María del Rosario Telles Reséndiz
Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María del Rosario Telles Reséndiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintiuno. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que la autoridad responsable haya sido notificada de la mencionada resolución, y se carezca del acuse de recibo, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que le fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento dictado. Es aplicable al respecto, la Tesis de Jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte; una vez transcurrido el plazo de tres años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. En la inteligencia que deberán conservarse las resoluciones en las que se concedió la suspensión de plano, el proveído en que se acuerda el archivo del expediente y los demás documentos que se consideren importantes al estar vinculados con aquélla. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULAS DE EXPEDIENTES. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de depuración, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. REMISIÓN DE EXPEDIENTE A LOS DEPÓSITOS DOCUMENTALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. Una vez terminado el proceso de depuración a que se refiere el artículo 18 del citado Acuerdo General, se ordena la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Determinación de existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director del Hospital General de esta ciudad, pues así lo refirió al rendir el informe justificado. En efecto, el Director del Hospital General de esta ciudad, refirió que el hospital a su cargo se le estuvo atendiendo de acuerdo a su padecimiento y se solicitó cotización material con el proveedor, que una vez que se realizó el estudio de tomografía requerida, se pudo ver que lo que requería no era material de osteosíntesis sino atención de un cirujano maxilofacial por lo que prepararon los documentos requeridos y transferencia al Hospital Central a efecto de que le programara una cita, informando dicho nosocomio que solo requería que la quejosa se presentara al área de urgencias del Hospital Central para ser atendida por el cirujano maxilofacial sin cita (foja 69). Por su parte, también es cierto el acto reclamado al Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Servicios de Salud en el Estado", no obstante que al rendir su informe justificado lo haya negado, pues en el mismo refirió que tuvo noticia del caso de la aquí quejosa y realizó la gestión para que la paciente fuera atendida en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", informando el nosocomio de referencia que la quejosa podía acudir cuando ella quisiera y se le atenderá por medio de cirugía maxilofacial, informando esta determinación vía mensaje al familiar de la paciente en el teléfono proporcionado por su abogado, informando el familiar que la paciente ya había acudido a atención particular y le había sido informado que no necesitaba operación, por lo que se solicitó por escrito dicha información, sin que a la fecha hayan hecho manifestación alguna. Por su parte, la autoridad responsable apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, capital, fue omisa en pronunciarse respecto a la existencia en o no de los actos reclamados, solo refirió que previo a la designación de fecha para la cirugía que requería la quejosa era necesario llevar a cabo un estudio y valoración con relación al diagnóstico de fractura maxilar y arcada dentaria inferior y pb superior mas pb co., (foja 85); por tanto, con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la indicada autoridad. TERCERO. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. I... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." . De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación de la peticionaria de amparo sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto. En efecto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo a la quejosa, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola penetrado, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la impetrante de la tutela constitucional en su demanda de amparo reclamó la omisión del otorgamiento de la atención médica para su padecimiento omisión del otorgamiento de la atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por no administrarse el tratamiento médico, incluyendo equipo médico, material y cirugía. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte el informe relativo a la suspensión de plano, rendido por el Director del Hospital General de esta ciudad, en el que refirió que esa institución jamás le ha negado la atención médica a la quejosa, por lo que solicitará presupuesto con los proveedores de material de osteosíntesis y del estudio de tomografía a efecto de gestionar el recurso económico ante la Subdirección de Hospitales de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, para que, una vez enviado el recurso, pueda estar en condiciones de sacar cita para la tomografía y señalar fecha y hora para la intervención quirúrgica (foja 21). Luego, al rendir su informe justificado, esa autoridad manifestó que en ese hospital se estuvo atendiendo a la quejosa de acuerdo a su padecimiento y se solicitó cotización material con el proveedor, que una vez que se realizó el estudio de tomografía requerida, se pudo ver que lo que requería no era material de osteosíntesis sino atención de un cirujano maxilofacial por lo que prepararon los documentos requeridos y transferencia al Hospital Central a efecto de que le programara una cita, informando dicho nosocomio que solo requería que la quejosa se presentara al área de urgencias del Hospital Central para ser atendida por el cirujano maxilofacial sin cita, es decir, que podía acudir el día que pudiera y sería atendida (foja 69). De igual manera, se advierte que la responsable apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", al rendir el informe relativo a la suspensión de plano, manifestó que respecto a actos reclamados, dicho nosocomio no se niega a otorgarle a la quejosa la atención medica que requiere, toda vez que la quejosa tiene derecho inexcusable de recibir la atención médica y la prestación de los servicios de salud que requiere y que sean necesarios para la patología que presenta, proporcionándose una vez que cuente con registro alguno de internamiento (foja 23). Posteriormente, en su oficio recibido el cinco de julio de dos mil veintiuno, adujo que previo a la designación de fecha para la cirugía que requería la quejosa era necesario llevar a cabo un estudio y valoración con relación al diagnóstico de fractura maxilar y arcada dentaria inferior y pb superior mas pb co., para la quejosa María del Rosario Télles Reséndiz, debería presentarse con el Doctor Oscar Arturo Benítez Cárdenas, en el área de consulta externa maxilofacial, consultorio 27, del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a las nueve horas del nueve de julio del año en curso, para llevar a cabo una consulta previa a la cirugía (foja 85). De igual forma, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, aparecen las remitidas por el Director del Hospital Regional en esta ciudad, en el que informa a este juzgado que recibió mensajes vía teléfono celular por parte de un familiar de la quejosa, en el que la paciente ya había acudido con un particular y le había sido informado que no necesitaba operación alguna (foja 75). En atención a lo cual, este órgano jurisdiccional mediante proveído de esa misma fecha, cinco de julio del presente año, requirió a la quejosa María del Rosario Télles Reséndiz, para que se hiciera presente con el Doctor Oscar Arturo Benítez Cárdenas, en el área de consulta externa maxilofacial, consultorio 27, del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a las nueve horas del nueve de julio del año en curso, para llevar a cabo una consulta previa a la cirugía, sin que haya hecho manifestación alguna no obstante encontrarse debidamente notificada(fojas 89 a 91). De todo lo anterior se colige que las autoridades del conocimiento previo de su padecimiento, realizaron las gestiones para que la paciente fuera atendida en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", informando el nosocomio de referencia que la quejosa podía acudir cuando ella quiera y se le atenderá por medio de cirugía maxilofacial, informando las autoridades de esta determinación vía mensaje al familiar de la paciente en el teléfono proporcionado por su abogado, informando el familiar que la paciente ya había acudido a atención particular y le había sido informado que no necesitaba operación, por lo que se solicitó por escrito. En esa tesitura, es inconcuso que los efectos de las omisiones reclamadas desaparecieron, dado que las responsables justificaron haber dado cumplimiento en la esfera de sus competencias y, por ende, se ha otorgado la atención y tratamiento médicos requeridos por la impetrante, pues de las relatadas constancias de autos se advierte que ya se realizaron las gestiones correspondientes para que la quejosa sea atendida por el cirujano maxilofacial en cuanto ella acuda al nosocomio Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", cuya omisión, era consecuencia directa del resto de los actos reclamados en su demanda de amparo; de ahí que, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el que se hayan tomado en consideración las manifestaciones contenidas en los informes rendidos con motivo de la suspensión de plano concedida en este asunto, así como las documentales que anexaron las responsables a dichos informes, toda vez que ello no impide en todo caso valorarlas, sobre todo si de su contenido aparecen datos relevantes en la actualización de las causas de improcedencia en estudio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 261/2021-I-E, promovido por ....en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el resultando primero y señaladas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
agréguese a los autos el oficio del representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, capital, mediante el cual informa que previo a la designación de la fecha y hora para la cirugía maxilofacial solicitada, requiere que se lleve a cabo el estudio y valoración de la quejosa en relación al diagnóstico que en auto de veinticuatro de junio actual se señala, esto es, fractura maxilar y arcada dentaria inferior y pb superior más pb co. En ese sentido, solicita que la paciente...deberá presentarse con el Doctor Oscar Arturo Benítez Cárdenas, en el área de consulta externa maxilofacial, consultorio 27, del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a las nueve horas del nueve de julio del año en curso, para llevar a cabo una consulta previa a la cirugía. Atento a lo anterior, túrnense los autos a la actuaria de la adscripción, a fin de que a la brevedad notifique el presente proveído a la parte quejosa por conducto de su autorizado en el domicilio señalado para tal efecto. En la inteligencia de que el autorizado de la quejosa queda obligado a acreditar ante este órgano jurisdiccional que efectivamente su representada atendió el requerimiento de las autoridades de salud. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de cinco de julio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, que dice: "agréguese a los autos el oficio del representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, capital, mediante el cual informa que previo a la designación de la fecha y hora para la cirugía maxilofacial solicitada, requiere que se lleve a cabo el estudio y valoración de la quejosa en relación al diagnóstico que en auto de veinticuatro de junio actual se señala, esto es, fractura maxilar y arcada dentaria inferior y pb superior más pb co. En ese sentido, solicita que la paciente...deberá presentarse con el Doctor Oscar Arturo Benítez Cárdenas, en el área de consulta externa maxilofacial, consultorio 27, del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a las nueve horas del nueve de julio del año en curso, para llevar a cabo una consulta previa a la cirugía. Atento a lo anterior, túrnense los autos a la actuaria de la adscripción, a fin de que a la brevedad notifique el presente proveído a la parte quejosa por conducto de su autorizado en el domicilio señalado para tal efecto. En la inteligencia de que el autorizado de la quejosa queda obligado a acreditar ante este órgano jurisdiccional que efectivamente su representada atendió el requerimiento de las autoridades de salud. Notifíquese y personalmente. "
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