Maria del Carmen Victoria Cortes

Expediente 636/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
636/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Victoria Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia constitucional dictada en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos una copia del escrito signado por el tercero interesado +++++, por medio del cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia constitucional dictada en estos autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de la materia, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y distribúyanse sendas copias entre las demás partes, esto es, la autoridad responsable, el quejoso, la tercera interesada ******************** y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Asimismo, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada ******************** y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos una copia del escrito signado por el tercero interesado +++++, por medio del cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia constitucional dictada en estos autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de la materia, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y distribúyanse sendas copias entre las demás partes, esto es, la autoridad responsable, el quejoso, la tercera interesada ******************** y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Asimismo, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada ******************** y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.

  4. Principal

    A lo anterior el Juez acuerda: ténganse por formulados los alegatos de la parte quejosa, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolverse el presente asunto; así como por realizada la certificación que antecede, por lo que el Juez declara cerrado el período de alegatos. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS para resolver el juicio de amparo número 636/2023-VII-A, promovido por MARÍA DEL CARMEN VICTORIA CORTÉS; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció MARÍA DEL CARMEN VICTORIA CORTÉS, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de proporcionar el auxilio de la fuerza pública, para el desahogo de la diligencia de desalojo decretada en el juicio ordinario civil 386/2022, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues si bien el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto del Consejero Jurídico (registro 7841), lo negó, con posterioridad realizó manifestaciones de las que se evidencia su certeza. Tiene aplicación al caso, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial, visible en la página 391 del Tomo XVI, julio de 1994, Octava Época, registro 211004, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y suficientes para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Así, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte peticionaria del amparo se queja del acto antes señalado por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 Constitucional. Esto es, de la denegación de justicia por parte de la responsable al omitir acordar respecto del requerimiento realizado por una autoridad judicial, a fin de que se proporcione el relativo auxilio de la fuerza pública. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester hacer unas breves acotaciones en torno al citado precepto constitucional. La disposición constitucional que se considera violada, a la letra dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esa reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas, etapas previas o dilaciones no previstas en el texto constitucional, lo que quiere decir que las autoridades judiciales deben tener a su alcance, los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones. De tal suerte que, el derecho humano de seguridad jurídica establecido en dicho precepto en favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales o tribunales (incluso las auxiliares en la administración de justicia) de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ella ventilados dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de este derecho humano de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. Partiendo de las anteriores premisas, del análisis y valoración a que se sujetaron las constancias de autos, se advierte la falta de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, ya que la responsable manifestó: "En lo que respecta a los actos reclamados por la parte quejosa a mi representado, mismo que se encuentran relacionado en el apartado denominado "ACTOS RECLAMADOS..." de la demanda inicial de amparo, y de lo que se solicita se tenga por transcrito textualmente en este punto para todos los efectos que legalmente procedan; tengo a bien informar a su Señoría que no son ciertos dicho acto. No obstante lo anterior le informo que se encuentra en trámite la solicitud de auxilio de la fuerza pública requerida por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado mediante oficio número 000393/2023 de fecha 06 de marzo de 2023, en el expediente número 386/2022 relativo al Procedimiento para la ejecución de Convenio Transaccional promovido por María del Carmen Victoria Cortés en contra de los ciudadanos Beatriz Elena Cueva Baduy también conocida como Beatriz Cueva Baduy y Eduardo Jesús López Salcido. Adjunto copia certificada de la constancia conducente al acto reclamado" Así, de lo anterior se advierte la inconstitucionalidad del acto de autoridad en relación con el numeral antes mencionado que establece, como derecho fundamental, que la administración de justicia se imparta por los jueces y tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Por lo cual, el actuar de la autoridad responsable en cita como auxiliar del órgano jurisdiccional resulta contrario a dichas obligaciones con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En esta tesitura, si de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se observa que el citado oficio 000393/2023 fue emitido el seis de marzo de dos mil veintitrés y recibido por la responsable el siete de marzo siguiente, es inconcuso que supeditar su otorgamiento hasta que las actividades del Poder Ejecutivo y sus dependencias lo permitan, implica un excesivo retardo en la administración de justicia, lo que se traduce en el incumplimiento material de un mandato de órgano jurisdiccional, que se origina a raíz del ejercicio de un derecho promovido por un particular. Máxime que la propia autoridad responsable reconoce en su informe que dicho oficio se encuentra aún pendiente de su atención para efecto de autorizar el auxilio de la fuerza pública peticionada por la autoridad judicial de mérito; lo cual evidencia aún más la denegación de justicia en perjuicio de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XIV.2o. J/21, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que establece: "FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Atento lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones policíacas en la entidad; el artículo 5o. siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En este orden de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función jurisdiccional. En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión." En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación planteados y toda vez que en la especie se advirtió que la conducta omisiva de la autoridad responsable resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, lo que procede es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal que insta, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo haga del conocimiento de la aquí parte quejosa. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA DEL CARMEN VICTORIA CORTÉS, contra el acto que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; concesión que se otorga para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese reimpresión autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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