María Edith Palacios Olarte

Expediente 205/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
205/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • María Edith Palacios Olarte
  • Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diecisiete de febrero del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo de la justicia federal. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que el presente cuaderno así se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente en comento. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Así también, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual la quejosa María Edith Palacios Olarte, solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio, y refiere autorizados para recogerlas. En ese sentido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, expídase las copias certificadas que solicita, previo recibo que de su entrega obre en autos; asimismo se tienen por autorizados a los que cita. En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional la persona que recogerá las copias, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintiuno. Vista la primera certificación que antecede se advierte que de conformidad con la circular CAP/2/2020 firmada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cosas, la suspensión de plazos y términos a partir del diecinueve de diciembre de dicha anualidad, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Por otra parte, de conformidad con la circular SECNO/10/2021 firmada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cosas que, a partir del dieciocho de febrero pasado se reanudarían los plazos por lo que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 16 de la referida circular SECNO/10/2021, a partir de esta fecha se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en el juicio de amparo en que se actúa; y se reanuda su trámite en el punto que quedó pausado; en la inteligencia que dicha reanudación operará plenamente, una vez que se notifique la presente determinación. En consecuencia, dado que al momento en que se decretó la suspensión de plazos y términos procesales, en acatamiento a la circular CAP/2/2020 firmada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito, del estado procesal del asunto se aprecia que, que al dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se encontraba transcurriendo para las partes, el plazo de ley para interponer recurso de inconformidad contra el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por el cual se declaró cumplida la sentencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, una vez que transcurra el mismo, acuérdese lo conducente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual la quejosa María Edith Palacios Olarte, solicita se le expida copia certificada de la resolución de trece de marzo de dos mil veinte (sic), emitida por este Juzgado de Distrito, y refiere autorizados para recogerlas. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la quejosa María Edith Palacios Olarte, que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que en el presente juicio no se emitió sentencia alguna el trece de marzo de dos mil veinte; sin embargo, tiene expedito su derecho de aclarar su solicitud.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir el dictamen de pensión por jubilación, tramitado en el expediente 4,650-43202 de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve. Previa substanciación del juicio de amparo, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Edith Palacios Olarte, para los siguientes efectos: " para el efecto de que las autoridades responsables Presidenta de Seguridad Social y Presidente del Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se pronuncien en el ámbito de su competencia con relación a solicitud de pensión de quince de marzo de dos mil diecinueve, con número de folio 4,650-43202, y notifiquen la misma a la solicitante ahora quejosa." El treinta de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la Presidenta de Seguridad Social y Presidente del Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, su cumplimiento; así, mediante auto de veintisiete de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio sin número (con anexos), mediante el cual la autoridad responsable hizo del conocimiento de este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para acreditar su dicho remitió copia del dictamen CP/62664/20 de veinte de marzo de dos mil veinte, suscrito por la Presidenta del Comité de Pensiones de ese Instituto, así como la constancia de notificación del mismo; y con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días se pronunciara al respecto, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

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