María del Rosario García Maqueda y Otros.
Expediente 783/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María del Rosario García Maqueda y Otros.
- María del Rosario García Maqueda
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del doce de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***************** e *****************, por derecho propio, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2359/2022, del trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintidós. Ténganse a la parte quejosa, desahogando los requerimientos formulados en proveído del treinta de junio del año en curso. Es así que del estudio integral de la demanda presentada por la parte quejosa y escrito aclaratorio, se desprende que señala como actos reclamados la orden de aprehensión, de búsqueda, localización y presentación decretada en contra de los quejosos y su ejecución. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que por lo que hace a los actos referidos en el inciso 2) de esta determinación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5o., fracción I, del citado ordenamiento legal, estos últimos en sentido contrario, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, es decir, tal y como lo establece el principio del juicio de amparo de "instancia de parte agraviada", éste solo puede iniciarse a petición de parte y por quien resienta el agravio directo por la ley o acto reclamado. Ahora bien, el acto que los quejosos combaten es la orden de una autoridad en la etapa del procedimiento penal acusatorio (investigación inicial), cuyo fundamento constitucional lo encontramos artículo 21 constitucional, primer párrafo, el cual establece que la investigación de los delitos corre a cargo del Ministerio Público y las policías, teniendo el primero el mando en el ejercicio de esta función; asimismo, el segundo párrafo del mismo numeral establece que la determinación sobre el ejercicio reside en Ministerio Público. "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial". Esta etapa inicial, tiene como objetivo que el órgano investigador realice una pesquisa a través de la cual, reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y de ser el caso, recabar los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, ello de conformidad con el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el resultado de la indagatoria no lleva de manera directa e inminente a ejercer acción penal ni a la privación de la libertad de los investigados, por el contrario, se pueden dar resultados tales como abstenerse de investigar, archivo temporal, el propio no ejercicio de la acción penal e incluso optar por un criterio de oportunidad. Por lo que, nos encontramos ante una parte del procedimiento donde el agente del Ministerio Público desde la Constitución tiene la facultad de que ante la noticia de un hecho que la ley señala como delito, recabe la información, pudiendo obtener varios resultados, entre ellos, el ejercicio de la acción penal, siendo que en este último caso, la determinación estará sujeta a revisión por el Juez de Control, e incluso ser anulada. Por lo que, las diligencias o determinaciones respecto de la información que reúne el Ministerio Público per se, no causan un daño o perjuicio al gobernado, pues no trasciende a su esfera jurídica, a menos que se emitiera una determinación por la autoridad ministerial que ordenara se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en la especie no acontece. Resulta orientadora la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible a página 2987, libro 57, agosto de 2018, tomo III, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en materias Común, Penal, de la Décima época, del siguiente rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS". Es decir, los actos consistentes en la orden de búsqueda, localización y presentación que por esta vía se combaten, no constituyen acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica de los promoventes, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juez de Control que llegue a conocer de la carpeta de investigación. De manera que, como se ha establecido, tales actos no les causan un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, cuyo resultado no implica necesariamente le ejercicio de la acción penal, ni la consecuente privación de la libertad. Luego, si no existe agravio personal y directo a la esfera jurídica de las personas sujetas a investigación, es evidente que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. Máxime, si se considera que a través del juicio de amparo indirecto, los actos acaecidos durante la integración de la carpeta de investigación, vinculada con la fase preliminar del procedimiento penal acusatorio, debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, a la función indagatoria, anteponiendo los intereses de la sociedad a los de los particulares. Ahora, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en contra de los peticionarios de amparo, en el caso se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." Ello es así, porque los peticionarios de amparo reclaman de las autoridades señaladas como responsables la orden de aprehensión, así como su ejecución, sin embargo, del contenido de los antecedentes del acto reclamado, se observa que a la fecha de la presentación de la demanda no existe mandamiento de captura contra los promoventes, pues así se deduce de sus propias afirmaciones en las que precisan que el veintidós de junio de dos mil veintidós, se presentaron en su domicilio ubicado en ********************; dos personas quienes mencionaron que eran policías de investigación preguntando por ******************** y ********************, manifestando que los reñían que acompañar a la fiscalía dado que había una denuncia en su contra. De lo descrito se observa, que no obstante que los quejosos refieren que se presentaron dos personas quienes mencionaron ser policías, empero, en ningún momento se advierte de la existencia de alguna orden judicial o mandamiento escrito emanado de órgano jurisdiccional, y que con motivo de ella existiera la amenaza real e inminente de ser privados de su libertad personal. De esta forma, es evidente que la reclamación de los peticionarios de amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad, por lo tanto, deben probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tengan los promoventes de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación solo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y directa y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Por lo expuesto en párrafos precedentes, se evidencia que la parte quejosa hasta este momento, no demuestra que los actos que por esta vía intenta combatir, le causen algún acto de imposible reparación, por lo que lo conducente es desechar la demanda de que se trata. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de **********, en su carácter de integrante de la quejosa Comunidad Indígena Otomí, conformada por los pueblos de Santa Cruz Ayotuxco, San Francisco Ayotuxco y San José Huiloteapan del Municipio de Huixquilucan, Estado de México, por el que solicita se le requiera a la perito oficial ********** informe para que efecto requiere el perito intérprete traductor Otomí-Español, se acuerda: En virtud de lo anterior, con copia simple del mismo requiérase a la Perito Oficial en materia de Antropología Forense adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República (América Aurora Lugo Lugo), para que en el plazo de tres días después de su debida notificación, informe para que efecto requiere el perito intérprete traductor Otomí-Español, con apoyo en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad material o jurídica que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 238, de la legislación aplicable. Notifíquese; por medio de lista electrónica y por oficio a la perito oficial. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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