MARIA DEL ROCIO PEREZ VELAZQUEZ y Otros.

Expediente 67/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
67/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Perez Velazquez
  • Adolfo Perez Velazquez
  • Matrha Isela Perez Velazquez
  • MARIA DEL ROCIO PEREZ VELAZQUEZ y Otros.
  • Fiscal General del Estado de Puebla
  • Maria del Rocio Perez Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Gabriela Patricia Peláez Hernández, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de los quejosos María del Rocío Pérez Velázquez, Martha Isela Pérez Velázquez, Adolfo Pérez Velázquez, Gerardo Pérez Velázquez y Constantino Pérez Méndez; y, en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos, las que podrán ser recibidas tanto por la promovente, así como por Erick Etelberto Hernández Ramírez, quienes fueron autorizados por los quejosos en escrito agregado en auto de ocho de febrero de la presente anualidad (foja 80); no así por Jesús Isael Contreras Aquino, que pretende autorizar para tal efecto. Lo anterior es así, pues el ocursante pretende autorizar a la persona que refiere en el escrito que se acuerda para recoger las copias, en ese sentido, dígasele que con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, según su numeral 2, no ha lugar de acordar favorable tal petición; ya que el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para imponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Sustenta lo anterior la tesis 2a. CXVIII/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS RESTRINGIDOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE AMPARO. CASO EN EL QUE TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN. El referido precepto legal establece, en primer término, que el agraviado y el tercero perjudicado pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del interesado, pero en las materias civil, mercantil o administrativa, el autorizado deberá acreditar encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado y proporcionar los datos correspondientes en el escrito en el que se le otorgue dicha autorización; y, en segundo término, que las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. Esto es, el ordenamiento legal de mérito prevé a favor del quejoso o del tercero perjudicado la facultad de otorgar autorización para oír notificaciones, en términos amplios o bien en términos restringidos. Ahora bien, en este último supuesto la persona designada, entre otras cosas, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión; sin embargo, tal supuesto admite un caso de excepción, que es el relativo a cuando en la sentencia de amparo por cualquier circunstancia se le impone una multa u otra sanción, pues es incuestionable que en esa hipótesis se le causa un agravio personal y directo, de ahí que la revisión que en contra de esa determinación interponga debe admitirse a trámite y no desecharse." Hágase saber a la promovente, que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para la expedición de las copias es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el doce de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiuno de junio al once de julio de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en el que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado consistente en el duplicado del proceso penal 49/2017 de su índice, devuélvasele el anexo I, que se formó con dicha documental y solicítese para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta signado por Alfonso Rosales Arruti y, en atención a la certificación que antecede, se colige que en el juicio de amparo en que se actúa, el ocursante no es parte procesal, pues de un análisis integral de las constancias que conforman el presente sumario constitucional, no se advierte que el mismo tenga tal carácter. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dígase al promovente Alfonso Rosales Arruti. que no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto a sus manifestaciones, en razón de que no es parte en el expediente en que se actúa y, conforme a lo dispuesto en los artículos invocados, únicamente aquéllas pueden intervenir en él. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha su promoción por notoriamente improcedente y, se ordena glosarla en el presente juicio de garantías, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 12 DE junio DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 228), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que los quejosos hayan desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 84 a 110), se concedió el amparo y protección para el efecto de que el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizara lo siguiente: "(.) OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de 1) María del Rocío Pérez Velázquez, 2) Martha Isela Pérez Velázquez, 3) Adolfo Pérez Velázquez, 4) Gerardo Pérez Velázquez y 5) Constantino Pérez Méndez, porque el acto reclamado atenta contra el principio de legalidad contenido en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos únicamente por lo que hace a los aquí quejosos, la resolución que emitió el tres de enero de dos mil dieciocho, en la causa penal 49/2017, en la que se decretó orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos, como probables responsables del delito de fraude genérico, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Ángel Díaz Domínguez o Salvador Ángel Díaz Domínguez. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, debidamente funda y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales indicados, es decir, deberá: Explicar por qué funda su competencia en preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, abrogada, cuando que la legislación vigente también resulta aplicable a los jueces penales (como es su caso), pues en su artículo 41, contempla la existencia de ese tipo de juzgadores; pero, sobre todo porque cuando se trata de normas procesales, resultan aplicables las vigentes al momento de llevarse a cabo la actuación respectiva. También, deberá especificar los preceptos legales que sustentan su competencia por razón de fuero, materia y territorio; e indicar las razones por las que el caso encuadra en esas hipótesis legales. Precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de fraude genérico que se imputa a los indiciados. Exponer si de acuerdo a la mecánica de los hechos por los que se querelló el ahora tercero interesado, se actualizó un dolo civil o penal; y con qué medios de convicción tuvo por acreditada cualquiera de esa hipótesis. Precisar con qué elementos de convicción tuvo por acreditado el monto de lo defraudado, así como a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados a los quejosos, lo cual resulta importante para, en su caso, poder encuadrar su conducta en lo dispuesto en las diversas fracciones del artículo 403, del Código Penal para el Estado de Puebla. Valorar en términos legales la diligencia de inspección que llevó a cabo el Agente del Ministerio Público investigador el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, la forma de autoría o participación en que incurrieron los aquí quejosos, a título probable, en la comisión del delito de fraude genérico que se les imputa; así como con qué pruebas tuvo por acreditada su posible intervención en el evento delictivo, expresando las razones que tiene para considerarlo así. Respetar la congruencia interna que en toda resolución judicial debe de observarse, para lo cual deberá constatar que en esa nueva resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí. En el entendido de que, para acatar el fallo protector de garantías, el juez primigenio deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." En acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho se declaró que la sentencia referida causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 165 a 167). Mediante oficios sin número y copia para conocimiento del comunicado MJ72430/2018, de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, signados por las autoridades responsables ejecutoras Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal del Estado de Puebla, comunicaron que dejaron sin efecto el cumplimiento de la orden de aprehensión de tres de enero de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 49/2017 del índice del Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla (fojas 170 a 174). Por oficio 2215 de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (foja 201), el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma fecha, en la causa penal 49/2017, con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo (fojas 202 a 211); sin embargo, como no observó los lineamientos establecidos en el fallo protector, en acuerdo de veintiocho de mayo de la presente anualidad (fojas 212 a 214) por lo que se requirió nuevamente al juez responsable para que acatara cabalmente la ejecutoria. Por similar 2342 de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 219), el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma fecha en la causa penal de origen (fojas 220 a 227). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente las resoluciones de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho y tres de enero del mismo año, en el proceso penal 49/2017 de su índice (foja 220). 2. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitió otra resolución en la que fundó su competencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado así como señaló los motivos por los que consideró actualizado tal aspecto (foja 220); y con libertad de jurisdicción que le fue concedida, negó la orden de aprehensión solicitada por el representante social consignador contra María del Rocío Pérez Velázquez, Martha Isela Pérez Velázquez, Adolfo Pérez Velázquez, Gerardo Pérez Velázquez y Constantino Pérez Méndez. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia..."

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