María del Rocío Solís Palau
Expediente 644/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María del Rocío Solís Palau
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Téngase a la quejosa revocando al usuario que autorizó para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen las modificaciones convenientes. En congruencia con lo anterior, se tiene la lista electrónica como lugar para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Notifíquese; y por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del dos de junio del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por María del ************, por derecho propio, y en representación de la menor de iniciales M.J.S.L., contra actos del Juez Noveno Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 644/2022-I. La parte quejosa reclama el auto del veinticinco de mayo de dos mil veintidós dictado en el juicio de controversia familiar, régimen de visitas y convivencias 1096/2021, que recayó a su escrito con registro 9806/2022 (en el que solicitó se hiciera efectiva la medida de apremio consistente en una multa a su contraparte), en el que el juez responsable reservó la petición hasta que se resolvieran los recurso de apelación hechos valer. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que ello ocurra es necesario que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; Lo cual ocurre puesto que el acto impugnado se atribuye al Juez Noveno Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. También se encuentra solventado dado que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente en el artículo 5.74, dispone la procedencia del recurso de revocación, en el sentido de que los autos y los decretos fuera de audiencia que no fueren apelables, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. c) Que ese recurso se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Se encuentra satisfecho dado que el recurso en comento puede hacerse valer dentro de los autos del expediente 1096/2021. d) Y que por virtud de dicho medio, la citada resolución judicial impugnada pueda ser modificada, revocada o nulificada. Igualmente está solventado habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del recurso de revocación, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, dado que el auto reclamado no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, la promovente del amparo es parte dentro en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el juicio natural, está en aptitud de inconformarse del acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Esta determinación se emite en el sentido señalado, sin que obste que en el caso el acto reclamado guarda relación con los derechos de una menor de edad, lo cual puede considerarse como un acto cuya ejecución es de imposible reparación; sin embargo, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar previo a la promoción de este juicio de amparo, el recurso de revocación procedente en contra del acto aquí reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2005039, Libro 1, de fecha diciembre de 2013, Tomo I, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". Así como la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Sin que en la especie sea aplicable la jurisprudencia 1a./J.77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO", por los motivos que se pasan a exponer. Para que opere una excepción al principio de definitividad cuando está involucrado un menor de edad, es condición sine qua non que el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Es decir, para que se actualice una excepción a este principio, es necesario colmar dos supuestos para que el recurso sea inadecuado o ineficaz para alejar al menor de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse, a saber, que no admita suspensión y que cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. En relación con el primer requisito, se precisa que, conforme al artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. Luego, si bien es cierto, el recurso de revocación no admite la posibilidad de suspender la resolución recurrida, también lo es que no existe riesgo para el menor en caso de ejecutarse. Lo anterior, porque el acto reclamado es de carácter negativo, por tanto, la suspensión solicitada en su contra es improcedente, ya que en atención a su naturaleza no es susceptible paralizarse. Al respecto, debe mencionarse que existen varios tipos de actos reclamados, lo que origina que éstos se clasifiquen en atención a diversos criterios. Así, atendiendo a su naturaleza pueden ser positivos, declarativos o negativos. Los positivos son aquellos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación. Los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica. Los negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas. En esa línea argumentativa, el acto reclamado reviste el carácter de negativo simple, pues a través de él la autoridad reservó aplicar una medida de apremio a la contraparte de la parte quejosa, por los motivos ahí señalados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 85/2018, abordó el tema de los actos omisivos, para lo cual analizó la naturaleza de los actos reclamados, específicamente, los negativos, distinguiéndolos entre simples, prohibitivos y omisivos, tal como se precisó con antelación. De esa contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la cual es aplicable al caso concreto por identidad de razón. Por tanto, se concluye que el acuerdo por virtud del cual la autoridad responsable se reservó a acordar lo conducente, hasta en tanto se resolvieran los recursos de apelación hechos valer por las partes, constituye un acto negativo simple, contra el cual no es procedente conceder la suspensión. Lo anterior, toda vez que es un acto íntegramente negativo, sin ningún efecto positivo o prohibitivo, del cual pueda hacerse derivar actos consecuentes positivos, contra los cuales proceda la suspensión; y, por tanto, no existe materia para concederla, ya que no puede suspenderse lo que no es susceptible de realizarse. En ese orden de ideas, aun cuando el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no prevea la suspensión del acto reclamado, en el caso, es idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar la violación alegada por la quejosa. De igual forma, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el diverso 6o., ambos de la Ley de Amparo, de la que se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis III.2o.C.18 K del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Tercer Circuito, con registro digital 175910, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1827, de rubro: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES". Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación 205-216 Tercera Parte, materia Común, página 127, de rubro y texto: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO". Además, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente su esfera jurídica. Sirve de apoyo la tesis con registro 807072 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación LXXXII, materia Común, página 3490, de rubro: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO." En el caso, como se precisó previamente, el acto reclamado consiste en el auto del veinticinco de mayo de dos mil veintidós dictado en el juicio de controversia familiar, régimen de visitas y convivencias 1096/2021, que recayó a su escrito con registro 9806/2022 (en el que solicitó se hiciera efectiva la medida de apremio consistente en una multa a su contraparte), en el que el juez responsable reservó la petición hasta que se resolvieran los recurso de apelación hechos valer, el cual se advierte que no le causa agravio a los derechos fundamentales de la impetrante del amparo. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que la aplicación de las multas dentro de un procedimiento jurisdiccional es una atribución exclusiva de los juzgadores que pueden ejercer conforme a la propia ley aplicable al caso concreto, lo que no da derecho a la contraparte para exigir que se apliquen tales multas; de tal manera que el hecho de que éstas se impongan o no, de ninguna manera causa agravio a la aquí quejosa, por lo que carece de legitimación para solicitar su aplicación. Sirve de apoyo la tesis II.1o.P.21 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro digital 196333, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 1035, de rubro: "MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL TERCERO PERJUDICADO NO ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR SU APLICACIÓN". En tal sentido, resulta evidente que el acto reclamado no produce ninguna lesión directa a la esfera jurídica de la quejosa, es decir, no le causa un agravio personal y directo en sus derechos humanos, debido a que, en su caso, la imposición de la multa que exige contra la demandada del juicio de origen, se aplicaría a favor del erario público, pero no a favor de la parte solicitante; por ello, deviene improcedente el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis I.8o.C.34 K del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 183784, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 1155, de rubro: "MULTA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APLICARLA AL QUEJOSO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, NO LEGITIMA A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, DADO QUE EN ESE ASPECTO NO SE AFECTAN DE MANERA DIRECTA SUS INTERESES". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado al usuario que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. Téngase por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa en el entendido que en el supuesto de que sea en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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