María del Pilar Covarrubias Pérez
Expediente 420/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María del Pilar Covarrubias Pérez
- Laura Azucena Galván Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Amparo en revisión
Se admite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto 547/2023-XI. b) Se autoriza a la recurrente para ingresar vía internet al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación con los nombres de usuario que señala, única y exclusivamente para consultar los acuerdos y resoluciones que en su momento se lleguen a emitir en este expediente. Como lo solicita, las notificaciones de carácter personal hágansele vía electrónica, únicamente al primero de los usuarios que señala, siendo este ***, toda vez que realizar las notificaciones de carácter personal a todos los usuarios que señala, podría incurrir en duplicidad de notificaciones. c) Por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a aquellos profesionistas que al momento del dictado de este proveído acrediten tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras tanto a ellos y a las personas que indica, se les autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo, de la propia ley. d) Se le hace saber a su contraparte que tiene cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, para que si lo estima pertinente se adhiera al presente recurso.
- Juicio de Amparo Directo
PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege. SEGUNDO. Se declara sin materia el amparo adhesivo.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE tres de julio DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EL veintidós de noviembre DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE tercera interesada POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 420/2023, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: DIRECTO: 420/2023. QUEJOSA PRINCIPAL: ****. QUEJOSO ADHERENTE: ****. MAGISTRADO PONENTE: JACINTO JUÁREZ ROSAS. SECRETARIO: EDGAR ALONSO GARCÍA ESTRADA. Toluca, Estado de México. Veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver, los autos del amparo directo 420/2023, promovido por ****, en lo principal, y en su adhesión por ****; y, R E S U L T A N D O S : 1. PRIMERO. Mediante demanda presentada ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares de Ecatepec, Estado de México, el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, ****, por su propio derecho, solicitó protección constitucional contra el acto de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual estimó violatorio de los artículos 1º, 16 y 17 constitucionales, y que hizo consistir en la sentencia definitiva de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 359/2023. 2. SEGUNDO. Este tribunal colegiado, a quien por turno correspondió conocer del asunto, por auto de presidencia de tres de julio de dos mil veintitrés admitió en la vía directa la demanda de que se trata. El Ministerio Público se abstuvo de formular pedimento. 3. Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, el tercero interesado ****, promovió amparo adhesivo, el cual se admitió por auto de presidencia de tres de julio siguiente; asimismo, mediante ocurso presentado vía electrónica el catorce de julio de dos mil veintitrés, la quejosa formuló alegatos. 4. Finalmente, por auto de once de agosto de dos mil veintitrés se turnó el asunto al magistrado ponente. 5. TERCERO. Sesión por videoconferencia. Por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el cual reformó entre otros, los artículos 27 y 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se estableció esencialmente que los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales procurarán y podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, que permita la celebración de videoconferencias; es por lo anterior que se justifica que las sesiones ordinarias se celebren por videoconferencia y sin la presencia del público, y como el presente asunto se incluyó en la lista respectiva publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra para resolverse vía remota; y, C O N S I D E R A N D O S : 6. PRIMERO. Competencia Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso c), constitucionales; 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso c), 39 y 40 y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sus puntos primero y tercero, ambos en su fracción II, por reclamarse la sentencia definitiva de un juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, dictada por un órgano jurisdiccional residente en este circuito. 7. SEGUNDO. Informe justificado Es cierto el acto reclamado de acuerdo con el informe justificado de la autoridad responsable y los autos originales remitidos. 8. TERCERO. Contexto procesal del expediente 3168/2022 Demanda. Por escrito cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ****, por su propio derecho, en la vía de controversias del orden familiar, demandó de **** la cesación de la pensión alimenticia que otorga a su favor. 9. Demanda que sustentó en los hechos siguientes: 10. Uno. En el expediente de divorcio 424/2009 del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, las partes firmaron un convenio en audiencia de cuatro de junio de dos mil nueve, donde en la cláusula tercera se comprometió a entregar el treinta por ciento de sus percepciones mensuales, del cual sería el quince por ciento para su menor hijo de identidad reservada de iniciales ****, y el restante para su contraria, ello con el fin de culminar dicho juicio. 11. Dos. Desde la fecha de su separación, siempre ha cubierto los gastos de su hijo, en tanto que la actora ha recibido personalmente el dinero destinado para la manutención de ambos, y dado que su matrimonio solo duró un año y un mes, esto es, de julio de dos mil seis al veintiocho de agosto de dos mil siete, solo tenía la obligación de dar alimentos a su antagonista por dicho periodo de duración. 12. Tres. Por causas ajenas a él, la enjuiciada desde el año dos mil ocho le negó el derecho de convivir con su hijo, a pesar que cubría la pensión alimenticia a la que se comprometió; además, su contraria inició una nueva relación donde procreó dos hijas. 13. Cuatro. Se enteró que le habían dejado unos documentos con su hermana, aun cuando no vive en el domicilio de ella, los cuales corresponden a una ejecución de sentencia del Juzgado Tercero Familiar, donde dolosamente la actora pretende cobrar una cantidad exorbitante, por el periodo dos mil nueve al dos mil veintiuno, omitiendo manifestar que ella no tiene ningún derecho de cobrar pensión alimenticia, ya que tiene una relación permanente desde el año dos mil nueve, aunado a que su matrimonio escasamente duró un año con un mes. 14. Cinco. Por lo anterior y en virtud que tiene otra obligación con sus menores hijos **** y ****, de apellidos ****, solicita se declare la cesación de pensión alimenticia del porcentaje del quince por ciento a favor de la demandada, pues le es imposible cubrir ambas obligaciones, por lo cual promueve la demanda. 15. Contestación a la demanda. El cuatro de julio de dos mil veintidós, **** contestó la incoada en su contra, negó por improcedente la prestación reclamada, porque en el divorcio tendrá derecho a los alimentos el que los necesite, carece de bienes, durante el matrimonio realizó cotidianamente trabajo de hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado del menor, aunado a que este aún no cumple la mayoría de edad y actualmente se dedica al estudio; asimismo, porque ella necesita los alimentos y no ha inferido daño grave, violencia o conducta viciosa en contra de su antagonista, y no ha contraído nuevas nupcias y/o concubinato. 16. En cuanto a los hechos, refirió lo siguiente: 17. Uno. Es cierto. 18. Dos. Es parcialmente cierto, ya que desde la celebración del convenio de cuatro de junio de dos mil nueve, el actor omitió cumplir su obligación alimentaria a favor de sus acreedores; por tanto, interpuso en su contra un incidente de pensiones caídas y no pagadas, el cual se encuentra en proceso de resolución. 19. Refiere, en el año dos mil ocho, el actor le entregó en ocho ocasiones la cantidad de **** pesos, destinado para la manutención de ella y su menor hijo; además, aceptó que la vigencia de su matrimonio fue por trece meses, pero refiere que carece de fundamentación el hecho de que pretenda proporcionarle alimentos únicamente por ese lapso. 20. Tres. Es parcialmente cierto, pues nunca ha negado el régimen de visitas y convivencias del actor con su menor hijo y reitera que él ha incumplido con su obligación alimentaria a favor de sus acreedores, no obstante que el infante se encuentra cursando el ****; por otro lado, niega haber contraído nuevas nupcias o unirse en concubinato, así como que sus familiares lo hayan amenazado. 21. Cuatro. Es parcialmente cierto, toda vez que ante el incumplimiento alimenticio por parte de su antagonista, se vio obligada a interponer un incidente de pensiones caídas y no pagadas, que oscilan desde el año dos mil nueve hasta el dos mil veintidós; por consiguiente, la notificadora lo emplazó en su domicilio, reiterando que es falso que tenga una relación permanente desde el año dos mil nueve, y a la fecha de la contestación no ha contraído nuevas nupcias o concubinato. 22. Cinco. Lo ignora por no ser propio. 23. Como excepciones y defensas opuso la de sine actione agis y obscuridad de la demanda. 24. Sentencia de primera instancia. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés se dictó sentencia, en la cual la jueza del conocimiento estimó improcedente la acción al no acreditarse su segundo elemento consistente en que la acreedora alimentaria haya dejado de necesitar alimentos, infiriera violencia o conducta viciosa contra el deudor alimentario, contrajera nuevas nupcias o se uniera en concubinato, por ende, absolvió a la demandada del pago de la prestación reclamada y no hizo condena en costas. 25. CUARTO. Sentencia reclamada Inconforme con ese fallo, el actor interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la sala responsable, quien formó el toca de apelación ya citado y dictó la sentencia reclamada, en la cual revocó el fallo apelado, para declarar procedente la pretensión de cancelación de pensión alimenticia pactada en el convenio de cuatro de junio de dos mil nueve, celebrado en el expediente 424/2009, equivalente al quince por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor, por lo que ordenó girar el oficio de cancelación correspondiente a su actual fuente laboral; y, no hizo condena en costas. 26. Sentencia que se tiene por reproducida por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirla. 27. QUINTO. Conceptos de violación Los conceptos de violación constan en el expediente de amparo y se tienen por reproducidos por la misma razón. 28. SEXTO. Violaciones procesales Las partes no se inconforman contra alguna violación procesal; asimismo, de la revisión íntegra de las constancias que forman el expediente de controversia familiar 3168/2022, este tribunal no advierte violación alguna al procedimiento que haya trascendido al resultado del fallo y que amerite su reposición de manera oficiosa y en suplencia de la queja, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional. 29. SÉPTIMO. Consideraciones del acto reclamado Previamente al estudio de fondo de los conceptos de violación y para una mejor comprensión del asunto, es conveniente puntualizar las consideraciones de la sala responsable que dan sustento a la sentencia reclamada y son: 30. En principio, precisó que de la sentencia apelada se advertía que la jueza de primera instancia estableció que el actor pretende la cesación de su obligación alimentaria con la demandada, por lo que para la procedencia de tal acción debía acreditar como elementos: a) la existencia de la pensión alimenticia; y, b) la acreedora haya dejado de necesitar los alimentos, infringido violencia o conducta viciosa contra el deudor alimentario, contraído nuevas nupcias o unido en concubinato. 31. La juzgadora tuvo por acreditado el primer elemento con la copia certificada del expediente 424/2009, del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, de la que advirtió que el hoy actor se obligó a pagar una pensión alimenticia a favor de la demandada y su descendiente de iniciales ****, equivalente al treinta por ciento de sus percepciones ordinarias y extraordinarias de su actual o futuro empleo. 32. No obstante, la jueza de primer grado no tuvo por acreditado el segundo elemento, por considerar que en la confesión y declaración de parte de la demandada no se formularon posiciones o preguntas relacionadas con el hecho de que haya dejado de necesitar alimentos, infringido violencia o conducta viciosa contra el deudor alimentario, contraído nuevas nupcias o unido en concubinato; además, respecto de tales circunstancias no era apta la copia certificada del expediente 424/2009 del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos. 33. Posteriormente, la jueza estableció que no pasaba desapercibido que el actor sustentaba su pretensión en el hecho de que ha transcurrido con demasía el plazo de duración del matrimonio; argumento que no era posible atenderlo, ya que en la sentencia de divorcio no se estableció que la pensión estuviese supeditada a un plazo igual al que duró el matrimonio, aunado a que el artículo 4.144 del Código Civil del Estado de México, no establece la cesación con motivo de haber transcurrido dicho plazo y el precepto 4.109 del mismo código, no tiene aplicación porque se refiere al divorcio voluntario y, en el caso, se promovió divorcio necesario con base en la causal prevista en el artículo 4.90, fracción XIX, del código aludido. 34. En ese orden de ideas, la jueza de primera instancia estableció que no se encontraban acreditados los elementos del concubinato previstos en el artículo 4.40 del Código Civil del Estado de México, pues la copia certificada del acta de nacimiento de la hija de la demandada únicamente probaba tal procreación, pero no una relación de hecho entre la enjuiciada y ****, mucho menos que estos se encontraran libres de matrimonio. 35. En razón de lo anterior, la juzgadora absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas. 36. Posteriormente, la sala precisó los agravios del apelante en los términos siguientes: a) Contrario a lo considerado por la jueza, era procedente la acción de cesación, ya que la demandada ha dejado de necesitar alimentos, pues labora y obtiene ingresos, no tiene ningún impedimento físico para allegarse de alimentos, es joven, con educación media superior y estableció concubinato en donde ha procreado tres hijos, como se acredita con las pruebas consistentes en la confesional de posiciones de la enjuiciada, instrumental de actuaciones (audiencia inicial), acta de nacimiento y presuncional. b) Con las actas de nacimiento de los hijos del ahora apelante se acredita un cambio de circunstancias, pues cuando se celebró el convenio de cuatro de junio de dos mil nueve, los citados descendientes aún no habían nacido. c) También resulta procedente la cancelación de la pensión alimenticia a razón del divorcio y por haber transcurrido el tiempo de duración del matrimonio. d) No existe desequilibrio económico para efecto de que aún exista pensión compensatoria. 37. La sala responsable estimó que dichos agravios eran parcial y esencialmente fundados, particularmente el identificado con el inciso c) y con base en el cual el inconforme alega que resulta procedente la cancelación de la pensión alimenticia a razón del divorcio, lo cual daba lugar a revocar la sentencia apelada. 38. De inicio estimó necesario señalar que de una interpretación integral de la demanda se advertía que, además de la cesación de la obligación alimentaria, el actor ahora apelante también reclamó la cancelación de la pensión alimenticia pactada a favor de la demandada a razón del quince por ciento de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, aduciendo al respecto que los ahora contendientes se divorciaron y que ha transcurrido el periodo de duración del matrimonio. 39. Lo señalado en el entendido de que la cesación y cancelación de pensión alimenticia son supuestos jurídicos diferentes, porque con la disolución del vínculo matrimonial la obligación alimentaria se extingue -cancela , salvo los casos de excepción que la ley señala; y, en la cesación, la obligación de mérito se interrumpe, no desaparece. Citó en apoyo la tesis: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DIFERENCIAS ENTRE SU CANCELACIÓN Y SU CESACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". 40. Por otro lado, la sala consideró importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 162/2005-PS, en lo que interesa, sostuvo: 1) El derecho y la obligación que existe entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora de aquellos, y el hecho de que en algunas ocasiones subsista la obligación de pagar alimentos, aun en el caso de divorcio, de ninguna manera puede conducir a pensar que el divorcio es la relación jurídica que origina la obligación de pagarlos. 2) Los cónyuges, mientras dure el matrimonio, siempre tienen la obligación recíproca de proporcionarse alimentos. 3) Cuando el vínculo matrimonial queda disuelto por divorcio, dicha obligación, como regla general, desaparece, subsistiendo de manera excepcional únicamente cuando la ley así lo determine expresamente. 41. Lo anterior con sustento en la tesis: "PENSIÓN ALIMENTICIA. SI SE DEMANDA SU CANCELACIÓN PORQUE DESAPARECIÓ EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LE DIO ORIGEN Y EN EL JUICIO DE DIVORCIO NO SE DECRETÓ EL PAGO DE AQUELLA A FAVOR DE LA ACREEDORA ALIMENTARIA, NO ES EXIGIBLE ESA OBLIGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". 42. En ese tenor, reiteró que era esencialmente fundado el agravio identificado con el inciso c) y con base en el cual el inconforme alega que resulta procedente la cancelación de la pensión alimenticia a razón del divorcio; por lo siguiente: 43. En el expediente 424/2009, del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en lo que ahora interesa, mediante convenio judicial de cuatro de junio de dos mil nueve, se pactó una pensión alimenticia a favor de **** a cargo de ****, y equivalente al quince por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del último de los citados. 44. Posteriormente, en dicho expediente 424/2009, se emitió la resolución de dieciséis de julio de dos mil nueve, que disolvió el vínculo matrimonial, decretándose el divorcio, ello conforme la copia certificada del citado expediente, con pleno valor probatorio en términos del artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 45. Por tanto, con motivo de la disolución del vínculo matrimonial de los contendientes, se ha extinguido entre ellos la obligación derecho alimentario en su calidad de cónyuges, pues derivado del divorcio desaparece tanto el derecho como la obligación entre los consortes de proporcionarse alimentos, ya que no existe la causa que le dio origen, consistente en el matrimonio, para lo cual, dicho sea de paso y contrario a lo considerado por la jueza de primera instancia, no es óbice que en el precepto 4.144 del Código Civil del Estado de México no se señale como causa de cesación de la obligación alimentaria la disolución del vínculo matrimonial, cuando se demande la cancelación de una pensión alimenticia decretada con anterioridad bajo el argumento de la inexistencia de la citada obligación. 46. Sin que pasara desapercibido para la sala que, como consecuencia del divorcio puede establecerse una pensión compensatoria que goza de una naturaleza constitutiva, al tener sustento en el deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico entre los cónyuges al momento de extinguirse el vínculo matrimonial. 47. Sin embargo, aunque los alimentos son de orden público e interés social, en el presente asunto de cancelación de pensión alimenticia definitiva derivada del vínculo matrimonial, únicamente es posible analizar si se extinguió o no la obligación que dio origen al pacto de alimentos y no así la constitución de una pensión compensatoria a favor de ex cónyuge, pues esta última requiere de la expresión de los hechos que la sustenten y su demostración, esto es, una situación de desventaja económica que incida en la capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar las necesidades básicas del acreedor alimentista, lo cual es ajeno a la materia del presente juicio, por lo que debe intentarse la acción en la vía correspondiente. 48. Además, considerar lo contrario, esto es, analizar lo relativo a la pensión alimenticia compensatoria, sería tanto como resolver más de lo que fue materia de la litis, en evidente violación al principio de congruencia externa de las sentencias. 49. Lo señalado se robustece, porque para determinar la constitución de una pensión compensatoria a favor de ex cónyuge se debe atender a los elementos específicos que al respecto establece la ley, lo que implica el estudio y, por ende, tanto el planteamiento como la demostración de hechos en los cuales se sustente. Invocó en apoyo y por analogía a esa determinación las jurisprudencias: "ALIMENTOS. FUNDAMENTO U ORIGEN DEL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES DE PROPORCIONARLOS" y "ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL MATRIMONIO, NO SERÁ JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA FUNDADA". 50. Por ello, la sala refirió que dado lo parcial y esencialmente fundado de los agravios, con fundamento en el artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, revocó la resolución apelada y, en su lugar, con base en lo expuesto en líneas precedentes, declaró procedente la pretensión de cancelación de pensión alimenticia promovida por el actor. 51. Por otro lado, señaló que eran improcedentes las defensas promovidas por la demandada ****, por lo siguiente: Como se había indicado, con motivo del divorcio de los contendientes se extinguió su obligación y derecho de proporcionarse alimentos en su carácter de cónyuges; asimismo, porque la pensión compensatoria que en su caso le corresponda a la hoy enjuiciada en su calidad de ex cónyuge, lo deberá plantear y acreditar en diverso juicio. La parte actora cumplió con la carga probatoria exigida en el artículo 1.252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues acreditó la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con su contraria y, en consecuencia, la extinción de su obligación alimentaria en su carácter de cónyuge. En el presente asunto de cancelación de pensión alimenticia definitiva derivada del vínculo matrimonial, no es posible analizar la constitución de una pensión compensatoria a favor de su ex cónyuge, pues esta última requiere de la expresión de los hechos que la sustenten y su demostración en diverso juicio. 52. Por tanto, señaló que dada la procedencia de la pretensión de cancelación de pensión alimenticia promovida por el actor, así como la improcedencia de las defensas interpuestas por la demandada, decretó la cancelación de la pensión alimenticia pactada en el convenio judicial de cuatro de junio de dos mil nueve celebrado en el expediente 424/2009, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos , a favor de ****, a cargo de **** y equivalente al quince por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del último de los citados. 53. Por otro lado, agregó que la declaración de cancelación de la pensión alimenticia no tiene efectos retroactivos, pues únicamente surte efectos a partir de su firmeza procesal, esto es, no puede regir hacia el pasado, sino solo para el futuro. 54. Por ello, quedaba subsistente la pensión alimenticia pactada a favor del descendiente de los contendientes, a razón del quince por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor alimentario. 55. Además, en el oficio de cancelación se deberá girar a la actual fuente laboral del deudor alimentario donde se realiza el descuento de la pensión alimenticia **** y/o **** . 56. También agregó que los agravios relativos a la cesación de la obligación alimentaria quedaban sin materia, porque como se expuso, con motivo de la disolución del vínculo matrimonial de los hoy contendientes, se ha extinguido entre ellos la obligación-derecho alimentario en su calidad de cónyuges, pues con motivo del divorcio desaparece tanto el derecho como la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos, ya que no existe la causa que le dio origen, consistente en el matrimonio. 57. Finalmente, al no actualizarse alguna de la hipótesis prevista en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no hizo condena en costas en segunda instancia. 58. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación Por cuestión de método y en atención a las facultades que otorga el artículo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación serán examinados en un orden diverso al planteado por la quejosa, sin que ello cause algún perjuicio . 59. En su tercer concepto de violación la peticionaria de amparo, en esencia, expone los argumentos siguientes: La autoridad responsable trasgrede los artículos 17, párrafo segundo, constitucional y 1.137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, relacionados con el principio de congruencia, al estimar que los agravios expresados por el apelante resultaron parcial y esencialmente fundados, por lo que era procedente la cancelación de la pensión alimenticia a razón del divorcio, revocando la sentencia apelada. Refiere, la litis en los juicios civiles familiares se integra únicamente con el escrito de demanda en el que la parte actora funda su acción, y el de contestación, a través de la cual el demandado funda sus excepciones y defensas, sin soslayar la reconvención, de lo que se colige que la cesación de alimentos es de litis cerrada; por tanto, el tribunal de alzada solamente puede conocer aquello que las partes hagan valer en esos escritos, sin poder ir más allá de lo pedido, so pena de infringir el principio de congruencia establecido en el artículo 1.137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Señala, si la parte actora en su demanda solicitó como prestación la cesación de la pensión alimenticia, la sala responsable estaba legalmente impedida para pronunciarse sobre la cancelación de los alimentos, en razón que el citado precepto recoge el principio de congruencia, al establecer que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Indica, conforme la porción normativa el juez únicamente pueda pronunciarse respecto de lo discutido y que no fallará ni extra petita ni ultra petita, porque la decisión judicial deberá tomarse de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas en el proceso, por lo que los órganos jurisdiccionales no podrán emitir una sentencia pronunciándose acerca de algo que no fue solicitado por las partes o en la que otorgue más de lo pedido, pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. La autoridad responsable, al reasumir jurisdicción, modificó la prestación de la parte actora, es decir, la figura jurídica de cesación de alimentos, por la denominada cancelación de alimentos, a pesar que el artículo 2.108, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que se debe precisar las prestaciones reclamadas, con toda exactitud, en términos claros y precisos. Aduce, se trata de dos figuras jurídicas distintas, pues con la disolución del vínculo matrimonial la obligación alimentaria se extingue, salvo los casos de excepción que la ley señala; y, en la cesación, la obligación de mérito se interrumpe, no desaparece, de lo que se deduce que se está en presencia de dos supuestos jurídicos diferentes, tal como lo establece la tesis II.4°.C.23 C (10ª), con registro digital 2012428. La sala responsable transgrede el principio de congruencia, porque de las defensas y excepciones que opuso fueron con base en la figura jurídica de cesación de alimentos, prevista en el artículo 4.144 del Código Civil del Estado de México, que contempla los rubros: cuando el acreedor deja de necesitar los alimentos; en caso de daño grave, violencia o conducta viciosa inferidos por el acreedor contra el que debe proporcionarlos; o, cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. La sala responsable olvida que la fijación de la acción ejercida en un juicio civil familiar se obtiene a partir de la totalidad de los hechos expuestos en la demanda, lo cual será así siempre y cuando no opere cambio alguno en lo pedido y en la causa de pedir, pues estos deben permanecer inalterados durante el proceso en salvaguarda de los derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica. Argumenta, el artículo 17 constitucional debe proteger el equilibrio que debe existir entre las funciones del juez al administrar justicia y las partes contendientes, cuando ocurren a los tribunales en demanda del reconocimiento de sus derechos sustanciales de carácter civil, y en el Estado de México, ese equilibrio se materializa con el principio de congruencia contenido en el artículo 1.137 del Código de Procedimientos Civiles, pues con él se autoriza a los órganos jurisdiccionales a resolver las controversias dentro de los límites que las propias partes han propuesto y demostrado en el proceso. La autoridad responsable omitió aplicar el artículo 4.144 del Código Civil del Estado de México, en relación con el diverso 1.137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con el objetivo de emitir una sentencia que confirmara la resolución pronunciada por la jueza de primera instancia. 60. Análisis. Resultan infundados los anteriores argumentos, pues el hecho que la sala responsable analizara la acción como cancelación de pensión alimenticia y no como cesación, de ninguna manera modificó la pretensión del actor y, por ende, no trasgrede el principio de congruencia, como lo asevera la quejosa. 61. En efecto, del análisis de la sentencia reclamada, contrariamente a lo expuesto, no viola el principio de congruencia, pues de conformidad con las consideraciones relatadas en el considerado previo, la sala responsable al reasumir jurisdicción, resolvió la acción y prestaciones reclamadas atendiendo a la verdadera causa de pedir del actor, sustentada en los hechos de la demanda, contestación y las excepciones opuestas. 62. En efecto, cabe señalar que la causa de pedir de una demanda, consiste en los motivos que originan el ejercicio de una acción, es decir, los hechos que dan vida a la misma, por ello, constituye uno de los elementos básicos de la reclamación judicial que formula el demandante. 63. En esa tesitura, cuando una persona acude al órgano jurisdiccional, en su demanda tiene que proporcionar los hechos fundatorios de su acción, para que el juzgador los analice y le reconozca sus derechos; sin embargo, dicho análisis le impide que varíe o modifique las prestaciones exigidas, tampoco el título o la causa de pedir . 64. Al respecto, el artículo 2.1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone: "Artículo 2.1.- La acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad, la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción". 65. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la acción procede aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción; lo que evidentemente faculta al órgano jurisdiccional para identificar cuál es la acción que en realidad hizo valer el actor, pues la identificación de la acción ejercida, aunque no se nombre o se nombre equivocadamente, no puede representar violación contra el demandado, siempre que no opere algún cambio en lo pedido y en la causa de pedir . 66. Ahora bien, en el caso se reitera, la responsable al resolver no modificó la pretensión del actor, en contravención al principio de congruencia, pues si bien el demandante en su única prestación solicitó la cesación de pensión alimenticia, lo cierto es que la causa de pedir es la cancelación de dicha pensión de manera definitiva y no temporalmente, dado que su pretensión estriba en dejar de pagar alimentos a la hoy quejosa, por las razones que refiere en su libelo inicial. 67. Por ello, si en sus hechos número dos y cuatro narró su causa de pedir, por la cual estimó procedente su acción y consistieron en que solo tenía obligación de proporcionarle alimentos a su contraria por el periodo que duró su matrimonio, aunado a que no tiene derecho a recibir pensión, puesto que tiene una relación permanente desde el año dos mil nueve, mientras que él tiene una diversa obligación con sus dos menores hijos, siendo que le imposible cubrir esas dos obligaciones. 68. En tal virtud, este tribunal, en este aspecto, estima apegada a derecho la sentencia reclamada, pues no obstante que del escrito inicial de demanda, el actor denominara como prestación principal la cesación de pensión alimenticia, también lo es que su verdadera pretensión no es que cese temporalmente dicha obligación, sino su cancelación definitiva por las causas que refiere, razón por la cual no existe ninguna modificación de lo que ejerció la parte demandante; máxime que de ello se le corrió traslado a la demandada, hoy quejosa, teniendo pleno conocimiento de la causa de pedir. 69. Por esos motivos, es inexacto que el acto reclamado trasgreda el principio de congruencia; de ahí lo infundado de los argumentos. 70. Por otra parte, en atención a la causa de pedir, resultan substancialmente fundados los siguientes conceptos de violación. 71. La quejosa, en esencia, expone: La responsable trasgrede el artículo 1º, párrafo quinto, constitucional, relacionado con la dignidad humana, y el artículo 4.99 del Código Civil del Estado de México, porque estimó procedente revocar la sentencia apelada y cancelar la pensión alimenticia derivado del divorcio. Refiere, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a recibir alimentos solo podrá constituirse a favor del cónyuge que tendría derecho a recibirlos si queda probada en mayor o menor grado su necesidad de recibirlos, según las circunstancias del caso, esto es, tomando en cuenta los acuerdos y roles adoptados explícita e implícitamente durante la vigencia del matrimonio; además, que el derecho a los alimentos después de la disolución del vínculo matrimonial tiene su origen en la obligación del Estado Mexicano de garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades entre los ex cónyuges, según el artículo 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y debe tomarse en cuenta diversos parámetros al evaluarse su fijación, como lo prevé la tesis VII. 1°C.J/12 (10ª), con registro digital 2016330. Indica, conforme a la doctrina jurisprudencial, la pensión económica en casos de divorcio forma parte de la institución de los alimentos en el Derecho Mexicano y guarda relación con el derecho fundamental de acceso a un nivel de vida adecuado, así como el deber del Estado de garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, pues evita que el cónyuge que durante el matrimonio se haya visto imposibilitado para desarrollar una independencia económica por haberse dedicado a las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos, una vez disuelto el vínculo, se encuentre en un estado de necesidad extrema que afecte su dignidad como persona y haga nugatorio dicho derecho. Señala, en el ámbito local, el artículo 4.99 del Código Civil del Estado de México hace referencia a los alimentos de los cónyuges en el divorcio, por lo que si planteado el divorcio se declara fundada la causal contenida en la fracción XIX del artículo 4.90 del citado ordenamiento, relativa a la separación de los esposos por más de dos años, es incontrovertible que no existe cónyuge culpable y, por consiguiente, no se actualiza el supuesto establecido en la primera parte del dispositivo inicial; sin embargo, puede condenarse a uno de los consortes a pagar alimentos al otro, con sustento en la necesidad de la subsistencia material y, para ello, basta demostrar fehacientemente que se requiere dichos alimentos, tal y como lo establece la tesis II.2º.C.453 C, con registro digital 181614. Aduce, solicitó el divorcio necesario a ****, en el expediente 424/2009, por tanto, se le concedieron alimentos en el divorcio, conforme la cláusula tercera del convenio, por lo que la autoridad responsable omitió aplicar y dejar subsistente su derecho alimentario como lo establece el artículo 4.99 del Código Civil del Estado de México, por lo que contrariamente a lo que aduce, el legislador constitucional y local previeron los alimentos en el divorcio, por lo que la interpretación de la sala resulta arbitraria, realizando una incorrecta interpretación de los preceptos legales en su perjuicio; aunado a que las tesis que invoca en su sentencia fortalecen su argumento. Es contradictorio el argumento de la responsable con la tesis que invoca, pues si se decreta el divorcio, el juez deberá resolver sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; además, señala que en el correspondiente juicio de divorcio se deberá resolver lo conducente al pago de alimentos a favor del cónyuge que satisfaga los requisitos indicados, por tanto, la autoridad responsable tuvo que sujetarse a la determinación judicial del Juzgado Tercero Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, bajo el expediente 424/2009, bajo la cual concedió alimentos a la quejosa en el divorcio. Además, destaca que **** tiene un adeudo alimentario en su agravio y de su descendiente por **** pesos, por el periodo del mes de noviembre de dos mil nueve a abril de dos mil veintiuno, por lo que es innegable que el tercero interesado atenta contra su dignidad humana y menoscaba sus derechos humanos. Agrega, en observancia al principio de progresividad contenido en el artículo 1º constitucional y en diversos tratados internacionales, se debe cumplir con la exigencia positiva de interpretar el artículo 4.99 y las normas del Código Civil del Estado de México, de manera que se amplíen, en lo posible, jurídicamente los derechos alimentarios de personas que a raíz de un divorcio pudieran ubicarse en una situación de vulnerabilidad o desequilibrio económico; por tanto, la responsable omitió aplicar dichos artículos con el objetivo de confirmar la sentencia de primera instancia, pues de la lectura armónica de ambos preceptos, se evidencia que los alimentos después de la disolución del vínculo matrimonial protegen la dignidad humana de los acreedores alimentarios. La autoridad responsable transgrede el principio pro homine, entendiéndose como la interpretación jurídica que busca el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, contemplado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 72. En su segundo concepto de violación, manifiesta: La autoridad responsable viola el artículo 16 constitucional relacionado con la motivación y fundamentación que debe imperar en un mandamiento escrito, en relación con el artículo 4.99 del Código Civil del Estado de México, porque consideró parcial y esencialmente fundados los agravios, siendo procedente la cancelación de la pensión alimenticia a razón del divorcio, lo cual dio lugar a revocar la sentencia apelada. Señala, la institución de alimentos se rige por el principio de proporcionalidad, pues deben ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos; de ahí que para imponer la condena al pago de una pensión alimenticia en un juicio de divorcio deba comprobarse, en menor o mayor grado, la necesidad del alimentista de recibirlos, en el entendido de que si bien esa carga -en principio- corresponde a las partes, no impide que el juez, bajo su discrecionalidad y arbitrio judicial, imponga dicha condena si advierte cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico, por lo que a la falta de prueba, tal determinación debe de estar sustentada en métodos válidos de argumentación jurídica. Indica, la debida acreditación de ese elemento parte de la base que la pensión alimenticia que se fija en el divorcio tiene un carácter constitutivo y de condena, en la medida que dicha obligación, después del matrimonio, no atiende a la existencia de un derecho previamente establecido como sí ocurre, por ejemplo, entre los cónyuges o entre padres e hijos, donde ese derecho tiene su origen en la solidaridad familiar, la cual desaparece al disolverse el matrimonio, por lo que si el derecho a alimentos después de la disolución surge a raíz de que el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges, el juez debe comprobar, en mayor o menor medida, la necesidad del alimentista, tal y como lo establece la tesis 1ª./.22/2017 (10ª), con registro digital 2014566. La autoridad responsable omitió aplicar en armonía el artículo 16 constitucional con el artículo 4.99 del Código Civil del Estado de México, con el objetivo de emitir una sentencia que confirmara la resolución pronunciada por la jueza de primera instancia, pues de su lectura armónica se evidencia que los alimentos subsisten después de la disolución del vínculo matrimonial, sin soslayar que las autoridades tienen facultades expresas; por tanto, no pueden restringir los alimentos sin tener un precepto legal que así lo ordene, aunado a que existe la tesis emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. ES IMPROCEDENTE SU CANCELACIÓN POR LA SOLA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL". 73. Análisis. Como se dijo, son sustancialmente fundados para conceder el amparo, en atención a su causa de pedir, aquellos argumentos por los cuales la quejosa asevera que fue incorrecta la interpretación realizada por la responsable al cancelar la pensión alimenticia que le fue concedida en el juicio de divorcio 424/2009, por el hecho de haberse disuelto su matrimonio, toda vez que la ley prevé los alimentos incluso en el divorcio. 74. En efecto, asiste razón a la peticionaria, puesto que la autoridad responsable para decretar la cancelación de pensión, partió de una premisa equívoca al considerar que con motivo de la disolución del vínculo matrimonial de los contendientes, se extinguió entre ellos la obligación-derecho alimentario en su calidad de cónyuges, pues derivado del divorcio desaparece tanto el derecho como la obligación entre los consortes de proporcionarse alimentos y, por ende, no existe la causa que le dio origen, consistente en el matrimonio. 75. Sin embargo, en el caso, la sala responsable pierde de vista que los alimentos que recibe la quejosa del tercero interesado derivan del convenio celebrado entre ambos precisamente en la audiencia de conciliación y depuración procesal desahogada en el expediente de divorcio necesario 424/2009, ante el Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde las partes convinieron lo relativo a la patria potestad, guarda y custodia, régimen de convivencias y alimentos, con la finalidad de llegar a una conciliación de intereses a fin de resolver esa controversia. 76. En ese acuerdo de voluntades, en lo que interesa, el ahora tercero interesado ****, se comprometió a otorgar pensión alimenticia definitiva a favor de ****; asimismo, a favor de su descendiente de iniciales ****, por el equivalente al treinta por ciento de sus percepciones ordinarias y extraordinarias de su actual o futuro empleo; convenio que el juez familiar del conocimiento, al observar que no contenía cláusulas contrarias a la moral o al derecho, lo aprobó, elevándolo a la categoría de cosa juzgada y obligaba a las partes a pasar por él como si se tratare de sentencia ejecutoriada, ordenando continuar la secuela procesal respecto del divorcio solicitado. 77. Posteriormente, mediante sentencia de dieciséis de julio de dos mil nueve, el juez familiar decretó la disolución del vínculo matrimonial, sustentado con base en la fracción XIX del artículo 4.90 del Código Civil del Estado de México, vigente en aquella época, y tomando en consideración que las partes acordaron lo relativo a la patria potestad, gurda y custodia, régimen de convivencias y alimentos de su hijo menor de edad, y dicho convenio fue aprobado elevándose a la categoría de cosa juzgada; por ese motivo, no hizo mayor pronunciamiento, sin perjuicio que tal determinación sea susceptible de modificar, en términos del artículo 1.213 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 78. Bajo ese contexto, si bien la calidad de cónyuges con la cual se pactó la obligación alimentaria desapareció, debido a la disolución de su vínculo matrimonial; además, conforme la causal de divorcio necesario sustentada en la fracción XIX del artículo 4.90 del Código Civil de la entidad vigente en aquella época, relativa a la separación de los cónyuges por el lapso que establece, no existe declaratoria de cónyuge culpable y, por regla general, ninguno tenía derecho a recibir alimentos del otro, también lo es que se reitera, en la especie, la fuente obligacional del deudor alimentario hacia sus acreedores ya no proviene del matrimonio, el cual se extinguió con el divorcio, como indebidamente lo interpreta la autoridad responsable, sino que surge del convenio alimentario celebrado entre las partes el cuatro de julio de dos mil nueve, que suscribieron con el objeto de dar por terminada la controversia de divorcio y en el cual el hoy tercero interesado se comprometió, entre otras cosas, a otorgar pensión alimenticia a sus acreedores; pacto el cual debe considerarse como máxima ley de los contratos al ser la voluntad de las partes, como lo establecen los artículos 7.30, 7.31 y 7.94 del Código Civil del Estado de México. 79. Por tanto, la sala al analizar la pretensión de cancelación del actor, era menester que la estudiara contemplando las reglas que el propio legislador estableció para el tema de alimentos, por tratarse de una cuestión de orden público, y con base en las causas narradas en la demanda inicial por las cuales el actor considera que su antagonista no tiene derecho a la pensión alimenticia materia de la controversia. 80. En consecuencia, este tribunal no comparte la decisión asumida en el acto reclamado, porque tratándose de acciones sobre cancelación de alimentos derivados de un convenio, la autoridad responsable debió ponderar que en la demanda inicial se hicieron valer cuestiones de variación de las circunstancias que originaron esa obligación, así como los motivos para su cancelación, esto es, porque el actor solo tenía obligación de proporcionarle alimentos a su contraria por el periodo que duró su matrimonio, aunado a que no tiene derecho a recibir pensión, ya que tiene una relación permanente desde el año dos mil nueve, donde ha procreado hijos, mientras que él tiene una diversa obligación con sus dos menores hijos, siendo imposible que cubra esas dos obligaciones, incluso, en ese contexto fue contestada la demanda, pues la quejosa si bien reconoce que su matrimonio estuvo vigente por el lapso de trece meses, no obstante, adujo que carece de fundamentación que el actor pretenda proporcionarle alimentos por el periodo de duración del matrimonio, además, nunca ha contraído nupcias ni se ha unido en concubinato, ignorando lo relativo a la nueva obligación alimentaria del actor. 81. En esa tesitura, al existir un acuerdo voluntario por parte del deudor alimentario de suministrar alimentos por parte del hoy tercero interesado, era necesario analizar la acción conforme a las reglas previstas en la ley para los alimentos, y con base en las causas que informa el actor en su demanda, y no únicamente estimar que cesó la obligación alimentaria, dado el divorcio de los contendientes, soslayando el origen que convinieron de los alimentos. 82. De tal suerte, la cancelación solicitada no puede quedar a la discrecionalidad del actor, sino que debía atenderse al contexto que imperó al obligarse al pago de alimentos, en concordancia con las razones de nuevas circunstancias que alude en su demanda, así como la duración del matrimonio, es decir, de acuerdo a los planteamientos de las partes, y no solo anularlo únicamente porque culminara su matrimonio, soslayando la existencia del convenio generador de los alimentos elevado a la categoría de cosa juzgada y que obligaba a las partes a pasar por él, como si se tratare de sentencia ejecutoriada. 83. En las condiciones relatadas, al resultar sustancialmente fundados los conceptos de violación analizados, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para que la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: a) Deje insubsistente la resolución emitida el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el toca 359/2023, de su índice. b) Emita otra en la que al analizar la acción intentada, parta de la base que la obligación alimentaria del deudor alimentario nace del convenio celebrado por las partes en el juicio de divorcio, y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción y conforme con las reglas previstas en la legislación civil para los alimentos, así como los planteamientos del actor expresados en la demanda, determine la procedencia o no de la acción. 84. NOVENO. Amparo adhesivo En cuanto al amparo adhesivo promovido por el tercero interesado ****, se debe precisar que conforme los efectos de concesión del amparo no es dable analizar los argumentos expresados, ya que en todo caso, se limitan a señalar que la autoridad no fue exhaustiva en analizar las causas por las cuales solicitó la cesación de la pensión alimenticia, lo cual conforme lo resuelto previamente en esta ejecutoria, será materia del nuevo pronunciamiento que realice la responsable en cumplimiento a este fallo constitucional; de ahí que no haya materia sobre qué analizar dicho amparo adhesivo; por tanto, se debe declarar sin materia . 85. Alegatos de la quejosa. Finalmente, en relación con el escrito de alegatos presentado por ****, se estima innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto de los argumentos que ahí expresa, ya que están dirigidos a reiterar los conceptos de violación de la demanda de amparo principal, y que se desestimen los argumentos expresados por el tercero interesado en el amparo adhesivo; sin embargo, dichos alegatos se tienen por contestados en el cuerpo de la presente resolución, máxime que según se vio con antelación, los conceptos de violación prosperaron y se declaró sin materia el adhesivo . 86. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Se declara sin materia el amparo adhesivo promovido por el tercero interesado ****. Notifíquese; a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución, para que una vez que cause ejecutoria se le devuelvan los autos y se le requiera de su cumplimiento. En su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados presidenta Gabriela Elena Ortiz González, Raúl Angulo Garfias y ponente Jacinto Juárez Rosas, quienes firman con el secretario de acuerdos que autoriza. Doy fe. El secretario de acuerdos Fernando Lamas Pérez, con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal C E R T I F I C A : que el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se aprobó la resolución correspondiente al juicio de amparo en revisión 420/2023, interpuesto por ****, cuyo engrose se firmó electrónicamente el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo, túrnese el expediente al magistrado Jacinto Juárez Rosas, para formular el proyecto de resolución.
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