Maria Dolores Castillo Medel
Expediente 775/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Dolores Castillo Medel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
IV.- Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de los mismos se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, causó estado el presente expediente; sin embargo, aún obra en el sumario la prueba documental exhibida por la parte quejosa junto con su demanda de amparo, consistente en copia certificada del juicio de amparo 549/2017-VII del índice de este Juzgado Federal; requiérasele para que comparezca en un plazo de tres días hábiles a recogerlas, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruida junto con el expediente
- Principal
IV.- Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de los mismos se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, causó estado el presente expediente; sin embargo, aún obra en el sumario la prueba documental exhibida por la parte quejosa junto con su demanda de amparo, consistente en copia certificada del juicio de amparo 549/2017-VII del índice de este Juzgado Federal; requiérasele para que comparezca en un plazo de tres días hábiles a recogerlas, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruida junto con el expediente
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IV. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.
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MESA IV. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con un anexo, consistente en copia certificada de la sentencia dictada en el amparo directo civil 218/2017, promovido por la aquí tercero interesada María Raymunda Che Pech, en representación de su hijo Álvaro Nicolás Dorantes Che. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, en la especie de las constancias que obran en el presente cuaderno de amparo, así como las que remitió el Tribunal de Alzada, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de las constancias que remitió tanto el Juez responsable, como las que fueron remitidas por el Tribunal de Alzada, se advierte que si bien es cierto que el Juez emitió el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, en el que no accedió a la petición realizada por la quejosa ************************, a fin de que se ejecute la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 230/2014, que promovió la propia quejosa en contra de la sucesión testamentaria de *********************, sin embargo, de las remitidas por el Tribunal de Alzada se advierte que mediante ejecutoria de diecisiete de agosto del año en curso, le fue otorgado el amparo directo al promovente **********************, a fin de que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de justicia quien confirmó la sentencia emitida por la Juez responsable, dejara insubsistente dicha sentencia, y en su lugar, fuera emitida otra, acorde a los lineamiento dados por el Tribunal de Alzada. Luego entonces tenemos que si con posterioridad a la presentación de la demanda, con motivo de un amparo directo promovido por uno de los terceros interesados, se ordenó dejar insubsistente la sentencia cuya ejecución pretendía la quejosa, es claro que ésta dejó de existir. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que mediante ejecutoria de colegiado de diecisiete de agosto del año en curso, se ordenó dejar insubsistente la sentencia cuya ejecución pretendía la quejosa, y que le fue denegado por parte del Juez responsable, en tanto que dicha sentencia dejó de existir. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que se reclamaron, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surten efectos, ni los surtirá al haberse destruido totalmente la sentencia cuya ejecución pretendía por esta vía la quejosa, y por ende, ya no vulnera su esfera jurídica, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, del propio ordenamiento legal. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior queda sin efecto la fecha y hora que tendrá verificativo la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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