María Edith Urías Gamez

Expediente 802/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
802/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • María Edith Urías Gamez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 802/2019-I-1. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por *. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Tercero Civil por Audiencias del distrito Judicial Bravos, Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Fiscalía General del Estado, Unidad de Delitos Patrimoniales, Ministros Ejecutores o Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado en Ciudad Juárez, Dirección de Seguridad Pública Municipal y Policía Ministerial, a quienes les reclamó las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble ubicado en calle ***, en esta ciudad, aprehensión, detención, presentación, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 802/2019-I-1 y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la impetrante reclama las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad, aprehensión, detención, presentación, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 26), Juez Primero Civil por Audiencias (foja 29), la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 30), Juez Provisional Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 32), Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 33), Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 34), Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 32), Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 38), Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos (fojas 39 y 40), Jueza Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Bravos (foja 65) y de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos (foja 67), todos en sus denominaciones correctas, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron los actos que les atribuyó la accionante del amparo, consistentes en las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad, aprehensión, detención, presentación, así como su ejecución. Por su parte, el Juez Quinto Civil por Audiencias para este Distrito Judicial Bravos (foja 41 a 64), señala que en los archivos digitales de su juzgado, se encontró un juicio de providencias precautorias radicado bajo el expediente 771/2019, respecto al inmueble motivo del presente juicio de amparo, por lo que, omitió manifestarse sobre los actos reclamados que se le atribuyen, consistentes en las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble citado, aprehensión, detención, presentación, así como su ejecución, si bien el artículo 117, de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable sea omiso en rendir su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. Sin embargo, en el caso no procede dicha presunción, ya que de las constancias anexas a su informe del juicio de providencias precautorias se advierte que es promovido por **, en contra de por **, en el que solicitó se embarguen bienes para él pago de $50.000.00 (cincuenta mil dólares, moneda americana), de intereses legales y daños y perjuicios, con motivo de la demanda de incumplimiento de contrato de compraventa de un bien inmueble, personas diversas a la quejosa. En consecuencia, toda vez que la accionante del amparo no es parte en el juicio de providencias precautorias 771/2019, resulta evidente que no existieron las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad, aprehensión, detención, presentación, así como su ejecución, por tanto, lo que procede es tener por inexistentes dichos actos. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que si se infiere la inexistencia de los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el presente asunto, la quejosa fue omisa en acreditar la existencia de las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad, aprehensión, detención, presentación, así como su ejecución, aún cuando en el juicio ofertó las documentales consistentes en: a) copia simple de un recibo de tres de octubre de dos mil diecisiete, por concepto de pago de servicios integrales profesionales inmobiliarios, b) copia simple de un contrato de privado de compraventa de doce de octubre de dos mil diecisiete celebrado entre ** c) copia simple de un aviso recibo de número de servicio 596 180 405 585 expedido por la Comisión Federal de Electricidad correspondientes al periodo de consumo del siete de agosto al siete de octubre de dos mil diecinueve a nombre de **, y d) copia simple de un aviso recibo de número de cuenta 23890 expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez correspondientes al periodo de servicio del dieciocho de julio al catorce de agosto del año en curso, a nombre de **. Este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor, en términos de los artículos 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, por lo que, al tratarse de documentos sin certificación carecen de valor pleno, por ende solo se les reconoce valor indiciario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 193, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte SCJN, visible en la página 132, registro 394149, del rubro y texto siguiente: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Por tanto, las probanzas que anexó a su escrito de demanda se consideran ineficaces para acreditar los actos reclamados en el presente juicio de amparo, ya que dichas documentales en su caso sólo demuestran de manera indiciaria que ** recibió la cantidad de tres mil pesos 00/100 M.N. ($3,000.00) de por el pago de servicios integrales profesionales inmobiliarios; que **, celebraron un contrato privado de compraventa respecto de los lotes 3 y 10 de la manzana 8 en la colonia **, en esta ciudad, marcados con clave catastral 01-018-008-003-0000 y 01-018-010-0000; que ** contrató un servicio de suministro de electricidad y **, contrató un servicio de suministro de agua, los dos últimos respecto del bien inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad. En efecto, las impresiones de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que, al tratarse de una copia simple dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido. En mérito de lo expuesto, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el que se establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 802/2019-I-1, promovido por **. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio 25989 y anexo signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, se le tiene remitiendo el informe justificado de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por parte de las autoridades responsables Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, Jueza Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Bravos y del Juez Quinto Civil por Audiencias para este Distrito Judicial Bravos, en sus denominaciones correctas; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe. dmjv

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 802/2019-I-1, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiocho de octubre del presente año, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, aprehensión, detención, presentación, así como su ejecución reclamadas al Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Fiscalía General del Estado, Unidad de Delitos Patrimoniales, Ministros Ejecutores o Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado en Ciudad Juárez, Dirección de Seguridad Pública Municipal y Policía Ministerial. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitaron los informes previos a las autoridades y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 32), Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 35), la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 36), Juez Provisional Segundo Civil por Audiencias (foja 39), Juez Tercero Civil por Audiencias (foja 40), Juez Séptimo Civil por Audiencias (foja 41), Juez Sexto Civil por Audiencias (foja 42), todos del Distrito Judicial Bravos, Juez Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; en sus denominaciones correctas, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, aprehensión, detención, presentación, así como su ejecución, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó el quejoso respecto de tales autoridades. En base a lo anteriormente expuesto, se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa *******, respecto de los actos que reclamó de las autoridades antes señaladas. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos reclamados por la quejosa, en virtud de que argumento que no se cometieron las violaciones constitucionales aducidas por la quejosa, ya que los autos emitidos en el juicio de providencias precautorias ******* se encuentran debidamente fundados y motivados. CUARTO. Negativa de la suspensión definitiva. En relación a la medida cautelar que solicita la parte quejosa de las órdenes de desocupación o desalojo del bien inmueble ubicado en *******, a efecto de proveer sobre la suspensión definitiva, debe traerse a contexto que el arábigo 128 de la Ley de Amparo, establece para la procedencia de la suspensión los requisitos siguientes: a) Que la suspensión sea solicitada por el agraviado; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, la parte quejosa en primer término debe acreditar que el acto reclamado le agravia, esto es, que tiene interés en que el actuar de la autoridad se suspenda, por lo que es necesario que acredite dicho extremo. Por ello, si pide la suspensión del acto la parte garante debe aportar al incidente de suspensión medios de prueba idóneos que corroboren tal circunstancia, aunque sea de manera indiciaria. En el presente caso, la parte quejosa ******* exhibió copias simples de un recibo de tres de octubre de dos mil diecisiete, por concepto de pago de servicios integrales profesionales inmobiliarios, de un contrato de privado de compraventa de doce de octubre de dos mil diecisiete celebrado entre ******* y *******, de un aviso recibo de número de servicio ******* expedido por la Comisión Federal de Electricidad correspondientes al periodo de consumo del siete de agosto al siete de octubre de dos mil diecinueve a nombre de ******** y de un aviso recibo de número de cuenta ******** expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez correspondientes al periodo de servicio del dieciocho de julio al catorce de agosto del año en curso, a nombre de *******. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2°, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. Ahora las documentales que fueron presentadas son copias fotostáticas que se exhiben sin certificación, es decir, simples y, por ende carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno, de conformidad con el numeral 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. En efecto, las impresiones de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que, al tratarse de una copia simple dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, sino que constituyen meros indicios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 193, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte SCJN, visible en la página 132, registro 394149, del rubro y texto siguiente: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, agosto de dos mil dos, Materia Común, que se consulta en la página 1269, con registro 186304, del tenor literal: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. Las probanzas antes reseñadas se consideran ineficaces para acreditar el interés suspensional en este cuaderno incidental, ya que dichas documentales sólo demuestran de forma indiciaria que ******* recibió la cantidad de ******* de ******* por el pago de servicios integrales profesionales inmobiliarios; que ******* y *******, celebraron un contrato privado de compraventa respecto de los lotes *******, en esta ciudad, marcados con clave catastral ******* y *******; que ******* contrató un servicio de suministro de electricidad y *******, contrató un servicio de suministro de agua, los dos últimos respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Además, no obstante que la parte quejosa refiere ser la pareja sentimental de *******, dicha circunstancia no la acreditó ante esta instancia. En esas condiciones, la quejosa en mención no satisfice con medios de prueba idóneos que tiene algún interés respecto del bien inmueble que señala, para determinar que tiene un derecho previamente constituido susceptible de ser protegido con la medida cautelar solicitada, porque no aportó en su libelo prueba que acredite al menos indiciariamente le causan agravios los actos reclamados, dado que las documentales aportadas son copias simples y refieren actos de personas diversas a la accionante. Cobra aplicación, por analogía de razón la tesis VI 2o C265K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1800, registro 273267, tomo XXV, febrero 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. EL QUEJOSO DEBE JUSTIFICARLO CON PRUEBAS IDÓNEAS CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO RECLAME LA AFECTACIÓN DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE UN BIEN CON MOTIVO DE SU EMBARGO PUES PARA ELLO NO BASTA QUE SEA PARTE EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo se reclaman, además de cuestiones vinculadas con un procedimiento jurisdiccional en el que el quejoso es parte, la afectación de la propiedad y posesión de un bien con motivo de su embargo, para efectos de que en el trámite del incidente de suspensión pueda otorgarse la medida cautelar solicitada, en relación con este último acto y sus consecuencias, el promovente debe justificar su interés jurídico con pruebas idóneas para tal efecto, pues el que deriva de su intervención como parte en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, sólo lo legitima en relación con cuestiones que derivan de su posición procesal, pero en ella no queda comprendida la titularidad del dominio o posesión de los bienes que resultan afectados con motivo del secuestro judicial. Asimismo, robustece lo anterior, en lo conducente, la diversa tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CI, pagina 782, que reza: SUSPENSION PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. Si la quejosa habita la casa, en cuya posesión se siente amenazada por los actos de las autoridades responsables, como esposa del demandado en el juicio en que recayó la sentencia que motiva el amparo, no procede la suspensión, si no probó en autos su interés jurídico para la procedencia de la misma. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicita *******, toda vez que no se acredita el interés jurídico ni siquiera de forma indiciaria, con algún documento que pruebe su interés, y que una medida cautelar no puede ser constitutiva de derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII julio 1991, Materia Administrativa, con registro 222334, que se lee en la página 225, del tenor siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó *******, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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