María Dolores Castillo Díaz

Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
218/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • María Dolores Castillo Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es destruible y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ...Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 218/2021-II-F. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento, en el que se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Cobra aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En principio y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." La jurisprudencia en cita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de Distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En el caso, la quejosa reclama la posible orden de desalojo y/o entrega del domicilio en el que habita, a las personas que señaló como terceros interesados en su ocurso de demanda, ello como consecuencia de la prosecución total del procedimiento del Juicio Civil Reivindicatorio 276/2011. Ahora, en el capítulo de antecedentes refiere que el juicio ordinario civil reivindicatorio 276/2011, de índice del Juez responsable, fue promovido por Juan Manuel Galván Castillo y Fabiola Guevara Ramos por sus propios derechos y en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo de iniciales J.J.G.G. en contra de Laura Eneyda Galván Castillo, respecto del predio ubicado en calle Niños Héroes, número 330, entre Obregón y Galeana, zona centro, en esta ciudad, en el cual, aduce se dictó sentencia definitiva el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, condenando a la demandada a reivindicar a los actores el predio en comento. Asimismo, señala que promovió juicio de nulidad absoluta del juicio ordinario civil reivindicatorio 276/2011, el cual se encuentra en trámite bajo el número 245/2021, del índice del Juzgado Primero Civil de este Distrito Judicial, litispendencia que aduce, afecta la validez jurídica del juicio de origen; y no obstante, refiere tener el temor de que exista una orden por la cual deba desalojar el inmueble que se reclamó en reivindicación, orden que si se llegase a ejecutar, consumaría de manera irreparable la violación de sus garantías y derechos humanos fundamentales; por el temor de ser lanzada de su domicilio, en el que dice vivir desde el año mil novecientos setenta y nueve. Así como, en el capítulo de conceptos de violación refiere no haber sido oída ni vencida en el juicio ordinario civil reivindicatorio 276/2011; toda vez que, la demandada en el mismo es...y aduce ser ella, aquí quejosa, quien tiene la posesión del inmueble reclamado en el mismo, por lo que tramitó el referido juicio de nulidad absoluta 245/2021, y considera que se violentarían gravemente sus derechos humanos en caso de que se ordenara la entrega del inmueble en cuestión sin que se haya dictado sentencia definitiva en este último. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en la que se señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". La hipótesis en comento tiene su origen en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, el cual exige que el agraviado respecto de un acto, promueva todas las instancias procesales tendientes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y sólo cuando por virtud de esas instancias no se haya obtenido éxito en la anulación de referencia, podrá promoverse demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio legal de defensa se agota cuando se hace valer y se substancia en todos sus términos, hasta que se dicte la sentencia o resolución que lo dé por terminado. Sin esa resolución o sentencia, no podrá decirse que se agotó el recurso o medio de defensa legal y, entonces, el juicio de amparo es improcedente, por coexistir el recurso o medio de defensa de mérito, al mismo tiempo en que se promueve el juicio de amparo. En efecto, la fracción XIX del precepto legal invocado se actualiza cuando se promueve juicio de amparo, no obstante que se encuentra en trámite el recurso o medio de defensa y, por lo mismo, no ha sido resuelto, aun cuando podría tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que el quejoso estuviese o no obligado a agotar dicho recurso. Consecuentemente, en términos de esta fracción, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio legal de defensa que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación del acto de autoridad respectivo, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto por ser materia de un recurso ordinario o medio legal de defensa, con efectos semejantes a los que se pretenden y pudieran obtenerse o derivar de la acción constitucional. Sobre el tema, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 31/96, sosteniendo que el recurso a que se refería la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (idéntica a la diversa XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor), debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causa de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, requisito éste que debe examinar el juzgador federal. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, en cuanto a que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, se impuso al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina, deja al promovente de amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesaria la demostración fehaciente de que el recurso o medio legal de defensa haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En el mismo orden de ideas, se ha determinado que al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la procedencia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el cual se interpuso el medio de defensa legal, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación o defensa hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. Consideraciones de las que derivó la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Dicho criterio pone de manifiesto que, si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, solo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2010, analizó sobre tales premisas el llamado juicio de nulidad de juicio concluido. Explicó que cuando se ha tramitado y sustanciado un juicio en todas sus etapas y se ha resuelto de manera definitiva, el procedimiento adquiere la naturaleza de cosa juzgada, por ello, en principio, lo resuelto en éste no puede modificarse ni alterarse dada la calidad de cosa juzgada que adquirió, sin embargo existen legislaciones que prevén un procedimiento extraordinario por medio del cual se puede anular el resultado de un juicio, aun cuando ya constituya cosa juzgada, empero, dada la trascendencia y la importancia que puede tener este procedimiento, que es la de alterar la calidad de cosa juzgada de que goza, dicho procedimiento sólo procede por causas extraordinarias que están relacionadas con conductas fraudulentas en perjuicio de quien ha resultado condenado en dicho juicio. Continuó explicando que la nulidad de juicio concluido, no es un medio de defensa legal que se otorgue a las partes dentro de un procedimiento y que tenga por objeto el revocar, modificar o nulificar la sentencia que se dicte en el mismo, es decir, no se trata de un recurso o medio ordinario de defensa que se pueda interponer contra la resolución dictada en un procedimiento. Lo anterior es así, pues se trata de un juicio independiente y autónomo que tiene como finalidad nulificar las actuaciones de un diverso juicio, cuando éste se haya tramitado en forma fraudulenta. En este sentido, y dado el objetivo que tiene, afirmó que se trata de un medio extraordinario por el cual se puede anular la sentencia dictada en ese diverso procedimiento. Por lo mismo, no constituye un recurso o medio ordinario de defensa que el quejoso esté obligado a interponer antes de ir al juicio de amparo. En ese orden de ideas, dicha Sala estimó que la acción de nulidad de juicio concluido no es un medio de defensa que se haya otorgado a las partes dentro de un procedimiento, en tanto éste es un medio de impugnación autónomo, independiente y ajeno al juicio del que emanan los actos reclamados, es decir, constituye una acción autónoma que se puede ejercer fuera del procedimiento y no dentro de él, como ocurre con los medios y recursos ordinarios, los cuales deben hacer valer las partes para cumplir con el principio de definitividad y poder así acudir a la justicia de amparo. Sin embargo, concluyó que partiendo de la premisa de que la finalidad de la acción de nulidad de juicio concluido es dejar sin efectos tanto la sentencia dictada en el procedimiento que se pretende anular, así como las actuaciones del mismo, por haberse realizado de manera fraudulenta, si se declara procedente y fundada la acción, el efecto será, entonces, dejar sin efecto todo lo actuado en el diverso juicio y ordenar su reposición a fin de volver a hacerlo conforme a las disposiciones legales correspondientes. Lo anterior puede incluir al emplazamiento, ya que, si se anula lo actuado en el juicio fraudulento, se deberán volver a realizar las actuaciones correspondientes. De tal modo que, si se promovió un juicio de amparo en contra de la falta o indebido emplazamiento a un juicio y al mismo tiempo se está desahogando la acción de nulidad de juicio concluido en contra del procedimiento cuyo emplazamiento se reclama, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (la cual es idéntica con la precisada en el artículo 61, fracción XIX, de la ley de la materia vigente), pues dicho juicio de nulidad puede provocar que el acto reclamado en el juicio de amparo pueda anularse, modificarse o revocarse, por lo que, si el Juez que conoce del amparo tiene conocimiento de esta situación, deberá sobreseer en el juicio de amparo con apoyo en la causal antes citada. Asimismo, refirió que no era obstáculo para lo anterior el hecho de que el juicio de nulidad no sea un medio de defensa que deba interponerse antes de acudir al juicio de amparo, pues la causal en análisis no se refiere a este tipo de recursos obligatorios. En este sentido, es optativo para el gobernado acudir al juicio de garantías o promover el juicio de nulidad en comento; pero si decide ejercer este medio extraordinario, debe concluirlo antes de acudir al amparo, pues como se ha dicho en apartados anteriores, no pueden coexistir dos o más procedimientos en los que se pueda anular el acto reclamado. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 68/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 203, que dice: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Cuando se promueve un juicio de amparo contra la falta o el indebido emplazamiento a un juicio y al mismo tiempo se promueve uno diverso para anular aquel de donde deriva el emplazamiento reclamado en el amparo en ejercicio de la acción de nulidad de juicio concluido, se actualiza la causal de improcedencia antes citada. Lo anterior es así, pues dicha causal deriva del principio de definitividad según el cual, el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Así, la mencionada acción de nulidad busca invalidar lo actuado en el juicio natural incluido el emplazamiento hecho en el mismo. Por lo que puede considerarse una defensa legal contra el acto reclamado en el juicio de amparo y aunque no es obligatorio promoverlo para el quejoso, si lo hace debe concluirlo antes de intentar la acción constitucional pues, como se ha dicho, no puede coexistir con ella por el principio de definitividad antes mencionado". En mérito de lo expuesto, resulta inconcuso que en el caso se encuentran colmados los presupuestos de la causa de improcedencia examinada, atento al acto que reclama la quejosa consistente en la orden de desalojo del predio ubicado en calle Niños Héroes número 330, entre Obregón y Galeana, de la zona centro en esta ciudad, con una superficie de 330 metros cuadrados, derivada de la tramitación del juicio ordinario civil reivindicatorio 276/2011, procedimiento que se encuentra concluido y del que aduce no fue oída en defensa de sus derechos. En efecto, el primer requisito señalado en el inciso a) se acredita plenamente, atento a las manifestaciones de la promovente, pues la misma refiere que instó el juicio de nulidad absoluta 245/2021, radicado ante el Juzgado Primero Civil, en esta ciudad, a través del cual se pretende la nulidad de juicio concluido respecto del diverso 276/2011. En lo relativo al requisito identificado con el inciso b), se considera también acreditado, pues el juicio de mérito se admitió a trámite, el cual, se está tramitando a la fecha en que se actúa, conforme con lo manifestado por la promovente del amparo, en el sentido que se violentarían sus derechos para el caso que se ordenara la entrega del inmueble en comento sin que se haya dictado sentencia definitiva dentro del juicio de nulidad absoluta. Finalmente, el requisito señalado con el inciso c), se estima actualizado, en virtud de que el juicio de nulidad aludido, se trata de un controvertido encaminado a nulificar el juicio ordinario civil reivindicatorio 276/2011, mismo que se encuentra concluido, seguido ante el Juzgado Primero Familiar, en esta ciudad, juicio respecto del cual la aquí promovente reclama la orden de desalojo del inmueble materia de la litis y que de estimarse fundado habrá de generar, por consecuencia, la insubsistencia de las actuaciones, en dicho reivindicatorio del cual deriva ese acto. En las relatadas condiciones, deviene inconcuso que en el caso concreto se surten las exigencias de la causa de improcedencia en estudio, conforme a lo expresado en la jurisprudencia 1a./J. 68/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como se ha destacado en párrafos que anteceden, la quejosa promovió juicio de nulidad absoluta, el cual fue admitido y aún no ha sido resuelto en definitiva por así haberlo manifestado la quejosa, pero de declararse procedente traería consigo la nulidad del controvertido y, en caso de esto último, quedarían sin efectos los actos que considera lesivos de sus derechos humanos que controvierte en su demanda de amparo. Así, queda evidenciado que el juicio intentado por la quejosa se está tramitando simultáneamente al juicio de amparo que ahora promueve, a pesar de ser aquél la vía idónea para lograr la insubsistencia de los actos reclamados, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que alude el recurso pendiente, cuya finalidad es la de evitar que una situación jurídica sea examinada al mismo tiempo en dos instancias, pues además que con ello habría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias que podrían ser inclusive contradictorias entre sí. Entonces, si la quejosa promovió el presente juicio de amparo, en virtud de que se ve afectado un inmueble que aduce tiene en posesión, derivado de la tramitación del juicio ordinario civil reivindicatorio 276/2011 y a su vez la propia quejosa promovió el juicio de nulidad absoluta 245/2021, mismo que tiene como finalidad la nulidad y, por consecuencia, lo actuado en el primer juicio referido, de donde derivan los actos reclamados, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, a Manuel Saldaña García, por así haber sido solicitado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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