Maria del Socorro Leal Alayon

Expediente 1156/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1156/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2017

Partes del expediente

  • Maria del Socorro Leal Alayon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó por notoria improcedencia la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA II. Agréguese a estos autos el escrito firmado por María del Socorro Leal Alyon, parte quejosa en este juicio de amparo, con el que cumple la prevención realizada en estos autos el diecinueve de septiembre del año en curso; del que se advierte que precisa que no señala como acto reclamado la orden de aprehensión, y también acota que fue parte en el procedimiento de origen. Al respecto, conviene traer a colación que la parte quejosa reclama al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y de otras autoridades, la orden de desalojo del predio número trescientos treinta y tres de la calle veintiséis de Izamal, Yucatán, y su ejecución material. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil reivindicatorio 178/2014, instaurado en contra de la aquí quejosa. Como quedó establecido, la quejosa reclama del Juez responsable, el acuerdo emitido en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil 178/2014, promovido en su contra por Erika Beatriz Gamboa Castillo Domíguez, Oliva Beatriz y Aarón, ambos de apellidos Castillo Domínguez, en el que se ordenó el desalojo con el auxilio de la fuerza pública la demandada, hoy justiciable, del predio número trescientos treinta y tres de la calle veintiséis de Izamal, Yucatán, procedimiento del que se aduce es parte. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". De lo anterior se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en ejecución de sentencia únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; esto es, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se transcribe, estableció: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Importa destacar que la regla genérica establecida en la jurisprudencia transcrita radica en que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, da pauta para interpretar la fracción III, pero no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Esta jurisprudencia, cobra aplicación en tanto el acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues como se estableció en la jurisprudencia, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV (de la anterior Ley de Amparo, similar a la redacción de la fracción V del artículo 107 de la Nueva Ley de Amparo), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. La excepción a esta hipótesis de improcedencia, tiene lugar cuando el juicio de amparo se promueve por una persona extraña al juicio, como previene el propio numeral 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Respecto de este último precepto, se entiende que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 56, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que no tiene la calidad de persona extraña a juicio, el quejoso que antes de que se dicte sentencia, conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquél o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso estaba en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Jurisprudencia 1a./J. 67/2013 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el mismo medio de difusión oficial, Décima Época, Libro XXIII; agosto de 2013, tomo 1, página 729, que prevé: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Acotado el anterior contexto legal, se tiene que en la especie, la justiciable reclama el desalojo con el auxilio de la fuerza pública del predio que habita, afirmando, en su escrito aclaratorio de demanda, entre otras cosas, que fue parte en el juicio de origen en que se decretó el acto de molestia del que se duele; por tanto, no se actualiza la excepción de la causa de improcedencia que se analiza, pues la citada peticionaria del amparo carece del carácter de persona extraña por equiparación en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil natural. En efecto, del análisis de las manifestaciones vertidas en su escrito de demanda de amparo y escrito aclaratorio, relacionadas en párrafos precedentes, aparece que la hoy quejosa, compareció en el juicio de origen, en su carácter de demandada, en defensa de sus intereses. Entonces, de todo lo anterior se concluye que la quejosa no tiene el carácter de tercero extraño en el juicio ordinario civil de origen, toda vez que compareció a aquél, siendo oído y vencido y haciendo uso de los recursos que la ley establece para ejercer sus derechos, por lo que no se ubica en el supuesto de excepción de que se trata. Y en tal virtud, si el acto que reclama la justiciable consistente en el desalojo del predio en cuestión, es inconcuso que no se trata de la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso, se pueden hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa o trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable, en lo que interesa, la tesis XVII.1o.C.T.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, mayo de 2015, tomo III, página 2334, de texto y rubro siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001) La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito." Lo anterior es así, porque el acuerdo reclamado que ordena el desalojo con el auxilio de la fuerza pública a la parte demandada del predio en litigio, se trata de una actuación intermedia tendiente a que se ejecute la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil natural, toda vez que ese proveído no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco es el que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos es el que ordena el archivo definitivo; luego entonces, el juicio de amparo indirecto promovido en contra del citado acto impugnado, es improcedente; y si bien podría infringir derechos sustantivos, lo cierto es que ese acto no es ajeno a la ejecución de sentencia, ya que, se insiste, es una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En estas condiciones, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado al Gobernador del Estado de Yucatán, y otras autoridades, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio ordinario civil 178/2014, del índice del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia en comento, lo procedente es decretar el desechar la demanda de amparo promovida por María del Socorro Leal Alayon, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Fórmese expediente y regístrese en el Libro de

  3. Principal

    MESA II. Agréguese a estos autos el escrito firmado por María del Socorro Leal Alyon, parte quejosa en este juicio de amparo, con el que cumple la prevención realizada en estos autos el diecinueve de septiembre del año en curso; del que se advierte que precisa que no señala como acto reclamado la orden de aprehensión, y también acota que fue parte en el procedimiento de origen. Al respecto, conviene traer a colación que la parte quejosa reclama al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y de otras autoridades, la orden de desalojo del predio número trescientos treinta y tres de la calle veintiséis de Izamal, Yucatán, y su ejecución material. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil reivindicatorio 178/2014, instaurado en contra de la aquí quejosa. Como quedó establecido, la quejosa reclama del Juez responsable, el acuerdo emitido en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil 178/2014, promovido en su contra por Erika Beatriz Gamboa Castillo Domíguez, Oliva Beatriz y Aarón, ambos de apellidos Castillo Domínguez, en el que se ordenó el desalojo con el auxilio de la fuerza pública la demandada, hoy justiciable, del predio número trescientos treinta y tres de la calle veintiséis de Izamal, Yucatán, procedimiento del que se aduce es parte. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". De lo anterior se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en ejecución de sentencia únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; esto es, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se transcribe, estableció: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Importa destacar que la regla genérica establecida en la jurisprudencia transcrita radica en que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, da pauta para interpretar la fracción III, pero no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Esta jurisprudencia, cobra aplicación en tanto el acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues como se estableció en la jurisprudencia, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV (de la anterior Ley de Amparo, similar a la redacción de la fracción V del artículo 107 de la Nueva Ley de Amparo), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. La excepción a esta hipótesis de improcedencia, tiene lugar cuando el juicio de amparo se promueve por una persona extraña al juicio, como previene el propio numeral 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Respecto de este último precepto, se entiende que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 56, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que no tiene la calidad de persona extraña a juicio, el quejoso que antes de que se dicte sentencia, conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquél o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso estaba en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Jurisprudencia 1a./J. 67/2013 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el mismo medio de difusión oficial, Décima Época, Libro XXIII; agosto de 2013, tomo 1, página 729, que prevé: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Acotado el anterior contexto legal, se tiene que en la especie, la justiciable reclama el desalojo con el auxilio de la fuerza pública del predio que habita, afirmando, en su escrito aclaratorio de demanda, entre otras cosas, que fue parte en el juicio de origen en que se decretó el acto de molestia del que se duele; por tanto, no se actualiza la excepción de la causa de improcedencia que se analiza, pues la citada peticionaria del amparo carece del carácter de persona extraña por equiparación en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil natural. En efecto, del análisis de las manifestaciones vertidas en su escrito de demanda de amparo y escrito aclaratorio, relacionadas en párrafos precedentes, aparece que la hoy quejosa, compareció en el juicio de origen, en su carácter de demandada, en defensa de sus intereses. Entonces, de todo lo anterior se concluye que la quejosa no tiene el carácter de tercero extraño en el juicio ordinario civil de origen, toda vez que compareció a aquél, siendo oído y vencido y haciendo uso de los recursos que la ley establece para ejercer sus derechos, por lo que no se ubica en el supuesto de excepción de que se trata. Y en tal virtud, si el acto que reclama la justiciable consistente en el desalojo del predio en cuestión, es inconcuso que no se trata de la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso, se pueden hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa o trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable, en lo que interesa, la tesis XVII.1o.C.T.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, mayo de 2015, tomo III, página 2334, de texto y rubro siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001) La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito." Lo anterior es así, porque el acuerdo reclamado que ordena el desalojo con el auxilio de la fuerza pública a la parte demandada del predio en litigio, se trata de una actuación intermedia tendiente a que se ejecute la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil natural, toda vez que ese proveído no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco es el que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos es el que ordena el archivo definitivo; luego entonces, el juicio de amparo indirecto promovido en contra del citado acto impugnado, es improcedente; y si bien podría infringir derechos sustantivos, lo cierto es que ese acto no es ajeno a la ejecución de sentencia, ya que, se insiste, es una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En estas condiciones, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado al Gobernador del Estado de Yucatán, y otras autoridades, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio ordinario civil 178/2014, del índice del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia en comento, lo procedente es decretar el desechar la demanda de amparo promovida por María del Socorro Leal Alayon, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Fórmese expediente y regístrese en el Libro de

  4. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos el escrito del tercero interesado ... mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta y uno de agosto del año en curso; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso d), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en el referido proveído de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, y no de dos mil trece, como manifiesta el ocursante en su escrito, se le reconoció el carácter de tercero interesado a ...ordenando su emplazamiento al presente juicio de amparo. En tal virtud, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, se ordena remitir a la Superioridad copia certificada de las constancias conducentes. Finalmente, en virtud de que adjunto a las constancias que serán remitidas al Tribunal de Alzada competente, se estima pertinente enviar, además, el anexo formado en los presentes autos; se solicita de la manera más atenta a la Superioridad del conocimiento, para que, en caso de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver a este Juzgado el anexo en cuestión, una vez que sea resuelto el recurso de queja que nos atañe.

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