Maria Elena Cruz Díaz

Expediente 691/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
691/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2015

Partes del expediente

  • Maria Elena Cruz Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de cinco de noviembre de dos mil quince, mediante la cual se sobreseyó en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente se sobreseyó en el presente asunto, por lo que es susceptible de destrucción, por lo tanto, una vez que transcurran seis meses transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción IV del numeral vigesimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, tal como lo disponen los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de noviembre de dos mil quince. Visto para resolver el juicio de amparo 691/2015-IV, promovido por ***************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el siete de octubre de dos mil quince, turnado a este Juzgado el mismo día, ***************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: IV.- ACTO RECLAMADO.- La falta de suministro de justicia en los términos y plazos que fija la Ley Secundaria, Ley Federal del Trabajo y Código Administrativo del Estado de Chihuahua, así como la falta de notificación y emplazamiento a la demandada Municipio de Juárez al presente juicio, que ha motivado el retraso indefinido del suministro de justicia. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado, el previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de ocho de octubre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedó registrada bajo el expediente 691/2015-IV, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 46/2015, por parte del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, al no emplazar a la parte demandada, Municipio de Juárez, al juicio natural. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad (fojas 16 a 18), en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo que precede, se corrobora con las constancias que remite la citada autoridad, mismas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por un funcionario dotado de fe pública, en ejercicio de sus facultades, tal como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Junta responsable. No obstante que, de las documentales anteriores se desprenda que el trece de octubre de dos mil quince, la parte demandada haya sido emplazada al juicio natural, toda vez que dicha actuación fue posterior a la presentación de la demanda de amparo que interpuso la parte quejosa, es decir, que en el momento en que este asunto se promovió, la omisión reclamada sí existía. Por lo tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el numeral 62 del mismo ordenamiento legal. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo cuando como en el caso, cesen los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación de derechos, tal como si se hubiere otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que ocurrió durante la tramitación este asunto. En efecto, la quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 46/15, al no emplazar a la parte demandada, Municipio de Juárez, al juicio natural. Sin embargo, durante la tramitación de este juicio de amparo, precisamente el trece de octubre de dos mil quince, el Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, emplazó al Municipio de Juárez, parte demandada, del juicio laboral, por lo tanto, la omisión reclamada, dejó de surtir efectos, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues las cosas volvieron al estado que guardaban antes de la violación de derechos alegada por el quejoso. Ahora bien, en relación a lo que solicita la parte quejosa en el sentido de que se le otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que en lo futuro el Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, respete el derecho de pronta impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional y observe los términos procesales que la ley de la materia prevé; indíquesele que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. CV/2013, publicada en la página 732, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Décima Época y número de registro 2005150, determinó que los alcances de una sentencia de amparo deben delimitarse al acto reclamado y etapa procesal dentro de la que se sitúa, dentro del procedimiento laboral. En efecto, dicho criterio es del rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En consecuencia, como lo indica el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***************, en relación a la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, H. Tribunal de Arbitraje Municipal de Juárez; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, licenciada ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de octubre de dos mil quince. Téngase por recibida la demanda promovida por ***************, contra actos del H. Tribunal de Arbitraje Municipal de Juárez y otra autoridad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el número 691/2015. Sin que se ordene aperturar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas del cinco de noviembre de dos mil quince, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien días de salario mínimo general en el Distrito Federal, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los referidos artículos 251, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Ahora, visto el ocurso de cuenta, se advierte que el promovente señala con el carácter de tercero interesado al *************** y que reclama la omisión por parte de las responsables de emplazar al ***************, quien es la parte demandada en el juicio natural. Puntualizado lo anterior, se estima necesario destacar que el numeral 5° de la Ley de Amparo, establece quienes tienen el carácter de parte en los juicios de amparo, entre los cuales se encuentra, el tercero interesado, quien es uno de los sujetos que integran la relación procesal. Además, el propio numeral establece que tiene tal carácter, entre otros, la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, la víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad, así como el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Es necesario acotar que tercero interesado es aquel sujeto procesal que tiene interés legítimo en que el acto que el quejoso impugna como violatorio de sus derechos fundamentales, subsista, porque ello favorece a sus intereses legítimos. Aunado a que el carácter de tercero interesado no puede depender del criterio del quejoso o de la autoridad responsable, sino de un estado de derecho que debe ser reconocido por el órgano constitucional. Bajo ese contexto, se colige que con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b, no le asiste el carácter de tercero interesado al Municipio de Juárez, pues del análisis de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado es precisamente que el mismo no ha sido emplazado al juicio de origen, por lo que en nada se afectarían los intereses del multicitado en el supuesto de que se concediera el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. En tal virtud, no ha lugar a reconocer el carácter de tercero interesado al Municipio de Juárez, por las razones señaladas con anterioridad. Por otra parte, la parte quejosa ofrece como pruebas la documental consistente en el auto de radicación del juicio laboral 46/15, del índice del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad; la cual se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamente en los numerales 12 y 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a los profesionistas que refiere. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

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