho, en este caso, para presentar su defensa a través del escrito de contestación". Así como la tesis XVI.1o.A.91 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con registro digital 2011867, materia Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2969, de rubro y texto: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SE ACTUALIZA CUANDO EL JUZGADOR OMITE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL ACTOR EL PROVEÍDO POR EL QUE LA DEMANDADA CONTESTÓ EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y OFRECIÓ PRUEBAS, ASÍ COMO CORRERLE TRASLADO CON ESOS DOCUMENTOS. El derecho del actor en la justicia administrativa de ampliar su demanda cuando esté en alguna de las hipótesis legalmente establecidas para ello, constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento que permite la debida integración de la litis y conlleva la obligación del juzgador de emitir un pronunciamiento en el que determine que se está en un supuesto de ampliación. En estas condiciones, el artículo 284, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato prevé el derecho de ampliar la demanda dentro del plazo de siete días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto por el que se tenga por contestada, cuando por virtud de la contestación se introduzcan cuestiones que no hubiesen sido conocidas por el actor al instar el juicio, y que no se refieran a la variación de los fundamentos del acto impugnado, con la finalidad de que pueda controvertir los argumentos o probanzas que la demandada aporta en su escrito de contestación y que no conoce, pues de otro modo no estará en posibilidad de ejercer su defensa, en relación con esos actos o probanzas novedosas. Por tanto, la omisión de notificar personalmente al actor el proveído por el que la demandada contestó el escrito inicial de demanda y ofreció pruebas, así como de correrle traslado con esos documentos, actualiza una violación a las reglas del procedimiento que trasciende al resultado del fallo y amerita su reposición". Por las razones expuestas se desecha la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado el usuario que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la actuaria adscrita, a efecto de que procedan de conformidad al cargo que desempeñan. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona, sólo para el caso de que este Juzgador lo considere necesario durante la tramitación del presente asunto, para asuntos no procesales. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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