María Dolores Martínez Vallejo y Otros.

Expediente 1353/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1353/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Ramírez Salas
  • María Dolores Martínez Vallejo y Otros.
  • María Dolores Martínez Vallejo
  • Elizabeth Ramírez Salas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso a) de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTITIFCA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS; AUTO QUE A LA LETRA DICE: Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca rinde informe con justificación en el sumario constitucional y remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral J.2/201/2022, antes J.5/644/2016 (a partir del veintiséis de mayo de dos mil veintidós) -sic-. En ese sentido, la autoridad oficiante precisa que contrario a lo alegado por la parte quejosa, de las constancias que integran el expediente laboral, no se desprende la petición de siete de abril de dos mil veintidós; sin embargo, refiere que el seis de septiembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que se programaron las doce horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la valuación del inmueble embargado a la parte demandada. Luego, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, es la omisión de dar respuesta a su solicitud presentada el siete de abril de dos mil veintidós, en los autos del expediente J.5/644/2013, por la cual solicitó se acordara lo relativo a la valuación del inmueble embargado a Elizabeth Ramírez Salas, con autorización de rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública, así como de notificar el mismo a las partes; por tanto, como del párrafo que precede se advierte que inexiste solicitud de siete de abril de dos mil veintidós, en el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (...)". En efecto, las constancias del expediente laboral J.2/201/2022, antes J.5/644/2016 del índice de la responsable, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, hacen prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2), para demostrar que las violaciones de las que se duele la impetrante de amparo, no existen, ni existían en la forma planteada a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el dos de septiembre del año en curso, en virtud de que en el juicio natural no obra petición de siete de abril de dos mil veintidós; de ahí que se actualiza la causal de sobreseimiento aludida. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, como ya se dijo, se encuentra plenamente demostrada la causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción IV, de la legislación de la materia, relativa a la inexistencia del acto reclamado. En ese sentido, toda vez que se ha advertido la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de sobreseimiento aludida, puesto que en el caso se actualiza la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Libro 62, Enero de 2019, página 2646, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Aunado a lo anterior, como se evidencia de lo mencionado por la autoridad responsable y de las constancias remitidas por ésta, se aprecia que el seis de septiembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo mediante el cual, se programaron las doce horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la valuación del inmueble embargado a la parte demandada; por lo que se reitera lo precisado en párrafos precedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha programada para la audiencia constitucional prevista para las once horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, se deja sin efectos, en razón a lo aquí determinado.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca rinde informe con justificación en el sumario constitucional y remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral J.2/201/2022, antes J.5/644/2016 (a partir del veintiséis de mayo de dos mil veintidós) -sic-. En ese sentido, la autoridad oficiante precisa que contrario a lo alegado por la parte quejosa, de las constancias que integran el expediente laboral, no se desprende la petición de siete de abril de dos mil veintidós; sin embargo, refiere que el seis de septiembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que se programaron las doce horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la valuación del inmueble embargado a la parte demandada. Luego, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, es la omisión de dar respuesta a su solicitud presentada el siete de abril de dos mil veintidós, en los autos del expediente J.5/644/2013, por la cual solicitó se acordara lo relativo a la valuación del inmueble embargado a Elizabeth Ramírez Salas, con autorización de rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública, así como de notificar el mismo a las partes; por tanto, como del párrafo que precede se advierte que inexiste solicitud de siete de abril de dos mil veintidós, en el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (...)". En efecto, las constancias del expediente laboral J.2/201/2022, antes J.5/644/2016 del índice de la responsable, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, hacen prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2), para demostrar que las violaciones de las que se duele la impetrante de amparo, no existen, ni existían en la forma planteada a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el dos de septiembre del año en curso, en virtud de que en el juicio natural no obra petición de siete de abril de dos mil veintidós; de ahí que se actualiza la causal de sobreseimiento aludida. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, como ya se dijo, se encuentra plenamente demostrada la causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción IV, de la legislación de la materia, relativa a la inexistencia del acto reclamado. En ese sentido, toda vez que se ha advertido la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de sobreseimiento aludida, puesto que en el caso se actualiza la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Libro 62, Enero de 2019, página 2646, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Aunado a lo anterior, como se evidencia de lo mencionado por la autoridad responsable y de las constancias remitidas por ésta, se aprecia que el seis de septiembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo mediante el cual, se programaron las doce horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la valuación del inmueble embargado a la parte demandada; por lo que se reitera lo precisado en párrafos precedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha programada para la audiencia constitucional prevista para las once horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, se deja sin efectos, en razón a lo aquí determinado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por María Dolores Martínez Vallejo, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1353/2022-IV. Cabe establecer que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que la autoridad tenga conocimiento desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La omisión de dar respuesta a su solicitud presentada el siete de abril de dos mil veintidós, en los autos del expediente J.5/644/2013, por la cual solicitó se acordara lo relativo a la valuación del inmueble embargado a Elizabeth Ramírez Salas, con autorización de rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública, así como de notificar el mismo a las partes. Tan es así que en los hechos que narra en el apartado de antecedentes y en el concepto de violación que hace valer, van encaminados a reclamar el acto antes descrito. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por la parte quejosa contra el acto precisado; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda, así como de esta determinación; lo anterior deberá hacerse de su conocimiento, privilegiando el uso de los medios electrónicos, en el entendido que esta circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se programan las once horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma y tomar las providencias atinentes para tal efecto, y de no ser necesaria la presencia física de las partes en esa audiencia, en este asunto queda a discreción de las mismas el comparecer presencialmente a su desahogo; para lo cual, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente en la fecha establecida, sin perjuicio que, si así lo estiman, e informan con la oportunidad debida a este Juzgado de Distrito, podrá llevarse por medios tecnológicos. Y en ese tenor, dadas las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud de todas las partes intervinientes en este juicio, y del personal de este Juzgado de Distrito; se les invita para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para ese efecto. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir de que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como sustento al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiérasele para que, en el supuesto de que exista alguna causal de improcedencia en el juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida, que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a Elizabeth Ramírez Salas, con domicilio en calle Ignacio López Rayón, número 806-A, Colonia Cuauhtémoc, en Toluca, Estado de México, con fundamento en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que emplace a la mencionada tercero interesada al sumario constitucional en el referido domicilio, corriéndole traslado en copia simple de la demanda de amparo; asimismo, le haga de su conocimiento el derecho con que cuenta para apersonarse al juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos. Por otra parte, se tiene como domicilio el que proporciona la parte quejosa en su demanda de amparo; asimismo, se tienen como autorizados a las personas que indica en los términos que precisa. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Además, para efecto de notificar a la autoridad responsable de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que notifique el oficio derivado de esta determinación privilegiando el uso de medios electrónicos; asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en este juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio mediante correo electrónico que al efecto proporcionen, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio); además, se le requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de esta determinación, proporcione un correo electrónico al que, en su caso, se le pueda hacer llegar las notificaciones mediante oficio que, por ese medio se ordene. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que integran el juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.

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