María del Rocío Solís Palau

Expediente 294/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
294/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • María del Rocío Solís Palau

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Téngase a la quejosa **********, revocando al usuario que autorizó para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen las modificaciones convenientes. En congruencia con lo anterior, se tiene la lista electrónica como lugar para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Téngase a la Magistrada Semanero de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, México, acusando recibo del oficio 17815/2022, por el que se le remitieron diversas constancias que acompañó a su informe justificado. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas la totalidad de constancias de notificación, en ese sentido, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa **********, así como a **********, en su carácter de representante especial de la menor de iniciales M.J.S.L. y por lista electrónica a los terceros interesados ********** y **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el siete de julio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, se advierte que el Magistrado Semanero de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa ********************, así como a ********************, en su carácter de representante especial de la menor de iniciales ******************** y por lista electrónica a los terceros interesados ******************** y ********************. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2359/2022, del trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 294/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentando el dieciocho de febrero de dos mil veintidós ante la autoridad responsable, y la demanda fue remitida el dos de marzo de dos mil veintidós a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Segundo Circuito con sede en Toluca, Estado de México, demanda que fue turnada el tres de marzo siguiente al Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante auto del ocho de marzo de dos mil veintidós se declaró incompetente para conocer de dicho juicio el cual registró bajo el amparo directo número 180/2022. II. Asimismo ordenó remitir la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dicho juicio fue remitido el catorce de marzo de dos mil veintidós y turnado a este Juzgado Federal, el quince de marzo siguiente. III. Por lo que se recibió el juicio de amparo promovido por *************, en representación de la menor de iniciales M.J.S.L., quien demando el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados Integrantes dela Primera Sala Colegiada en Materia Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. IV. Mediante proveído del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se registró el juicio de amparo bajo el número 294/2022-V, éste órgano de control constitucional aceptó la competencia declinada por el Tribunal Colegiado oficiante y admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; se designó un representante especial de la menor de iniciales M.J.S.L., (ajeno a los padres) para que intervenga en este juicio; se ordenó emplazar a juicio a los tercero interesados ************ y **************, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que los actos reclamados tuvieron ejecución material dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: 1) De los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materia Familiar de Tlalnepantla, Estado de México: a) La sentencia interlocutoria del veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Colegiada en Materia Familiar de Tlalnepantla, Estado de México en el toca de apelación 9/2022, relativo expediente 1096/2021 relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre el régimen de visitas y convivencias, promovido por la quejosa María del Roció Solís Palau en contra de Rosal Adriana López Tinoco, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por Rubén Santana Solís y María del Roció Solís Palau, la cual se declaró infundados los agravio hechos valer por los recurrentes y confirmó la sentencia del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que resultó procedente la excepción de incompetencia hecha valer por Rosal Adriana López Tinoco. TERCERO. Los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materia Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado. Lo que se corrobora con la copia certificada del el toca de apelación 9/2022, deducido del expediente 1096/2021 relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre el régimen de visitas y convivencias, promovido por María del Roció Solís Palau en contra de Rosal Adriana López Tinoco, documentales a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 917812, Instancia: Pleno, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, 278, Página: 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado considera que respecto de la resolución reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa VIII, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, esta última disposición interpretada en conjunción con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el precepto 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (.)". En la actualidad, el criterio de irreparabilidad está previsto en la fracción V del segundo precepto antes mencionado, lo que de manera clara genera que las resoluciones respecto de la incompetencia (que inhiban o declinen la competencia) ya son ajenas a esa fracción, pues está prevista en una diversa, la VIII, de suerte que una primera conclusión, es la de que las determinaciones que inhiban o declinen la competencia, efectivamente, ya no son analizables a través de un criterio de irreparabilidad. En efecto, el legislador claramente prescribió el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia por declinatoria o inhibitoria. No obstante, ello no quiere decir que debe estarse a la interpretación literal de la fracción VIII del artículo 107, de la ley de la materia, para la procedencia del amparo indirecto, sino que para ello debe atenderse en todo caso, al sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente destacar que es una constante en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos. Así las cosas, la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria, no puede considerarse como un acto definitivo, porque involucra un pronunciamiento incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. En consecuencia, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues hasta entonces se podrá asumir que el asunto será conocido y en su caso resuelto, por determinada autoridad. No es obstáculo que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, carezca de mención expresa de que la resolución de incompetencia deba ser definitiva, para considerar actualizado el supuesto de procedencia del juicio de amparo que ahí se contiene, porque no es la ausencia de precisión de la definitividad del acto, lo que excluye considerar ese principio como criterio rector de la procedencia del juicio constitucional de amparo. Para ello basta considerar el ejemplo de la hipótesis de procedencia expuesta en la fracción II del multicitado artículo 107 del ordenamiento en consulta, que establece que el juicio procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En dicho supuesto no se especifica que tal acto debe ser definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pero es de lógica jurídica, dado el sistema de procedencia ya destacado, que tal característica debe permear en tal hipótesis, pues de otra forma sería improcedente el juicio en los términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con las salvedades precisadas en dicha fracción. Lo expuesto hasta aquí, permite aceptar que si bien fue intención legislativa prescribir el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia para la procedencia del juicio de amparo; no menos cierto es que la definitividad de tales actos es un sistema de procedencia que prevalece en la Ley de Amparo vigente. En apoyo a lo anterior, es importante señalar que la cuestión de competencia puede ser por declinatoria o inhibitoria. La declinatoria se propone ante el juez o tribunal a quien se considera incompetente o puede realizarse de oficio por la misma autoridad, pidiéndole que se separe del conocimiento del asunto y que remita los autos al tenido por competente. Por el contrario, la inhibitoria se presenta ante el juez o tribunal que se consideran competentes, pero que no están conociendo el caso, con petición formal de que dirija el oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos. En el caso particular, es importante señalar que mediante la declinatoria, la autoridad que conoció primigeniamente las pretensiones de una de las partes en el juicio, se declaró incompetente para conocer de las mismas y ordenó remitir los autos a la autoridad que consideró sí tenía competencia para conocer de la demanda del justiciable. En general, puede hablarse de "declinatoria" cuando una autoridad pretende el turno del juicio a otro tribunal por razones de competencia; sin embargo, debe indicarse que el auto en el que una autoridad decide no conocer de un asunto y enviarlo a quien considera debe conocer, no integra por sí solo la figura de la declinatoria, sino que es tan solo la parte con la que inicia la misma, decisión que además no es definitiva ni obliga a la autoridad a la que se le remiten los autos a conocer forzosamente de la demanda del justiciable, pues todavía se requiere la aceptación de la competencia por esta última, para estar en posibilidad de concluir que lo relativo a la competencia de la autoridad ha sido agotada. Por ende, si en el caso concreto, la quejosa reclama la sentencia interlocutoria del veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Colegiada en Materia Familiar de Tlalnepantla, Estado de México en el toca de apelación 9/2022, deducido del expediente 1096/2021 relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre el régimen de visitas y convivencias, promovido por la quejosa María del Roció Solís Palau en contra de Rosal Adriana López Tinoco, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por Rubén Santana Solís y María del Roció Solís Palau, la cual se declaró infundados los agravio hechos valer por los recurrentes y confirmó la sentencia del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que resultó procedente la excepción de incompetencia hecha valer por Rosal Adriana López Tinoco, por lo que se declaró incompetente para seguir conociendo de dicho juicio, y que una vez que quedara firme dicha resolución se ordenaría la remisión a la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que lo remitiera al juzgado familiar en turno para que se avocara al conocimiento del mismo, sin perjuicio de que en su momento pudiese darse la acumulación a los autos del expediente 60/2020 radicado en el Juzgado Séptimo de Proceso Oral en Materia Familiar en la Ciudad de México. Es evidente que tal acto no constituye el pronunciamiento definitivo en torno a la competencia, pues todavía se requiere la aceptación de esta última para estar en posibilidad de concluir que es un acto de carácter irreparable y por tanto, impugnable en el juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, materia Común, página 5, cuyo contenido dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numerales 107, fracción VIII de la ley de la materia, la segunda interpretada en conjunción con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se sobresee en el juicio. Por lo anteriormente expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***********, en representación de la menor de iniciales M.J.S.L., contra el acto que reclamó de los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materia Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, por los motivos expuestos en el último considerando esta sentencia. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa, en su carácter de representante especial de la menor de iniciales M.J.S.L.; por lista electrónica a los terceros interesados; por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, hasta hoy siete de julio de dos mil veintidós en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron. Doy fe

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