Maria del Carmen Rangel Rodriguez
Expediente 151/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maria del Carmen Rangel Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite el recurso de queja 94/2018, interpuesto por Luis Javier Jiménez González, en su carácter de autorizado legal de la quejosa María del Carmen Rangel Rodríguez, en la que se resuelve: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por Luis Javier Jiménez González, autorizado de María del Carmen Rangel Rodríguez, contra la resolución de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, a través de la cual se resolvió el incidente por exceso o defecto en cumplimiento a la suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 151/2018"; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, acúsese recibo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica la ejecutoria de diez de julio de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, en el conflicto competencial 92/2019, en el que se determinó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, es legalmente competente para conocer del recurso de queja 94/2018; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales. Ahora bien, de autos se advierte que en proveído de quince de febrero del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, por tanto, remítase copia certificada de dicho proveído al mencionado tribunal de alzada.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, dado que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual, se deberá conservar copia de la demanda y de la citada medida; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia interlocutoria por la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo, y de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de veinticinco de enero del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el sentido de sobreseer por una parte y por otra conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa María del Carmen Rangel Rodríguez; misma que causo ejecutoria el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y se requirió al Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por el cumplimento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Se lleve a cabo en la persona de la quejosa María del Carmen Rangel Rodríguez, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento, de problema "Lumbar Discopatía L4 L5 L5S1", así como el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello; en la medida de lo posible en el lugar de su residencia; Asimismo, si a la fecha no se ha llevado a cabo la Cirugía de columna discopatia, y de resultar necesaria proporcione los medios necesarios para que de manera inmediata se realice, respetando el protocolo prequirúrgico que la cirugía requiera, aportando los recursos humanos y materiales para ello, en el lugar de su residencia -en la medida de lo posible-; En su defecto y ante una nueva valoración del estado clínico actual de la quejosa, se le implemente el tratamiento más adecuado y que represente un impacto positivo en su salud, ya sea en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en este municipio o algún otro existente en el interior de la república, en tanto subsistan los padecimientos de salud que presenta. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y se requirió por el cumplimiento de ejecutoria a la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Seguidamente, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismo que se le dio vista a la quejosa María del Carmen Rangel Rodríguez. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el doce de noviembre de dos mil dieciocho, por la quejosa María del Carmen Rangel Rodríguez, en el cual hizo manifestaciones sobre la vista de proveído siete de noviembre de dos mil dieciocho, y comunica la inconformidad sobre el cumplimiento de ejecutoria de la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por tanto, en proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la autoridad responsable con las manifestaciones vertidas por la quejosa, para que dentro del término legal de tres días, manifestara lo que corresponda al respecto. Asimismo, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, desahoga la vista otorgada por auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, comunicó que la quejosa estaba programada para la cirugía el veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho; con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Mediante escrito presentado en oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa María del Carmen Rangel Rodríguez, desahogo la vista otorgada en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, y hace diversas manifestaciones al respecto, y solicita que se requiera a la responsable, a fin de que informe cual es el procedimiento a seguir en su situación, a fin de que se le brinde la atención médica que requiere para ser establecida y estar en las condiciones de salud óptimas para que se le realice la intervención quirúrgica que su estado de salud requiera, por lo que se le dio vista a la autoridad responsable, asimismo, en el mismo proveído se le dio vista a la parte quejosa para que compareciera ante la autoridad responsable a justificar los motivos que le impidieron comparecer a la cita de cirugía programada para las ocho horas del veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, y solicitar le sea programada dicha cita. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el seis de diciembre de dos mil dieciocho, por la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, en el cual desahoga la vista otorgada por auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, por tanto, con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa. Por escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa desahoga la vista de proveído de once de diciembre de dos mi dieciocho, y hace manifestaciones, por las cuales se requirió a la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término legal de tres días informara si actualmente la quejosa se encuentra en condiciones óptimas para ser intervenida quirúrgicamente. Por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, desahogo la vista de proveído de veinte de diciembre de dos mi dieciocho, y manifiesta que fue valorada la parte quejosa el día once de diciembre de dos mil dieciocho, por el médico especialista cardiólogo, en la cual se detecta una obesidad grado II lo cual contraindica la cirugía programada de columna por riesgo de complicaciones asociadas enviándose a la consulta extrema de nutrición. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, Se lleve a cabo en la persona de la quejosa María del Carmen Rangel Rodríguez, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento, de problema "Lumbar Discopatía L4 L5 L5S1", así como el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello; en la medida de lo posible en el lugar de su residencia; Asimismo, si a la fecha no se ha llevado a cabo la Cirugía de columna discopatia, y de resultar necesaria proporcione los medios necesarios para que de manera inmediata se realice, respetando el protocolo prequirúrgico que la cirugía requiera, aportando los recursos humanos y materiales para ello, en el lugar de su residencia -en la medida de lo posible-; En su defecto y ante una nueva valoración del estado clínico actual de la quejosa, se le implemente el tratamiento más adecuado y que represente un impacto positivo en su salud, ya sea en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en este municipio o algún otro existente en el interior de la república, en tanto subsistan los padecimientos de salud que presenta. En efecto, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, la finalidad del juicio constitucional es resarcir a la ciudadana el goce del derecho humano que le fue transgredido; para determinar si una resolución fue o no cumplida por parte de la autoridad responsable debe atenderse al núcleo esencial de concesión, en el sentido de llevar a cabo la Cirugía de columna discopatia, y de resultar necesaria proporcione los medios necesarios para que de manera inmediata se realice, respetando el protocolo prequirúrgico que la cirugía requiera. En este contexto, el núcleo esencial de cumplimiento versa con relación a que el Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, autoridad responsable con el cumplimiento de la ejecutoria manifiesta que ya señaló fecha para la cirugía, misma que la parte quejosa no se presentó, asimismo, comunica que la parte quejosa tiene obesidad grado II, por lo cual resulta un riesgo llevar a cabo dicha cirugía, enviándose a la consulta externa de nutrición. Por otra parte, la quejosa en su escrito de trece de diciembre de dos mil dieciocho, expresó ".la suscrita lo único que deseo es la protección de mi salud, y si en el caso es necesario que la suscrita me someta al programa y tratamientos que sean necesarios para están en condiciones óptimas para recibir en su caso la intervención quirúrgica que el medico determine, estoy dispuesta a seguirlo y en su caso estaría de acuerdo en que por el momento no se me opere si los médicos estiman necesario que primero me someta a dicho programa de reducción de peso." Así las cosas, se reitera, la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, cumplió con los aspectos fundamentales de la ejecutoria de amparo -que ya señaló fecha para la cirugía, misma que la parte quejosa no se presentó, asimismo, comunica que la parte quejosa tiene obesidad grado II, por lo cual resulta un riesgo llevar a cabo dicha cirugía, enviándose a la consulta externa de nutrición, por consiguiente, si la intervención quirúrgica no se ha llevado a cabo no es omisión de la autoridad responsable, máxime que la propia quejosa lo reconoce, por tanto, el núcleo esencial de la concesión del amparo, se encuentra cumplido, dejándose expeditos los derechos de la parte quejosa. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.
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