María del Rosario Sosa Sosa
Expediente 1224/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María del Rosario Sosa Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo agregar a los cuadernos del incidente de suspensión, copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1224/2022-V-B promovido por María del Rosario Sosa Sosa, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día once siguiente a este Juzgado, compareció María del Rosario Sosa Sosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Por oficio 19893 de doce de mayo de dos mil veintidós, recibido en este juzgado el dieciséis de mayo siguiente, derivado de la separación de juicios ordenada en el diverso juicio de amparo 1202/2022-VI-A, del índice de este juzgado; se recibió la demanda de amparo, la cual se admitió a trámite, registrada con el número 1224/2022-V-B; se solicitó a la autoridad responsable que rinda su informe justificado; se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la aquí quejosa hizo consistir el acto reclamado, en: La negativa de realizar el cambio de propietario del vehículo marca Toyota, tipo Rav4 SE 4WD, modelo dos mil dieciséis, con número de motor 2ARN189507, y número de serie 2T3JFREF7GW478255, del que aduce ser propietaria, así como la entrega del mismo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, pues no obstante que el Director Jurídico en suplencia del Secretario lo negó al rendir su informe justificado, realizó diversas manifestaciones de las que desprende su existencia, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, por lo que deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En el caso, la impetrante del amparo acude a esta instancia a reclamar, que la negativa de la responsable a realizar el cambio de propietario a su vehículo, vulnera sus derechos fundamentales de propiedad y seguridad jurídica, plasmados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. A fin de demostrar su interés jurídico, la aquí impetrante del amparo, exhibió junto con su escrito de demanda, copia certificada de la factura expedida por Automotriz Toy del Sureste, S. de R. L. de C. V., a favor de Lorena Raquel Medina Salas, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, quien a su vez la endosó a su favor el uno de julio de dos mil diecinueve. Luego, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias exhibidas por la responsable las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende el oficio número 661/2022, de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. De dicho oficio se advierte, que derivado del expediente 1813/2019, relativo a las providencias precautorias promovidas por Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderada, en contra de Maya Ka Ay, Sociedad Anónima de Capital Variable, como deudora principal, así como de Juan Carlos Medina Nah y Lorena Raquel Medina Salas, como obligados solidarios, dictó un proveído en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el que decretó la retención de diversos bienes muebles a nombre de cada uno de los demandados. Es el caso, que respecto de Lorena Raquel Medina Salas, entre otro, decretó la retención del vehículo siguiente: " 2.- YZL-052-A (2017) MODELO DOS MIL DIECISÉIS MARCA TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE BAJA CALI (sic) LÍNEA VERSIÓN RAV-4, CINCO PUERTAS SE 4WD 2.5 LTS L4 16 VALVULAS T/A SERIE CHASIS 2T3JFREV7GW478255, SERIE MOTOR 2ARN189507, COLOR GRIS CLASE AUTOMÓVIL ORIGEN MOTOR 2ARN189507, COLOR GRIS CLASE AUTOMÓVIL ORIGEN EXTRANJERO, SERVICIO PARTICULAR, CAPACIDAD 1.66 PASAJEROS CINCO". Siendo que, en ese propio oficio, el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, aquí responsable, tomara razón de la retención de los bienes muebles que indicó, entre ellos el vehículo materia de la presente litis. Ante ello, resulta evidente que la negativa de la responsable de realizar el cambio de propietario, deviene del cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial, sin que se le atribuyan vicios propios en su actuar, esto es, en el cumplimiento de dicho mandato. Pues se limitó a realizar meras manifestaciones genéricas en relación a que el vehículo materia de la litis fue embargado en los procedimientos de origen, como si aún continuara siendo propiedad de Lorena Raquel Medina Salas, cuando ya había salido de su patrimonio e ingresado al de la aquí quejosa, sin que impugne de forma directa esa circunstancia por parte de la autoridad responsable. Siendo que en el caso, dada la naturaleza administrativa del procedimiento del acto reclamado, no se actualiza la suplencia de la queja a favor de la quejosa, por no encontrarse en los casos de excepción que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, aunado a que no se advierte una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Apoya lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis publicada en la página ciento ochenta y cuatro, Enero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213710, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE INCLUYEN ARGUMENTOS EFICACES PARA COMBATIR LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA RESOLUCION RECURRIDA. Si los conceptos de violación que propone la parte quejosa en manera alguna atacan las consideraciones en que se sustentó el fallo reclamado, pues no combaten jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar su decisión, tales conceptos resultan inoperantes e impiden al tribunal de amparo estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, ya que de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María del Rosario Sosa Sosa, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente el oficio 3361/2022 remitido por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de agosto del año en curso, informa que el despacho con número de orden 92/2022-D-AMP-ADM-V-B y de origen 60/2022-D-AMP-ADM-V-B, de veinte de mayo del año en curso, fue devuelto a este Juzgado Federal mediante oficio de tres de agosto pasado. Sin que sea el caso hacer mayor proveído al respecto, en virtud de que en proveído de ocho de agosto de año que transcurre, se tuvo por recibida la comunicación oficial de mérito y se acordó lo legalmente conducente Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de los mismos que mediante proveído veinticuatro de agosto último, se dio vista a la tercero interesada LORENA RAQUEL MEDINA SALAS, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, lo que se le notificó el treinta de agosto siguiente; en consecuencia, aún se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que dicha tercero interesada se imponga del contenido del mismo; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Tiene aplicación al caso, por cuanto a su contenido y alcance, la Tesis Jurisprudencial 54/2000, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo, Tomo XI, visible en la página 5, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.
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