María del Consuelo Alanis Dueñez
Expediente 757/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María del Consuelo Alanis Dueñez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, se declara firme el auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y devuélvansele los autos y documentos que acompañó a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Intégrense al expediente electrónico con las constancias relativas a la notificación realizada por la actuaria adscrita a este órgano colegiado, de las que se advierte que el catorce de noviembre anterior, notificó a la parte quejosa del proveído de ocho de noviembre anterior, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Atendiendo al estado de autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente.
- Juicio de Amparo Directo
S E R E S U E L V E:********************ÚNICO.- Se desecha de plano por su notaria improcedencia la demanda de amparo
- Juicio de Amparo Directo
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL AVISO CORRESPONDIENTE Y EN CUMPLIMIENO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE LA MATERIA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA EN EL PRSENTE ASUNTO, LA RESOLUCIÓN SIGUIENTE: En ocho de noviembre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al presidente con el oficio 1393/2023 suscrito por el Juez Séptimo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual remite la demanda de amparo de **********, y anexos; asimismo, certifica que el presente asunto guarda relación con el amparo directo 756/2023 del índice de este tribunal. Conste. Toluca, Estado de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Por recibidos el oficio de cuenta, así como los anexos que acompaña. Acúsese recibo. Fórmese el expediente electrónico correspondiente y regístrese como amparo directo 757/2023. Ahora bien, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el numeral 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su procedencia en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En el caso, **********reclama la sentencia definitiva de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Séptimo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio ordinario mercantil 821/2022. Lo cual de acuerdo en el numeral 170 citado con anterioridad, constituye una resolución que decide el juicio en lo principal, al resolver el fondo del asunto, lo que le da el carácter de definitiva, que se requiere para ser impugnada en el juicio de amparo directo, por lo que este tribunal es competente para conocer de este asunto. Por su parte, la Constitución General de la República, en el artículo 107, fracción III, inciso a), establece la procedencia del juicio de amparo: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.-La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." En ese sentido, el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, en su párrafo tercero, señala que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos y se renuncien. En relación con lo anterior, las constancias que integran el expediente relativo al referido procedimiento ponen en evidencia que la ahora quejosa fue parte actora, además que las prestaciones que reclamó a su antagónica, son: A. "La recisión del Contrato de Asociación en Participación, celebrado el seis de agosto de dos mil dieciocho, entre **********y la demandada **********, mismo que fue ratificado ante la fe de la Notario Público Número Quince del Estado de México, en esa misma fecha, contenida en el instrumento notarial 63,030. B. El pago de daños y perjuicios ocasionados por la demandada, por el incumplimiento al contrato de asociación en participación. C. El pago de la cantidad que resulte del seis por ciento mensual de las ventas netas, a partir del sexto mes del funcionamiento del negocio pactado, es decir a partir del mes de febrero de dos mil diecinueve, pactado en la cláusula cuarta del contrato base de la acción. D. La rendición de cuentas que deberá realizar la demandada **********, por el uso de la marca **********desde la fecha de celebración del contrato basal, a efecto de determinar las utilidades que ha tenido la demandada hasta la fecha y las que sigan generando por el uso de la marca. E. La terminación y su consecuente liquidación del contrato de asociación en participación, en los términos del artículo 246, fracción I al VI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pactada en la cláusula séptima del contrato base de la acción. F. El pago de gastos y costas que se originen con motivo del juicio". El reclamo de esas prestaciones se fundó básicamente en el incumplimiento que a decir de la actora incurrió su contraparte, pues el contrato de asociación en participación que constituye el documento base de la acción obligaba a la parte asociante a realizar las siguientes aportaciones: ? Proporcionar la inversión necesaria para montar el negocio. ? Proporcionar uniformidad de la marca. ? Mantener la confidencialidad total del negocio. ? Contar con una red de contactos extras para aumentar sus ventas. ? Tener la responsabilidad de prestar servicio. ? Asumir los costes (alquiler del local, pago al personal, costes de materia prima y todos los gastos que se generen para el funcionamiento del negocio). ? Cubrir todos los gastos de transportación y viáticos para capacitación. ? Buscar y contratar el local. ? Buscar y contratar el personal que estará a su cargo. ? Acudir a cursos de formación para aprender la gestión del negocio (costo ya incluido). ? Administrar su negocio. Además de la parte operativa, en todas las otras facetas (legales, financieras, tributarias y contables) contando siempre con la asesoría de (la asociada). ? Estará sujeta a utilizar única exclusivamente el empaque proporcionado por **********matriz. Quedando por entendido que está prohibida la maquila en cualquiera de sus modalidades a efecto de explotar comercialmente la marca **********. En esa tesitura, es necesario precisar que la determinación de la cuantía del juicio y, por ende, la procedencia o no del recurso de apelación, no solo debe atender al monto de la suerte principal reclamada, también obedece al importe que resulte de las demás prestaciones, siempre y cuando éstas sean fácilmente liquidables, mediante una simple operación aritmética, sin la necesidad de auxilio de peritos. En el caso en comento, es evidente que las prestaciones demandadas no cumplen con ese requisito, pues si bien algunas de ellas son de carácter económico, tales como proporcionar la inversión necesaria para montar el negocio, asumir los costes y cubrir todos los gastos de transportación y viáticos para capacitación, no son de fácil cuantificación, pues no se pueden deducir de una simple operación aritmética, su cantidad monetaria depende de las exigencias del negocio y su actividad; el resto son conductas y acciones imposibles de cuantificar. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.4/2022 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002, página 23, con registro digital 187320, que a la letra dice: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. LA CUANTÍA DEL NEGOCIO PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, DEBE COMPRENDER TANTO EL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL, COMO EL IMPORTE DE LOS INTERESES, GASTOS, COSTAS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE SEAN FÁCILMENTE LIQUIDABLES, A TRAVÉS DE UNA SIMPLE OPERACIÓN ARITMÉTICA.- En materia mercantil, tratándose de la determinación de la cuantía del juicio y, por ende, la procedencia o no del recurso de apelación, no sólo debe atenderse al monto que arroje la suerte principal, sino también al importe que resulte de las demás prestaciones reclamadas, aun cuando su importe no se encuentre cuantificado con exactitud en numerario, siempre y cuando éstas sean fácilmente liquidables mediante una simple operación aritmética, sin necesidad del auxilio de peritos. Lo anterior es así, puesto que, por un lado, no existe prohibición legal expresa en contrario y, por otro, la cuantificación de esas prestaciones no sólo otorga la oportunidad de que en dicha determinación sean observadas las formalidades esenciales del procedimiento, sino también que en tal caso se proporcione a la parte vencida un medio de impugnación en el que el tribunal de alzada deberá resolver si confirma, revoca o modifica la resolución recurrida, cumpliéndose con la tendencia modernista del derecho procesal en general, consistente en otorgar a la parte vencida mayores instrumentos legales de defensa y el acceso a una nueva instancia que, por su calidad revisora, garantiza aún más la impartición de una debida administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En estas condiciones, como lo hace notar la autoridad responsable en su informe justificado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser evidente que se trata de un asunto de cuantía indeterminable y para que el amparo que se promueve fuera procedente era necesario que la quejosa hubiera satisfecho el principio de definitividad, lo cual no sucedió, al no haber interpuso el recurso de apelación previsto en los artículos 1336, 1337, 1338, 1339 y 1339 bis del Código de Comercio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia 94/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 498, de rubro: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN." Bajo esas circunstancias, el juicio de amparo directo que nos ocupa resulta improcedente, por lo que con fundamento en los artículos 34, 170, párrafo tercero, y 171, interpretados a contrario sensu y con apoyo en el numeral 179 de la Ley de Amparo, lo que procede es desecharlo de plano por su notoria y manifiesta improcedencia, al surtirse la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Toda vez que el domicilio que indica se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones de carácter personal. Se autoriza al promovente para ingresar vía internet al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario que señala, única y exclusivamente para consultar los acuerdos y resoluciones que en su momento se lleguen a emitir en este expediente. Respecto a los profesionistas mencionados y autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia sólo podrá hacer uso de dichas facultades si en la fecha en que se actúa tienen debidamente registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario y hasta en tanto no lo hagan, a ellos y a las otras personas que cita, se les autoriza para el sólo efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Finalmente, en atención al artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes quejosa y tercera interesada su derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3, de la ley abrogada sobre transparencia; en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifieste su oposición de manera expresa; esto con relación a lo establecido en el artículo segundo transitorio, párrafo segundo, de la ley de transparencia vigente. Por último, toda vez que lo de cuenta se recibió físicamente en la oficialía de partes de este órgano colegiado y ya fue debidamente digitalizado e incorporado al expediente electrónico, conforme al artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19, y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, agréguese tal documentación al expediente físico únicamente para su debido resguardo. Por lo expuesto con antelación: S E R E S U E L V E: ÚNICO.- Se desecha de plano por su notaria improcedencia la demanda de amparo presentada por **********. Notifíquese personalmente a la quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto, al Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable por oficio. Así lo acordó y firma la magistrada Gabriela Elena Ortiz González, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Fernando Lamas Pérez. Doy fe.
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