María del Socorro Barrón Cedillo

Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
51/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • María del Socorro Barrón Cedillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 5474/2022, por el que se le devolvieron las constancias del expediente laboral ********************. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULAS DE EXPEDIENTES. Anótese en la carátula que este expediente que es destruible, así como la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCION DE CONSTANCIAS. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que acompañó a su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, devuélvasele y se solicita se sirva acusar recibo, previo glose de la portada del anexo uno formado con el citado expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 51/2022-I-B promovido por *******, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1.- LA H- JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, S.L.P., con domicilio en Avenida Hidalgo 305 interior 4 de esta Ciudad Valles, S.L.P. IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la autoridad señalada como responsable de dictar el Laudo respectivo dentro del JUICIO LABORAL NÚMERO 01204/2020/JE1-1." SEGUNDO. La quejosa narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la misma; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la que se celebró al tenor del acta que antecede. CUARTO. Seguidos los trámites, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional; la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. Atento a que la congruencia de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo es una cuestión de orden público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, del análisis íntegro de la demanda y sus anexos, se precisa como acto reclamado: Omisión de dictar laudo en el expediente laboral 01204/2020/JE1-1. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; lo que se corrobora con las constancias que acompañó como apoyo al mismo, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral segundo; por lo que se tiene que al menos hasta la presentación de la demanda (uno de febrero de dos mil veintidós) subsistía la omisión atribuida a la responsable. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, materia común, Quinta Época, página doscientos treinta y uno, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia y de conformidad con la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 201, Tomo XXII, Materia Común que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En la especie, esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" . De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación del peticionario de la tutela constitucional sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo al peticionario del amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola trasgredido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, la parte quejosa reclama la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, de dictar laudo en el expediente laboral 01204/2020/JE1-1. Lo que arguye vulnera sus derechos humanos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de las documentales que posterior a su informe allegó el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, se advierte que el ocho de marzo de dos mil veintidós, dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 01204/2020/JE1-1; asimismo, previo requerimiento acompañó las constancias de notificación realizada a las partes, tanto quejosa como aquí tercero interesada. En esa tesitura, es inconcuso que los efectos de la omisión de dictar el laudo relativo en el juicio de origen, de que se dolió la parte quejosa en su demanda de amparo, cesaron al haberse emitido éste, en el que la autoridad responsable resuelve en definitiva los autos del juicio laboral 01204/2020/JE1-1. De ahí que, resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 51/2022-I-B, promovido por *******, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el resultando primero y señalada en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el punto de consideración cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, residente en Ciudad Valles, ante Rosalba Izaguirre Arellano, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. SE RECIBEN CONSTANCIAS. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, atento al requerimiento formulado por auto de once de marzo actual, remite las constancias de notificación realizadas a las partes del laudo dictado en el controvertido de origen. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido y con las diversas recibidas por auto de once de marzo del año que transcurre, mismas que les correspondió el número de registro 2441, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, mismas que serán tomadas en consideración en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa con Rosalba Izaguirre Arellano, Secretaria que autoriza y da fe.

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