Maria del Refugio Isabel Castaños Perez
Expediente 174/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria del Refugio Isabel Castaños Perez
- Pedro Antonio Lima Gonzalez Apoderado de la Persona Moral
Actuaciones
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ARTURO SEVILLA ORTÍZ, JUAN CARLOS BAEZA BARCENAS Y CLAUDIA SEVILLA BARRENECHEA EL SIGUINETE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de mayo de dos mil dieciséis (fojas 100 a 111), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la moral quejosa denominada Controles y Quemadores de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado, para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil quince, mediante la cual determinó no ejercitar la acción penal en la averiguación previa AP-894/2012/NORTE, a) Con plenitud de jurisdicción, y bajo su más estricta responsabilidad, emita otra en la que se cumplan con los extremos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir: Por cuanto hace al delito de falsedad en declaraciones judiciales, deberá citar el artículo en que se ubica tal ilícito, posteriormente deberá desglosar los elementos que lo integran, y analizar las pruebas allegadas a la indagatoria, una vez hecho lo anterior, deberá exponer las causas, motivos y circunstancias por qué de las pruebas debidamente valoradas no se acreditan los elementos del cuerpo del delito. b) Por lo que hace al delito de fraude procesal deberá citar el artículo en que se ubica tal ilícito, posteriormente deberá desglosar los elementos que lo integran, y analizar las pruebas allegadas a la indagatoria, una vez hecho lo anterior, deberá exponer las causas, motivos y circunstancias por qué de las pruebas debidamente valoradas no se acreditan los elementos del cuerpo del delito, además deberá explicar con base en las pruebas porque no se actualiza la bilateralidad requerida para la configuración del delito." (foja 109). Por auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 189 a 192). Ahora bien, mediante oficio sin número de veintidós de junio de dos mil dieciséis (foja 207), la autoridad responsable Agente del Ministerio Público titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Norte de la Fiscalía General del Estado con sede en la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciséis emitida en la averiguación previa A.P.-894/2012/NORTE, en la que se advierte que dicho representante social, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil quince, mediante la cual determinó no ejercitar la acción penal en la averiguación previa AP-894/2012/NORTE (foja 210); Con plenitud de jurisdicción, emitió otra resolución en la que consideró que no existía acción u omisión considerada como delito y ordenó el archivo definitivo de la indagatoria; Por cuanto hace al delito de falsedad en declaraciones judiciales, citó el artículo en que se ubica tal ilícito, siendo este el 254, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, posteriormente desglosó los elementos del cuerpo del delito; analizó las pruebas allegadas a la indagatoria, expuso las causas, motivos y circunstancias del por qué las pruebas debidamente valoradas no se acreditan los elementos del cuerpo del citado delito. Respecto del diverso delito de fraude procesal citó los artículos en los que se ubica tal ilícito, siendo estos el 403 y 404, fracción IV del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, desglosó los elementos que lo integran y, analizó las pruebas allegadas a la indagatoria, para posteriormente exponer las causas, motivos y circunstancias del por qué las pruebas debidamente valoradas no se acreditan los elementos del cuerpo del citado delito; explicando además por qué no se actualiza la bilateralidad requerida para la configuración del delito. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de mayo de dos mil dieciséis (fojas 100 a 111), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la moral quejosa denominada Controles y Quemadores de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado, para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil quince, mediante la cual determinó no ejercitar la acción penal en la averiguación previa AP-894/2012/NORTE, a) Con plenitud de jurisdicción, y bajo su más estricta responsabilidad, emita otra en la que se cumplan con los extremos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir: Por cuanto hace al delito de falsedad en declaraciones judiciales, deberá citar el artículo en que se ubica tal ilícito, posteriormente deberá desglosar los elementos que lo integran, y analizar las pruebas allegadas a la indagatoria, una vez hecho lo anterior, deberá exponer las causas, motivos y circunstancias por qué de las pruebas debidamente valoradas no se acreditan los elementos del cuerpo del delito. b) Por lo que hace al delito de fraude procesal deberá citar el artículo en que se ubica tal ilícito, posteriormente deberá desglosar los elementos que lo integran, y analizar las pruebas allegadas a la indagatoria, una vez hecho lo anterior, deberá exponer las causas, motivos y circunstancias por qué de las pruebas debidamente valoradas no se acreditan los elementos del cuerpo del delito, además deberá explicar con base en las pruebas porque no se actualiza la bilateralidad requerida para la configuración del delito." (foja 109). Por auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 189 a 192). Ahora bien, mediante oficio sin número de veintidós de junio de dos mil dieciséis (foja 207), la autoridad responsable Agente del Ministerio Público titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Norte de la Fiscalía General del Estado con sede en la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciséis emitida en la averiguación previa A.P.-894/2012/NORTE, en la que se advierte que dicho representante social, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil quince, mediante la cual determinó no ejercitar la acción penal en la averiguación previa AP-894/2012/NORTE (foja 210); Con plenitud de jurisdicción, emitió otra resolución en la que consideró que no existía acción u omisión considerada como delito y ordenó el archivo definitivo de la indagatoria; Por cuanto hace al delito de falsedad en declaraciones judiciales, citó el artículo en que se ubica tal ilícito, siendo este el 254, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, posteriormente desglosó los elementos del cuerpo del delito; analizó las pruebas allegadas a la indagatoria, expuso las causas, motivos y circunstancias del por qué las pruebas debidamente valoradas no se acreditan los elementos del cuerpo del citado delito. Respecto del diverso delito de fraude procesal citó los artículos en los que se ubica tal ilícito, siendo estos el 403 y 404, fracción IV del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, desglosó los elementos que lo integran y, analizó las pruebas allegadas a la indagatoria, para posteriormente exponer las causas, motivos y circunstancias del por qué las pruebas debidamente valoradas no se acreditan los elementos del cuerpo del citado delito; explicando además por qué no se actualiza la bilateralidad requerida para la configuración del delito. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
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