María del Rocío Cárdenas San Román
Expediente 1530/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1530/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María del Rocío Cárdenas San Román
- Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos Y de la Junta de Administración, Vigilancia Y Disciplina del Poder Judicial En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 326/2021-V, se advierte que no obra en autos proveído en el que se haya informado a las partes del cambio de Titular en este Órgano Jurisdiccional. En ese sentido, hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de IVAN GALVÁN DELGADO, autorizado para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, mediante el cual comunica que ya se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, por lo que solicita se tenga como autorizado en los términos que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo. En atención a lo solicitado y tomando en consideración que el promovente ya cuenta con el registro respectivo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios señalados por el artículo 12 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual comunica que autorizó el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 948/2020 de su índice. Una vez consultado el citado amparo relacionado, se provee lo siguiente: INCOMPETENCIA. Esta juzgadora considera que no es competente para conocer del presente asunto, del contenido de la demanda de amparo y anexo; lo anterior, por los motivos que más adelante se expondrá: Cabe precisar que en esta instancia constitucional 1530/2021-VI, la parte quejosa MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS SAN ROMÁN, señala como acto reclamado el siguiente: ".LA NEGATIVA DE PAGAR A LA SUSCRITA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, recaída por el decreto número 1321 (mil trescientos veintiuno, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" del Órgano de Gobierno del Estado de Morelos, mediante ejemplar número 5976, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno." A mayor abundamiento, el decreto número 1321 (mil trescientos veintiuno) publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" del Órgano de Gobierno del Estado de Morelos, mediante ejemplar número 5976, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, establece lo siguiente: "DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO POR EL CUAL SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA C. MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS SAN ROMÁN, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO: 948/2020. ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS SAN ROMÁN, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: auxiliar de analista adscrita al Juzgado Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos. ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores, toda vez que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil vigente en el estado de Morelos, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes. ARTÍCULO 3°.- El monto de la pensión se calculará tomando como base a su último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma con el salario, las percepciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. (.)" Lo resaltado es propio De lo antes trascrito, se advierte que la parte quejosa se duele del decreto 1321 (mil trescientos veintiuno), mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" del Órgano de Gobierno del Estado de Morelos, mediante ejemplar número 5976, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y en razón de que dicha determinación deriva de la ejecutoria de amparo 948/2020 radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, es necesario que dicho Juzgado sea quien lo solicite a dicha autoridad. JUICIO DE AMPARO 948/2020 Ahora bien, de la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 948/2020 del índice del Juzgado homólogo, se advierte que el veinte de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia determinando conceder el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "Se otorga el amparo a la quejosa María del Rocío Cárdenas San Román, para el efecto de que el Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, realice lo siguiente: ( Emita por escrito una respuesta de manera fundada, motivada y congruente a la petición realizada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, respecto a la solicitud de pensión por jubilación formulada por la quejosa; y, ." Precisado lo anterior, y dado que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que se concreta con la disposición contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece como obligación de todo Juez de Distrito, la siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material, no obstante, en el caso que nos ocupa, debemos atender no a la citada regla general sino a la especial, contenida en la Sección Octava, relativa al Sistema de Turno de Asuntos, específicamente en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiuno de mayo de dos mil quince y su reforma de catorce de marzo de dos mil dieciséis, que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Los citados dispositivos legales prevén lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. derogado. IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente; a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que, por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Énfasis añadido De la transcripción que antecede, se desprende que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, a partir de su entrada en vigor, (catorce de marzo de dos mil dieciséis) instauró nuevamente el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, conminando a los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común para que antes de que asignen asuntos de manera aleatoria, verifiquen si deben remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguna de las hipótesis siguientes: a) Que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado. b) Que se traten de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía. c) Que la demanda de amparo, recurso o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. d) Que las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria. Conforme a lo expuesto, se estima que el presente juicio de amparo indirecto encuadra en el último supuesto previsto, ya que la parte quejosa en el presente juicio de amparo, en esencia se duele de las autoridades responsables, del decreto 1321 (mil trescientos veintiuno), mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" del Órgano de Gobierno del Estado de Morelos, mediante ejemplar número 5976, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y en razón de que dicha determinación deriva de la ejecutoria de amparo 948/2020 radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. Acto reclamado que a criterio de quien emite el presente auto se advierte que guarda estrecha relación con el cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo 948/2020 del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ya que fue por ejecutoria pronunciada en dicho juicio que se emitiera el decreto 1321 (mil trescientos veintiuno) en el cual se le concedió a la impetrante pensión por jubilación tomando como base su último salario de cotización. En ese orden, es menester precisar que el espíritu del conocimiento previo sigue presente en el actual acuerdo sólo que bajo un aspecto más amplio, en la medida que ya no exige propiamente el aprovechamiento del estudio de fondo y por tanto el conocimiento de los hechos y temas jurídicos involucrados, sino que basta, en descanso del principio de seguridad jurídica para los justiciables, en la hipótesis que ocupa, que el acto reclamado en el amparo más reciente esté vinculado con el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, como lo refiere la fracción V, del artículo 46 del referido Acuerdo General, como acontece en el caso, puesto que los actos que se reclaman guardan estrecha vinculación con los efectos de la ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos en el expediente 948/2020. De lo que se deduce que el citado órgano jurisdiccional ya tuvo conocimiento previo en el asunto antes señalado, por lo que existe un conocimiento previo de hechos y antecedentes comunes de los citados actos reclamados, de ahí que el órgano jurisdiccional referido en el amparo 948/2020 debe pronunciarse si el acto combatido acata la ejecutoria de amparo que dictó; de tal manera que es quien debe conocer de la presente demanda, en la que se reclamen los actos que se emitirán en acatamiento a lo resuelto en dicho juicio, ya que así se evita el dictado de sentencias contradictorias. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 194/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia Común, cuyo rubro establece lo siguiente "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES." Al respecto, cobra aplicación la Tesis (V Región) 3o.2K de la Décima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III Pág. 2181, registro 2009758 de rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA" En tales circunstancias, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver la demanda y estima que el Juzgado competente para conocer de la demanda de amparo, debe ser aquél que previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo; es decir, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, por tanto ordena enviar el presente expediente al Juez Federal citado, a quien la ley reserva su conocimiento respecto de los demás juzgadores, a fin de que determine si debe o no resolver de la demanda de amparo que originó el presente juicio y que como se dijo, versa sobre actos relativo al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el expediente 948/2020 del índice de aquél Juez, toda vez que los actos reclamados que se destacan en el presente juicio derivan del cumplimiento al fallo protector. Háganse las anotaciones en el sistema integral de seguimiento de expediente (SISE) y con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese cuadernillo de antecedentes y remítase el presente juicio de amparo al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos legales conducentes, solicitando de la manera más atenta acuse de recibo, así como la comunicación de la aceptación o no de la competencia planteada a su favor. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1530/2021-VI y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS SAN ROMÁN, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades, de quienes reclama lo siguiente: ".LA NEGATIVA DE PAGAR A LA SUSCRITA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, recaída por el decreto número 1321 (mil trescientos veintiuno, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" del Órgano de Gobierno del Estado de Morelos, mediante ejemplar número 5976, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno." Asimismo, en observancia a la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, con registro 191452, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.", es un hecho notorio para este juzgado el decreto número 1321 (mil trescientos veintiuno) publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" del Órgano de Gobierno del Estado de Morelos, mediante ejemplar número 5976, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, del que se advierte lo siguiente: "DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO POR EL CUAL SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA C. MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS SAN ROMÁN, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO: 948/2020. ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS SAN ROMÁN, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: auxiliar de analista adscrita al Juzgado Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos. ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores, toda vez que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil vigente en el estado de Morelos, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes. ARTÍCULO 3°.- El monto de la pensión se calculará tomando como base a su último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma con el salario, las percepciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. (.)" II.- CERTEZA DEL ACTO. Las autoridades responsables al rendir su informe previo, aceptaron el acto reclamado. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En ese sentido, se advierte el derecho que la quejosa tiene adquirido para solicitar la suspensión en contra de la negativa de pago de la pensión por jubilación que le fue concedida. Tomando en consideración lo anterior y, que la suspensión es una medida cautelar o conservativa de una situación ya existente, que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado, porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. Igualmente debe decirse, que el preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos de la promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos. Ahora, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran estos requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, tenemos que una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que éste no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Luego, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a), de rubro "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD." y en la tesis de jurisprudencia 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". El artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgado la facultad para negar la suspensión del acto reclamado cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La Ley de Amparo también prevé en su artículo 138 fracción I, que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; así, tenemos que el juez de Distrito indefectiblemente debe dilucidar si la suspensión del acto reclamado afecta o no el interés social. En el caso concreto, quien resuelve estima que otorgar la suspensión no afectaría el interés social ni contravendría disposiciones de orden público, pues sólo tendría por efecto preservar una situación jurídica existente, es decir, un derecho social obtenido por el ahora quejoso, derivado de la relación laboral que prevaleció ante esta y las autoridades que se traduce a la pensión por jubilación aprobada mediante decreto publicado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 5976, por el que se le tuvo como pensionada del Poder Judicial del Estado de Morelos al 100% del último salario de la ahora quejosa, por lo que la suspensión otorgada no constituye derecho alguno pues éste fue obtenido mediante el multicitado decreto, ni reporta una desventaja o trastorno para la sociedad, sino que se atendiendo además a la subsistencia de la pensionada -aquí quejosa-. Así, atendiendo a la naturaleza de la suspensión como medida conservativa de una situación existente, con fundamento en los artículos 128, 138 fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva en estos términos: Para que se pague a la quejosa MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS SAN ROMÁN, pensión por jubilación en los términos fijados en el decreto 1321 (mil trescientos veintiuno) publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" mediante ejemplar número 5976, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por el que se le tuvo como pensionada del Poder Judicial del Estado de Morelos al 100% del último salario de la ahora quejosa. La situación jurídica que crea esta suspensión debe prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo 1530/2021-VI. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada I.12o.C.6 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1623, de la Décima Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2017473, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL OCASIONE." Comuníquese a las autoridades responsables que conforme al artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 238 de la Ley de Amparo, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. GARANTÍA. Sin que haya lugar a fijar garantía, toda vez que con la concesión de la suspensión no se ocasionan daños y perjuicios al patrimonio de terceros interesados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS SAN ROMÁN, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
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