María del Socorro Cano Manzanero
Expediente 1387/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1387/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Angelica Basto Tec
- María del Socorro Cano Manzanero
- María del Socorro Cano Manzanero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
**** VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1387/2023-V-A, promovido por ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, en contra el acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, ambos con sede en esta ciudad, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado ese propio día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieron ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo acuerdo de prevención de data seis de septiembre del año en curso, mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, lo siguiente: Las multas impuestas a cada quejoso por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos, 00/100, moneda nacional), mediante autos de ocho y veintinueve de agosto del año en cuso, dictados en el juicio ordinario laboral ********************, por no haber comparecido ante el tribunal responsable en la fecha y hora que se les requirió, con el fin de formular una propuesta o solución alternativa de pago del laudo, dentro del citado juicio laboral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó expresamente en su representación su Magistrado Presidente, al rendir su correspondiente informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis. Suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, resultan fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, en el caso se reclama de la autoridad responsable las multas impuestas a cada uno de los quejosos por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por no haber comparecido ante el tribunal en las fechas y horas indicadas, con el fin de formular una propuesta o solución alternativa de pago de laudo; siendo que dicha determinación es violatoria del artículo 16 Constitucional, pues carece de debida motivación. El artículo 16 constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causal legal del procedimiento...". De tal precepto constitucional se advierte la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, la expresión de una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, que precisamente sustentan el acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 204, visible en la página 166, del Apéndice del 2000, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Segunda Sala, que es de este tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el mismo contexto, es necesario señalar que el derecho fundamental de legalidad tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales y en la expresión de los motivos que se aduzcan en su aplicación por parte de la autoridad, al atender el valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla los requisitos legales necesarios. Por otro lado, la motivación de la causa legal del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto. Sin dicha adecuación se violaría, por ende, la citada prerrogativa que, conjuntamente con la de fundamentación legal, integra el derecho fundamental de legalidad. Sentado lo anterior, cabe precisar que de las constancias que se consultan, remitidas por la autoridad responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se constata que éste no cumple con la debida motivación y fundamentación. Siendo que, para poner en contexto lo anterior, conviene destacar que entre las copias certificadas examinadas, obran las relativas a los acuerdos dictados por la responsable, en los que estableció las multas impuestas señaladas como acto reclamado, mismos que en la parte que interesa, establecen lo siguiente: En los proveídos de ocho de agosto de dos mil veintitrés: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia del actor PEDRO CELESTINO CHEL a pesar de estar debidamente notificado según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cuatro de julio de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) al C. PEDRO CELESTINO CHEL MOO; ." "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de las actoras MARÍA DEL SOCORRO CANO MANZANERO, MARÍA ANGÉLICA BASTO TEC, REINA ELIZABETH DE JESÚS DZUL TEC y MARÍA MERCEDES CHAN MAY a pesar de estar debidamente notificadas según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cuatro de julio de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a cada una de las C.C. MARÍA DEL SOCORRO CANO MANZANERO, MARÍA ANGÉLICA BASTO TEC, REINA ELIZABETH DE JESÚS DZUL TEC y MARÍA MERCEDES CHAN MAY ; ." En los proveídos de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora MARÍA DEL SOCORRO CANO MANZANERO, MARÍA ANGÉLICA BASTO TEC, REINA ELIZABETH DE JESÚS DZUL TEC y MARÍA MERCEDES CHAN MAY a pesar de estar debidamente notificadas según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en audiencia de fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistentes en la multa de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a cada una de las C.C. MARÍA DEL SOCORRO CANO MANZANERO, MARÍA ANGÉLICA BASTO TEC, REINA ELIZABETH DE JESÚS DZUL TEC y MARÍA MERCEDES CHAN MAY; ." "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia del actor PEDRO CELESTINO CHEL a pesar de estar debidamente notificado según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en audiencia de fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistentes en la multa de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) al C. PEDRO CELESTINO CHEL MO; ." Ahora bien, en atención a la naturaleza de los actos reclamados los cuales se relacionan con un medio de apremio, conviene tener en consideración los artículos 157, 160 y 160 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Estados y Municipios del Estado de Yucatán. En términos de los artículos señalados se advierten diversas medidas de apremio, dentro de las cuales se establece la sanción económica, señalada en una cantidad mínima de $100.00 (cien pesos, cero centavos, moneda nacional) tratándose de trabajadores, y de $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, moneda nacional), tratándose de funcionarios. Asimismo, se establece que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer respetar y cumplir sus resoluciones, cuando fueren requeridas para tal fin. En ese sentido, en los citados preceptos legales no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad debe emitir su mandamiento en los términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones. Por lo que, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son los siguientes: a) La existencia de una determinación fundada y motivada en derecho que deba ser cumplida por alguna de las partes, o por alguna de las personas involucradas en el juicio. b) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento, en el sentido de que de no obedecer la determinación, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. c) Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícito. d) Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 20/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." Y la parte conducente de la diversa Jurisprudencia I.4o.C. J/4, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICION Y LA OBLIGACION A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento." En términos de ese marco jurídico, el actuar de la autoridad responsable, fue completamente omiso en indicar el motivo por el cual impuso a la parte quejosa una multa por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos sin centavos, moneda nacional), en cada uno de los referidos proveídos, máxime que la responsable solamente hace referencia a que la parte actora no acudió a la celebración de la audiencia en el procedimiento de ejecución en el expediente ********************, a pesar de estar debidamente notificada, siendo que la norma no prevé la posibilidad de aplicar una sanción por esa conducta. Esto es, si bien fundamentó su actuar en el artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Yucatán, de dicho numeral se desprenden como supuestos en los que el Tribunal podrá establecer diversas sanciones, cuando se incurra en la alteración al orden y cuando realice alguna falta de respeto al Tribunal, mismas que según la gravedad de la falta, impondría una amonestación, expulsión del local del Tribunal o económica, la cual a su criterio, sería con una cantidad mínima de cien pesos tratándose de los trabajadores. Por tanto, la circunstancia de que la parte actora, aquí quejosa, no acudiera al Tribunal responsable a efecto de llevar a cabo la celebración de una audiencia relativa al procedimiento de ejecución de laudo, para tratar de efectuar una propuesta o solución alterna para el pago del laudo, no encuadra de manera alguna en los supuestos establecidos en dicho numeral en el cual la responsable funda su sanción, y de haberlo considerado así el tribunal, debió entonces motivar esa circunstancia, lo que no hizo. De ahí que sea evidente la indebida fundamentación y motivación de las sanciones impuestas a las impetrantes del amparo, pues si bien no cumplieron los requerimientos que les efectuó la responsable, ésta debió fundar y motivar su actuar en los numerales que pudieran encuadrar en la conducta incurrida, explicando detalladamente el motivo de la sanción a imponer. Aunado a que también fue omisa en indicar el motivo por el cual les fijó dicho monto. En otras palabras, el Tribunal responsable no llegó a expresar las razones, motivos o circunstancias que debidamente le llevaron a la convicción de que las quejosas fueran acreedoras a la sanción impuesta, lo que, acertadamente apunta la parte impetrante de la protección constitucional, la coloca en un estado de indefensión total; impidiéndole que esté en condiciones de cuestionar y controvertir la decisión, de lo que se sigue que no basta que el acto de autoridad observe una motivación imprecisa e incongruente, que impida la defensa del gobernado, sino que se deben expresar los motivos suficientes y necesarios para explicar y justificar la determinación adoptada. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Así las cosas, ante la ausencia de motivos que justifiquen el actuar de la responsable, es de considerar que los derechos fundamentales de la parte quejosa se han transgredido, dado que la imposibilita para impugnar y defenderse del acto autoritario, por no conocer las razones que tuvo la autoridad para emitirlo. Por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, deje insubsistente las multas impuestas a los impetrantes del amparo, en proveídos de ocho y veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, decretadas en autos del juicio reclamatorio laboral ********************, así como las consecuencias legales de las mismas. No es obstáculo a lo aquí resuelto, el hecho de que aún no obre en autos, la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio número 22921/2023-V-A, dirigido al tercero interesado ********************; toda vez que, al margen del sentido de la presente determinación, no le depararía agravio alguno, y en su caso, podría a través del recurso correspondiente hacer valer causales de improcedencia, aunque lo cierto es que el resultado del fallo sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". Asimismo, por analogía de razón, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 131, Tercera Parte, LVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCEROS PERJUDICADOS, FALTA DE CITACIÓN A LOS, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito no llamó al juicio para la defensa de sus derechos a los terceros perjudicados, aunque es verdad que el procedimiento del juicio de amparo es de derecho público y la violación del mismo impone su reposición, no es del caso ordenarla, si se llega a la conclusión de sobreseerse, por ser innecesaria tal medida, toda vez que no resentirían ningún perjuicio dichos terceros, cuyos derechos quedan intocados". SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, en contra de los actos atribuidos al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por las razones y para los efectos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio de informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, que se relacionó en el proveído de dos de octubre del presente año. Ello, toda vez que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ******; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, apoderado de ********************, ********************, ******************** y ********************, solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en la ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el diecinueve de septiembre de este año, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que hace consistir en: - La multa impuesta a cada quejoso por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos, 00/100, moneda nacional), mediante autos de ocho y veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictados en el juicio ordinario laboral ******************** y acumulados, por no haber comparecido ante el tribunal responsable en la fecha y hora que se les requirió, con el fin de formular una propuesta o solución alternativa de pago del laudo, dentro del citado juicio laboral. SEGUNDO. Existencia del acto. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en la ciudad, pues así lo manifestó el Presidente de dicho tribunal al rendir el informe previo [registro 14961]. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previo análisis de la naturaleza del acto reclamado, el cual en la especie se trata de un acto consumado con efectos positivos, por lo que sólo respecto de estos últimos es factible verificar sobre la procedencia de la suspensión definitiva, toda vez que en cuanto a la emisión del acto, ya se llevó a cabo y su legalidad será analizada, en su caso, al momento de dictar la sentencia definitiva. Sin embargo, respecto de sus efectos y consecuencias, que se traducen en el cobro de la multa reclamada, es que resulta procedente hacer pronunciamiento sobre el otorgamiento o no de la suspensión. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que el acto reclamado en el juicio de amparo es susceptible de ser suspendido, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén, esto es, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión del acto reclamado. Atendiendo a lo anterior, es dable señalar que el primer requisito se encuentra cumplido, ya que son los promoventes del amparo quienes realizan la solicitud de la suspensión, a través de su apoderado; asimismo, su interés suspensional está acreditado en autos ya que son parte actora en el juicio laboral de origen. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138; pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia, y, en cambio, es claro que de no concederse la suspensión de referencia, se les causarían a los quejosos daños y perjuicios de difícil reparación, los que se traducirían en el cobro de la multa impuesta por el tribunal responsable. En tal virtud, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 147, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE CONCEDE la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que no se haga efectiva la misma, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo principal. Sin que en el presente caso sea necesario solicitar algún requisito de procedibilidad -garantía- en relación con la concesión de la suspensión definitiva que se otorga, toda vez que los quejosos son la parte trabajadora en el juicio laboral de origen ******************** y acumulados; máxime que de acuerdo a lo manifestado en la demanda de amparo, aún no han cobrado cantidad alguna derivada del laudo condenatorio dictado hace más de once años. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a ********************, ********************, ******************** y ********************, en contra del acto que reclaman de la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución interlocutoria; por las razones expuestas en el considerando segundo de la misma. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
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