María del Consuelo Villagrán Pozas y Otros.
Expediente 882/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María del Consuelo Villagrán Pozas y Otros.
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
La autoridad oficiante acusa recibo tanto del diverso oficio con el que se comunicó la incompetencia legal de este tribunal para conocer de la demanda de amparo, en relación con el auto de quince de octubre pasado, como de las constancias que lo acompañaron; además, informa que se avocó al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado como amparo indirecto 150/2019. Este tribunal toma conocimiento de lo informado por el juez de Distrito y en su oportunidad acuérdese lo que en derecho corresponda.
- Juicio de Amparo Directo
Se desecha por un acto y se declara legalmente incompetente por otro.
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO SIGUIENTE: PROMOCIÓN: 7561 En veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el secretario da cuenta al presidente con el oficio 1590, que suscribe el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, y los anexos que acompaña. Conste. Toluca, Estado de México, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio 1590 de cuenta, así como los anexos que lo acompañan. Acúsese recibo. Fórmese y regístrese expediente impreso y electrónico como juicio de amparo directo 882/2019. Los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el numeral 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En el caso, *****************, *****************y*****************, de apellidos*****************y*****************, reclaman la sentencia de veinticuatro de septiembre del año en curso y su ejecución, así como el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, por virtud de los cuales, con el primero, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, resolvió el juicio ordinario civil sobre interdicto de retener la posesión promovido por *****************, en contra de los aquí quejosos, seguido ante el referido juez con el número de expediente 484/2019, en donde se resolvió que el actor tiene derecho a retener la posesión del inmueble materia del litigio y se condenó a los demandados a poner fin a la perturbación de la posesión que la parte actora tiene sobre el inmueble en conflicto; y con el segundo, otorga a los demandados un plazo de ocho días para hacer el pago voluntario de la cantidad a que fueron condenados. Por lo que hace al primero de los actos reclamados, debe observarse que: 1.- La Constitución General de la República, en el artículo 107, fracción III, inciso a), literalmente expresa: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.-La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." 2.- Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo, citado con anterioridad en su párrafo tercero, señala que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. 3.- Asimismo, el diverso numeral 171 del ordenamiento citado en el párrafo anterior impone: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza y marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Tomando en consideración los datos aportados, así como la disposición constitucional y los ordenamientos legales mencionados debe concluirse que la sentencia definitiva, simplemente, es la que decide el juicio en lo principal de acuerdo a lo que establece la legislación actual vigente y por tanto, dada la propia naturaleza del acto reclamado en la demanda de garantías, este tribunal es competente para conocer del presente juicio de amparo. A ese respecto puede decirse que la legislación anterior señalaba un requisito adicional, para que el tribunal de amparo estuviese en posibilidad de dar a una sentencia o resolución que pone fin al juicio el tratamiento de "definitiva", consistente en que la misma no fuese susceptible de ser modificada o revocada mediante la interposición de algún recurso ordinario contemplado por la ley y procedente para el caso, o bien, que previéndolo, se hubiera renunciado a él, si la ley lo permite. En la actualidad, las reglas constitucional y legales que estructuran al juicio de amparo ya no lo vinculan con los conceptos de sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, sino simplemente a su procedencia. De ese modo, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. Desde luego, existen algunos casos de excepción al principio de definitividad que contempla expresamente el artículo 171 de la ley adjetiva y que son los siguientes: a) Contra actos que afecten derechos de menores o incapaces o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza y marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. b) Cuando el acto reclamado sea de naturaleza penal y promovido por el inculpado. c) Tampoco será exigible agotar el principio de definitividad cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También debe tenerse como caso de excepción el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de resolver el amparo en revisión 581/2013, de su índice, en el sentido de que el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no es apto para lograr la protección más amplia a favor del menor, ya que no permite la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por el juez del conocimiento y, por tanto, si se llevara a cabo un régimen de convivencia en los términos señalados en tal resolución, sin que exista siquiera la posibilidad de que se evalúe la pertinencia de ejecutar o suspender el acto, el tribunal de amparo debe considerar que la sentencia de primera instancia reúne la característica de ser un acto definitivo para los efectos del amparo, ante la ineficacia del recurso de apelación, para lograr el cometido pretendido por los quejosos, relativo a valorar la necesidad de suspender o no el acto reclamado. En ese sentido, es necesario destacar que el acto aquí reclamado no se adecúa a ninguno de los casos de excepción referidos, toda vez que si bien se trata de una resolución definitiva dictada en un procedimiento civil que condena a los demandados a poner fin a los actos de perturbación de la posesión que la parte actora tiene sobre el inmueble ubicado en *****************, por tanto no es aplicable el caso de excepción; asimismo, tampoco contraviene el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes transcrito. Además, en el nuevo sistema al considerarse que el Tribunal Colegiado de Circuito tiene competencia para conocer del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio y que cuando no se satisface el principio de definitividad, en realidad no se llena un requisito de procedibilidad que sí es manifiesto e indudable, se surte la hipótesis legal que permite desechar la demanda de garantías. Ahora bien, de todo lo anterior resulta evidente que para que el amparo sea procedente, tratándose de la resolución que se quiere combatir, es necesario que la parte quejosa haya satisfecho el principio de definitividad, lo que aquí no sucedió, ya que el acto reclamado no fue materia de impugnación a través del recurso de apelación previsto en los artículos 1.366, 1.377, 1.378 y 5.76 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, por medio del cual pudo ser modificada o revocada, de manera que debió agotarse aquel medio ordinario de defensa antes de acudir al amparo, como en el caso ocurre. Bajo esas condiciones, el juicio de amparo directo promovido por *****************, *****************y*****************, de apellidos*****************y*****************, en contra de la sentencia definitiva que constituye el primero de los actos recamados, sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, es improcedente con fundamento en los artículos 34, 170, párrafo tercero, y 171, interpretados a contrario sensu y con apoyo en el numeral 179 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano por su notoria improcedencia la demanda de amparo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que los quejosos en sus conceptos de violación, concretamente en los destacados con las letras "J", "K" y "L", manifiesten, en esencia, que no recurrieron la sentencia reclamada debido a que ésta les fue notificada de forma ilegal, y que por este motivo interpusieron incidente de nulidad de actuaciones contra dicha notificación, realizada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, incidencia que fue desechada, por lo que el veinticinco de octubre siguiente, contra tal desechamiento interpusieron apelación, que tampoco fue admitida, pues tal situación pudo haber sido combatida a través del amparo indirecto, y si no se hizo así adquirió firmeza procesal, lo que este órgano colegiado está obligado a validar. Por otra parte, en lo referente al segundo de los actos reclamados (auto de quince de octubre de este año), de la lectura del concepto de violación distinguido con la letra "M", se desprende que los quejosos lo combaten por vicios propios y no como una consecuencia de la sentencia definitiva, lo que constituye un acto fuera de juicio, motivo por el cual este tribunal carece de competencia legal para conocer de dicho acto; de ahí que, con independencia de su procedencia, le corresponde su conocimiento a un juez de distrito; en consecuencia, debe remitirse de inmediato la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad de Toluca, en turno, a quien se considera competente en razón de que la autoridad responsable reside dentro de su jurisdicción territorial. Como los estrados no son un domicilio previsto por la Ley de Amparo, por no cumplir las formalidades legales, las notificaciones de carácter personal hágansele por lista. Se tienen por autorizadas a las personas que indica para oír notificaciones e imponerse de los autos, de acuerdo con el numeral 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Finalmente, en atención al artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso y al tercero interesado su derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3, de la ley abrogada sobre transparencia; en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa; esto con relación a lo establecido en el artículo segundo transitorio, párrafo segundo, de la ley de transparencia vigente. Por lo expuesto con anterioridad: PRIMERO. Se desecha por improcedente la demanda de amparo presentada por *****************, *****************y*****************, de apellidos*****************y*****************, respecto de la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. SEGUNDO. Este órgano colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por los citados quejosos, en contra del auto de quince de octubre de este año. TERCERO. Remítase de inmediato la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad de Toluca, en turno, a quien se le solicita que en su oportunidad ordene a quien corresponda acuse el recibo respectivo del oficio que se derive de este proveído y de los anexos remitidos con el mismo. Notifíquese; por personalmente a la quejosa, por lista al tercero interesado y por oficio al Ministerio Público de la Federación adscrito, a la autoridad señalada como responsable y al juez de distrito respectivo. Así lo acordó y firma el magistrado Ricardo Romero Vázquez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Fernando Lamas Pérez. Doy fe.
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