Maria Dolores Matu Cauich
Expediente 470/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Dolores Matu Cauich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
MESA VI. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que se inconformaran o no, con el proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria federal por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a las partes en proveído de dieciocho de febrero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que hayan hecho manifestación al respecto; este órgano de control de control constitucional procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En resolución de siete de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, en acatamiento a la diversa del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, en la que se concedió a la quejosa María Dolores Matu Cacuich o Nidia Dolores Matu Cauich o Dolores Matu Cacuich, el amparo y protección que solicitó contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida y de otras autoridades, para efecto de que se realizara lo siguiente: "Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1944/2007 de su índice, a partir del ilegal emplazamiento a juicio de la citada quejosa, y, hecho que sea, reponga el procedimiento respectivo, a partir de la etapa donde se cometió la violación procesal en comento." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, informando en resolución de once de febrero de la presente anualidad, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio mercantil 1944/2017 a partir del ilegal emplazamiento, y en su lugar, ordenó nuevamente el emplazamiento de la aquí quejosa, asimismo, giró el oficio respectivo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ordenándole levante el embargo trabado sobre el predio número doscientos cuarenta y dos "A" de la calle treinta de la localidad y municipio de Hunucma, Yucatán, inscrito a folio electrónico 14418 de la oficina registral antes mencionada, así como los oficios INSEJUPY/DRPPYC/0715/2019 y INSEJUPY/INMOBA/DJ/AR/0716/2019, emitidos por la referida Directora y Registradora, donde se advierte que acataron lo ordenado por el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el Secretario encargado del despacho determina que se tiene por cumplida la sentencia concesoria a la parte quejosa dictada en el presente asunto, pues en el caso, de lo señalado en líneas precedentes, se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio mercantil 1944/2017 a partir del ilegal emplazamiento, y en su lugar, ordenó nuevamente el emplazamiento de la aquí quejosa, asimismo, giró el oficio respectivo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ordenándole levante el embargo trabado sobre el predio número doscientos cuarenta y dos "A" de la calle treinta de la localidad y municipio de Hunucma, Yucatán, inscrito a folio electrónico 14418 de la oficina registral antes mencionada, motivo de los efectos de la sentencia concesoria del presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a las partes en proveído de dieciocho de febrero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que hayan hecho manifestación al respecto; este órgano de control de control constitucional procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En resolución de siete de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, en acatamiento a la diversa del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, en la que se concedió a la quejosa María Dolores Matu Cacuich o Nidia Dolores Matu Cauich o Dolores Matu Cacuich, el amparo y protección que solicitó contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida y de otras autoridades, para efecto de que se realizara lo siguiente: "Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1944/2007 de su índice, a partir del ilegal emplazamiento a juicio de la citada quejosa, y, hecho que sea, reponga el procedimiento respectivo, a partir de la etapa donde se cometió la violación procesal en comento." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, informando en resolución de once de febrero de la presente anualidad, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio mercantil 1944/2017 a partir del ilegal emplazamiento, y en su lugar, ordenó nuevamente el emplazamiento de la aquí quejosa, asimismo, giró el oficio respectivo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ordenándole levante el embargo trabado sobre el predio número doscientos cuarenta y dos "A" de la calle treinta de la localidad y municipio de Hunucma, Yucatán, inscrito a folio electrónico 14418 de la oficina registral antes mencionada, así como los oficios INSEJUPY/DRPPYC/0715/2019 y INSEJUPY/INMOBA/DJ/AR/0716/2019, emitidos por la referida Directora y Registradora, donde se advierte que acataron lo ordenado por el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el Secretario encargado del despacho determina que se tiene por cumplida la sentencia concesoria a la parte quejosa dictada en el presente asunto, pues en el caso, de lo señalado en líneas precedentes, se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio mercantil 1944/2017 a partir del ilegal emplazamiento, y en su lugar, ordenó nuevamente el emplazamiento de la aquí quejosa, asimismo, giró el oficio respectivo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ordenándole levante el embargo trabado sobre el predio número doscientos cuarenta y dos "A" de la calle treinta de la localidad y municipio de Hunucma, Yucatán, inscrito a folio electrónico 14418 de la oficina registral antes mencionada, motivo de los efectos de la sentencia concesoria del presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguense a estos autos los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0715/2019 y INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0716/2019 suscritos por la Directora y Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, y un anexo que acompañó cada uno a su informe de cuenta, con el que atienden el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, mediante proveído de siete de febrero de la presente anualidad, e informan el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por ende, dese vista a las partes con la documentación de cuenta junto con el anexo que adjuntó a dicho oficio por las referidas autoridades y de igual forma, con el oficio sin número remitido por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y con el oficio 539 suscrito por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, por el término de tres días hábiles, legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoriada.
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