María del Rosario Rojas Calderón
Expediente 671/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Rosario Rojas Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo para recurrir en revisión la sentencia que sobreseyó el juicio, sin que se impugnara; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causó ejecutoria. Tomando en consideración que la Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, es conservable, pues se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/-dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 671/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de J..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la documental anexa a su escrito inicial de demanda, por su parte los terceros interesados ofrecieron la documental, la presuncional y la instrumental de actuaciones. Al respecto se provee: Se admiten y desahogan las pruebas ofrecidas en atención, a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte tercera interesada los formuló e invocó causal de sobreseimiento y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la siguiente resolución: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 671/2023, promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. La quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal por violación de sus derechos fundamentales, reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. Previa aclaración, se admitió la demanda, se dio intervención a la representante social adscrita; se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. De autos se desprende que las autoridades rindieron sus informes justificados; se emplazó a la parte tercera interesada; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención; y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con residencia donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados de conformidad con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa se ostenta como tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil disolución de copropiedad ..., del índice del Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México; y reclama la falta de llamamiento y todo lo actuado en dicho procedimiento, así como los actos tendentes a desposeerla del inmueble particularizado como "...", del que afirma ser propietaria. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo cual se corrobora con las constancias del proceso natural remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Cuarto. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador, antes de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, el presente juicio es improcedente, como lo manifiesta la parte tercera interesada, por falta de interés jurídico de la promovente, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; y es que aunque el contrato exhibido por la quejosa cuente con una certificación, lo relevante es que ésta es posterior al inicio del proceso de origen, lo cual lo torna ineficaz para que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.), de la Décima Época, con registro: 2020978, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Civil, Común), que establece: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." Conforme al precepto citado, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha en que se celebró. Se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de alterar la data de un pacto de voluntades, por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Asimismo, sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." En el caso, la parte quejosa con el fin de acreditar su interés jurídico exhibió copia certificada del contrato privado de promesa de compraventa con fecha de certificación de treinta de enero de dos mil veintitrés. En el referido instrumento quedó establecido que la promesa de operación traslativa de dominio a favor de la quejosa le confiere los derechos sobre el citado inmueble "...". Sin embargo, tal medio de prueba resulta insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la quejosa; por ser posterior al inicio del proceso del cual se reclama todo lo actuado. Lo anterior es así, pues si bien el contrato de referencia adquirió fecha cierta a partir del treinta de enero de dos mil veintitrés, con motivo de la certificación realizada por el notario público, es esta fecha asentada en el propio documento, la que debe tomarse en consideración para realizar el análisis del interés jurídico, pues por las funciones de dicha persona es posible determinar que el contrato de promesa de compraventa existía en la fecha en que se realizó la certificación. Lo anterior se ilustra, por analogía con la jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, página 314, agosto de 2010, en materia civil, cuyo rubro y texto es: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Ahora, si bien el contrato adquirió fecha cierta a partir de la certificación (treinta de enero de dos mil veintitrés); lo jurídicamente relevante es que dicha data es posterior al inicio del juicio ordinario civil ..., instruido por el Juez Sexagésimo Octavo Civil de esta Ciudad, que comenzó formalmente con la presentación de la demanda, el once de febrero de dos mil dieciséis, ante la autoridad judicial local. Por tanto, no puede estimarse que tal medio probatorio resulte idóneo para demostrar la afectación al interés jurídico del quejoso, y que sea causa jurídica suficiente para vincularlo al proceso natural, pues su fecha cierta (treinta de enero de dos mil veintitrés) es posterior al inicio del juicio de origen (once de febrero de dos mil dieciséis). Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 33/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretada contrario sensu, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 46/99 determinó que el contrato privado de compraventa de inmueble, no objetado, que cuenta con fecha cierta goza de plena eficacia probatoria y que una de las formas en que un documento adquiere fecha cierta es mediante el fallecimiento de uno de sus firmantes. Por tanto, un contrato como el referido, en el que una de las partes muere antes de que tenga verificativo el acto reclamado, constituye una prueba suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de garantías. Lo anterior obedece a que si bien la constancia de la compraventa contenida en una escritura pública y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad constituyen un medio de prueba idónea para acreditar el dominio adquirido sobre el inmueble en cuestión; sin embargo, en el juicio de amparo no se resuelve en definitiva el derecho de propiedad, sino tan sólo de manera presuntiva para efectos de determinar si el acto reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso." También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 21/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164792. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Civil, Página: 259, que dispone: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." En esta tesitura, si a la fecha en que adquirió certeza el contrato, con motivo de la certificación asentada por el notario público ya había iniciado el juicio del que derivan los actos reclamados, es dable concluir que la quejosa no tiene derecho que pueda ser objeto de protección en el juicio de amparo, pues la fecha cierta que adquirió el convenio aludido, no genera un derecho oponible a los contendientes de un proceso cuya temporalidad es previa. Además, en el supuesto no concedido de que efectivamente tuviera la posesión del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio, señalando que tiene la posesión de un bien, es indispensable la plena comprobación de que el contrato que consigna el derecho tiene fecha cierta anterior al inicio del proceso, a fin de que quede demostrado el interés jurídico; pues la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, de Febrero de 2002, página 5, en materia civil, de la novena época, con número de registro 187733, cuyo rubro: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE." Lo anterior, pese a que la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación, se haga bajo protesta de decir verdad; porque dicha manifestación no llega al extremo de acreditar el interés jurídico de la promovente, pues necesariamente, debe constar en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia invocada y con fundamento en el artículo 63 fracción V, en relación al diverso 61 fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Actuario responsable, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." No pasa inadvertido que la parte tercera interesada invocara la improcedencia del presente juicio bajo diversas causales, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 671/2023, promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el mismo día en que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Agréguese el escrito de **** representante común de *****, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerla acreditada ante la autoridad responsable. En atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio. Respecto de quien designa conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; pues de lo contrario únicamente podrá oír y recibir notificaciones, como las personas que designa para tal efecto. *Se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente y recibir notificaciones de las resoluciones que lleguen a dictarse en este asunto a través de la vía electrónica. Por ello no se tendrá como domicilio procesal el que refiere, pues la obtención de notificaciones será a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Respecto a los correos electrónicos y número telefónico que indica, únicamente serán tomados en consideración para entablar comunicaciones no procesales. En diverso aspecto, se tienen por hechas sus manifestaciones en vías de alegatos, invocada la improcedencia del juicio y anunciadas las pruebas que indica, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Las manifestaciones sobre la suspensión deberá formularlas en el cuaderno incidental, pues se tramita por cuerda separada, sin perjuicio de informarle que en dicho expediente, el catorce de julio de dos mil veintitrés, dejó de surtir efectos la medida. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Agréguese el escrito de la quejosa; en atención a su contenido, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud de realizar una inspección en el inmueble materia de Litis, pues su pretensión es que se modifique la cantidad fijada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, con motivo de la suspensión concedida; empero ello implicaría revocar una determinación propia, lo que resulta inviable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro 220188 emitida en la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente el Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar sus propias determinaciones; pero cuando ordena, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se subsane alguna omisión que advierta en la substanciación del procedimiento, de alguna manera tiene que revocar alguno o algunos de los acuerdos emitidos en la etapa o en las etapas procesales ya concluidas, porque de otra manera no podría subsanar la omisión advertida y se haría inoperante el citado precepto legal. Pero esta facultad de regularizar el procedimiento está limitada a que el propio juzgador no afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de que se trata es una excepción, pues, al principio de que el Juez de Distrito no puede revocar sus propias determinaciones." NOTIFÍQUESE.
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