María del Rocio Mayorga Barba

Expediente 966/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
966/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • María del Rocio Mayorga Barba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 966/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 966/2018-IV, promovido por MARÍA DEL ROCIO MAYORGA BARBA. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, MARÍA DEL ROCIO MAYORGA BARBA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo por cuanto al Notario Público Número Nueve del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y se admitió respecto a las demás autoridades señaladas como responsables, quedando registrada bajo el expediente de amparo 966/2018-IV; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se emitieron las normas reclamadas. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos: 1.- Los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, vigentes en el año de dos mil cinco, y; 2.- Los artículos 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vigentes en el año de dos mil cinco. Del Secretario de Hacienda y al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, ambos, del Estado de Morelos: 3.- El cobro de alguna cantidad de dinero, en aplicación de los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, vigentes en el año de dos mil cinco. Del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos del Municipio de Cuernavaca, Morelos: 4.- El cobro de alguna cantidad de dinero en aplicación de los artículos 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vigentes en el año de dos mil cinco. Cobros derivados de la escritura pública número 408,708 de uno de diciembre de dos mil cinco, del protocolo del Notario Público Número Nueve del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Previo al análisis de la existencia de los actos reclamados, se estima oportuno precisar que si bien el quejoso señaló como autoridades responsables al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y al Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, sin embargo, se observa que se trata de la misma autoridad, toda vez que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, cambió su denominación en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el veintiocho de septiembre de dos mil doce, a Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por lo que en adelante sólo se referirá a ésta última. TERCERO.- No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Hacienda y al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, ambos, del Estado de Morelos, toda vez que al rendir el informes justificado negaron la existencia del cobro en aplicación de los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, vigentes en el año de dos mil cinco, reclamado por el quejoso, aseverando que hicieron una búsqueda en sus archivos y no encontraron pago alguno en aplicación de las referidas normas reclamadas (fojas 106 a 115). Para justificar su negativa al informe adjuntaron copia certificada del oficio DGR/SDR/051290/2018-06, suscrito por la Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en el que hizo constar que hizo una búsqueda en los sistemas de esa Dirección y no encontró pago alguno, por lo que asentó que el quejoso no ha liquidado los derechos. Constancia que al haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones constituye una documental pública a la que se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al no acreditarse el acto reclamado al Secretario de Hacienda y al Subsecretario de Ingresos, ambos del Estado de Morelos consistente en el cobro de alguna cantidad en aplicación de los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, vigentes en el año de dos mil cinco, debe sobreseerse en el juicio, respecto a los actos que se les atribuye a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual forma, no son ciertos los actos reclamados al Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, toda vez que al rendir el informes justificado negaron la existencia del cobro de alguna cantidad de dinero en aplicación de los artículos 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vigentes en el año de dos mil cinco, reclamado por el quejoso respecto de las contribuciones municipales que reclama el quejoso (fojas 57 a 66, 68 a 77, 79 a 88 y 47 a 55, respectivamente) Para fundamentar su negativa, el Presidente Municipal y el Tesorero del Ayuntamiento anexaron a su informe justificado el oficio TM/DRIP/704/2018, suscrito por el Director de Recaudación del Impuesto Predial de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, en el que hizo constar que no existe pago realizado por concepto de impuesto de adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional respecto de la escritura pública 408,708 pasada ante la fe del notario público número nueve del Distrito Federal a nombre de María del Rocío Mayorga Barba (fojas 55 y 78) Constancia que al haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones constituye una documental pública a la que se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, al no acreditarse el acto reclamado al Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, consistente en el cobro de alguna cantidad en aplicación de los artículos 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vigentes en el año de dos mil cinco, debe sobreseerse en el juicio, respecto a los actos que se les atribuye a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, consistentes en la aprobación, expedición, refrendo, promulgación y publicación, respectivamente, en la esfera de su competencia, de los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, todos vigentes en el año de dos mil cinco, en virtud de que así lo admitieron al rendir sus informes justificados. Lo anterior está corroborado con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión a las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por los artículos 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO.- Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. Respecto a los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, consistentes en la aprobación, expedición, refrendo, promulgación y publicación, de los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos y los diversos 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, todos vigentes en el año de dos mil cinco, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." A efecto de explicar la actualización de la referida causal de improcedencia, se estima conveniente puntualizar que, cuando una norma se combate con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia de tal acto de aplicación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio que se ha citado está contenido en la Jurisprudencia 90, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60 del Tomo III, del Apéndice de 1995, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación". En ese orden de ideas debe precisarse que no se demostró el acto de aplicación de los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, ni de los diversos 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, todos vigentes en el año de dos mil cinco, por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Incluso de los oficios DGR/SDR/051290/2018-06, suscrito por la Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, y TM/DRIP/704/2018, suscrito por el Director de Recaudación del Impuesto Predial de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, se corroboró que en relación con la escritura 408,708, pasada ante la fe del Notario Público Número Nueve del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a nombre de la quejosa, se evidenció que no existe cobro alguno que se hubiese realizado a virtud de los actos jurídicos contenidos en dicha escritura. Por tanto, al no encontrarse acreditado el acto de aplicación de las normas impugnadas, debe sobreseerse respecto a dichas disposiciones legales, ya que resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través del acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, de su plena demostración. Orientan el criterio expresado, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación 199-204 Primera Parte, del rubro y texto siguiente: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACION, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." Así como la jurisprudencia 2a./J.71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Tomo: XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese orden de ideas, respecto a los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, todos vigentes en el año de dos mil cinco, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J.12/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 323, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Consecuentemente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que se refiere a las mencionadas normas impugnadas. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por MARÍA DEL ROCIO MAYORGA BARBA, por cuanto a los artículos 59 a 64, 77, fracciones II y IV y 78, fracciones I y II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, 119 a 125 y 94 bis al 94 bis 5, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, todos vigentes en el año de dos mil cinco, que se reclamaron al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos, así como respecto de los actos de aplicación consistentes en el cobro, que se reclamó del Secretario de Hacienda y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, ambos del Estado de Morelos y del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecisiete de agosto de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro que autoriza da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y las constancias que se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante los que designa. Por lo que respecta a la solicitud de las autoridades oficiantes en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para reproducir las constancias que obran en autos del presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se les autoriza a las autoridades responsables, la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. En relación con la presuncional e instrumental de actuaciones que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Adolfo Jiménez Gómez, que autoriza y da fe. AVMM

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