MARIA DEL RAYO HERRERA SERRANO y Otros.

Expediente 91/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
91/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • MARIA DEL RAYO HERRERA SERRANO y Otros.
  • Maria del Rayo Herrera Serrano
  • O. T. M. H.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el escrito firmado por la licenciada Beatriz Eleonora Hernández González agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos. Como lo solicita la promovente y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo expídase a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y, entréguese previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de seis de noviembre del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a María del Rayo Herrera Serrano y sus menores hijos O. T., A. O. y M. T., de apellidos Martínez Herrera. La cual la autoridad responsable Subdelegado Titular de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Sinaloa, por ausencia del Delegado de la Procuraduría General de la República del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; mismo que le toco resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, el cual fue confirmada mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que la autoridad responsable Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, con residencia en la Ciudad de México, deberá realizar lo siguiente: Emitir orden o mandamiento de manera complementaria al oficio SCRPPA/DS/00895/2017, de treinta de enero de dos mil diecisiete, para que se realicen los actos necesarios a efecto de que se sufraguen los gastos de viaje o traslado y menaje de casa para la cónyuge y familiares ascendentes y desendientes hasta el segundo grado, hasta el lugar de rotación del Servidor Público, como lo estipula el artículo 16 de La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de julio del año en curso, (fojas 479 a la 487), el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, informando las gestiones que estaba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo, anexa copias de los escritos suscritos por Octavio Martínez Cazarez, Agente del Ministerio Público Federal, en el cual manifiesta que no desea transitar en el proceso de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, y solicita se le garantice las condiciones apegadas a derecho para su liquidación, ya que ha decidido concluir con su relación laboral y le sea pagado lo que en derecho me corresponde. Asimismo, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio presentado el veintidós de octubre del presente año, manifiesta el cumplimiento de la ejecutoria, y anexa documentales. (Fojas 511 a la 528). Asimismo, de la constancias que anexa la autoridad responsable se advierte que mediante oficio SA/RH/1095/2019, de quince de agosto de dos mil diecinueve, la Subdelegada Administrativa en el Estado de Sinaloa, remitió el acuse de recibido del diverso SA/RH/1095/2019, de quince de agosto de dos mil diecinueve, la Subdelegada Administrativa en el Estado de Sinaloa, remitió el acuse de recibo del diverso SA/0972/2019, dirigido a la C. MARÍA DEL RAYO HERRERA SERRANO, de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual le fue requerido que con el propósito de realizar el pago correspondiente al traslado y menaje de casa del Estado de Sinaloa al de Tamaulipas, debía proporcionar tres cotizaciones, número de clave interbancaria y nombre de la institución bancaría en la que se realizara el pago de los mismo, así como la factura correspondiente; lo cual se le dio vista a la quejosa, misma que le fue notificada por medio de lista, en fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, con sede en la Ciudad de México, ".Emitir orden o mandamiento de manera complementaria al oficio SCRPPA/DS/00895/2017, de treinta de enero de dos mil diecisiete, para que se realicen los actos necesarios a efecto de que se sufraguen los gastos de viaje o traslado y menaje de casa para la cónyuge y familiares ascendentes y desendientes hasta el segundo grado, hasta el lugar de rotación del Servidor Público, como lo estipula el artículo 16 de La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.". Lo cual ya aconteció, toda vez que la autoridad responsables en diversas ocasiones ha requerido a la parte quejosa para que presente tres cotizaciones para el servicio de traslado y maneje de casa del Estado de Sinaloa al de Tamaulipas de la impetrante y sus menores hijos, asimismo, el número de clave interbancario y el nombre de la institución Bancaría en la que se debe realizar el pago y en su momento, la factura correspondiente que se mita a favor de esa institución por dicho servicio; sin que se advierta de autos que la parte quejosa haya dado cumplimiento a lo requerido por la autoridad responsable. En efecto, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, la finalidad del juicio constitucional es resarcir a la ciudadana el goce del derecho humano que le fue transgredido; para determinar si una resolución fue o no cumplida por parte de la autoridad responsable debe atenderse al núcleo esencial de concesión, en el sentido de realizar los actos necesarios a efecto de que se sufraguen los gastos de viaje o traslado y menaje de casa para la cónyuge y familiares ascendentes y desendientes hasta el segundo grado, hasta el lugar de rotación del Servidor Público. En este contexto, el núcleo esencial de cumplimiento versa con relación a que el Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, con sede en la Ciudad de México, autoridad responsable con el cumplimiento de la ejecutoria manifiesta que mediante oficio SA/0972/2019, dirigido a la C. MARÍA DEL RAYO HERRERA SERRANO, de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual le fue requerido que con el propósito de realizar el pago correspondiente al traslado y menaje de casa del Estado de Sinaloa al de Tamaulipas, debía proporcionar: Tres cotizaciones. Número de clave interbancaria y nombre de la institución bancaría en la que se realizara el pago de los mismo. La factura correspondiente. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa fue omisa en dar cumplimiento a lo solicitado para que la autoridad responsable estuviera en aptitud de complementar la ejecutoria de amparo; por tanto, el núcleo esencial de la concesión del amparo, se encuentra cumplido, dejándose expeditos los derechos de la parte demandante. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.

  3. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA QUEJOSA MARIA DE RAYO HERERA SERRANO, POR SI Y EN REPRESENTACION DE OCTAVIO TADEO, AARON OCTAVIO Y MARIA TABATA DE APELLIDOS MARTINES HERRERA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de seis de noviembre del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a María del Rayo Herrera Serrano y sus menores hijos O. T., A. O. y M. T., de apellidos Martínez Herrera. La cual la autoridad responsable Subdelegado Titular de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Sinaloa, por ausencia del Delegado de la Procuraduría General de la República del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; mismo que le toco resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, el cual fue confirmada mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que la autoridad responsable Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, con residencia en la Ciudad de México, deberá realizar lo siguiente: Emitir orden o mandamiento de manera complementaria al oficio SCRPPA/DS/00895/2017, de treinta de enero de dos mil diecisiete, para que se realicen los actos necesarios a efecto de que se sufraguen los gastos de viaje o traslado y menaje de casa para la cónyuge y familiares ascendentes y desendientes hasta el segundo grado, hasta el lugar de rotación del Servidor Público, como lo estipula el artículo 16 de La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de julio del año en curso, (fojas 479 a la 487), el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, informando las gestiones que estaba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo, anexa copias de los escritos suscritos por Octavio Martínez Cazarez, Agente del Ministerio Público Federal, en el cual manifiesta que no desea transitar en el proceso de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, y solicita se le garantice las condiciones apegadas a derecho para su liquidación, ya que ha decidido concluir con su relación laboral y le sea pagado lo que en derecho me corresponde. Asimismo, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio presentado el veintidós de octubre del presente año, manifiesta el cumplimiento de la ejecutoria, y anexa documentales. (Fojas 511 a la 528). Asimismo, de la constancias que anexa la autoridad responsable se advierte que mediante oficio SA/RH/1095/2019, de quince de agosto de dos mil diecinueve, la Subdelegada Administrativa en el Estado de Sinaloa, remitió el acuse de recibido del diverso SA/RH/1095/2019, de quince de agosto de dos mil diecinueve, la Subdelegada Administrativa en el Estado de Sinaloa, remitió el acuse de recibo del diverso SA/0972/2019, dirigido a la C. MARÍA DEL RAYO HERRERA SERRANO, de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual le fue requerido que con el propósito de realizar el pago correspondiente al traslado y menaje de casa del Estado de Sinaloa al de Tamaulipas, debía proporcionar tres cotizaciones, número de clave interbancaria y nombre de la institución bancaría en la que se realizara el pago de los mismo, así como la factura correspondiente; lo cual se le dio vista a la quejosa, misma que le fue notificada por medio de lista, en fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, con sede en la Ciudad de México, ".Emitir orden o mandamiento de manera complementaria al oficio SCRPPA/DS/00895/2017, de treinta de enero de dos mil diecisiete, para que se realicen los actos necesarios a efecto de que se sufraguen los gastos de viaje o traslado y menaje de casa para la cónyuge y familiares ascendentes y desendientes hasta el segundo grado, hasta el lugar de rotación del Servidor Público, como lo estipula el artículo 16 de La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.". Lo cual ya aconteció, toda vez que la autoridad responsables en diversas ocasiones ha requerido a la parte quejosa para que presente tres cotizaciones para el servicio de traslado y maneje de casa del Estado de Sinaloa al de Tamaulipas de la impetrante y sus menores hijos, asimismo, el número de clave interbancario y el nombre de la institución Bancaría en la que se debe realizar el pago y en su momento, la factura correspondiente que se mita a favor de esa institución por dicho servicio; sin que se advierta de autos que la parte quejosa haya dado cumplimiento a lo requerido por la autoridad responsable. En efecto, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, la finalidad del juicio constitucional es resarcir a la ciudadana el goce del derecho humano que le fue transgredido; para determinar si una resolución fue o no cumplida por parte de la autoridad responsable debe atenderse al núcleo esencial de concesión, en el sentido de realizar los actos necesarios a efecto de que se sufraguen los gastos de viaje o traslado y menaje de casa para la cónyuge y familiares ascendentes y desendientes hasta el segundo grado, hasta el lugar de rotación del Servidor Público. En este contexto, el núcleo esencial de cumplimiento versa con relación a que el Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, con sede en la Ciudad de México, autoridad responsable con el cumplimiento de la ejecutoria manifiesta que mediante oficio SA/0972/2019, dirigido a la C. MARÍA DEL RAYO HERRERA SERRANO, de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual le fue requerido que con el propósito de realizar el pago correspondiente al traslado y menaje de casa del Estado de Sinaloa al de Tamaulipas, debía proporcionar: Tres cotizaciones. Número de clave interbancaria y nombre de la institución bancaría en la que se realizara el pago de los mismo. La factura correspondiente. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa fue omisa en dar cumplimiento a lo solicitado para que la autoridad responsable estuviera en aptitud de complementar la ejecutoria de amparo; por tanto, el núcleo esencial de la concesión del amparo, se encuentra cumplido, dejándose expeditos los derechos de la parte demandante. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual da cumplimiento al proveído de dieciocho de septiembre del presente año, hace manifestaciones y exhibe documentales; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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