María del Carmen Torre Fuentelzas

Expediente 1414/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1414/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Torre Fuentelzas

Actuaciones

  1. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, al efecto se provee: En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: En el caso concreto, la promovente reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de incluir a la parte quejosa en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19; lo que conlleva a la discriminación de la parte menor quejosa y en vía de consecuencia pone en riesgo la salud de la misma. Lo anterior, toda vez que la parte menor quejosa se encuentra dentro del rango de edad de los 5 a los 11 años de edad, por lo que al no estar incluida en la citada Política Nacional de Vacunación, señala le causa perjuicio. Sin embargo, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, en la actualidad, ya se encuentra habilitado el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, los menores de cinco años o más (cumplidos al dieciséis de junio de dos mil veintidós) y que se quieran vacunar por primera vez, sin comorbilidades. Tal como lo anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de cinco años de edad para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió la autorización para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de cinco años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio que puede invocarse por este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aunque no hayan sido alegados o probados por la parte quejosa. Por tanto, dichas documentales e imágenes que aparecen en páginas electrónicas oficiales, se les concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 210-A del código procesal federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión - elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En esa tesitura se advierte que ya se consideró a la parte menor quejosa, como de aquellos que por su edad se encuentran en el grupo etario para acceso a la vacunación del SARS-COV-2. Por lo que, si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las autoridades responsables a incluir dentro de dicha Política Nacional de Vacunación a las personas mayores de cinco años y más. Lo que a la fecha ha sido superado, entonces, las omisiones reclamadas, relativas esencialmente a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores en el que se encuentra la parte menor quejosa, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, han cesado en sus efectos. Cabe precisar que aun cuando subsista la posibilidad de que no le haya sido aplicada materialmente la vacuna correspondiente a la parte quejosa, ese aspecto no resultaría atribuible a las autoridades responsables, pues el acceso efectivo ya no se encuentra condicionado al actuar de la autoridad sino a la voluntad del gobernado de quererse incluir en el pre-registro correspondiente para la dosis en cuanto a su inoculación. La anterior decisión se apoya por las razones que explica la jurisprudencia que dice: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Las pruebas supervenientes deben admitirse y valorarse en el recurso de revisión, si se relacionan con la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que siendo ésta una cuestión de orden público, el juzgador debe examinarla, aun de oficio, en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de dictar sentencia firme. Este criterio no contraría lo establecido por el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo tocante a que en la revisión sólo se tomarán en cuenta las probanzas rendidas ante el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio, toda vez que esta disposición, interpretada en armonía con lo previsto por el artículo 78, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, debe entenderse referida a la prohibición de considerar en el mencionado recurso, pruebas tendientes a la justificación del acto reclamado, a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Corrobora lo anterior, que el artículo 91, fracción III, de la ley invocada, establece que en la revisión se podrá confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo diferente al apreciado por el Juez de amparo, por lo que resulta lógico que en el citado medio de impugnación se admitan pruebas supervenientes que acrediten la actualización de un motivo legal diverso al que ese juzgador tomó en cuenta para decretar e sobreseimiento en el juicio." Por tanto, lo expuesto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye lo que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, dando como consecuencia una cesación de efectos, al actualizarse en este procedimiento, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer sobre dicha omisión reclamada, en el presente juicio de amparo conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con doce minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que hasta la presente fecha la autoridad responsable foránea 1. SECRETARIO DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CIUDAD DE MÉXICO. No ha rendido su informe previo, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio por el que se le solicitó. Por tal motivo, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la referida audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que los domicilios de dichas autoridades se ubican fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.

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