Maria del Refugio Hernandez Gil

Expediente 235/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
235/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Maria del Refugio Hernandez Gil
  • MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ GIL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. RRL. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 235/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María del Refugio Hernández Gil; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el dieciséis siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, María del Refugio Hernández Gil, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes precisados en el escrito de demanda. "AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS.- Jueces en materia de oralidad del Estado de Puebla (.). AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS.- Fiscal General de Justicia del Estado, Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del estado (.). ACTO RECLAMADO DE LAS ORDENADORAS.- auto de vinculación a proceso. DE LAS EJECUTORAS.- La ejecución material de auto de vinculación a proceso." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Radicación de la demanda y prevención. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 235/2021; y, se previno a la parte quejosa para que: "Primero. Precise qué jueces de control señala como autoridades responsables, pues la parte quejosa en su demanda de amparo únicamente refirió lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS.- Jueces en materia de oralidad del Estado de Puebla. (.) Segundo. Aclare cuál es el acto que pretende reclamar en la presente instancia constitucional. (.) Tercero. Indique quién tiene el carácter de agraviado, así como su domicilio actual y correcto. (.)." Tercero. Desahogo de prevención y trámite de la demanda de amparo. Así, por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, previos escritos de aclaración de la parte quejosa en el sentido de indicar la denominación correcta y actual de las autoridades señaladas como responsables, aclarar el acto reclamado pues refirió como tal la orden de aprehensión; y, proporcionar el nombre y domicilio de la persona a quien le asiste el carácter de tercero interesado, se admitió a tramítela la misma con incidente de suspensión; se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Cuarto. Cita para audiencia. En el indicado auto admisorio (diecinueve de abril de dos mil veintiuno), se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama actos de esa naturaleza, atribuido a autoridades ordenadoras y ejecutoras con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, y escritos de aclaración, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral del escrito inicial de demanda, así como las aclaraciones de ésta, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente. A las autoridades ordenadoras que se precisaron en el escrito inicial de demanda, así como en su aclaración, y que se transcriben en el cuadro del considerando tercero: a) La orden de aprehensión emitida en su contra; A las diversas autoridades ejecutoras que se precisaron en el escrito inicial de demanda, así como en su aclaración y que se transcriben en el cuadro del considerando tercero: b) La ejecución de la orden de aprehensión emitida en su contra. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, en relación con los actos reclamados que han quedado narrados en el considerando anterior, las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras que se indican a continuación, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. Orden Autoridad responsable AUTORIDAD ORDENADORA Sentido del informe Justificado 1 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez. Negó 2 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Enrique López Criollo. Negó 3 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez. Negó 4 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Aarón Hernández Chino. Negó 5 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Rosalba Elena Zárate Herrera. Negó 6 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Javier Vázquez Fernández. Negó 7 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Idalia Arciniega Arias. Negó 8 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Rosa Aurora Espejel Prado. Negó 9 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez. Negó 10 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Miriam Huerta Lechuga. Negó 11 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Magally Escamilla Rodríguez. Negó 12 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Ana Alicia Ponce Frías. Negó 13 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, José Álvaro Sarmiento Márquez. Negó AUTORIDADES EJECUTORAS 14 Fiscal General del Estado de Puebla. Negó 15 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Negó Del cuadro anterior, se advierte que todas las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, al rendir el correspondiente informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, negaron el acto que se le atribuye consistente en la emisión de la orden de aprehensión librada en contra de la parte quejosa, y su ejecución sin que ésta haya desvirtuado dichas negativas no obstante que se le dio vista con los mismos por autos de veintidós y veintitrés de abril, ambos de dos mil veintiuno. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables que han quedado precisadas en el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por María del Refugio Hernández Gil, respecto de las autoridades y por los actos precisados en el considerando tercero de esta resolución, en virtud de lo narrado en el mismo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: por lista a la partes quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; y, por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable 13. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, José Álvaro Sarmiento Márquez, a través del cual, rinde el informe previo que le fue solicitado en autos, por sí y en representación diversos jueces señalados como responsables, sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, ya que el veintitrés de abril pasado, se tuvo por recibido el informe de que se trata, vía electrónica, acordándose lo conducente el veintiséis de abril siguiente, incluso ya se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada en el cuaderno incidental en que se actúa. Cúmplase.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. .I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 235/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María del Refugio Hernández Gil; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por María del Refugio Hernández Gil, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados en el presente asunto son: -La orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, por su representación. Negó 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Enrique López Criollo, por su representación. Negó 4. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Aarón Hernández Chino, por su representación. Negó 5. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Rosalba Elena Zárate Herrera, por su representación. Negó 6. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Javier Vázquez Fernández por su representación. Negó 7. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Idalia Arciniega Arias, por su representación. Negó 8. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Rosa Aurora Espejel Prado, por su representación. Negó 9. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez, por su representación. Negó 10. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Mirian Huerta Lechuga, por su representación. Negó 11. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Magally Escamilla Rodríguez, por su representación. Negó 12. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, por su representación. Negó 13. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, José Álvaro Sarmiento Márquez. Negó 14. Fiscal General del Estado de Puebla. Negó 15. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -en su denominación correcta-. Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Además, en el acta que antecede se dejó de tener como autoridad responsable al 3. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, pues le fue informado a esta autoridad que falleció, por lo que tampoco pudo emitir el acto reclamado. Por tanto, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María del Refugio Hernández Gil, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables citadas en el considerando tercero. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-, y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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