María del Carmen Rosales Vázquez y Otros.
Expediente 1751/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1751/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- María del Carmen Rosales Vázquez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Juzgado Segundo Especializado en Materia Laboral Región Uno, y 2. Actuaria Adscrita al Juzgado Segundo Especializado en Materia Laboral Región Uno, ambas con sede en esta ciudad. Con apoyo en los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remite la autoridad responsable 1; asimismo, por adquisición procesal téngase por ofrecidas dichas constancias por parte de la autoridad 2, al haberlas hecho suyas. Tómese conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señalan, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: la omisión en acordar el escrito de contestación de demanda presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 121/2023, del índice de la autoridad responsable 1, y realizar la notificación respectiva a la parte actora para el efecto de que formule réplica. En ese contexto, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La citada causal de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. ***
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; y en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Tener como conservable el expediente principal, ya que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), de dicho acuerdo general, pues se trata de un asunto en el que concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Es de precisar, que el presente asunto no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir. Una vez concluido este plazo, solicítese al Área Coordinadora de Archivos respectiva, la transferencia del presente expediente al depósito documental que corresponda, tal como lo dispone el artículo 26 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
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