Maria del Pilar Larrosa Delgado

Expediente 928/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
928/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Maria del Pilar Larrosa Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Misiva con la cual comunica que por auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, ese órgano jurisdiccional tuvo por recibido el expediente principal del juicio de amparo 928/2023-III-B, del que deriva este cuadernillo, por lo que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de dicho asunto, registrándolo bajo el número 597/2023-IV, de su índice. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente cuadernillo auxiliar es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso X), del citado precepto, al corresponder a un cuaderno de incompetencia y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que hasta la presente fecha el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, no ha acusado recibo del oficio 14639/2023, por medio del cual se le remitió el auto de incompetencia de trece de junio de dos mil veintitrés y el expediente original del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se le gire vía interconexión, solicítese atentamente al referido Juez informe lo acordado con relación a la incompetencia decretada mediante el citado acuerdo de trece de junio último, en autos del juicio de amparo 928/2023-III-B, del índice de este Juzgado; lo anterior, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que hasta la presente fecha el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, no ha acusado recibo del oficio 14639/2023, por medio del cual se le remitió el auto de incompetencia de trece de junio de dos mil veintitrés y el expediente original del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se le gire vía interconexión, solicítese atentamente al referido Juez informe lo acordado con relación a la incompetencia decretada mediante el citado acuerdo de trece de junio último, en autos del juicio de amparo 928/2023-III-B, del índice de este Juzgado; lo anterior, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ++++, en contra de los actos que reclama del Congreso del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, y del Notario Público Número 12, del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: ACTO RECLAMADO Del Congreso del Estado: La inconstitucionalidad de la Sección Segunda del Procedimiento Notarial en Materia de Sucesión Legítima y Testamentaria, así como de la fracción II, el artículo 33, ambos de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche. 2. Del Notario Público Número 12, del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche: El ilegal procedimiento de sucesión testamentaria de quienes en vida respondieron a los nombres de +++++, todos de apellidos Reyes Luna, conforme a la escritura pública 1083, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 928/2023-III-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En ese orden de ideas, la competencia es la facultad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se someten a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es la potestad de que se hallan investidos los jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo cual origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. Bajo las anteriores premisas, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María del Pilar Larrosa Delgado, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Como antecedentes del acto reclamado, la ocursante refiere que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de que ante el Notario Público Número 12, del Estado de Campeche, se llevó a cabo un procedimiento de sucesión testamentaria de sus nietos Frida Alejandrina, Jade Paola y Guillermo Octavio, todos de apellidos Reyes Luna, misma que fue denunciada por Hugo Reyes Domínguez, de acuerdo a la escritura pública 1083, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós. En esas circunstancias, se aprecia que el acto reclamado se ejecutó en Ciudad del Carmen, Campeche, pues ahí es donde dice la quejosa que de manera ilegal se llevó a cabo el procedimiento de sucesión testamentaria de sus nietos y tiene su residencia el Notario Público señalado como responsable. Así, dadas las características y naturaleza del acto reclamado, se actualiza la hipótesis de competencia precisada en el inciso a), pues en el presente asunto se reclama un acto, cuyos efectos tendrán lugar en Ciudad del Carmen, Campeche. En efecto, no se advierte que el acto reclamado haya tenido un principio de ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado ni lo tendrá, ya que se materializará donde se llevó a cabo el procedimiento; esto es, los efectos del reclamo, se producirán en el lugar donde precisamente se llevó a cabo el procedimiento de sucesión testamentaría impugnado. De ahí que quien debe de conocer de la demanda de amparo es el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, por analogía, se invoca la jurisprudencia2a./J. 74/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011, visible a página 369, del rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Y la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, con registro 189167, del rubro y contenido que enseguida se reproducen: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese orden de ideas, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este órgano jurisdiccional, ya que los actos que se reclaman encuadran dentro de la primera hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, es competente el Juez del lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, que lo es en Ciudad del Carmen, Campeche, acorde con los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por razón de territorio de este órgano de control constitucional para conocer del presente sumario constitucional, declinándola en favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para lo cual remítase la demanda de amparo, a fin de que comunique si acepta o no la competencia que se plantea. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Sin que sea procedente pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión de los actos reclamados, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; asimismo, téngase como sus autorizados: en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, mientras que en forma restringida con las limitantes del citado precepto a ********************, hasta en tanto acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogada o licenciada en derecho. Para lo cual, la autorizada restringida, deberá no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ACCESO ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que proporcionó el nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como lo solicita la quejosa, se otorga autorización al usuario "********************", únicamente para que tenga acceso al expediente electrónico del presente. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. COMUNICACIONES NO PROCESALES Sin que, en caso de que así lo pretenda, haya lugar a notificarle por medio del correo electrónico o número telefónico que indica la promovente, toda vez que dichos medios electrónicos no cumplen con el requisito previsto en el artículo 55, en relación con el 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, ténganse por proporcionados el correo electrónico y número telefónico que se relacionan en el escrito de demanda, con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, para establecer comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente y regístrese. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano