María Dolores Garces García

Expediente 394/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
394/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • María Dolores Garces García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. Cumplido el plazo de conservación de cinco años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con veinte minutos del seis de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo 394/2022-VII, la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con el licenciado **********, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia, a la cual no compareció personalmente ninguna de las partes, no obstante que se les indicó que podrían comparecer mediante escrito. Iniciada la audiencia, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda de amparo, el emplazamiento al Fiscal Federal adscrito, así como los informes justificados y anexos de las autoridades responsables: Secretario de Seguridad Pública Municipal; Tesorera y Directora de Ingresos del Municipio; Coordinadora del Programa Integral de Notificación y Cobranza, en representación del Jefe del Departamento de Notificación y Cobranza, adscrito a la Dirección de la Política Hacendaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; y la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todas con residencia en esta ciudad. Con motivo de lo anterior, la Juez acordó: con fundamento en los numerales 117 y 124 de la ley de la materia, se tiene por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados. Acto seguido, la Juez ordenó abrir el periodo probatorio. En la etapa de referencia, se hacen constar que las partes ofrecieron pruebas documentales las que fueron admitidas en el momento procesal oportuno. Asimismo se da cuenta con el escrito signado de manera electrónica por el Asesor Jurídico Federal ********** autorizado en términos del artículo 12 de la ley de Amparo del quejoso, registradas en la oficialía de partes de este juzgado bajo el consecutivo 7681con lo cual se cierra este periodo. A lo que la Jueza acuerda, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito signado por el Asesor Jurídico Federal ********** téngasele ofreciendo diversas documentales como prueba a favor del quejoso, mismas que se tienen por desahogadas, ya que así lo permite su naturaleza, de igual manera ofrece la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por admitidas. En la inteligencia que la instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la presuncional legal y humana es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo,sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Continuando con la diligencia, la Juez ordenó pasar al periodo de alegatos. En dicha fase, en la secretaría se hizo constar que el Asesor Jurídico Federal José Luis Jimarez Cabrera formuló los propios a favor de la parte quejosa, y las demás partes no los formularon, con lo que se cierra este periodo. Con lo previo, se dio por terminada la presente audiencia y la Jueza ordenó dictar la sentencia correspondiente: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintidós. VISTOS para resolver el juicio de amparo 394/2022-VII, promovido por **********, en su carácter de apoderada legal de la quejosa, **********, contra actos del Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de esta ciudad, y otras autoridades responsables. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el doce de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado ese mismo día, **********, en su carácter de apoderada legal de la quejosa, ********** promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPOSABLES 1.- El Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de Ciudad Juárez, en su carácter de ordenadora, por ser quien ordenó el inicio del procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/4579/2012, compareció a la firma de la escritura pública en rebeldía de la quejosa, ante el Notario Público Número Seis, con domicilio conocido. 2.- El Tesorero Municipal del Municipio de Ciudad Juárez, en su carácter de ordenadora, por ser quien substancio el procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/4579/2012, y por ende ordenó la adjudicación del inmueble a favor del INFONAVIT y por ende compareció a la firma de la escritura pública en rebeldía del quejoso ante el Notario Público Número Seis, con domicilio conocido y por ser quien realizó el cambio de propietario del inmueble propiedad de la quejosa a nombre del INFONAVIT. 3.- Jefe del Departamento de Notificación y Cobranza adscrito a la Dirección de la política Hacendaria, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en su calidad de ejecutora, por ser quien posiblemente realizó las notificaciones en forma ilegal respecto del Procedimiento Administrativo de Ejecución y por ser quien posiblemente ejecutó el desalojo de la vivienda propiedad de la quejosa. 4.- El Titular del Registro Público de la Propiedad y del Notariado de Ciudad Juárez, Chihuahua, en su calidad de ejecutora, por ser quien realizó la cancelación del instrumento privado número 011-41900-1 de fecha 27 de noviembre de 1992, mediante el cual se formalizó el contrato de crédito y constitución de garantía hipotecaria, otorgado por el INFONAVIT a favor de la C. Catalina Villa Garcés, cuyos datos de inscripción número 3, Folios 3, del Libro 3533, Sección Primera e inscripción número 80, folio 80, del libro 1264, sección segunda; y por ser la autoridad que inscribió la escritura número 54,878 (Cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho), de adjudicación del inmueble propiedad de la C. Catalina Villa Garcés a favor del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, bajo la inscripción número 43, Folio 43, Libro 5670, Sección Primera. 5.- El C. Director de Seguridad Pública del Municipio Ciudad Juárez, Chihuahua con domicilio conocido en Cd. Juárez, Chihuahua, en su calidad de ejecutora, por ser quien posiblemente llevó a cabo el día 12 de enero de 2022, el desalojo de la vivienda propiedad de la C: **********." "IV.- ACTO RECLAMADO 1.- El Procedimiento Administrativo de Ejecución, embargo y remate del bien inmueble propiedad de la C. Catalina Villa Garcés, dentro del expediente administrativo DI/PAE/4579/2012, y la falta de emplazamiento a dicho procedimiento, el cual se inició por la falta de pago del impuesto predial de la cuenta catastral número**********, respecto de la vivienda ubicada en CALLE F**********, DE ESTA CIUDAD, Actos que se llevaron a cabo por el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de Juárez y por el Departamento de Notificación y Cobranza de Recaudación de Rentas. Actos que se encuentran viciados de legalidad, ya que se embargaron bienes propios de la quejosa y fueron rematados, adjudicados al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, sin que las autoridades responsables hayan cumplido con las formalidades que la ley exige, omitiendo así su cumplimiento, pues en principio no es posible embargar, rematar y adjudicar el bien inmueble propiedad de la quejosa o causar molestias en bienes y posesiones de personas ajenas al juicio so pena de dejarlo en estado de indefensión, como aconteció en el caso que nos ocupa, y todos y cada uno de los actos que han realizado las autoridades responsables han sido omisos en notificarlos a la quejosa, en su carácter de propietaria, por lo cual deberá ordenarse que cesen los actos reclamados y concederle el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 2- La adjudicación del bien inmueble propiedad de la quejosa catalina ********** que se realizó en favor del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, acto atribuible el Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad Juárez, Chihuahua, en sus carácter de tercero interesado, así como el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de ciudad Juárez y el Tesorero Municipal ya que se embargaron bienes propios de la quejosa y fueron rematados y adjudicados al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORE,. sin que las autoridades responsables hayan cumplido con las formalidades que la ley exige, omitiendo así su cumplimiento, pues en principio no es posible embargar, rematar y adjudicar el bien inmueble propiedad de ésta o causar molestias en bienes y posesiones de personas ajenas al juicio so pena de dejarla en estado de indefensión, como aconteció en el caso que nos ocupa, y todos y cada uno de los actos que han realizado las autoridades responsables han sido omisos en notificarlos a la quejosa, en su carácter de propietaria, por lo cual deberá ordenarse que cesen los actos reclamados y conceder a la quejosa el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 3.- La ejecución del desalojo y desocupación del inmueble propiedad de la quejosa, ya que en fecha 12 de enero de 2022, la quejosa fue desalojada de su vivienda, sin saber los motivos de dicho desalojo, por lo que fue hasta el día 22 de abril de 2022, que se enteró de que su vivienda había sido adjudicada al INFONAVIT, pues con esa fecha el Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos le entregó la constancia de adjudicación, sin que las autoridades responsables hayan cumplido con las formalidades que la ley exige, omitiendo así su cumplimiento, pues reitero en principio no es posible embargar, rematar y adjudicar el bien inmueble de su propiedad o causar molestias en bienes y posesiones de personas ajenas al juicio so pena de dejarlo en estado de indefensión, como en el caso que nos ocupa, ya que todos y cada uno de los actos que han realizado las autoridades responsables han sido omisos en notificarlos a la quejosa, en su carácter de propietaria, por lo cual deberá ordenarse que cesen los actos reclamados y conceder a los quejosos el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado. Actos que pueden atribuirse al C. Director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua. 4.- La cancelación en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, del instrumento privado número ********** de fecha 27 de noviembre de 1992, mediante el cual se formalizó el contrato de crédito y constitución de garantía hipotecaria, otorgado por el INFONAVIT a favor de la C. Catalina Villa Garcés, cuyos datos de inscripción número 3, Folios 3, del Libro 3533, Sección Primera e inscripción número 80, folio 80, del libro 1264, sección segunda, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa del inmueble y el contrato de crédito y constitución de garantía hipotecaria concedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a favor de la quejosa." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por auto de quince de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la parte tercera interesada y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se trata de un acto ejecutado por autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, respecto de las cuales este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del contenido del escrito inicial de la demanda, así como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y de las constancias que adjuntaron las partes, así como de los conceptos de violación de la demanda, y de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente: El procedimiento administrativo DI/PAE/4579/2012, en específico: la falta de emplazamiento, el embargo, desalojo, remate y adjudicación a favor del tercero interesado del inmueble ubicado en calle Fernando Pacheco Parra número 9926-30, Subcondominio "N" manzana 3, Unidad Habitacional Solidaridad, en esta ciudad; además, la cancelación del instrumento privado número **********, en el cual se formalizó el contrato de crédito y constitución de garantía hipotecaria, con datos de inscripción número 3, Folios 3, Libro 3533, Sección Primera e Inscripción número 80, folio 80, libro 1264, Sección Segunda. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Secretario de Seguridad Pública Municipal; Tesorera y Directora de Ingresos del Municipio; Coordinadora del Programa Integral de Notificación y Cobranza, en representación del Jefe del Departamento de Notificación y Cobranza, adscrito a la Dirección de la Política Hacendaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; y la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todas con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que es cierto el acto reclamado; de ahí que deba considerarse existente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Se corrobora lo anterior con las documentales que obran en el juicio, mismas que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haberse emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de causales. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, como lo sostienen las autoridades responsables, Tesorera, Directora de Ingresos del Municipio y Jefe del Departamento de Notificación y Cobranza, adscrito a la Dirección de la Política Hacendaria, todas con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, efectivamente se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XIV del numeral 61 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el plazo genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de apoderada legal de la quejosa, **********, se advierte que señala como acto reclamado la falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo, el embargo, desalojo, remate y adjudicación a favor del tercero interesado del inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad; además, la cancelación del instrumento privado número **********, en el cual se formalizó el contrato de crédito y constitución de garantía hipotecaria. Asimismo, manifestó la apoderada legal de la directa quejosa que se tuvo conocimiento del acto reclamado el veintidós de abril de dos mil veintidós, pues asentó: "Bajo protesta de decir verdad se manifiesta que la quejosa tuvo conocimiento de dichos actos hasta el día 22 de abril de 2022, fecha en que el registro Público de la Propiedad del distrito Judicial Bravos le hizo entrega de la copia certificada de la escritura pública de la adjudicación." Ahora bien, para evidenciar dicha causal de improcedencia, cabe resaltar que constituye un hecho notorio para la suscrita el juicio de amparo 727/2021, del índice de este juzgado, promovido por la directa quejosa **********; al cual se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y del cual se obtiene que la impetrante tuvo conocimiento del acto reclamado (emplazamiento) cuando menos desde el uno de octubre de dos mil veintiuno, mientras que respecto a la ejecución del procedimiento administrativo desde el doce de enero de dos mil veintidós. Sobre el tema cobra exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 285, del tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En efecto, del contenido del escrito de la demanda de amparo del juicio de amparo 727/2021, promovido por la directa quejosa **********, se advierte que reclamó: "A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, PROMOVIDO POR EL MUNICIPIO DERIVADO DEL COBRO DE UN SUPUESTO CRÉDITO FISCAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE DI/PAE/4579/2012 EN FECHA 27 DE JUNIO Y QUE EN FECHA 23 DE JULIO DE 2012 SE NOTIFICÓ POR EDICTO LA SUPUESTA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DEL PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE LA QUEJOSA." Además, se asentó lo siguiente: ". BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTO QUE SUPE DE ESTOS ILEGALES ACTOS DE LA AUTORDAD RESPONSABLE AL MOMENTO DE IR A REVISAR LAS ESCRITURAS DE MI CASA ENTREGADAS POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, EL DÍA VIERNES 01 (UNO) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) FECHA EN LA CUAL ME PERCATE FÍSICAMENTE DE LA VERACIDAD DE SUS PALABRAS." Asimismo, en el capítulo de antecedentes, en lo conducente indicó: ". Así las cosas, fue el día 01 de Octubre del año 2021, aproximadamente a las 13:23 horas que una amiga de nombre **********, me entrego las copias certificadas de las escrituras de mi casa que le entregaron en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado de Chihuahua adscrito al Distrito Bravos, fue entonces cuando me percaté que ya no estaban vigentes y que había la adjudicación de mi casa." Lo resaltado y subrayado es nuestro. También, señaló como tercero interesado al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Entonces, se reitera que contrario a lo expuesto por **********, en su carácter de apoderada legal de la directa quejosa, se advierte que aquélla tuvo conocimiento de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, cuando menos desde el uno de octubre de dos mil veintiuno (emplazamiento), mientras que respecto a la ejecución del procedimiento administrativo desde el doce de enero de dos mil veintidós, pues así lo manifestó a foja tres de la demanda de amparo, que dio origen al presente juicio de amparo y que hoy se resuelve: "La ejecución del desalojo y desocupación del inmueble propiedad de la quejosa, ya que en fecha 12 de enero de 2022, la quejosa fue desalojada de su vivienda, sin saber los motivos de dicho desalojo, por lo que fue hasta el día 22 de abril de 2022, que se enteró de que su vivienda había sido adjudicada al INFONAVIT, pues con esa fecha el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos le entregó la constancia de adjudicación." Lo resaltado y subrayado es nuestro. Dicha manifestación que se equipara a una confesión expresa por parte de la quejosa que sirve para determinar el plazo para interponer el presente juicio respecto a los actos de ejecución del procedimiento administrativo de mérito; lo que evidencia que tenía conocimiento de los actos reclamados, tan así es, que tanto en el juicio de amparo 727/2021, como el presente se señaló como tercero interesado a quien se le adjudicó dicho inmueble. Es aplicable la tesis cuyos datos de identificación son: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 857, del tomo XII, Diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por tanto, si la parte quejosa ocurre a la presente instancia constitucional hasta el doce de mayo de dos mil veintidós, a controvertir los actos reclamados referidos dictados en el procedimiento administrativo, es innegable que lo hizo fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, por ende, se estima que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. Sin que en la especie se trate de un caso de excepción para presentar la demanda en un plazo distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, virtud a que no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Así como, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Respecto al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, titular del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, que consiste en la cancelación del instrumento privado ********** y la inscripción de la escritura donde se adjudicó el inmueble a favor del tercero interesado; se decreta el sobreseimiento en términos del artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el ordina 217, ambos de la Ley de amparo, que establecen: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Además, el artículo 217 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas con excepción de la propia Suprema Corte. La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para su Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna" Del artículo 217 de la Ley de Amparo, transcrito, se advierte que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sea funcionando en Pleno o en Salas, será obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. Por otro lado, debe tenerse presente la jurisprudencia VI. 2o. J/99 del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Febrero de 1991, Materias(s): Común, página 96, registro digital: 223476, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De la jurisprudencia transcrita, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que estén consentidos, siempre y cuando, entre el acto reclamado y el anterior que se estima consentido, exista una relación de causa a efecto. Es decir, debe existir una interdependencia tal entre ambos actos de autoridad, que haga patente que el segundo acto mismo que se reclama en el amparo, no surge autónomamente y desligado del primero para afectar la esfera jurídica del gobernado, sino que su existencia deriva fáctica e ineludiblemente de la existencia misma del primer acto que se considera consentido; de modo tal que cuando el segundo acto tenga como presupuesto lógico necesario al primero, esa actuación que procesalmente se califica como consentida. Entonces, si en la especie la parte quejosa reclama la cancelación de la inscripción del inmueble que dice ser propietaria y la inscripción relativa a la adjudicación de dicho bien raíz a favor del tercero interesado, es inconcuso que dicha actuación, no es sino una consecuencia legal, forzosa y directa del procedimiento administrativo de ejecución, seguido en contra de la quejosa **********, por concepto de adeudo de impuesto predial, con relación al inmueble con la clave catastral número **********; por ello, el subsecuente acto reclamado al registro público de la propiedad, no es más que una consecuencia directa de aquél procedimiento de ejecución. De ahí que al consentirse aquella determinación, es válido colegir que la subsecuente actuación para ejecutar el procedimiento administrativo consistió en la cancelación del instrumento privado ********** y la inscripción de la escritura donde se adjudicó el inmueble a favor del tercero interesado, contra el que se interpuso la demanda de amparo que nos ocupa, resulta un acto derivado de otro consentido, lo que torna improcedente el juicio de derechos fundamentales, por haberse aceptado tácitamente la resolución anterior, de la aquí reclamada, ya que no es sino una consecuencia lógica y directa, dada la relación de causa a efecto existente entre lo ordenado al ejecutar el procedimiento administrativo, es decir, cancelar el instrumento privado donde se formalizó el contrato de crédito y constitución de garantía hipotecaria y la inscripción de la escritura que adjudicó el bien inmueble. Apoya lo anterior, por su contenido, la tesis jurisprudencial VI.3o.C. J/60, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que lleva por rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz." Asimismo, cobra aplicación por analogía, la tesis II.2o.C.43 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que lleva por rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Ante tales circunstancias, al surtirse en el caso la causa de improcedencia, prevista en artículo 61, fracción XVI y XXIII, en relación con la diversa fracción XIV, del propio numeral y el diverso precepto 217, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Resta decir que es innecesario analizar los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Es aplicable la Jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, en su carácter de apoderada legal de la quejosa, **********, respecto de los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo que informa el Secretario y en atención a que de autos se advierte, que mediante proveído de trece de los actuales se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Titular del Registro Público de la Propiedad y del Notariado de Ciudad Juárez, con sede en esta localidad; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. *MGCJ/Jeam/dprr

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, en primer lugar el informe justificado remitido por la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; como dispone los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y la constancias que se adjuntó al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngasele designando como delegados a las personas que indica en su informe. Lo anterior, considérese en la audiencia constitucional de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. En segundo lugar, se le tiene presentando pedimento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegatos y solicita copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio. Al respecto se provee lo siguiente: En torno a los alegatos que formula, los mismos serán tomados en consideración en la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la copia de la resolución que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de admisión del presente juicio, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. *MGCJ/Jeam/dprr

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