Maria del Socorro Minaburo Ponce
Expediente 1774/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1774/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria del Socorro Minaburo Ponce
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Pamela Medina Sánchez, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CITATORIO.- Vista la demanda de amparo promovida por MIRNA DEL SOCORRO MINABURO PONCE, por propio derecho, contra el acto que reclama del Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán. Fórmese expediente con el número 1774/2021-III y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, de una revisión de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable un motivo de improcedencia, lo que conduce a DESECHAR la presente demanda de amparo. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la quejosa reclama la omisión del Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, de dar respuesta al oficio número 065-AG-35ª/2017, de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, que le girara el Titular de la Trigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado deducido de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014, el cual fue recibido por dicho Archivo el veinte de enero del propio año y también ha sido omisa a dar respuesta al oficio sin número de veintidós de enero de dos mil veinte, el cual le fue solicitada la información relacionada con la investigación antes señalada. . Cabe precisar el acto que se reclama en la presente vía constitucional, únicamente se atribuye al Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, ya que como tercero auxiliar le fue requerido dar respuesta al oficio número 065-AG-35ª/2017, de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, y al diverso sin número de veintidós de enero de dos mil veinte, y no se le atribuye dicho acto como autoridad responsable al Titular de la Trigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado deducido de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014 ante quien se tramita la misma. Puntualizado lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en razón de que el Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, carece del carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Se afirma lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte, el ordinal 5°, fracción II de la aludida Ley, preceptúa: "Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De conformidad con los preceptos que anteceden, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tendrá el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo esos parámetros, si el juicio de amparo se promueve, contra actos de personas que no tienen la calidad de autoridad responsable, resultará improcedente, pues sólo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad. En ese sentido, en el caso, es necesario determinar si el Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su intervención en la averiguación previa de origen, sea con el carácter de tercero auxiliar y se le reclame la omisión de dar respuesta al oficio número 065-AG-35ª/2017, de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, deducido de la Averiguación Previa 1351/35ª/201, el cual fue recibido por dicho Archivo el veinte de enero del propio año y la omisión a dar respuesta al oficio sin número de veintidós de enero de dos mil veinte, con los cuales le fue solicitada la información relacionada con la investigación antes señalada. Para ello, resulta pertinente efectuar el estudio de qué se considera autoridad responsable, al tenor del imperativo legal contenido en el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, el cual indica que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. En ese contexto, conforme a los dispositivos inicialmente citados, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridad, concepto éste que, precisamente, es el que, en este caso, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto autoridad responsable a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/974. Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que cuyas funciones estén determinadas por una norma jurídica general, la cual le confiere la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior, válidamente permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Sus funciones estén determinadas por una norma general, cuyo ejercicio sea irrenunciable por ser pública la fuente de dicha potestad; b) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, crear, modificar o extinguir situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados; y, c) Los actos que dicten lo sean de manera unilateral y obligatoria con lo cual afecten la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad, si bien incluyen actos de particulares, también es cierto que como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es necesario que las funciones de éstos estén determinadas por una norma jurídica general, y sean emitidos de manera unilateral y obligatoria con afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En ese contexto, el término lingüístico equivalente consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. En ese tenor, se precisa que el acto reclamado que se reclama en la presente vía constitucional a la autoridad responsable el Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su intervención en la averiguación previa de origen, sea con el carácter de tercero auxiliar y se le reclame la omisión de dar respuesta al oficio número 065-AG-35ª/2017, de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, deducido de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014, el cual fue recibido por dicho Archivo el veinte de enero del propio año y la omisión a dar respuesta al oficio sin número de veintidós de enero de dos mil veinte, con los cuales le fue solicitada la información relacionada con la investigación antes señalada que se tramita ante el Titular de la Trigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado deducido de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014. En ese sentido, es necesario establecer que el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier persona; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional; así, jurídicamente la acción constitucional de mérito no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites; motivo por el cual, las sentencias de amparo sólo deberán decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. En efecto, se advierte que la omisión reprochada al Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, deriva de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014, en la cual el cual le fue solicitada información relacionada con la indagatoria antes señalada que se tramita ante el Titular de la Trigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado deducido de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014, lo que permite concluir que tal actuación omisiva no puede ser materia de análisis en un juicio de amparo, ya que no reviste las características propias de un acto de autoridad para efectos del amparo, al no trastocar la esfera jurídica de derechos de la aquí quejosa; sino que, por el contrario, se trata de la contumacia de dicho órgano del Estado, de atender el mandato legal de una diversa autoridad, sometida a su potestad en virtud de los requerimientos formulados. De modo que, el aludido Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, en el presente caso, no tiene la atribución legal de afectar unilateralmente la esfera jurídica de la quejosa, puesto que su actuar se encuentra sujeto a los requerimientos emitidas por la autoridad que rige la integración de la multicitada indagatoria, que dio origen al acto cuya violación se impugna, sin que aquélla contara con margen de discrecionalidad en su actuación. Como puede advertirse, la omisión a quien se le atribuye el carácter de autoridad responsable Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, no cuenta con potestad para incidir, por voluntad propia, en la esfera jurídica de la quejosa, toda vez que para realizar actos como el reclamado en el presente juicio, debe contar con la orden de la autoridad judicial o administrativa que así lo determine. En ese sentido, la participación del Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, es únicamente como auxiliar de la autoridad judicial de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014, quien es la autoridad responsable de la integración de ésta; de ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, al no ser su actuar autónomo, sino derivado de la actuación del Agente Investigador que le solicitó el auxilio para proporcionar información relativa a la referida indagatoria. En efecto, debe recalcarse que la omisión atribuida al Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, no deviene autónoma, sino que deriva de las solicitudes que le formuló al Titular de la Trigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado deducido de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014; de ahí que si el acto se origina dentro de ésta última, será el referido Titular de la citada agencia, el que conforme a los mecanismos que la legislación le otorga, deberá hacer cumplir sus determinaciones. Acorde a lo expuesto, la parte quejosa en este asunto, se encontraba obligada a instar ante al Titular de la Trigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado deducido de la Averiguación Previa 1351/35ª/2014, la movilización de la averiguación y consecuentemente, obligar a dicha autoridad investigadora a ejercitar los mecanismos legales a su alcance, para subsanar la denegación que reclama; siendo que, en caso de no emitir determinación alguna para evitar la paralización del procedimiento de origen, sería el Titular de la Agencia en su calidad de responsable, cuya actuación deberá ser analizada bajo el escrutinio de la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, al ser el responsable de la integración de la averiguación previa. De igual forma, no pasa desapercibido para esta Juzgadora, que la falta de atención a lo ordenado por el Tribunal por parte del Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, responsable, podría ser violatorio de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; sin embargo, sin desconocer tal situación, no pueden soslayarse las reglas de procedencia del juicio de amparo, al no constituir, como se ha reiterado, un acto autónomo del Director del Archivo Notarial del Estado, sino derivado del auxilio solicitado por la autoridad investigadora; considerar lo contrario, equivaldría a sustituirse en las facultades que la ley otorga al Titular de la Trigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para hacer cumplir sus determinaciones, desnaturalizando la esencia del juicio de amparo, que tiene como finalidad resolver todas las controversias que se susciten en las relaciones de supra a subordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, de la Décima Época, visible a página 894, con el rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado." Por lo anterior, es razonable establecer que la actitud omisiva del Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, señalada como responsable, no se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, al no encontrarse en un plano superior a la aquí promovente, dado que los efectos jurídicos que pudieran derivar de la omisión reclamada en el presente juicio, lo serían respecto del Titular de la Trigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tiene facultades para hacer cumplir sus determinaciones. En las condiciones anotadas, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia citado, se reitera, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por ello, tomando en consideración los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." 1 Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de cuenta; asimismo, se tienen como sus autorizados a las personas que relaciona en su escrito. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante correo electrónico lic.janethgtz@otmail.com que se encuentra señalado en la propia demanda de amparo, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía 1 Tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999. electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos, los oficios 2617/2021 y 2918/2021 y anexo, suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuaria de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, con el que atienden el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, mediante resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, e informan el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por ende, dese vista a las partes con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Isela Zarate Muñoz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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