María del Rosario González López

Expediente 1124/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1124/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario González López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admite a trámite el medio de impugnación que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Como lo pide la superioridad, se ordena hacer disponible este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Hágase del conocimiento lo anterior a la autoridad oficiante. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de ..., autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la constancia que indica, previa comparecencia, identificación y toma de razón que de su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de ... autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA, contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el informe respectivo, los presentes autos, así como impresión y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del mismo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales correspondientes. Se ordena que, una vez que se tenga conocimiento de quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL DOS DE OCTUBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " Vista la demanda que promueve., por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 14, 16 y 17 constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1099/2023, tramítese en su versión física y electrónica, observando el artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la ley de la materia1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, acorde al diverso 62 de la ley de la materia, pues su estudio es oficioso. II. Conforme a la separación de juicios efectuada en el diverso juicio de amparo., de este índice, el acto reclamado es: - La determinación emitida el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés en el juicio ejecutivo mercantil..., por el Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México, que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diecisiete de agosto anterior, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa, con "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." relación a la desestimación de la prueba pericial en materia de grafoscopía que ofreció. III. El juicio constitucional es improcedente puesto que el acto reclamado comparte la naturaleza intraprocesal o adjetiva de la determinación que le da origen; ya que la afectación que produce se genera dentro del juicio en torno al material probatorio en la tramitación del juicio de origen, pero sin impacto material inmediato en derechos humanos (sustantivos) de la impetrante, conforme a la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de la materia. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" 4 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. [.]" permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Como ese precedente lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo5 . Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006589, cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este En el caso, la parte quejosa reclama la resolución emitida por el Juez responsable, que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el proveído que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa, con relación a la desestimación de la prueba pericial que ofreció. Esa actuación únicamente involucra derechos adjetivos pues comparte la naturaleza de la determinación, que le dio origen, pues la secuela impugnativa solo incide en el curso del procedimiento así como el caudal probatorio y en ese sentido, permite la integración del proceso. Aunado a que la razón toral del sentido del acto reclamado, es que la parte quejosa previamente ya había agotado el objeto de la impugnación, de modo que el derecho de acceso a la jurisdicción no se ve comprometido por el acto reclamado, sino por la construcción procesal impulsada por la propia parte quejosa. De modo que al tratarse esencialmente de una reiteración de una decisión previa, el acto reclamado únicamente reconoce un estado de circunstancias y no analiza un derecho de forma autónoma. Por ello, la decisión judicial cuestionada ocurre sin afectar derechos sustantivos como lo son la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son los que ejemplificativamente pueden afectarse en forma irreparable-. En ese sentido, cabe la posibilidad de que el juez de la causa dicte sentencia definitiva dentro del juicio, y dicho fallo sea favorable a los intereses de la peticionaria, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula quedará superado sin dejar huella ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva en su contra, aplicando por analogía la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" Tiene apoyo, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación este último con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene como domicilio procesal el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere. Respecto de quienes nombra en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo que hace al correo electrónico que proporcionan será considerado para entablar comunicaciones no procesales. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve., contra actos del Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.".

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