María del Rosario González López
Expediente 1123/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Rosario González López
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que returnó el recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso del apoderado de la moral quejosa, por el que pretende ampliar su demanda de amparo, al efecto se provee: Con fundamento en el numeral 114 de la ley de la materia, requiérase personalmente a la accionante, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente, cumpla con: PRIMERO. Con apoyo en el numeral 108 fracción V, de la Ley de Amparo manifieste bajo protesta de decir verdad a modo de antecedente: Si a la data, la Sala responsable ya se pronunció respecto a la exhibición de la póliza de fianza ****** expedida por Dorama Institución de Garantías, sociedad anónima, por la cantidad de $****** (*****), o bien, si ha sido omisa en hacerlo. Al respecto, se cita, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, de diciembre de 2011, tomo 5, página 3709, cuyo rubro es; "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA." SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 108 fracción IV, de la ley de la materia, indique la determinación de la Sala responsable que ordenó girar el oficio número 151/23, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para embargar las cuentas, por la cantidad de $****** (*******) y las pusiera a disposición, en el toca a la apelación *****,-que constituye su reclamo-, y exhiba copia o impresión fotográfica con sus sellos de publicación de la resolución citada. Lo cual, resulta necesario proporcione la peticionaria para estar en condiciones de fijar correctamente la litis y determinar la procedencia de la ampliación formulada. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, abril de 2006, novena época, en materia común, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". En el entendido que al ser parte material en el procedimiento de origen, está en posibilidad de consultar el expediente y desahogar lo requerido, a fin de analizar la ampliación de demanda planteada. Independientemente de lo anterior, considerando que no se cuenta con mayor información, a fin de preservar el principio de seguridad jurídica, en términos del numeral 17 constitucional, solicítese a la Sala responsable, para que en el término de veinticuatro horas legalmente computado, informe lo precisado en los puntos denominados en este auto como PRIMERO y SEGUNDO, y para tal efecto se ordena enviar copia de la ampliación que se provee. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento, con fundamento en el artículo 237 fracción I en relación al 259 ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Aclaración que deberá formular en original y copias suficientes de conformidad con lo que establece el diverso 110 de la ley de la materia. Se apercibe que de no cumplir con lo ordenado, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la ampliación de demanda, acorde a lo dispuesto por el ordinal 114 de la ley citada. En términos del numeral 21 de la normatividad citada, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL DOS DE OCTUBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Visto el oficio que contiene la demanda de amparo que promueve., contra actos del Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 1123/2023, tramítese en su versión de expediente física y electrónica, observando el artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil ., por el Juez Trigésimo Civil de esta ciudad, donde declaró infundado el 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la notificación personal ordenada para hacer de su conocimiento la fecha y hora de la audiencia confesional a su cargo. III. El juicio de amparo es improcedente, pues el acto reclamado no es de imposible reparación, esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; ahora, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. 3 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" 4 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. [.]" Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo. En el particular, el acto reclamado consiste en la resolución que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la notificación personal ordenada para hacer de su conocimiento la fecha y hora de la audiencia confesional a su cargo, determinación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales. Es decir, no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no trae como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, pues solo produce efectos de carácter formal o adjetivo.. Aunado a que la consecuencia solo incide en que se continúe con la tramitación de dicho juicio hasta el dictado de la resolución que lo tenga por concluido, de ahí que será hasta ese momento, cuando la parte quejosa pueda alegarlo como violación procesal. Apoya lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256, Novena Época, con registro 167896, que dice: 5 "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. " También, por analogía, la jurisprudencia P./J. 38/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 59, Noviembre de 1992, Octava Época, registro 205601, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." Además existe la posibilidad de que posteriormente el Juez de origen dicte una sentencia favorable a los intereses de la quejosa; y en caso contrario, podrá combatir esas determinaciones a través del medio de impugnación que en su caso promueva, donde podrá invocar lo que estime conveniente en torno a las violaciones procesales que considere le perjudican. Al respecto se cita la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Así, dada la naturaleza intraprocesal del acto combatido, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de aquellas que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona será considerado para entablar comunicaciones no procesales. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve., contra actos del Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.".
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de quince días, que establecen los párrafos primero y segundo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para recurrir en inconformidad el proveído mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia, sin que se impugnara; en consecuencia, SE DECLARA FIRME. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
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