Maria del Carmen Lopez Montoya
Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maria del Carmen Lopez Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, tres de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintisiete de junio del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución de once de mayo del año en curso, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Original incidente de suspensión Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión provisional y en resolución interlocutoria se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de quince de junio del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La concesión otorgada es para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en Guamúchil, de intervención o integre a la relación procesal a la ahora quejosa María del Carmen López Montoya, en los autos del expediente 1136/2021.". Ahora bien, de autos se advierte que las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa y Actuarios Primero, Segundo y Tercero de su adscripción, mediante oficio números 167/2023 y 1602/2023 recibidos en este juzgado el catorce de junio del año en curso, remitió copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el toca 25/2023-C, en la que se repuso el procedimiento incidental y se ordenó llamar a juicio incidental como tercero interesada a María del Carmen López Montoya; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, quince de junio de dos mil veintitrés. Vistos los oficios números 1607/2023 y 1602/2023, signados por el Juez adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa y Actuarios Primero, Segundo y Tercero, adscritos a dicho juzgado, con el cual comunican el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de once de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se concedió la protección constitucional a la parte quejosa María del Carmen López Montoya, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa y Actuarios Primero, Segundo y Tercero de su adscripción, a fin de que en el término de tres días otorguen el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifiesten el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones, actúen en los siguientes términos: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La concesión otorgada es para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en Guamúchil, de intervención o integre a la relación procesal a la ahora quejosa María del Carmen López Montoya, en los autos del expediente1136/2021.". Se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se les impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el pasado diecisiete de febrero, se dictó resolución interlocutoria definitiva en el incidente de suspensión el cual deriva del presente juicio de amparo y toda vez que en esta propia fecha ha causado ejecutoria el presente juicio de amparo; por tanto, ha quedado sin materia el referido incidente de suspensión; en esa virtud, se ordena glosar a los presentes autos el multicitado incidente.
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