María del Carmen Rábago Almanza

Expediente 690/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
690/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • María del Carmen Rábago Almanza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio 2588, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 487, por el que este juzgado rindió informe justificado, y envió el juicio de amparo 690/2020-V, en virtud del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de veinte de octubre de dos mil veinte; además que admitió dicho medio de impugnación y se registró con el número queja civil 93/2020, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por la quejosa ..., atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el veinte de octubre de dos mil veinte, en que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo y; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original, previa copia certificada que se deje como cuaderno de antecedentes, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido. Notifíquese

  3. Principal

    SECCIÓN AMPAROS AMPARO 690/2020-V OFICIO NÚMERO 487 MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EN TURNO. CIUDAD En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta misma fecha, le envío el original del escrito de queja interpuesto por la quejosa .. Así también, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo rindo el siguiente informe: Es cierto el acto reclamado, toda vez que dentro del juicio de amparo número 690/2020-V, con fecha veinte de octubre de dos mil veinte, se dictó el acuerdo que en lo conducente dice: "El Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, licenciado Crispín Ernesto Gamboa Mendoza, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR, que los datos, fechas, legislación aplicable, promociones, constancias, documentales, nombres, anexos y demás información derivada de los mismos, fueron debidamente revisados, cotejados y corroborados por el suscrito previo al señalamiento que se hizo de aquellos en el presente proveído, lo anterior a fin de dar cuenta y para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veinte. Doy Fe.- En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el oficio número 11778, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante la utilización de la firma electrónica y anexos que acompaña. Conste. 8495. Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio número 11778, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.79.4 4 a su nombre, al que acompañó el juicio de amparo 640/2020, de su índice, formado en con motivo de la demanda de amparo promovida por ..presentada en forma electrónica en el Portal de Servicios Informáticos en Línea el Consejo de la Judicatura Federal, contra actos de la Jueza Primero Oral Familiar de este Distrito Judicial, por los siguientes actos: "I.- ACTO RECLAMADO. - El acuerdo de recha 10 diez de agosto del presente año, a través del cual la Autoridad Responsable DETERMINÓ decretar hipoteca respecto del bien inmueble consistente en el lote 7 siete de la manzana 5 cinco, del Fraccionamiento Buena Vista, propiedad de la sucesión testamentaria demandada a bienes del señor J. Concepción y/o José Concepción Munguía Pérez, para garantizar el Pago de alimentos en favor de Juan José y Daniela de apellidos Munguía Rábago". Lo anterior en virtud que, dicho órgano jurisdiccional declaró su incompetencia por razón de turno para conocer de la demanda de amparo en trato, dado que de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el acto que se reclama en la misma, tiene relación estrecha con el reclamado en el diverso juicio de amparo 371/2020 del índice de este Juzgado, toda vez que los actos reclamados en ambos juicios derivan del juicio especial oral familiar 1152/2018; en consecuencia, dado que efectivamente existe una estrecha relación con el citado juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, del cual este juzgado conoció con anterioridad, este órgano jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo, acúsese recibo. Regístrese el juicio en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 690/2020-V. Ahora bien, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 112 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte y, el Acuerdo General 22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al ????????????? regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio de dos mil veinte, vigente a partir del tres de agosto del mismo mes y año, SE DESECHA la demanda de amparo, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Ahora bien, de la demanda de amparo a estudio, se advierte que la misma carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica de parte de la promovente MARÍA DEL CARMEN RABAGO ALMANZA, quien promueve por derecho propio y además en representación de sus hijos JUAN JOSÉ y DANIELA, ambos de apellidos MUNGUÍA RABAGO, esta última menor de edad, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que contemple el dispositivo 108 de la ley de la materia; luego, como el juicio Constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda Constitucional, es presentando la referida demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma equivale a un anónimo que no obliga al JORGE FRANCISCO BAÑALES CAMBEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.95 26/01/23 10:09:41 órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la parte quejosa de presentarla, por tal motivo no existe instancia de parte agraviada. Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019715, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema deimpartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual manera, tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es:"DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LAIMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentalesque lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada"consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diversoartículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de JORGE FRANCISCO BAÑALES CAMBEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.95 26/01/23 10:09:41 ??????????????? garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Asimismo, tiene aplicación, en lo que en ella interesa, la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías." Además que, en el caso, no se actualizan en los supuestos de excepción de firma electrónica a que refiere el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: [.] En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica". Es decir, el citado numeral dispone que no se requiere de firma electrónica cuando se promueva demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de la materia que al respecto señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad". Lo que en la especie, contrario a lo expuesto por la promovente del amparo en su escrito de demanda, no acontece, puesto que no se reclaman actos a que se refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; en razón a que los quejosos no se encuentra imposibilitados para hacer valer el juicio Constitucional, por sí mismos o a través de quien legalmente los represente, según sea el caso, es decir, no se advierte que exista alguna imposibilidad de los agraviados para promover el juicio Constitucional, aunado a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos mencionados en el citado numeral 15 de la Ley de Amparo, dado que éste consiste en la negativa de la responsable a trabar hipoteca sobre el bien inmueble propiedad de la parte deudora alimentista en el juicio de origen, a fin de garantizar los alimentos a que los quejosos tienen derecho. Sin que pase inadvertido que la demanda de amparo en trato se promueva en favor de una menor de edad; toda vez que, el interés superior de ésta no constituye una justificación válida para confundir los elementos de éste, con los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la JORGE FRANCISCO BAÑALES CAMBEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.95 26/01/23 10:09:41 ??????????????? esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. De igual forma, tampoco es obstáculo para lo anterior la circunstancia de que la demanda a estudio haya sido presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la firma electrónica a nombre de NORMA ANGÉLICA CHÁVEZ CORTÉS, pues con tal firma no se aprecia la voluntad de la peticionaria del amparo MARÍA DEL CARMEN RABAGO ALMANZA para promover dicha demanda. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018943, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMOPROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHAR la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, mediante oficio solicítese a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Pichataro, número 14, colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a DIEGO ANDRÉ MARTÍNEZ GIL, NATHALY CAROLINA GARCÍA ZAVALA y LUIS AUGUSTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, quienes no gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontraron datos inherentes a las cédulas profesionales, que acrediten a los referidos autorizados como licenciados en derecho, lo anterior, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste ????????????? autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio número 11778, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.79.4 4 a su nombre, al que acompañó el juicio de amparo 640/2020, de su índice, formado en con motivo de la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL CARMEN RABAGO ALMANZA, presentada en forma electrónica en el Portal de Servicios Informáticos en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, contra actos de la Jueza Primero Oral Familiar de este Distrito Judicial, por los siguientes actos: "I.- ACTO RECLAMADO. - El acuerdo de recha 10 diez de agosto del presente año, a través del cual la Autoridad Responsable DETERMINÓ decretar hipoteca respecto del bien inmueble consistente en el lote 7 siete de la manzana 5 cinco, del Fraccionamiento Buena Vista, propiedad de la sucesión testamentaria demandada a bienes del señor J. Concepción y/o José Concepción Munguía Pérez, para garantizar el Pago de alimentos en favor de Juan José y Daniela de apellidos Munguía Rábago". Lo anterior en virtud que, dicho órgano jurisdiccional declaró su incompetencia por razón de turno para conocer de la demanda de amparo en trato, dado que de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el acto que se reclama en la misma, tiene relación estrecha con el reclamado en el diverso juicio de amparo 371/2020 del índice de este Juzgado, toda vez que los actos reclamados en ambos juicios derivan del juicio especial oral familiar 1152/2018; en consecuencia, dado que efectivamente existe una estrecha relación con el citado juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, del cual este juzgado conoció con anterioridad, este órgano jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo, acúsese recibo. Regístrese el juicio en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 690/2020-V. Ahora bien, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 112 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte y, el Acuerdo General 22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio de dos mil veinte, vigente a partir del tres de agosto del mismo mes y año, SE DESECHA la demanda de amparo, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Ahora bien, de la demanda de amparo a estudio, se advierte que la misma carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica de parte de la promovente ..., quien promueve por derecho propio y además en representación de sus hijos ..., esta última menor de edad, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que contemple el dispositivo 108 de la ley de la materia; luego, como el juicio Constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda Constitucional, es presentando la referida demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la parte quejosa de presentarla, por tal motivo no existe instancia de parte agraviada. Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019715, del rubro y testo siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema deimpartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual manera, tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Asimismo, tiene aplicación, en lo que en ella interesa, la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías." Además que, en el caso, no se actualizan en los supuestos de excepción de firma electrónica a que refiere el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: [.] En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica". Es decir, el citado numeral dispone que no se requiere de firma electrónica cuando se promueva demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de la materia que al respecto señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad". Lo que en la especie, contrario a lo expuesto por la promovente del amparo en su escrito de demanda, no acontece, puesto que no se reclaman actos a que se refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; en razón a que los quejosos no se encuentra imposibilitados para hacer valer el juicio Constitucional, por sí mismos o a través de quien legalmente los represente, según sea el caso, es decir, no se advierte que exista alguna imposibilidad de los agraviados para promover el juicio Constitucional, aunado a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos mencionados en el citado numeral 15 de la Ley de Amparo, dado que éste consiste en la negativa de la responsable a trabar hipoteca sobre el bien inmueble propiedad de la parte deudora alimentista en el juicio de origen, a fin de garantizar los alimentos a que los quejosos tienen derecho. Sin que pase inadvertido que la demanda de amparo en trato se promueva en favor de una menor de edad; toda vez que, el interés superior de ésta no constituye una justificación válida para confundir los elementos de éste, con los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. De igual forma, tampoco es obstáculo para lo anterior la circunstancia de que la demanda a estudio haya sido presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la firma electrónica a nombre de NORMA ANGÉLICA CHÁVEZ CORTÉS, pues con tal firma no se aprecia la voluntad de la peticionaria del amparo ...para promover dicha demanda. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018943, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMOPROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHAR la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, mediante oficio solicítese a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Pichataro, número 14, colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a DIEGO ANDRÉ MARTÍNEZ GIL, NATHALY CAROLINA GARCÍA ZAVALA y LUIS AUGUSTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, quienes no gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontraron datos inherentes a las cédulas profesionales, que acrediten a los referidos autorizados como licenciados en derecho, lo anterior, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.

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