María del Rosario Lara Buenfil

Expediente 944/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
944/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Lara Buenfil

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el testimonio de la resolución dictada el seis de octubre de dos mil veintidós, relativo al medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, en autos de la queja 213/2022, de su índice, de la que se advierte que la citada Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Es INFUNDADO el recurso de queja." Resolución de la cual, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes; acúsese recibo de rigor. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, el cual remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de mérito, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el encargado del Hospital Regional "Mérida", con residencia en esta ciudad, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO Visto para resolver el juicio de amparo número 250/2020-V-A, promovido por ***+, en contra del acto que reclama del Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado ese mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Circe Gómez Victoria, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de once de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 250/2022-V-A; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, así como del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como del informe justificado, se tiene que la parte quejosa reclama: La notificación incompleta del acuerdo de conclusión y archivo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno dictado en autos del expediente de denuncia administrativa FGE/VG/D.A./019/2020 del índice de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues no obstante lo negó al rendir su informe justificado, realizó manifestaciones de donde se desprende su existencia. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, Tomo XIV-Julio, Octava Época, del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de las causales de improcedencia. Al no surtirse alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, procede efectuar el análisis de los conceptos de violación, sin que para ello sea necesario que se transcriban, habida cuenta que no existe precepto legal alguno que obligue hacerlo, además de que ello no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, del artículo 115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, se desprende que la determinación de existencia o inexistencia de probables faltas administrativas, en los casos en los que no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, el cual, se notificará a los denunciantes dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión. Es el caso, que de las constancias que obran en autos, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la responsable emitió el acuerdo de conclusión y archivo en el expediente administrativo de investigación interna FGE/VG/D.A./019/2020, desde el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, sin embargo, no se advierte que a la parte denunciante, aquí quejosa, se le hubiese notificado debidamente tal resolución. Pues aún y cuando la responsable negó el acto que se le reclama, su negativa trae consigo una afirmación, relativa a que sí le notificó a la denunciante de manera completa el acuerdo de conclusión, por lo que es ésta quien debía acreditar que si se llevó a cabo la notificación en forma adecuada. Siendo que, la autoridad responsable señaló que al remitir el correo electrónico a efecto de notificar a la denunciante, al que supuestamente adjuntó el acuerdo de conclusión y archivo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, le solicitó el acuse de recibo de dicho correo; empero, la denunciante, aquí quejosa, no le envió el acuse de recibo correspondiente ni le manifestó que estuviera incompleta la resolución. Sin que ello traiga como consecuencia estimar que la quejosa lo recibió de manera íntegra, pues la misma hace referencia a que no fue así, lo cual no quedaba a cargo de ésta demotrarlo, por ser un hecho negativo y, por tanto, no le correspondía probarlo, sino a quien le competía ello, era a la autoridad responable, pues es quien en este caso tiene la carga de la prueba de acreidtar el hecho positivo de que la aquí quejosa fue debidamente notificada de la resolución de mérito, al haberla recibido de manera íntegra; pues incluso es quien en todo caso cuenta con los elementos necesarios para demostrarlo. De ahí que si no existe documento que acredite que efectivamente envío dicho correo electrónico de manera completa y que la denunciante lo hubiese recibido, a efecto de dar por sentado que la notificación del documento adjunto al correo electrónico se llevó a cabo. Deviene incuestionable que la autoridad responsable, conculcó con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplió con la función que le está encomendada en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, dentro del plazo de diez hábiles que prevé el aludido precepto legal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página mil setenta y tres, del tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 188707, del rubro y texto siguientes: "ACTO ADMINISTRATIVO. SI EL ACTOR NIEGA CONOCERLO, LA AUTORIDAD DEMANDADA ESTÁ OBLIGADA A EXHIBIRLO, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN, AL FORMULAR SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, CONFORME LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS 209 BIS Y 210 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 209 bis, fracción II y 210, ambos del Código Fiscal de la Federación, se arriba a la conclusión de que cuando la parte actora en el juicio contencioso administrativo manifieste desconocer el acto administrativo que da origen a la resolución impugnada, lo exprese así en su demanda de nulidad, y señale a la autoridad a quien se le atribuye el acto, su notificación o su ejecución, se actualiza con ello una obligación insoslayable para la autoridad correspondiente, para que al momento de formular su contestación de demanda exhiba tanto las constancias del acto, como de su notificación, a fin de que el particular tenga oportunidad de combatirlos mediante la ampliación de demanda; considerar lo contrario, dejaría en estado de indefensión al gobernado, ya que se haría nugatorio su derecho de verter conceptos de anulación contra el acto que dijo desconocer y que le causa un daño a su esfera jurídica." Igualmente, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Trigésimo Circuito, publicada en la página mil ciento ochenta y seis, del libro cinco, abril de dos mil catorce, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006103, del rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU EXISTENCIA Y EXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. Conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes), y a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 196/2010, cuando el actor niega conocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad, al contestar la demanda, debe exhibir el documento original del acto impugnado o copia certificada. Ahora bien, dicha regla debe aplicarse, por igualdad de razón, cuando el demandante niega conocer dicho acto y la autoridad afirma su existencia y la demuestra con la exhibición del documento original o en copia certificada, pero señala no haber efectuado la notificación correspondiente; de ahí que si la autoridad no prueba que se notificó antes de que se instaure la demanda, el acto administrativo no puede surtir efectos y debe declararse su nulidad lisa y llana, ya que debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido e impugnarlo, por lo que la ausencia de la notificación no puede generar un beneficio procesal para la autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso administrativo), sin que sea válido que ésta pretenda notificar la resolución, a través del juicio contencioso administrativo, toda vez que la ley no lo autoriza y porque no puede obligarse al particular a promover un juicio para enterarse del contenido del acto emitido en su contra, pues ello implicaría vulnerar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente." Finalmente, también sirve de apoyo, lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página cincuenta, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 230855, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario." Por consiguiente, se CONCEDE la protección constitucional instada, para el efecto que la autoridad responsable Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de inmediato notifique a Circe Gómez Victoria, el acuerdo de conclusión y archivo dictado en el expediente administrativo de investigación interna FGE/VG/D.A./019/2020, de treinta de diciembre de dos mil veintiuno. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Circe Gómez Victoria, en contra del acto que reclamó del Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

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