María del Carmen Torres Pelaez
Expediente 247/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2017
Partes del expediente
- María del Carmen Torres Pelaez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la autoridad señalada como: GM Financial de México de Sociedad Anónima de Capital Variable, E.R (antes Ally Credit Sociedad Anónima de Capital Variable Sorfom E.N.R.). ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 247/2017-2-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de "autoridad responsable" converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior, se aprecia que tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o aun particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si la responsable, en el caso, es autoridad para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas: a). Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b). Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra a lo anterior, la tesis , que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014 estableció lo siguiente. "Así, se puede decir que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Debe destacarse que el concepto de los particulares que actúan con carácter de autoridad, ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo jurisprudencial, sobre todo al referirse a los alcances de la "responsabilidad estatal". Ejemplo de ello resulta la sentencia dictada en el Caso Ximenes Lopes vs. Brasil,(20) en el cual determinó que "la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado", toda vez que las "obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales". Sin embargo, dicha responsabilidad estatal, en el caso de actos realizados por particulares no es ilimitado, sino debe entenderse acotado a que exista "conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo", (21) es decir, debe atenderse a "las circunstancias particulares de cada caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía".(22) De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumidas cuentas, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el concepto de "autoridad responsable", resulta evidente que tal concepto se encuentra íntimamente vinculado al de acto reclamado. En efecto, para determinar quién puede ser autoridad para efectos de este proceso constitucional, es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad, por tanto, determinar el concepto de autoridad, es una labor compleja en la que hay que atender las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo.". De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza del acto motivo de reclamo, el cual en esencia se hace consistir en: * La nulidad del contrato con número ********** que otorga la empresa GM Financial de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Entidad Regulada (antes Ally Credit, Sociedad Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto múltiple Entidad No Regulada) respecto a la compra de un vehículo de la marca Aveo 2017 adquirido por el aquí quejoso. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no se ajusta a los requisitos exigidos por el sistema normativo; en razón de que la relación existente entre el promovente del amparo y la autoridad señalada como responsable es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso en la ejecución por tratarse de actos de particulares, por lo cual el quejoso deberá acudir ante la autoridad correspondiente a reclamar el acto que aquí señala. En efecto, la actuación de la autoridad responsable, se suscita con motivo de la relación contractual entre ambas partes y no se caracteriza por el imperio y potestad que una norma jurídica le otorga; es decir, se rige por el acto de comercio realizado. Tiene aplicación a lo anterior la tesis VI.2o.C.588 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1666, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE COMERCIO. TIENEN ESE CARÁCTER LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR SOCIEDADES ANÓNIMAS, SI LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADOS COINCIDEN CON SU OBJETO SOCIAL. La naturaleza mercantil de un acto jurídico contenido en un contrato celebrado entre una sociedad anónima y un particular que no ejerce el comercio, resulta de la coincidencia existente entre los derechos y obligaciones que derivan de ese convenio y las actividades que se establecieron como preponderantes en la identificación del objeto social pactado al constituirse aquélla con ese carácter. En efecto, si los accionistas de una empresa deciden afectar su patrimonio para con él constituir una negociación mercantil, y para ello determinan cuáles son las actividades que conforman el giro de su actuación como comerciantes, adoptando una de las figuras contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, es inconcuso que los actos jurídicos que coincidan con la actividad que motivó su agrupación están excluidos de la aplicación de leyes, tanto sustantivas como procesales, distintas de las especialmente expedidas para la regulación de los actos y procedimientos de naturaleza mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 1049 del Código de Comercio, aun cuando éstos pudieran tener afinidad con alguno de los contratos específicamente regulados en la legislación civil. Además, atento a lo establecido en el artículo 2o. del citado ordenamiento, en lo relativo a cuestiones de carácter sustantivo, resulta aplicable supletoriamente el Código Civil Federal, y esto permite que un acuerdo entre particulares, en el cual uno de ellos ejerce el comercio a través de la celebración habitual de contratos que tradicionalmente pudieran conceptuarse como eminentemente civiles, pueda ser considerado como de naturaleza mercantil, precisamente por la afinidad existente entre su objeto social y los derechos y obligaciones pactados en dicho acuerdo de voluntades; sin que a lo anterior sea óbice el elemento "especulación mercantil", previsto por las fracciones I y II del artículo 75 del Código de Comercio, ya que la naturaleza mercantil de un contrato celebrado por una sociedad anónima, en términos generales, no se determina atendiendo al ingreso económico derivado del establecimiento de una contraprestación monetaria, o bien, de la ausencia de esa finalidad en uno de los contratantes." Por tanto, resulta inconcuso que el acto reclamado no pueden ser materia del juicio de amparo, toda vez que el mismo constituye propiamente actos suscitados entre particulares, y no con las características propias de un acto de autoridad; es decir, de un acto de supra a subordinación, en cumplimiento de funciones y dentro de la esfera de sus atribuciones oficiales. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ********** y **********, en virtud de que no se encontraron registradas las cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CATORCE DE FEBRERO DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la autoridad señalada como: **** ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 247/2017-2-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de "autoridad responsable" converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior, se aprecia que tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o aun particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si la responsable, en el caso, es autoridad para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas: a). Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b). Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra a lo anterior, la tesis , que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014 estableció lo siguiente. "Así, se puede decir que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Debe destacarse que el concepto de los particulares que actúan con carácter de autoridad, ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo jurisprudencial, sobre todo al referirse a los alcances de la "responsabilidad estatal". Ejemplo de ello resulta la sentencia dictada en el Caso Ximenes Lopes vs. Brasil,(20) en el cual determinó que "la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado", toda vez que las "obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales". Sin embargo, dicha responsabilidad estatal, en el caso de actos realizados por particulares no es ilimitado, sino debe entenderse acotado a que exista "conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo", (21) es decir, debe atenderse a "las circunstancias particulares de cada caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía".(22) De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumidas cuentas, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el concepto de "autoridad responsable", resulta evidente que tal concepto se encuentra íntimamente vinculado al de acto reclamado. En efecto, para determinar quién puede ser autoridad para efectos de este proceso constitucional, es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad, por tanto, determinar el concepto de autoridad, es una labor compleja en la que hay que atender las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo.". De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza del acto motivo de reclamo, el cual en esencia se hace consistir en: * La nulidad del contrato con número ********** que otorga la empresa GM Financial de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Entidad Regulada (antes Ally Credit, Sociedad Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto múltiple Entidad No Regulada) respecto a la compra de un vehículo de la marca Aveo 2017 adquirido por el aquí quejoso. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no se ajusta a los requisitos exigidos por el sistema normativo; en razón de que la relación existente entre el promovente del amparo y la autoridad señalada como responsable es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso en la ejecución por tratarse de actos de particulares, por lo cual el quejoso deberá acudir ante la autoridad correspondiente a reclamar el acto que aquí señala. En efecto, la actuación de la autoridad responsable, se suscita con motivo de la relación contractual entre ambas partes y no se caracteriza por el imperio y potestad que una norma jurídica le otorga; es decir, se rige por el acto de comercio realizado. Tiene aplicación a lo anterior la tesis VI.2o.C.588 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1666, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE COMERCIO. TIENEN ESE CARÁCTER LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR SOCIEDADES ANÓNIMAS, SI LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADOS COINCIDEN CON SU OBJETO SOCIAL. La naturaleza mercantil de un acto jurídico contenido en un contrato celebrado entre una sociedad anónima y un particular que no ejerce el comercio, resulta de la coincidencia existente entre los derechos y obligaciones que derivan de ese convenio y las actividades que se establecieron como preponderantes en la identificación del objeto social pactado al constituirse aquélla con ese carácter. En efecto, si los accionistas de una empresa deciden afectar su patrimonio para con él constituir una negociación mercantil, y para ello determinan cuáles son las actividades que conforman el giro de su actuación como comerciantes, adoptando una de las figuras contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, es inconcuso que los actos jurídicos que coincidan con la actividad que motivó su agrupación están excluidos de la aplicación de leyes, tanto sustantivas como procesales, distintas de las especialmente expedidas para la regulación de los actos y procedimientos de naturaleza mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 1049 del Código de Comercio, aun cuando éstos pudieran tener afinidad con alguno de los contratos específicamente regulados en la legislación civil. Además, atento a lo establecido en el artículo 2o. del citado ordenamiento, en lo relativo a cuestiones de carácter sustantivo, resulta aplicable supletoriamente el Código Civil Federal, y esto permite que un acuerdo entre particulares, en el cual uno de ellos ejerce el comercio a través de la celebración habitual de contratos que tradicionalmente pudieran conceptuarse como eminentemente civiles, pueda ser considerado como de naturaleza mercantil, precisamente por la afinidad existente entre su objeto social y los derechos y obligaciones pactados en dicho acuerdo de voluntades; sin que a lo anterior sea óbice el elemento "especulación mercantil", previsto por las fracciones I y II del artículo 75 del Código de Comercio, ya que la naturaleza mercantil de un contrato celebrado por una sociedad anónima, en términos generales, no se determina atendiendo al ingreso económico derivado del establecimiento de una contraprestación monetaria, o bien, de la ausencia de esa finalidad en uno de los contratantes." Por tanto, resulta inconcuso que el acto reclamado no pueden ser materia del juicio de amparo, toda vez que el mismo constituye propiamente actos suscitados entre particulares, y no con las características propias de un acto de autoridad; es decir, de un acto de supra a subordinación, en cumplimiento de funciones y dentro de la esfera de sus atribuciones oficiales. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ********** y **********, en virtud de que no se encontraron registradas las cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes
- María del Carmen Rosales Vázquez y Otros.1588/2023
- María del Carmen Rosales Vázquez y Otros.1751/2023
- María del Carmen Ruiz Alonso y Otros.1097/2021
- María del Carmen Ruiz Alonzo y Otros.553/2019
- María del Carmen Santos Moguel y Otros.1534/2017
- Maria del Carmen Toala Perez y Otros.361/2018
- María del Carmen Valdez Landa y Otros.298/2022
- María del Carmen Verdugo García y Otros.89/2023
- María del Carmen Villalobos Domínguez y Otros.494/2019
- María del Pilar Cruz Manuel1270/2019
- María del Refugio Valero Cuevas y Otros.1037/2018
- María del Refugio Valero Cuevas y Otros.601/2018