María Elena Franco Hernández

Expediente 199/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
199/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • María Elena Franco Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, para que compareciera a recoger los edictos, acreditara haberlos entregado para su publicación y exhibiera el pago que amparara lo anterior, a efecto de emplazar a este sumario a las terceras interesadas ******************** y ********************, ambas de apellidos ********************; sin que se haya pronunciado al respecto. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el auto de referencia; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Lo anterior, toda vez que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), 5, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Por su parte, en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia se establece: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [...] b). Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se proporcione en que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último señalado para oír y recibir notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De igual forma, en el ordinal 5, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal se dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [.] b). La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agravio o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. [.]." De los preceptos en cita se deduce que en los juicios de amparo, en caso de no poder realizarse el emplazamiento al tercero interesado en forma personal, el mismo se practicará por edictos a costa del quejoso, para lo cual se pondrán a su disposición los ejemplares correspondientes para que los recoja y publique en el Diario Oficial de la Federación y en el de mayor circulación de la República Mexicana. En caso de que el inconforme no acredite haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el procedimiento constitucional. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), publicada en la página 1859, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Y, es que las determinaciones que se adoptan en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de las terceras interesadas, de ahí que la falta de su emplazamiento a este asunto es atribuible al quejoso por la falta de publicación de los edictos y, por ende, lo torna improcedente pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a la contienda a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De manera que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, -a costa de la parte quejosa-, para lograr el emplazamiento de las terceras interesadas en cuestión, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio impetrante. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese a las partes que se deja sin efectos la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las trece horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por María Elena Franco Hernández, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 199/2023-IV. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de dar respuesta a su solicitud de dictamen pensión, presentada en veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...]" En efecto, la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, el artículo 107 constitucional establece como una de las bases del juicio de amparo, que cuando éste se promueve contra actos emitidos dentro de juicio, sólo procede si son de "imposible reparación". El artículo 107 de la ley reglamentaria define qué debe entenderse por actos de tal naturaleza, al establecer que tienen tal carácter aquéllos que violen derechos sustantivos. De esta manera, para que se considere que un acto tiene tal carácter es necesario que los actos reclamados incidan en bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas y además, que la afectación sea actual, es decir, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo es improcedente contra omisiones aisladas dentro de un procedimiento, salvo que se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, Decima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente."." En el caso María Elena Franco Hernández, por propio derecho, reclama la omisión de dar respuesta a su solicitud de dictamen pensión, presentada en veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, de los antecedentes que narra la parte quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por escrito presentado ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de OAD Ixtapan, Estado de México, realizó la solicitud para que se emita el dictamen de pensión; lo que se corrobora con la copia simple de la referida petición que adjunta. Es decir, de lo antes narrado, no puede considerarse que exista una abierta dilación procesal que amerite el estudio del asunto a través del juicio de amparo, pues no han transcurrido treinta días hábiles desde el momento en que se presentó la solicitud de pensión, para que la autoridad responsable emita éste. Atento a lo anterior, los artículos 72 y 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, contienen los términos para emitir el dictamen de pensión, mismos que establecen: "Articulo 72.- En todo momento, el servidor público podrá solicitar al Instituto, el cálculo del monto estimado de su pensión del sistema solidario de reparto, contando el Instituto con un plazo de treinta días para dar respuesta. Artículo 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva. Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido a causa de alguna omisión o error, la persona que recibió el pago indebido deberá devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. Cuando el pago indebido sea ocasionado por información proporcionada por la institución pública, el Instituto se resarcirá con cargo al presupuesto de la misma. El órgano competente del Poder Legislativo, o en su caso de la institución pública proporcionará al Instituto y a los servidores públicos la información que requieran para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes". De los numerales citados se establece que, el servidor público podrá solicitar al Instituto, el cálculo del monto estimado de su pensión del sistema solidario de reparto y que el Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. De modo que, como ya se dijo, si de lo que manifiesta la quejosa en su escrito inicial de demanda, se obtiene que el veintitrés de enero del año en curso, solicitó el dictamen de pensión; no obstante, que hasta el momento se advierta que no se haya emitido dicho dictamen, es inconcuso que no ha transcurrido el plazo con que legalmente cuenta la autoridad para emitirlo. En esa tesitura, después de haber realizado el cómputo del plazo y términos que establecen los artículos 72 y 73 antes invocados, para lo cual sirvió como punto de partida la fecha en que se presentó la solicitud de pensión (veintitrés de enero de dos mil veintitrés); se concluye que, para que pueda considerarse que la dilación procesal es de imposible reparación, deben transcurrir treinta días hábiles a partir de la solicitud para emitir el dictamen de pensión. Así, el plazo referido transcurre de la forma siguiente: Enero 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Se presentó la solicitud 24 (día 1) 25 (día 2) 26 (día 3) 27 (día 4) 28 29 30 (día 5) 31 (día 6) Febrero 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (día 7) 2 (día 8) 3 (día 9) 4 5 6 Día inhábil 7 (día 10) 8 (día 11) 9 (día 12) 10 (día 13) 11 12 13 (día 14) 14 (día 15) 15 (día 16) 16 (día 17) 17 (día 18) 18 19 20 (día 19) 21 (día 20) 22 (día 21) 23 (día 22) 24 (día 23) 25 26 27 (día 24) 28 (día 25) Marzo 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (día 26) 2 (día 27) 3 (día 28) 4 5 6 (día 29) 7 (día 30) Fenece plazo 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable tiene hasta el siete de marzo del año en curso (treinta días hábiles a partir de la fecha en que se presentó la solicitud de pensión), para acordar lo conducente, por lo que, es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda no existe la dilación hecha valer por la quejosa. En ese contexto, se considera que con el acto reclamado, en este momento, no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la quejosa, por lo que se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una dilación excesiva. Así, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. En consecuencia, como la actuación que se reclama no reúne las características apuntadas, procede desechar la demanda intentada por la quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu. Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de amparo a las demás personas que refiere, limitación que se establece, hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.

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