María del Refugio Valero Cuevas y Otros.
Expediente 601/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/08/2018
Partes del expediente
- María del Refugio Valero Cuevas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de veintiséis de julio dos mil dieciocho, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. TRANSFERENCIA 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: - El quince de junio de dos mil dieciocho (fojas 38 a 53), se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados. - Mediante oficios xxx y xxx, recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el seis y doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 70, 71, 75 a 95), la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas del auto de seis de julio y la resolución de diez de julio de la presente anualidad con las que refiere dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente asunto. - El trece de julio de dos mil dieciocho (foja 97), se ordenó dar vista a la parte quejosa con las documentales que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; término que se estableció en la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de éste Juzgado, vista que no fue desahogada por la parte quejosa. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO. Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la sentencia de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] 1.- Deje insubsistente la resolución combatida de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca Civil xxx, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, todos de apellidos xxx; xxx y xxx, ambas de apellidos xxx, en contra del acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, en autos del expediente xxx, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde; y, 2. Emita otra en la que dé respuesta a todos los planteamientos que se esgrimen en el ocurso por medio del cual se interpuso la instancia de apelación puesta a su consideración, sin que se encuentre constreñida a resolver aquellos en algún sentido específico, pero sí vertiendo una respuesta en concreto. [.] En la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo se determinó que la responsable incurrió en forma injustificada en una trasgresión a los derechos constitucionales, violentando con ello los principios de congruencia externa y exhaustividad, al no haber dado respuesta a todo lo solicitado por los quejosos; circunstancia que transgrede el aspecto de completitud a que se refiere el dispositivo 17 del Pacto Federal. SEGUNDO. Acto de la autoridad. La Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a través de los oficios xxx y xxx, de seis y doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 70, 71, 75 a 95), remitió copias certificadas del proveído de seis de julio y resolución de diez de julio, ambos de la presente anualidad, dictados en el expediente xxx de su índice, mediante los cuales en el primero de ellos, dejó insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, y en el segundo, emitió otra, en la que confirmó el auto de seis de marzo de la presente anualidad dictada por la Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en los autos del expediente xxx, relativo a la jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde promovida por los aquí quejosos. TERCERO. Análisis de cumplimiento. Ahora bien, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, emitiera la determinación conducente, a efecto de dejar insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca civil xxx, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por xxx, xxx, xxx, xxx, todos de apellidos xxx; xxx y xxx, ambas de apellidos xxx, en contra del acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, en autos del expediente xxx, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde; sí lo hizo, lo que acreditó con el proveído de seis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual hace del conocimiento de éste órgano jurisdiccional que dejó insubsistente la resolución de referencia, dictada en el toca civil xxx. En cuanto a que dictara otra, en la que dé respuesta a todos los planteamientos que se esgrimen en el ocurso por medio del cual se interpuso la instancia de apelación puesta a consideración de la responsable, sin que se encontrara constreñida a resolver aquellos en algún sentido específico, pero sí vertiendo una respuesta en concreto; sí lo hizo, pues expuso las razones y fundamentos que le llevaron a resolver en el sentido en el que lo hizo, estableciendo esencialmente lo siguiente: Precisó que respecto a los agravios primero, segundo y tercero, era necesario dar una contestación de manera conjunta por encontrarse relacionados entre sí, pues fundamentan los aquí quejosos sus inconformidades en los artículos 81 y 929 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, así como los preceptos 736, 832 y 833 del Código Civil del Estado de Chiapas. De ahí que, reiteró en no tramitar las diligencias de jurisdicción voluntaria, debido a que la pretensión de los recurrentes fue reclamar una extensión de terreno que no aparece en las escrituras que amparan su propiedad, ya que la función de las diligencias de apeo y deslinde tiene como finalidad señalar o aclarar lo que cada dueño o poseedor tiene, según el deslinde llevado a cabo, con el objeto de impedir confusiones. Ahora bien, en cuanto a que los quejosos arguyen que existe una violación al artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, la responsable declaró infundado su agravio, ya que atendiendo a la literalidad del citado artículo, la apelación interpuesta deviene de una disposición de la juzgadora de instancia que dio fin al trámite pretendido, manifestando que se trata de un auto y no de una sentencia como aducen los recurrentes, por que determinó dejar a salvo sus derechos para que promovieran el juicio idóneo. En consideración al agravio primero, establece que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, por tanto si lo recurrentes reconocen que su propiedad tiene una superficie de 1,500 metros cuadrados (mil quinientos) y en la boleta de predial aparece con una área de 2,813.74 metros cuadrados (dos mil ochocientos trece punto setenta y cuatro), por lo que sus pretensiones, es la apropiación indebida que resulta tomar posesión de los metros excedentes que no pertenecen al inmueble del cual solicitan el apeo y deslinde y por lo mismo resulta ser materia de un juicio diverso. Argumentó la responsable que los artículos 832 y 833 del Código Civil del Estado de Chiapas, refieren que todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer o exigir el amojonamiento de la misma, así como también tienen derecho a cerrar o cercar su propiedad; sin embargo, el caso a estudio en el documento base de la acción, y atendiendo a literalidad de los numerales en cita, al no demostrar ser dueños del excedente no pueden pretender el apeo y deslinde en el que se incluya la deferencia de los metros cuadrados, pues el deslinde representa el acto por el que se fijan los límites de un terreno, y al no demostrar la propiedad del excedente de los metros cuadrados del bien inmueble, podrán interponer un juicio diverso. A mayor abundamiento, precisa la autoridad con relación a lo que aducen los quejosos, en el sentido que la condición de que el predio en cuestión esté baldío y esa razón no afecta su admisibilidad, ni entorpece la diligencia de apeo y deslinde, ni le resta procedibilidad, ni es impedimento legal para admitir la jurisdicción voluntaria solicitada, la responsable determinó que si hay una autentica afectación al rectificar el metraje de su predio, toda vez que se contrapone al artículo 877 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, la jurisdicción voluntaria se distingue de la jurisdicción contenciosa, por lo que esa dable su confirmación que las pretensiones es materia de un juicio diverso. Asimismo, analizó en su conjunto las observaciones hechas notar por los recurrentes respecto a la interpretación que la Juez inferior realizó al dispositivo 929 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; así como la subjetividad con la que se pronunció al negar el trámite del procedimiento instaurado, en razón de que el objeto que se prendía era distinto al que se refieren las disposiciones legales, y atendió los motivos de inconformidad, al considerarlos infundados, ya que menciona que las manifestaciones de los recurrentes son subjetivas que no resultan ser propiamente agravios como lo es el hecho de que han pagado la boleta predial durante los años dos mil dos, dos mil ocho y dos mil quince, así como el hecho de cuando se adquirió la propiedad motivo de la apelación, y demás manifestaciones que distan de ser agravios que combaten la disposición de la juzgadora, aduciendo que los jueces gozan de autonomía para resolver y además resulta correcta la interpretación al numeral 929 del Código antes citado, destacando que para declarar procedente el apeo y deslinde solicitado es cuando no se hayan fijado los límites que separan un predio de otro u otros, o cuando habiéndose fijado dichos límites, existan motivos fundados para creer que no son exactos, es decir, que no puedan reconocerse o identificarse esos límites, en virtud de que se hayan destruido las señales que los marcaban, o bien, porque estas señales se hayan colocado en un lugar distinto del primitivo. De ahí lo infundado de las inconformidades de los recurrentes, en cuanto al último supuesto implica que para el caso de que las señales se hubiesen movido, entiéndase lugar primitivo, el que originalmente se delimitó, o donde en un primer momento se colocaron las señales y después éstas fueron modificadas o movidas. Pronunciamiento. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de quince de junio de dos mil dieciocho, en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, pues la responsable acató los lineamientos señalados en la sentencia de amparo. Vista. Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: - El quince de junio de dos mil dieciocho (fojas 38 a 53), se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados. - Mediante oficios xxx y xxx, recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el seis y doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 70, 71, 75 a 95), la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas del auto de seis de julio y la resolución de diez de julio de la presente anualidad con las que refiere dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente asunto. - El trece de julio de dos mil dieciocho (foja 97), se ordenó dar vista a la parte quejosa con las documentales que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; término que se estableció en la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de éste Juzgado, vista que no fue desahogada por la parte quejosa. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO. Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la sentencia de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] 1.- Deje insubsistente la resolución combatida de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca Civil xxx, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, todos de apellidos xxx; xxx y xxx, ambas de apellidos xxx, en contra del acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, en autos del expediente xxx, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde; y, 2. Emita otra en la que dé respuesta a todos los planteamientos que se esgrimen en el ocurso por medio del cual se interpuso la instancia de apelación puesta a su consideración, sin que se encuentre constreñida a resolver aquellos en algún sentido específico, pero sí vertiendo una respuesta en concreto. [.] En la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo se determinó que la responsable incurrió en forma injustificada en una trasgresión a los derechos constitucionales, violentando con ello los principios de congruencia externa y exhaustividad, al no haber dado respuesta a todo lo solicitado por los quejosos; circunstancia que transgrede el aspecto de completitud a que se refiere el dispositivo 17 del Pacto Federal. SEGUNDO. Acto de la autoridad. La Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a través de los oficios xxx y xxx, de seis y doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 70, 71, 75 a 95), remitió copias certificadas del proveído de seis de julio y resolución de diez de julio, ambos de la presente anualidad, dictados en el expediente xxx de su índice, mediante los cuales en el primero de ellos, dejó insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, y en el segundo, emitió otra, en la que confirmó el auto de seis de marzo de la presente anualidad dictada por la Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en los autos del expediente xxx, relativo a la jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde promovida por los aquí quejosos. TERCERO. Análisis de cumplimiento. Ahora bien, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, emitiera la determinación conducente, a efecto de dejar insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca civil xxx, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por xxx, xxx, xxx, xxx, todos de apellidos xxx; xxx y xxx, ambas de apellidos xxx, en contra del acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, en autos del expediente xxx, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde; sí lo hizo, lo que acreditó con el proveído de seis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual hace del conocimiento de éste órgano jurisdiccional que dejó insubsistente la resolución de referencia, dictada en el toca civil xxx. En cuanto a que dictara otra, en la que dé respuesta a todos los planteamientos que se esgrimen en el ocurso por medio del cual se interpuso la instancia de apelación puesta a consideración de la responsable, sin que se encontrara constreñida a resolver aquellos en algún sentido específico, pero sí vertiendo una respuesta en concreto; sí lo hizo, pues expuso las razones y fundamentos que le llevaron a resolver en el sentido en el que lo hizo, estableciendo esencialmente lo siguiente: Precisó que respecto a los agravios primero, segundo y tercero, era necesario dar una contestación de manera conjunta por encontrarse relacionados entre sí, pues fundamentan los aquí quejosos sus inconformidades en los artículos 81 y 929 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, así como los preceptos 736, 832 y 833 del Código Civil del Estado de Chiapas. De ahí que, reiteró en no tramitar las diligencias de jurisdicción voluntaria, debido a que la pretensión de los recurrentes fue reclamar una extensión de terreno que no aparece en las escrituras que amparan su propiedad, ya que la función de las diligencias de apeo y deslinde tiene como finalidad señalar o aclarar lo que cada dueño o poseedor tiene, según el deslinde llevado a cabo, con el objeto de impedir confusiones. Ahora bien, en cuanto a que los quejosos arguyen que existe una violación al artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, la responsable declaró infundado su agravio, ya que atendiendo a la literalidad del citado artículo, la apelación interpuesta deviene de una disposición de la juzgadora de instancia que dio fin al trámite pretendido, manifestando que se trata de un auto y no de una sentencia como aducen los recurrentes, por que determinó dejar a salvo sus derechos para que promovieran el juicio idóneo. En consideración al agravio primero, establece que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, por tanto si lo recurrentes reconocen que su propiedad tiene una superficie de 1,500 metros cuadrados (mil quinientos) y en la boleta de predial aparece con una área de 2,813.74 metros cuadrados (dos mil ochocientos trece punto setenta y cuatro), por lo que sus pretensiones, es la apropiación indebida que resulta tomar posesión de los metros excedentes que no pertenecen al inmueble del cual solicitan el apeo y deslinde y por lo mismo resulta ser materia de un juicio diverso. Argumentó la responsable que los artículos 832 y 833 del Código Civil del Estado de Chiapas, refieren que todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer o exigir el amojonamiento de la misma, así como también tienen derecho a cerrar o cercar su propiedad; sin embargo, el caso a estudio en el documento base de la acción, y atendiendo a literalidad de los numerales en cita, al no demostrar ser dueños del excedente no pueden pretender el apeo y deslinde en el que se incluya la deferencia de los metros cuadrados, pues el deslinde representa el acto por el que se fijan los límites de un terreno, y al no demostrar la propiedad del excedente de los metros cuadrados del bien inmueble, podrán interponer un juicio diverso. A mayor abundamiento, precisa la autoridad con relación a lo que aducen los quejosos, en el sentido que la condición de que el predio en cuestión esté baldío y esa razón no afecta su admisibilidad, ni entorpece la diligencia de apeo y deslinde, ni le resta procedibilidad, ni es impedimento legal para admitir la jurisdicción voluntaria solicitada, la responsable determinó que si hay una autentica afectación al rectificar el metraje de su predio, toda vez que se contrapone al artículo 877 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, la jurisdicción voluntaria se distingue de la jurisdicción contenciosa, por lo que esa dable su confirmación que las pretensiones es materia de un juicio diverso. Asimismo, analizó en su conjunto las observaciones hechas notar por los recurrentes respecto a la interpretación que la Juez inferior realizó al dispositivo 929 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; así como la subjetividad con la que se pronunció al negar el trámite del procedimiento instaurado, en razón de que el objeto que se prendía era distinto al que se refieren las disposiciones legales, y atendió los motivos de inconformidad, al considerarlos infundados, ya que menciona que las manifestaciones de los recurrentes son subjetivas que no resultan ser propiamente agravios como lo es el hecho de que han pagado la boleta predial durante los años dos mil dos, dos mil ocho y dos mil quince, así como el hecho de cuando se adquirió la propiedad motivo de la apelación, y demás manifestaciones que distan de ser agravios que combaten la disposición de la juzgadora, aduciendo que los jueces gozan de autonomía para resolver y además resulta correcta la interpretación al numeral 929 del Código antes citado, destacando que para declarar procedente el apeo y deslinde solicitado es cuando no se hayan fijado los límites que separan un predio de otro u otros, o cuando habiéndose fijado dichos límites, existan motivos fundados para creer que no son exactos, es decir, que no puedan reconocerse o identificarse esos límites, en virtud de que se hayan destruido las señales que los marcaban, o bien, porque estas señales se hayan colocado en un lugar distinto del primitivo. De ahí lo infundado de las inconformidades de los recurrentes, en cuanto al último supuesto implica que para el caso de que las señales se hubiesen movido, entiéndase lugar primitivo, el que originalmente se delimitó, o donde en un primer momento se colocaron las señales y después éstas fueron modificadas o movidas. Pronunciamiento. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de quince de junio de dos mil dieciocho, en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, pues la responsable acató los lineamientos señalados en la sentencia de amparo. Vista. Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por xxx, en su carácter de representante común de la parte quejosa, mediante el cual autoriza para oír y recibir notificaciones, así como el uso de medios electrónicos a las personas que indica; en atención a ello, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a xxx y xxx, ya que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en términos restringidos del citado numeral a xxx, xxx y xxx, por no tener registradas sus cédulas ante dicho sistema; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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