María del Rosario Almazán León

Expediente 70/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
70/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • María del Rosario Almazán León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 70/2019-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I al VII; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 70/2019-I, promovido por MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda y admisión. Mediante escrito recibido el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, por su propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y actuaria de su adscripción, que hizo consistir en la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en el incidente de liquidación en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por proveído de diecisiete de enero dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitando a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a la tercero interesada, lo que se realizó el veintitrés de enero pasado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver los presentes juicios de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Certeza del acto. Al rendir su informe justificado la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Prime Distrito Judicial del Estado de Morelos, expresó que es cierto el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017; mientras que la actuaria adscrita se adhirió al informe de la juzgadora. Lo anterior que se corrobora con las copias certificadas de la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017, sobre divorcio incausado, promovido por María del Rosario Almazán León, en contra del aquí quejoso Robert Stephan Xaver Knestel, que fueron remitidas como complemento a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las que se desprende ciertamente el acto combatido. TERCERO. Estudio de fondo. Al no haberse hecho valer por las partes causales de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Juzgador, se procede al análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Se estima necesario señalar los antecedentes de la resolución reclamada: I. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017, promovido por MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, la entonces Juez Quinto Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, fijó como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Sarah María y David Stephan de apellidos Knestel Alamazán la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales a cargo del demandado Robert Stephan Xaver Knestel, la cual debía ser depositada dentro de los primeros cinco días de cada mes en la cuenta 044180605301701474, de la Institución Bancaria Santander a nombre de la actora representante de los acreedores alimentarios, y se apercibió al demandado que en caso de no hacerlo, "se hará deudor responsable de doble pago sin perjuicio de las demás responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir". II. Por sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017, la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, declaró procedente la solicitud de divorcio incausado, declaró disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN y Robert Stephan Xaver Knestel, asimismo, en el octavo resolutivo determinó que ante la falta de acuerdo de las partes, en términos del artículo 551 octies del Código Procesal Familiar, se dejaban a salvo los derechos de las partes para que de considerarlo pertinente ejerciten las acciones correspondientes respecto de la guarda, custodia, convivencias, alimentos y demás prestaciones inherentes a las disolución del vínculo matrimonial antes decretado de manera definitiva, ordenando desde ese momento la apertura de los incidentes correspondientes. Dicha resolución causó ejecutoria por ministerio de ley al ser irrecurrible. III. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, promovió incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales en contra de Robert Stephan Xaver Knestel, reclamando las siguientes pretensiones: a) El pago por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de pensión alimenticia no pagada por el deudor alimentario correspondiente a los meses de junio a octubre de dos mil diecisiete. b) El pago por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de doble pago sancionado en contra del deudor alimentario, tal y como fue ordenado en auto de admisión de demanda y medida provisional. IV. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la Juez responsable, admitió a trámite el incidente planteado. V. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el demandado Robert Stephan Xaver Knestel, desahogó la vista otorgada con la demanda incidental en el que básicamente argumentó: 1. Que la cantidad es agobiante ya que no se tomó en consideración los gastos e ingresos con los que cuenta posterior a la separación con la actora incidentista. 2. Derivado de la separación renta una casa por $4,300.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 3. Que anteriormente percibía la cantidad $3,250.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por la renta de una casa habitación; sin embargo, la actora incidentista es quien percibe el pago de dicho alquiler, por lo cual disminuyó su ingreso. 4. Que cubre las colegiaturas de sus menores hijos. 5. La actora obtiene un salario lo cual debe ser tomado en cuenta. 6. Nunca ha laborado ni percibe salario con la empresa CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 7. No existe, ni obra en autos documento alguno que sustente la cantidad determinada y reclamada como alimentos. VI. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad judicial responsable tuvo por contestada la vista otorgada al demandado y continuó con la substanciación del incidente, desahogándose las pruebas ofrecidas por las partes y el dos de julio de dos mil dieciocho, se dictó la resolución definitiva incidental. VII. Contra dicha resolución la actora incidentista promovió juicio de amparo, que correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito, en el juicio de amparo 1175/2018-IV, en el cual, en sentencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se negó la protección constitucional (respecto a la prestación del pago de pensiones alimenticias) y amparó a la quejosa (respecto de la prestación de pago doble), para los efectos de que la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, una vez que causara ejecutoria la sentencia realizara lo siguiente: a) Dejara sin efecto la resolución de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales derivado del expediente 544/2016 y su acumulado 3/2017-3, y b) Emitiera una nueva resolución dejando intocado, lo que no es materia de la concesión del amparo y con libertad de jurisdicción se pronunciara sobre la prestación demandada por la actora relativa al "pago por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de doble pago sancionado en contra del deudor alimentario, tal y como fue ordenado en auto de admisión de demanda y medida provisional". VIII. Una vez que causó ejecutoria la sentencia de amparo, en cumplimiento a lo anterior, la juez responsable dictó la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisados los antecedentes del acto reclamado, procede sintetizar los conceptos de violación de la parte quejosa, quien esencialmente alega que: a) El acto reclamado es violatorio de las garantías de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que no funda, motiva ni justifica la negativa a la condena de la prestación de doble pago por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), ya que fue ordenada en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. b) Que al ser claras las consecuencias del incumplimiento del apercibimiento contenido en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, solicitó en su planilla de liquidación tanto el pago de la pensión alimenticia como el pago doble como sanción correctiva, planilla que fue motivada por el deudor alimentario al no atender el citado apercibimiento desde hace dos años aproximadamente, por lo que el deudor se encuentra sujeto a la sanción impuesta por la propia autoridad. c) Que la autoridad omitió atender el apercibimiento dictado en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis consistente en la responsabilidad a un doble pago por parte del deudor alimentario, pero solamente debió considerar el monto de la condena relacionada con la primera pretensión que es el pago de pensión alimenticia por $30,036.00 (treinta mil treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) como pago por la primera pretensión (pensión alimenticia), por ello, debió condenar al demandado incidental al pago por una cantidad igual, atendiendo a la segunda pretensión (doble pago) y no a lo total de lo pretendido que fue de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), ya que de hacerlo se estaría generando una fuente de lucro, como bien lo señaló la juez responsable, por ello, el apercibimiento no debe verse como un medio de castigo sino un medio para hacer cumplir las determinaciones impuestas por el juzgador, y con ello se presume que el deudor se encontraría obligado a evitar que se genere una sanción económica derivada de la desatención alimentaria. Como ya se dijo, son infundados dichos conceptos de violación, los que se estudiarán de forma conjunta por su estrecha vinculación. Cabe precisar que respecto al concepto de pago de pensión alimenticia reclamada al deudor alimentario correspondiente a los meses de junio a octubre de dos mil diecisiete que también fue materia del acto reclamado, no será tema de análisis en esta sentencia, ya que además de que no son motivo de agravio en el presente juicio, también es cosa juzgada conforme a lo resuelto en el diverso juicio de amparo 1175/2018-IV y su acumulado 1196/2018-IV. Ahora bien, la autoridad responsable al declarar improcedente la segunda prestación de la actora incidentista consistente en el pago de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de doble pago como sanción al deudor, se lo sustentó en lo siguiente: Que la institución de los alimentos implicaba un deber recíproco que tienen determinadas personas de proporcionar a otras igualmente determinadas, los elementos que permitan su subsistencia como: Casa, vestido, comida, asistencia médica en casos de enfermedad, además de los necesarios para sufragar su educación. Que las normas relativas a alimentos son de orden público e interés social, porque a la sociedad le interesa la subsistencia de los miembros del grupo familiar, de ahí que los alimentos constituyen un derecho a recibirlos con la correlativa obligación de proporcionarlos. Que el derecho a los alimentos es irrenunciable, intransferible e inembargable, lo que denota la importancia en el derecho de familia y cuyo fundamento esencial es el derecho a la vida. Con base en lo anterior, si bien es cierto que en auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad Sarah María y David Stephan de apellidos Knestel Almazán, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, a cargo de ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, con el apercibimiento que de no hacerlo el deudor se haría responsable de doble pago; no menos verdad era que la pretensión era improcedente porque tratándose de alimentos, solamente es procedente condenar al pago de la suma de dinero que resulte suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los acreedores, conforme al principio de que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades de quien deba darlos y las necesidades de quien deba recibirlos. Que los deudores no estaban obligados al doble pago del importe de esas necesidades, habida cuenta que el único objeto de pagar alimentos a una persona consiste en satisfacer sus necesidades comprendidas en este concepto, como son la habitación, el vestido, la recreación adecuada conforme a la edad y circunstancias, servicios domésticos, transportes, entre otros, y estas necesidades son únicas y no se duplican por el hecho de que el deudor se encuentre inmerso en varias hipótesis legales que lo obligan a su pago. Por ello, aunque por una de las causas que la originan, la condena se considere como sanción, la imposición de doble pago a favor de una persona desnaturalizaría y pervertiría a la institución jurídica para convertirla en una fuente de lucro para el acreedor y, en un castigo para el deudor, lo que es totalmente ajeno a las finalidades y por ello, resulta jurídicamente inadmisible la pretensión reclamada. Como apoyo a su determinación citó la tesis aislada I.4o.C.164 C, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, materia civil, página 1175, del rubro: "ALIMENTOS. ES INDEBIDA LA DOBLE CONDENA A FAVOR DE UNA PERSONA." De las anteriores consideraciones expuestas por la autoridad responsable deriva lo infundado de los conceptos de violación, en virtud de que el acto reclamado, sí se encuentra fundado y motivado, debido a que la responsable expuso los argumentos que consideró para declarar improcedente la prestación de doble pago por la cantidad $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), e incluso lo apoyó con la tesis aislada que transcribió en el acto reclamado; existiendo adecuación entre los motivos expuestos y las razones que explicó, incluso, con sustento en los criterios jurisprudenciales que invocó. Asimismo, este juzgador estima jurídicamente correcta tal determinación, por los siguientes motivos: Es preciso exponer de manera sintética los aspectos generales de la obligación alimentaria, sobre todo por lo que se refiere a su contenido y a las particularidades que entraña en el caso de que la deuda alimenticia se configure de los ascendientes para con los descendientes, para tal efecto, se toman en consideración la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, materia civil, página 265, del rubro: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS." En primer lugar, de la interpretación conforme de lo dispuesto por los artículos 4o. de la Constitución Federal y 34, 35 y 43 del Código Familiar para el Estado de Morelos, la institución de los alimentos implica el deber recíproco que tienen determinadas personas, de proporcionar a otras igualmente determinadas, los elementos que permitan su subsistencia, tales como: casa, vestido, comida, asistencia médica en casos de enfermedad y, tratándose de menores, además, lo necesario para sufragar su educación e instrucción. Las normas que regulan a dicha institución son consideradas de orden público e interés social, porque a la sociedad le interesa la subsistencia de los miembros del grupo familiar, de ahí que los alimentos constituyen un derecho a recibirlos con la correlativa obligación de proporcionarlos. El derecho de alimentos tiene origen en el deber de solidaridad que existe entre familiares, razón por la cual dicha obligación suele derivarse del parentesco. En virtud del derecho de alimentos una persona puede exigirle a otra el suministro de los bienes necesarios para su subsistencia que la misma no puede proveerse por cuenta propia; de tal manera que puede afirmarse que la obligación alimentaria es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra. Sin menoscabo de lo ya señalado, es claro que el contenido último de la obligación alimentaria es económico pues se traduce en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal: aunque patrimonial es el objeto de la prestación, la obligación se encuentra conexionada con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. En otras palabras, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Es importante recordar que la obligación alimentaria puede consistir en una obligación de dar o de hacer, ya que se cumple mediante la asignación de una pensión o la realización de actividades determinadas con la finalidad de proporcionar una vida digna al acreedor alimentista; de ahí que el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos del acreedor alimentista. Así, el derecho a recibir los alimentos es irrenunciable, intransferible e inembargable, lo que denota la importancia de dicha institución del derecho de familia, cuyo fundamento esencial es el derecho a la vida; por ello, la cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose como un derecho humano, que si bien es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional, involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4º constitucional y en las disposiciones legales locales en estudio. De todo lo anterior, se aprecia que el derecho humano a los alimentos, contiene el principio de proporcionalidad conforme a las posibilidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos, cuyo objeto permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera, mediante la satisfacción de los requerimientos básicos de casa, vestido, comida, asistencia médica, entre otros y, tratándose de menores, además, de educación e instrucción al acreedor alimentista. Asimismo, tratándose de pensiones alimenticias, su objeto está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos, en el cual no se encuentra inmerso el doble pago del importe de esas necesidades, debido a que la finalidad de pagar alimentos a una persona, consiste en satisfacer sus necesidades comprendidas básicas pero no el de generar un lucro, como acertadamente lo determinó la juez responsable. De ahí que la circunstancia de que en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se haya señalado como apercibimiento al deudor alimentario que en caso de incumplir con las pensiones alimenticias se haría responsable del "doble pago", no puede ser vinculatorio al momento de resolver el incidente de liquidación de pensiones alimenticias, en primer lugar, porque de hacerlo, el incumplimiento de la obligación de la pensión tendría un aspecto sancionador, el cual, no es la finalidad de los alimentos; en segundo término, porque el citado apercibimiento no se sustentó en algún precepto legal que permitiera actuar de esa manera al juez. En efecto, la imposición de doble pago a favor de una persona, no solamente desnaturalizaría sino que pervertiría a la institución jurídica de los alimentos, para convertirla en una fuente de lucro para el acreedor, incluso, de hacerlo así, se pudiera caer en el exceso de solicitar el pago de intereses de los alimentos adeudados o no pagados, lo que no está permitido por la ley y, en todo caso, sería totalmente ajeno a las finalidades de la institución jurídica de los alimentos. Por otra parte, el apercibimiento de un "doble pago", no se encuentra en algún precepto legal ni del Código Familiar del Estado ni de la legislación adjetiva familiar, esto es, que en caso de que el deudor alimentario incumpla con su obligación de pagar los alimentos decretados como medida provisional en una controversia familiar de divorcio incausado, tenga como consecuencia que se duplique la deuda de la pensión; razón por la cual, si dicho apercibimiento no encuentra sustento en dispositivo jurídico alguno, la juez responsable no tiene base legal alguna en decretar procedente dicha prestación de un pago doble por parte del deudor alimentario en la incidencia de que se trata; se insiste, al margen que así se haya establecido en el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Aún más porque en el particular no se está ejercitando pretensión alguna que haya sido declarada procedente en sentencia y que por ende, requiera ser materia de ejecución y precisión vía incidente, sino solo el pago de las pensiones que en su momento fueron establecidas y no objetadas por las partes, constituyendo únicamente el derecho a reclamarse en la vía incidental indicada en términos del ordinal 551 octies del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, al no haberse convenido al respecto; destacando incluso, que en relación con el indicado pago doble no fue materia de controversia en el juicio, lo que no significa que deba ser considerado ante su falta de impugnación, pues como se indicó, resulta contrario a la institución de alimentos. Como consecuencia de todo lo anterior, tampoco asiste razón a la quejosa de que se debió condenar al demandado incidentista al pago de $30,036.00 (treinta mil treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) como condena de doble pago, al haberse declarado procedente igual cantidad por la liquidación de la prestación del pago de pensión alimenticia, pues si el pago doble no tiene ni sustento jurídico, como consecuencia ello ninguna cantidad por ese concepto puede resultar procedente; de ahí que resulta infundado el concepto de violación invocado al respecto. Apoya a la anterior determinación la tesis P.CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 191358, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materias Constitucional y Común, página 143 del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS." De igual manera, la anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.C. J/1, de la novena época, con número de registro 203518, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, materia Civil, página: 134 del rubro: "FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN." Consecuentemente, toda vez que los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, resultaron infundados no existiendo queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitada. La anterior negativa se hace extensiva por cuanto a los actos de ejecución que se reclaman a la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dado que no se combatieron por vicios propios. Sirve al anterior criterio la jurisprudencia 105, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, del Tomo VI, Parte SCJN Apéndice de 1995, del rubro siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." Por lo anteriormente fundado y motivado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, respecto del acto y autoridades precisadas en el considerando segundo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Francisco René Marmolejo Vázquez, secretario con quien actúa y da fe, hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito. DOY FE.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 70/2019-I, promovido por MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda y admisión. Mediante escrito recibido el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, por su propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y actuaria de su adscripción, que hizo consistir en la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en el incidente de liquidación en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por proveído de diecisiete de enero dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitando a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a la tercero interesada, lo que se realizó el veintitrés de enero pasado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver los presentes juicios de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Certeza del acto. Al rendir su informe justificado la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Prime Distrito Judicial del Estado de Morelos, expresó que es cierto el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017; mientras que la actuaria adscrita se adhirió al informe de la juzgadora. Lo anterior que se corrobora con las copias certificadas de la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017, sobre divorcio incausado, promovido por María del Rosario Almazán León, en contra del aquí quejoso Robert Stephan Xaver Knestel, que fueron remitidas como complemento a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las que se desprende ciertamente el acto combatido. TERCERO. Estudio de fondo. Al no haberse hecho valer por las partes causales de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Juzgador, se procede al análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Se estima necesario señalar los antecedentes de la resolución reclamada: I. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017, promovido por MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, la entonces Juez Quinto Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, fijó como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Sarah María y David Stephan de apellidos Knestel Alamazán la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales a cargo del demandado Robert Stephan Xaver Knestel, la cual debía ser depositada dentro de los primeros cinco días de cada mes en la cuenta 044180605301701474, de la Institución Bancaria Santander a nombre de la actora representante de los acreedores alimentarios, y se apercibió al demandado que en caso de no hacerlo, "se hará deudor responsable de doble pago sin perjuicio de las demás responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir". II. Por sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017, la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, declaró procedente la solicitud de divorcio incausado, declaró disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN y Robert Stephan Xaver Knestel, asimismo, en el octavo resolutivo determinó que ante la falta de acuerdo de las partes, en términos del artículo 551 octies del Código Procesal Familiar, se dejaban a salvo los derechos de las partes para que de considerarlo pertinente ejerciten las acciones correspondientes respecto de la guarda, custodia, convivencias, alimentos y demás prestaciones inherentes a las disolución del vínculo matrimonial antes decretado de manera definitiva, ordenando desde ese momento la apertura de los incidentes correspondientes. Dicha resolución causó ejecutoria por ministerio de ley al ser irrecurrible. III. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, promovió incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales en contra de Robert Stephan Xaver Knestel, reclamando las siguientes pretensiones: a) El pago por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de pensión alimenticia no pagada por el deudor alimentario correspondiente a los meses de junio a octubre de dos mil diecisiete. b) El pago por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de doble pago sancionado en contra del deudor alimentario, tal y como fue ordenado en auto de admisión de demanda y medida provisional. IV. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la Juez responsable, admitió a trámite el incidente planteado. V. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el demandado Robert Stephan Xaver Knestel, desahogó la vista otorgada con la demanda incidental en el que básicamente argumentó: 1. Que la cantidad es agobiante ya que no se tomó en consideración los gastos e ingresos con los que cuenta posterior a la separación con la actora incidentista. 2. Derivado de la separación renta una casa por $4,300.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 3. Que anteriormente percibía la cantidad $3,250.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por la renta de una casa habitación; sin embargo, la actora incidentista es quien percibe el pago de dicho alquiler, por lo cual disminuyó su ingreso. 4. Que cubre las colegiaturas de sus menores hijos. 5. La actora obtiene un salario lo cual debe ser tomado en cuenta. 6. Nunca ha laborado ni percibe salario con la empresa CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 7. No existe, ni obra en autos documento alguno que sustente la cantidad determinada y reclamada como alimentos. VI. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad judicial responsable tuvo por contestada la vista otorgada al demandado y continuó con la substanciación del incidente, desahogándose las pruebas ofrecidas por las partes y el dos de julio de dos mil dieciocho, se dictó la resolución definitiva incidental. VII. Contra dicha resolución la actora incidentista promovió juicio de amparo, que correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito, en el juicio de amparo 1175/2018-IV, en el cual, en sentencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se negó la protección constitucional (respecto a la prestación del pago de pensiones alimenticias) y amparó a la quejosa (respecto de la prestación de pago doble), para los efectos de que la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, una vez que causara ejecutoria la sentencia realizara lo siguiente: a) Dejara sin efecto la resolución de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales derivado del expediente 544/2016 y su acumulado 3/2017-3, y b) Emitiera una nueva resolución dejando intocado, lo que no es materia de la concesión del amparo y con libertad de jurisdicción se pronunciara sobre la prestación demandada por la actora relativa al "pago por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de doble pago sancionado en contra del deudor alimentario, tal y como fue ordenado en auto de admisión de demanda y medida provisional". VIII. Una vez que causó ejecutoria la sentencia de amparo, en cumplimiento a lo anterior, la juez responsable dictó la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisados los antecedentes del acto reclamado, procede sintetizar los conceptos de violación de la parte quejosa, quien esencialmente alega que: a) El acto reclamado es violatorio de las garantías de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que no funda, motiva ni justifica la negativa a la condena de la prestación de doble pago por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), ya que fue ordenada en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. b) Que al ser claras las consecuencias del incumplimiento del apercibimiento contenido en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, solicitó en su planilla de liquidación tanto el pago de la pensión alimenticia como el pago doble como sanción correctiva, planilla que fue motivada por el deudor alimentario al no atender el citado apercibimiento desde hace dos años aproximadamente, por lo que el deudor se encuentra sujeto a la sanción impuesta por la propia autoridad. c) Que la autoridad omitió atender el apercibimiento dictado en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis consistente en la responsabilidad a un doble pago por parte del deudor alimentario, pero solamente debió considerar el monto de la condena relacionada con la primera pretensión que es el pago de pensión alimenticia por $30,036.00 (treinta mil treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) como pago por la primera pretensión (pensión alimenticia), por ello, debió condenar al demandado incidental al pago por una cantidad igual, atendiendo a la segunda pretensión (doble pago) y no a lo total de lo pretendido que fue de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), ya que de hacerlo se estaría generando una fuente de lucro, como bien lo señaló la juez responsable, por ello, el apercibimiento no debe verse como un medio de castigo sino un medio para hacer cumplir las determinaciones impuestas por el juzgador, y con ello se presume que el deudor se encontraría obligado a evitar que se genere una sanción económica derivada de la desatención alimentaria. Como ya se dijo, son infundados dichos conceptos de violación, los que se estudiarán de forma conjunta por su estrecha vinculación. Cabe precisar que respecto al concepto de pago de pensión alimenticia reclamada al deudor alimentario correspondiente a los meses de junio a octubre de dos mil diecisiete que también fue materia del acto reclamado, no será tema de análisis en esta sentencia, ya que además de que no son motivo de agravio en el presente juicio, también es cosa juzgada conforme a lo resuelto en el diverso juicio de amparo 1175/2018-IV y su acumulado 1196/2018-IV. Ahora bien, la autoridad responsable al declarar improcedente la segunda prestación de la actora incidentista consistente en el pago de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de doble pago como sanción al deudor, se lo sustentó en lo siguiente: Que la institución de los alimentos implicaba un deber recíproco que tienen determinadas personas de proporcionar a otras igualmente determinadas, los elementos que permitan su subsistencia como: Casa, vestido, comida, asistencia médica en casos de enfermedad, además de los necesarios para sufragar su educación. Que las normas relativas a alimentos son de orden público e interés social, porque a la sociedad le interesa la subsistencia de los miembros del grupo familiar, de ahí que los alimentos constituyen un derecho a recibirlos con la correlativa obligación de proporcionarlos. Que el derecho a los alimentos es irrenunciable, intransferible e inembargable, lo que denota la importancia en el derecho de familia y cuyo fundamento esencial es el derecho a la vida. Con base en lo anterior, si bien es cierto que en auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad Sarah María y David Stephan de apellidos Knestel Almazán, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, a cargo de ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, con el apercibimiento que de no hacerlo el deudor se haría responsable de doble pago; no menos verdad era que la pretensión era improcedente porque tratándose de alimentos, solamente es procedente condenar al pago de la suma de dinero que resulte suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los acreedores, conforme al principio de que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades de quien deba darlos y las necesidades de quien deba recibirlos. Que los deudores no estaban obligados al doble pago del importe de esas necesidades, habida cuenta que el único objeto de pagar alimentos a una persona consiste en satisfacer sus necesidades comprendidas en este concepto, como son la habitación, el vestido, la recreación adecuada conforme a la edad y circunstancias, servicios domésticos, transportes, entre otros, y estas necesidades son únicas y no se duplican por el hecho de que el deudor se encuentre inmerso en varias hipótesis legales que lo obligan a su pago. Por ello, aunque por una de las causas que la originan, la condena se considere como sanción, la imposición de doble pago a favor de una persona desnaturalizaría y pervertiría a la institución jurídica para convertirla en una fuente de lucro para el acreedor y, en un castigo para el deudor, lo que es totalmente ajeno a las finalidades y por ello, resulta jurídicamente inadmisible la pretensión reclamada. Como apoyo a su determinación citó la tesis aislada I.4o.C.164 C, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, materia civil, página 1175, del rubro: "ALIMENTOS. ES INDEBIDA LA DOBLE CONDENA A FAVOR DE UNA PERSONA." De las anteriores consideraciones expuestas por la autoridad responsable deriva lo infundado de los conceptos de violación, en virtud de que el acto reclamado, sí se encuentra fundado y motivado, debido a que la responsable expuso los argumentos que consideró para declarar improcedente la prestación de doble pago por la cantidad $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), e incluso lo apoyó con la tesis aislada que transcribió en el acto reclamado; existiendo adecuación entre los motivos expuestos y las razones que explicó, incluso, con sustento en los criterios jurisprudenciales que invocó. Asimismo, este juzgador estima jurídicamente correcta tal determinación, por los siguientes motivos: Es preciso exponer de manera sintética los aspectos generales de la obligación alimentaria, sobre todo por lo que se refiere a su contenido y a las particularidades que entraña en el caso de que la deuda alimenticia se configure de los ascendientes para con los descendientes, para tal efecto, se toman en consideración la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, materia civil, página 265, del rubro: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS." En primer lugar, de la interpretación conforme de lo dispuesto por los artículos 4o. de la Constitución Federal y 34, 35 y 43 del Código Familiar para el Estado de Morelos, la institución de los alimentos implica el deber recíproco que tienen determinadas personas, de proporcionar a otras igualmente determinadas, los elementos que permitan su subsistencia, tales como: casa, vestido, comida, asistencia médica en casos de enfermedad y, tratándose de menores, además, lo necesario para sufragar su educación e instrucción. Las normas que regulan a dicha institución son consideradas de orden público e interés social, porque a la sociedad le interesa la subsistencia de los miembros del grupo familiar, de ahí que los alimentos constituyen un derecho a recibirlos con la correlativa obligación de proporcionarlos. El derecho de alimentos tiene origen en el deber de solidaridad que existe entre familiares, razón por la cual dicha obligación suele derivarse del parentesco. En virtud del derecho de alimentos una persona puede exigirle a otra el suministro de los bienes necesarios para su subsistencia que la misma no puede proveerse por cuenta propia; de tal manera que puede afirmarse que la obligación alimentaria es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra. Sin menoscabo de lo ya señalado, es claro que el contenido último de la obligación alimentaria es económico pues se traduce en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal: aunque patrimonial es el objeto de la prestación, la obligación se encuentra conexionada con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. En otras palabras, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Es importante recordar que la obligación alimentaria puede consistir en una obligación de dar o de hacer, ya que se cumple mediante la asignación de una pensión o la realización de actividades determinadas con la finalidad de proporcionar una vida digna al acreedor alimentista; de ahí que el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos del acreedor alimentista. Así, el derecho a recibir los alimentos es irrenunciable, intransferible e inembargable, lo que denota la importancia de dicha institución del derecho de familia, cuyo fundamento esencial es el derecho a la vida; por ello, la cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose como un derecho humano, que si bien es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional, involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4º constitucional y en las disposiciones legales locales en estudio. De todo lo anterior, se aprecia que el derecho humano a los alimentos, contiene el principio de proporcionalidad conforme a las posibilidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos, cuyo objeto permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera, mediante la satisfacción de los requerimientos básicos de casa, vestido, comida, asistencia médica, entre otros y, tratándose de menores, además, de educación e instrucción al acreedor alimentista. Asimismo, tratándose de pensiones alimenticias, su objeto está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos, en el cual no se encuentra inmerso el doble pago del importe de esas necesidades, debido a que la finalidad de pagar alimentos a una persona, consiste en satisfacer sus necesidades comprendidas básicas pero no el de generar un lucro, como acertadamente lo determinó la juez responsable. De ahí que la circunstancia de que en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se haya señalado como apercibimiento al deudor alimentario que en caso de incumplir con las pensiones alimenticias se haría responsable del "doble pago", no puede ser vinculatorio al momento de resolver el incidente de liquidación de pensiones alimenticias, en primer lugar, porque de hacerlo, el incumplimiento de la obligación de la pensión tendría un aspecto sancionador, el cual, no es la finalidad de los alimentos; en segundo término, porque el citado apercibimiento no se sustentó en algún precepto legal que permitiera actuar de esa manera al juez. En efecto, la imposición de doble pago a favor de una persona, no solamente desnaturalizaría sino que pervertiría a la institución jurídica de los alimentos, para convertirla en una fuente de lucro para el acreedor, incluso, de hacerlo así, se pudiera caer en el exceso de solicitar el pago de intereses de los alimentos adeudados o no pagados, lo que no está permitido por la ley y, en todo caso, sería totalmente ajeno a las finalidades de la institución jurídica de los alimentos. Por otra parte, el apercibimiento de un "doble pago", no se encuentra en algún precepto legal ni del Código Familiar del Estado ni de la legislación adjetiva familiar, esto es, que en caso de que el deudor alimentario incumpla con su obligación de pagar los alimentos decretados como medida provisional en una controversia familiar de divorcio incausado, tenga como consecuencia que se duplique la deuda de la pensión; razón por la cual, si dicho apercibimiento no encuentra sustento en dispositivo jurídico alguno, la juez responsable no tiene base legal alguna en decretar procedente dicha prestación de un pago doble por parte del deudor alimentario en la incidencia de que se trata; se insiste, al margen que así se haya establecido en el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Aún más porque en el particular no se está ejercitando pretensión alguna que haya sido declarada procedente en sentencia y que por ende, requiera ser materia de ejecución y precisión vía incidente, sino solo el pago de las pensiones que en su momento fueron establecidas y no objetadas por las partes, constituyendo únicamente el derecho a reclamarse en la vía incidental indicada en términos del ordinal 551 octies del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, al no haberse convenido al respecto; destacando incluso, que en relación con el indicado pago doble no fue materia de controversia en el juicio, lo que no significa que deba ser considerado ante su falta de impugnación, pues como se indicó, resulta contrario a la institución de alimentos. Como consecuencia de todo lo anterior, tampoco asiste razón a la quejosa de que se debió condenar al demandado incidentista al pago de $30,036.00 (treinta mil treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) como condena de doble pago, al haberse declarado procedente igual cantidad por la liquidación de la prestación del pago de pensión alimenticia, pues si el pago doble no tiene ni sustento jurídico, como consecuencia ello ninguna cantidad por ese concepto puede resultar procedente; de ahí que resulta infundado el concepto de violación invocado al respecto. Apoya a la anterior determinación la tesis P.CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 191358, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materias Constitucional y Común, página 143 del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS." De igual manera, la anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.C. J/1, de la novena época, con número de registro 203518, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, materia Civil, página: 134 del rubro: "FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN." Consecuentemente, toda vez que los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, resultaron infundados no existiendo queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitada. La anterior negativa se hace extensiva por cuanto a los actos de ejecución que se reclaman a la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dado que no se combatieron por vicios propios. Sirve al anterior criterio la jurisprudencia 105, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, del Tomo VI, Parte SCJN Apéndice de 1995, del rubro siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." Por lo anteriormente fundado y motivado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, respecto del acto y autoridades precisadas en el considerando segundo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Francisco René Marmolejo Vázquez, secretario con quien actúa y da fe, hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito. DOY FE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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